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Bolivia: según el INE el Censo se retrasaría para el 2024 y el país demanda datos para planificar y salir de la crisis económica y sanitaria

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El director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, dijo que el Censo Nacional de Población se retrasaría para el 2024 debido a que:

La planificación requiere tiempo, llovieron críticas de parte de parlamentarios de la oposición, así como de autoridades elegidas en las elecciones de la presente gestión.

Ante ola de críticas al Instituto Nacional de Estadística (INE) por señalar que técnicamente el censo se podría realizar el 2024, el director de esa institución, Humberto Arandia, afirmó que la pandemia del coronavirus (Covid-19) retrasó al menos un año de trabajo y que el censo no estaba planificado para el 2022, sino para un año después.

“En ningún momento hemos suspendido el censo que estaba planificado en el 2022, lamentablemente son erróneas interpretaciones de la prensa que señalan que se había programado el censo para el 2022, lamentablemente el INE nunca señaló eso”, declaró Arandia a Unitel.

Reiteró que desde el punto de vista meramente técnico la preparación de un censo tarda aproximadamente cuatro años, pero gracias a la tecnología se podría reducir a tres años y medio, siempre que estén dadas las condiciones financieras y logísticas. “No es un proyecto de dimensión política como lo quieren hacer ver algunos observadores y analistas”, subrayó.

Añadió que el proyecto censal inició a principios del 2019 e incluso el documento de contratación se gestionó a finales del 2018, pero durante el 2020 el INE tuvo cuatro cambios de directores ejecutivos y muchos de ellos no le dieron una secuencia lógica al proyecto censal y por eso se tuvo que retrasar.

“El censo, caso contrario, hubiera sido en la gestión 2023, pero ahora estamos hablando de un año perdido producto de la pandemia”, argumentó Arandia.

Acotó que una de las complejidades para realizar el censo es el desplazamiento de una fuerza de encuestadores conformada por al menos 200.000 personas y otra es la actualización de la cartografía.

A raíz de la posición del INE, surgió una serie de críticas principalmente de políticos de oposición y autoridades electas bajo el argumento de que se pretendería evitar la redistribución de recursos a través del pacto fiscal y la reasignación de escaños para las próximas elecciones generales.

Ministerio Planificación del Desarrollo

Según Gabriela Mendoza Gumiel Ministra de Planificación del gobierno de Bolivia, quien dijo que el mismo es importante para hacer política pública, pero trabaja con cuentas oficiales y no solamente con censos

Mendoza dijo que a la fecha se hace todos los esfuerzos para revertir todo el retroceso, ya que el censo es importante para el Gobierno, debido a que se tiene que contar con todos los indicadores estadísticos.

A partir del censo tenemos todos los indicadores sociales y económicos que requerimos para hacer política pública, por tanto es prioridad nacional afirmó pero también dijo que trabajan en base a encuestas oficiales no solo en censos.

«(Las) encuestas oficiales se basan en actualización de la cartografía, es un trabajo riguroso, es un trabajo que requiere de una planificación detallada», apuntó al reiterar que más allá de intereses políticos, económicos, que puedan existir sobre el censo, para nosotros es prioridad.

Aseguró que hacen todos los esfuerzos necesarios para efectuarlo en los plazos (establecidos), ya que el financiamiento ya está asegurado.

Por qué el Censo: desde lo politico

Las autoridades electas de municipios y departamentos exigieron que el censo se lleve a cabo el 2022 porque de esta manera se tendrá un panorama más cercano sobre la población de cada región, y de esta manera recibir más recursos para cubrir las necesidades de la gente.

Precisamente la importancia de un censo nacional de población y vivienda permite a todas las instituciones nacionales planificar sus acciones, determinaciones y proyectos sobre la base de información social actualizada que haga posible una mejor distribución de los recursos del Estado, así como desarrollar proyectos sobre la realidad nacional y no sobre la demagogia.

Planificar el futuro requiere información sólida, y el censo ofrece las herramientas más valiosas para lograrlo.

Por qué censo: desde lo técnico

Todo radica en el hecho de que es una fotografía con datos exactos en los que se obtienen cifras relacionadas a elementos importantes vinculados al número de población, vivienda, empleo, salud, educación e infraestructura.

Dichos datos deben ser indispensablemente incluidos en el sistema de planificación nacional cuyos resultados son asociados, de acuerdo a la Constitución boliviana, debido a que posee componentes para aplicación obligatoria.

Componentes necesarios para la configuración del sistema de planificación , en pocas palabras:

El presupuesto debe ser reformulado donde hay mayor cantidad poblacional puesto que ahí existen más servicios.

Por otro lado influye en el sistema político y la redistribución de recursos que está vinculada a los ingresos.

Como datos extra podemos mencionar que la población de Bolivia en el presente año 2021 , se estaría aproximando a los 12 millones de habitantes, de estos 8 millones están concentrados en los tres departamentos del eje central del país: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, según proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por otro lado la población 2012 del país sería de aproximadamente 11.842.000 habitantes, de los que 50,2% son hombres y 49,8% mujeres, y para el 2022, alcanzaría los 12.006.031. La tasa media anual de crecimiento es de 1,4 por ciento, es decir, con relación al año 2020, hay 164.549 habitantes más.

No es una novedad que Santa Cruz siga como el departamento más poblado del país, con 3.363.400 habitantes, le sigue La Paz con 3.023.800 y Cochabamba con 2.086.900.

Fundamental censo productivo y agrooecuario

Según el INE, existe una serie de elementos técnicos y requerimientos de información estructural del sector productivo agropecuario y rural del país, que precisa complementarse con el conocimiento pleno de las características y condiciones productivas de las UPAs, a partir de lo cual se pueda efectuar la definición y formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial.

En este contexto, se justifica la realización del III Censo Nacional Agropecuario (III CNA), vista la necesidad de establecer las bases que sustenten la funcionalidad y sostenibilidad de medidas de política sectorial, ante la serie de incongruencias y/o falencias de información en el área, tales como:

Desarticulación y amplia vulnerabilidad del Sistema de Información Agropecuaria (los únicos instrumentos disponibles en la actualidad son producto del II CNA – 1984 y de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA- 1997).

  • Se desconoce la actual estructura productiva agropecuaria del país.

  • Esfuerzos aislados y dispersos en el ámbito local y regional se aplican desde el sector público y privado (metodologías diversas, sin coordinación inter-institucional, falta de control de calidad, y dificultades de comparación).

  • Instituciones apoyadas por organismos internacionales trabajan en el tema de Recursos Naturales y Medio Ambiente, con el empleo de información satelital, mientras otras utilizan Encuestas y Censos (se complementan, pero no puede hacerse análisis y comparaciones).

  • No se dispone de un marco muestral sectorial específico y actualizado.

  • Nomenclatura y coeficientes técnicos desactualizados (datan del año 1990).

  • Se requiere de información sectorial desagregada a nivel municipal.

Puede afirmarse que la realización del III CNA permitirá alcanzar los siguientes beneficios estadísticos:

  • El desarrollo, ejecución y fortalecimiento de un Sistema de Información sectorial, logrando atención privilegiada para los problemas del productor pequeño, y del productor mediano en particular.

  • El establecimiento de una nueva línea de base sectorial, a nivel nacional, departamental, regional y municipal.

  • Facilitar la elaboración del registro nacional de productores, como un instrumento útil para identificar y facilitar la capacitación, asistencia técnica, acceso a crédito y servicios de alerta temprana, además de otros.

  • Que la información a ser obtenida sea útil para los productores, las organizaciones campesinas, los Municipios, las Prefecturas, la Cooperación Internacional, Ministerios y otros, pues facilitará la toma de decisiones, planificación, control de gestión, formulación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo sectorial.

Vale decir que la generación y disponibilidad de información actualizada del sector agropecuario (objetiva, confiable, pertinente, consistente y -sobre todo- oportuna), servirá para la formulación de políticas y toma de decisiones eficientes y adecuadas a fin de lograr su desarrollo sostenible, especialmente en los siguientes aspectos:

  • Reducción de la opacidad e imperfecciones del mercado;

  • Reducción de los costos de transacción;

  • Reducción de los riesgos en la toma de decisiones;

  • Incremento del acceso a las oportunidades;

  • Mejoramiento de la calidad de las decisiones;

  • Orientación de las investigaciones;

  • Perfeccionamiento de las decisiones de inversión;

  • Mejoramiento de los planes de desarrollo;

  • Incremento de la participación de los sujetos de desarrollo;

  • Incremento de la capacidad de organización participativa;

  • Reducción o levantamiento de restricciones que frenan el desarrollo;

  • Mejoramiento de las relaciones de los sujetos con los entornos sociales y naturales;

  • Reducción de la ineficiencia de los procesos productivos y organizativos;

  • Reducción de los costos de producción;

  • Selección de tecnologías apropiables;

  • Aumento de los ingresos de las unidades productivas; y

  • Mejoramiento de la calidad de vida cultural.

En suma, la necesidad de contar con información en el sector agropecuario, que en la medida en que esté actualizada permite interactuar con más eficiencia ante la realidad presente, orienta nuevamente hacia la necesidad de efectuar el III CNA, añadido el estado de situación favorable de relacionamiento político, cultural y social que experimenta el actual Gobierno con pobladores del área rural del país.

Finalmente, la mención expresa que debe realizarse en este capítulo de fundamentaciones relativas al Proyecto III CNA, orienta nuestra mirada a la participación decidida de la Cooperación Internacional, que una vez más, pero en esta ocasión quizás con mayor ímpetu y seguridad respecto de la pertinencia y conveniencia de ejecutar este Proyecto, se dispone con toda seriedad a apoyarlo. Este es un aspecto que no debe dejarse de lado, por la posibilidad que existe de contar con recursos económicos de la Cooperación Internacional, para culminar el III CNA sin tener que recurrir necesariamente a otras entidades, cuya naturaleza es más bien de tipo crediticio (CAF, BID, BM, etc.).

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Bolivia: las consecuencias de la devolución de aportes AFP, en tiempos de pandemia

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La devolución de los aportes de las AFP, la medida busca hacer frente a la iliquidez que hay en este momento en los hogares, empresas y gobierno, recurriendo a la única fuente de recursos que aún cuenta la economía boliviana como son las AFPs y apostando a una solución de corto plazo temporal.

Sin embargo, el dinero de las AFP no se encuentra en una caja fuerte, sino que esos recursos están invertidos en letras y bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y en el sistema financiero del país y que su monetización no será sencilla.

Según el economista César Vargas (Ph.D) podemos detallar una lista de las consecuencias que afectarán a los aportantes y a la economía:

Consecuencias de la devolución a los  aportes 

  • Las personas que retiren sus aportes se beneficiaran en el corto plazo de contar con liquidez y se perjudicaran cuando lleguen a la tercera edad y se jubilen porque el monto a percibir en el futuro será baja, y otros que retiran el total no tendrán jubilación
  • No todas las personas podrán retirar sus recursos de las Administradoras de Pensiones.
  • En plena emergencia sanitaria provocada por el Covid-19″ las personas que retiren sus aportes, no podrán contar con el seguro de salud en las Cajas.
  • Las personas que opten por retirar sus aportes no tendrán acceso a la jubilación.
  • La pérdida del acceso a la pensión solidaria y la del seguro médico de vejez.
  • La devolución de aportes no podrán beneficiarse del Fondo Solidario.

Consecuencias de la devolución a la economía 

  • La devolución de parte de los aportes a las AFPs genera un balance de ganancias y pérdidas negativo a la economía boliviana, porque no tiene espacio fiscal y pone en riesgo la debilitada economía boliviana.
  • Precautelar es el bien mayor que está por encima de cualquier interés de grupo y sector, de estricta responsabilidad de las actuales autoridades gubernamentales al vulnerar la economía y la sociedad.
  • Utilizar estos ahorros para un propósito distinto a la jubilación vulnera el sistema previsional.
  • El monto de aportes retirados de las AFPs afectara directamente a los rendimientos de las inversiones financieras porque disminuirán y recibirán menos beneficios los aportantes y jubilados en el sistema.
  • La devolución de aportes afectará una fuente de financiamiento del TGN que ya se encuentra con dificultades por la reducción de recaudaciones impositivas y el Estado no está en condiciones de devolver los recursos a las AFP.
  • Reducirá la liquidez del sistema financiero, disminuyendo los recursos disponibles para la inversión pública y privada, que es el pilar de la reactivación económica.
  • La devolución parte de los aportes a las AFPs tiene efectos directos e indirectos y más aún en una crisis económica y sanitaria por el confinamiento del Covid.

Vargas argumenta,  a pesar que otros países de la región aprobaron estas medidas como son Chile y Perú,  cada uno de ellos con criterios distintos en porcentajes, pero con un contexto, escenario y espacio fiscal distinto y no afectando a su estabilidad económica.

Además es de considerar que no es política de igualdad y equidad y mucho menos de economisidad para la sociedad en su conjunto concluyó el economista Vargas.

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El portero boliviano Carlos Lampe, ahora entrenando en el Club Vélez de Argentina

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El flamante arquero boliviano de Vélez Sarsfield de Argentina se recibió el viernes pasado de director técnico, logro que hizo conocer en sus redes sociales.

“Tesis defendida. Primer título de muchos más”, escribió el portero de la selección nacional, quien defendió con éxito su trabajo final que tituló:

“Planificar y desarrollar microciclos tipos que entrenen el pressing como principio fundamental del juego”.

El guardameta cruceño estudió en el Instituto de Competencias Deportivas con sede en la capital cruceña y su tesis de grado la rindió de manera virtual porque en estos momentos radica en Buenos Aires.

“Estoy feliz porque es mi primer título y creo que soy el primer estudiante que sacó la máxima nota (100).

Quiero estudiar de todo hasta retirarme, por lo que mi próximo paso será la gerencia deportiva”, dijo Lampe a DIEZ

Lampe encara un nuevo reto deportivo en Vélez, que este lunes visitará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del campeonato argentino.

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El Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF, Bolivia alcanza la tasa de empleo informal de un 80% y afecta al sistema de salud y pensiones

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Bolivia figura como el país con mayor cobertura de pensiones, de casi el 100 % de su población adulta mayor, gracias a su programa universal de pensiones no contributivas, el cual complementa su actual sistema de pensiones contributivas, que apenas cubre el 22 % de esa población.

En el país los montos de las pensiones no contributivas se encuentran ligeramente por debajo de la línea de la pobreza, establecida en 4 dólares por día, ajustado por el poder de paridad de compra, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020), titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”, CAF -banco de desarrollo de América Latina-.

La entidad financiera presentó en Bolivia su Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020) que hace referencia al presente y futuro de los sistemas de pensiones y salud de los países de la región y señala lineamentos y principios para afrontar sus desafíos.

A través de su Reporte CAF alerta un envejecimiento acelerado de la población latinoamericana en los próximos años y plantea diferentes retos de su protección social.

El reporte se enfoca en los componentes vinculados a la protección del adulto mayor, específicamente en el sistema de salud y pensiones, que actualmente representa una parte importante del gasto público en América Latina, alcanzando, en conjunto, alrededor de 8,5 % del PIB.

En ese propósito, además el documento suma como desafíos a la informalidad laboral y al cambio tecnológico (la tendencia a la digitalización y automatización de los procesos productivos), y explora como ambos inciden en el empleo y la seguridad social.

Florentino Fernández, representante de CAF en Bolivia, sostuvo que “el diagnóstico del nuevo informe de RED muestra que hoy alrededor de 8 % de la población en la región tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18 % de Europa, y proyecta que para el año 2050 esta cifra se duplique y llegue al 17,5 %, superando el 30 % a finales del siglo.

En el caso de Bolivia se calcula que al 2050, este grupo de adultos mayores representa el 14 % de la población”.

El informe de CAF refleja que si bien hoy América Latina es una región relativamente joven, dejará de serlo y que el rápido envejecimiento demográfico conllevará a un incremento del gasto público en salud y pensiones, con una importante incidencia fiscal.

En la América Latina, el gasto en pensiones equivale, en promedio, al 4,3 % del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1 % del PIB. En la actualidad, los sistemas de pensiones tienen un déficit promedio que rodea el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Salud

Por otro lado, en el tema de salud, el RED describe que casi todos los latinoamericanos cuentan con algún tipo de cobertura. No obstante, en varios países ésta lista de tener un nivel adecuado para toda la población y en casi todas las naciones de la región, la calidad es desigual entre los distintos subsistemas: el privado, el de seguridad social (contributivo) y el público (no contributivo).

El informe muestra que la cobertura efectiva de servicios de salud en los países de América Latina está por debajo del promedio señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien Chile y Uruguay están cerca, Bolivia es uno de los países con menores valores en este indicador.

Dejando de lado los seguros privados, el subsistema contributivo de nueve países de la región tiene un mayor nivel de gasto por beneficiario en comparación con el sistema no contributivo, excepto Argentina.

En el caso de Bolivia se llega al extremo de que el gasto del esquema no contributivo apenas representa el 27 % del esquema contributivo lo cual se traduce en una brecha de calidad entre ambos subsistemas.

Bolivia más del 80 % de la población sólo tiene acceso al subsistema público, no contributivo, de acuerdo con lo descrito en el reporte de CAF.

Informalidad

Otro desafío que presenta el reporte es el de resolver los problemas relacionados a la persistente y alta informalidad laboral que existe en Latinoamérica, y que al igual que el envejecimiento, erosiona la base contributiva de los sistemas de protección social con relación al número de beneficiarios.

El documento indica que la informalidad implica que una elevada proporción de los hoy ocupados no estén cubiertos por los esquemas de salud contributivos y que corran el riesgo de no alcanzar el número de aportes necesarios para acceder a las pensiones contributivas cuando se retiren.

En promedio, casi el 63 % de las personas ocupadas de de América Latinat rabajan en un empleo informal.

En Bolivia, esta tasa de empleo informal alcanza el 80%, segun RED 2020 de la CAF.

Cambio tecnológico

El RED 2020 también considera como un desafío el afrontar las consecuencias del cambio tecnológico, relacionado con la tendencia global de la digitalización y automatización de los procesos productivos, que pueden incidir en la provisión de protección social y tener efectos disruptivos en la estructura de ocupaciones (remplazo de las labores rutinarias), entre otros.

Los cambios tecnológicos también pueden incrementar los empleos en modalidades de trabajo no tradicionales con diferente propensión a la formalidad y a contribuir al sistema de protección social.

Un ejemplo son los empleos de plataforma digital, como los servicios en línea de transporte, envíos y comercio electrónico, que según la encuesta de CAF, al 2019 alcanzaba a 1 de cada 10 ocupados en las principales ciudades de los países de la región.

Los desafíos de los sistemas de la protección social señalados en el RED 2020 indican la necesidad de reformas públicas para procurar la sostenibilidad y a la vez cerrar brechas de calidad.

Los instrumentos específicos dependerán del contexto del país estando dentro de las opciones, el aumento de las tasas contributivas, la adecuación de la edad de retiro, la revisión de los montos de pensiones, y, especialmente, el incremento del número de aportantes con la participación laboral de mujeres y mediante la reducción de la informalidad, entre otros.

El evento virtual contó con la presencia de Carolina Arismendi, directora General de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Jaime Durán, gerente General de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo; Alejandra Hidalgo, viceministra de Salud y Gestión del SUS; Patricia Mirabal, directora General de Pensiones y Alberto Bonadona, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana.

Fuente: El diario

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