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Los efectos y la demanda potencial: el 6 de octubre se iniciará la devolución total o parcial de aportes de las AFP

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El pasado mes, se promulgó la ley que establece de manera excepcional y por única vez la devolución parcial o total de aportes efectuados a las AFP. Con la aplicación de esta medida el gobierno de Arce prevé beneficiar a 1.464.375 aportantes desempleados del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que voluntariamente opten por retirar sus aportes de los fondos de pensiones. Son Bs 3.900 millones que se destinarán para la devolución.

De acuerdo con el cronograma del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el 6 de este mes se iniciará la devolución total o parcial de aportes de las AFP, dispuesto por el Decreto Supremo 4582.

Según el analista e investigador económico César Vargas (Ph.D.), es necesario conocer la demanda potencial de retiros de aportes de las AFP, así como los efectos secundarios que acarrea esta medida de política pública, para su mejor comprensión debemos analizar por separado:

La demanda potencial de retiro de aportes de las AFP

Devolución total

Los aportantes mayores de 50 años y que cobren el 100% de sus aportes de Bs 10.000 de su Cuenta Personal Previsional (CPP) perderán el derecho a la jubilación, la protección y seguridad social y se estima según datos de las AFP que serán:

«Más de 210.000 afiliados que retiraran sus aportes de las Administradoras de Fondos de Pensiones Futuro y BBVA Previsión».

Devolución parcial

Los aportantes que retiren el 15% o Bs 15.000 de sus ahorros personales van a reducir su saldo acumulado y eso implica un efecto adverso para el cálculo de su renta de jubilación, se estima según datos AFP que serán:

«Más de 1,1 millones afiliados que van a reducir su saldo acumulado y eso implica un efecto adverso para el cálculo de su renta de jubilación».

Vargas aclaró, que la pasada semana, las administradoras AFP Futuro y BBVA Previsión habilitaron plataformas digitales para que los asegurados al SIP puedan saber si están habilitados o no para recibir este beneficio.

Los efectos secundarios de esta medida

Según analista Vargas los efectos secundarios de esta medida desembocan en:

  • Una sola vez de devolución: la liquidez a la economía boliviana a través de la devolución de los aportes de las AFP por una sola vez, para reactivar la demanda interna. Una política similar al doble aguinaldo, es decir, inyección de liquidez monetaria a la economía que se encuentra en crisis, los que retiren sus aportes propios lo retiraran una sola vez, en tal sentido, no es una medida sostenible y estable en el tiempo.
  • El costo-beneficio de la decisión: dado que advierte que quienes retiren el total de sus aportes, además de perder derecho a una pensión de jubilación vitalicia, pierden el seguro de salud y, lo peor, el derecho a la fracción solidaria.
  • El efecto es contrario a lo esperado: lo que espera el gobierno es crear fuentes de empleo formal con esta medida, a partir de fomentar el autoempleo a partir de emprendimientos con el retiro de sus aportes, pero el efecto es contrario por la falta de políticas públicas de fomento, promoción y asesoramiento al emprendimiento e innovación a los aportantes que retiren sus aporte, llevaría a incrementar el sector informal urbano y el desempleo, además considerar el aumento significativo del contrabando.

Vargas concluye, que esta política publica de devolver los aportes de las AFP para reactivar la demanda interna y reactivar la economía boliviana, tiene efectos secundarios de una sola vez de devolución, el costo-beneficio de la decisión y el efecto es contrario esperado . En tal sentido, que en el futuro van a carecer los aportantes ciudadanos con un efecto adverso para el cálculo de su renta de jubilación y en el peor de los casos perdiendo su pensión de jubilación, de protección de accidentes, enfermedades laborales y protección de sus familias, una medida pública desacertada a mi criterio.

«Ante el riesgo eminente a que los aportes se quedarán desprotegidos socialmente, aunque no es obligatorio dicho retiro, se incita a que los aportantes se sientan obligados a retirar ante la crisis que dejo la pandemia covid-19 del confinamiento» .

Tal como lo menciono el día que promulgó la ley, el presidente Luis Arce pidió a los beneficiarios meditar el retiro de dinero porque no es obligatorio, dijo Vargas».

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Bolivia

Bolivia: DT César Farias en conferencia después de ganar Paraguay, ojalá podamos centrar todo esto e ir por más

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El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, aseguró este jueves que la goleada 4-0 ante Paraguay «no dice lo peleado que fue» el partido que ha dejado a la Verde con 12 puntos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2022.

«Le ganamos a una gran selección con grandes jugadores y con un gran cuerpo técnico».

Aseveró Farías en una rueda de prensa tras el choque entre ambas selecciones.

El timonel de la Verde manifestó que en el partido…

«No todo fue alegría» y que hubo momentos «difíciles» como el penalti que luego falló el delantero de la selección guaraní Antonio Sanabria.

Destacó que el rival fue un equipo que nunca se entregó, creó situaciones de gol y con jugadores que pelearon hasta el minuto final.

Farías también elogió el trabajo de la nueva generación de futbolistas como:

«Moisés Villarroel, Víctor Ábrego y Roberto Fernández, que marcaron esta jornada; y aquellos como Jairo Quinteros o Ramiro Vaca, este último determinante ante en el 1-0 ante Perú».

«Lo único que le pido al país es que defiendan a su selección que quiera a su selección, que se organice para su selección (ya que) un entrenador lo consiguen a la vuelta de la esquina»,

Manifestó Farías que fue muy criticado por la opinión pública del país durante el inicio de las eliminatorias.

El entrenador de la Verde elogió que sus jugadores «entraron encendidos», «se enchufaron» y «trabajaron en equipo» además de que ahora empiezan a «venir los resultados».

Con la victoria, la Verde igualó los 12 puntos de Paraguay a falta de seis partidos del final de las eliminatorias, con probabilidades de ir al mundial aún.

«Ojalá podamos centrar todo esto e ir por más», remarcó el seleccionador de Bolivia.

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Bolivia: gobierno retira proyecto de ley contra las ganancias ilícitas

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La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció la decisión del Ejecutivo y apuntó a la oposición como responsable de generar un «temor infundado», dijo la autoridad en una conferencia de prensa que dictó desde la Casa Grande del Pueblo.

“Escuchando sus preocupaciones, sus temores hemos decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, a la confrontación”

“Nosotros, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, seguiremos trabajando siempre escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y siempre atendiendo a los intereses del pueblo boliviano por el cual estamos aquí”, añadió.

«Prada admitió deficiencias en el proceso de socialización, aunque apunto a la oposición como responsable del «temor infundado» que han exteriorizado varios sectores».

“Reconocemos que ha habido fallas en la socialización de este proyecto de ley y lamentablemente se ha instalado un temor infundado sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”, sostuvo.

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Bolivia: expertos, políticos y diversos sectores cuestionan más de 16 artículos de la ley de ganancias ilícitas

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Expertos, políticos y diversos sectores observan y coinciden que la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con competencias y atribuciones amplias que atentan a la Constitución Política del Estado y será la máxima instancia de las investigaciones financieras y está conformada por cinco ministerios, la Fiscalía y la Procuraduría y sus decisiones son vinculantes.

Más de 50 artículos de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, están en la mira y suman las voces de varios sectores y la propia población ciudadana, para que sean removidos o, por lo menos, modificados o se anule dicha ley.

Algunos sectores no solo piden la modificación de dicha propuesta que está paralizada en la Cámara de Senadores, sino la anulación total para iniciar de cero, pero con previa socialización. A continuación detallamos algunos de los artículos cuestionados:

Articulo 3.

La ley será aplicada en instituciones públicas y privadas (…). Personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas.

De entrada, el artículo 3 fue objetado por varios sectores. En esta mención se establece que la norma aplica a todas las instituciones públicas y privadas encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de legitimación de ganancias ilícitas. Además, la norma alcanza a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que operen en el país.

Artículo 5.

“El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (CONAL), se constituye en la instancia máxima de coordinación y representación del Estado, para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión; así como el ejercicio de las competencias, responsabilidades y atribuciones en el marco de la presente Ley”. Está conformado por los ministerios de Economía, de Gobierno, de Defensa, de Justicia y Relaciones Exteriores. Además de la Procuraduría y la Fiscalía.

En criterio de expertos y políticos consultados, ese consejo será un órgano de represión y persecución porque podrá investigar las cuentas bancarias y allanar domicilios o empresas de cualquier ciudadano a simple denuncia y sin orden judicial.

La normativa señala que las decisiones que adopte el plenario del CONAL son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Artículo 6.

Determina que el ministro de Economía será quien encabece el CONAL.

En esta parte se observa que se da un “supra poder” a una autoridad que milita en el MAS.

Artículo 7.

“La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se constituye en la Secretaría Técnica del Conal.

Artículo 9.

Se otorga superpoderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para indagar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.

Artículo 10.

Establece medidas de protección de la información a todo dato que la UIF obtenga para investigar a las personas indagadas o sospechosas de cometer el delito de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Además, determina que los funcionarios no podrán revelar la información que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones.

Artículo 11.

No se podrá invocar secreto profesional, reserva de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales y otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo.

Este articulo es uno de los más cuestionados vulnera los principios en contra de la exención de secreto de confidencialidad. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) pidió que en este artículo se incluya el respeto a la Ley de Imprenta.

Artículo 12.

Establece que la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y otras entidades facultadas por ley podrán solicitar información a la UIF sobre el análisis financiero/patrimonial.

Artículo 15.

Son autoridades de supervisión y/o regulación de los sujetos obligados que operan de acuerdo a sus respectivos ordenamientos sectoriales, la autoridad de supervisión del sistema financiero. ASFI y la autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Artículo 17.

Se considera Sujeto Obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante Resolución Administrativa incluya en el ámbito de su regulación.

La Unidad de Investigaciones Financieras tendrá la potestad para definir quiénes son esos «Sujetos Obligados«, es decir, este artículo hace que cualquiera persona, de cualquier sector social, pueda ser investigada por la UIF bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y de financiamiento al terrorismo.

Artículo 18.

Establece que tienen el deber de remitir información a solo requerimiento de la UIF las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, sacerdotes, partidos políticos y ONG.

Las iglesias evangélicas observaron este artículo.

Artículo 30.

La investigación de delitos previstos en esta ley se llevará a cabo por la Fiscalía y la Policía a través de sus divisiones o unidades especializadas en legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Artículo 31.

En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público con el apoyo de funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales.

Mientras, el artículo 31 dispone que la Fiscalía podrá, entre otras acciones, acceder a “toda” documentación e información física o informática, allanar lugares específicos y rastrear bienes sin previo aviso al titular.

Los empresarios cuestionaron este apartado y por eso pidieron la pausa de debate.

Artículos 37.

Respecto a la aplicación de medidas cautelares de “carácter real”.

Artículo 38.

La sentencia condenatoria por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo, dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado.

Artículo 58.

El afectado por la medida de congelamiento podrá solicitar a la autoridad judicial que ratificó la medida, el acceso a determinados fondos o activos congelados que sean necesarios para sufragar gastos básicos debidamente justificados, indicado para tal efecto el valor y ubicación de los fondos u activos requeridos.

Fuente: Varios medios

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