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Bolivia: el Club de futbolt San José ante la crisis la salida son soluciones

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El club San José de Oruro atraviesa su peor momento institucional y deportivo de su larga historia por una deuda acumulada de 5.396.574 de dólares, que lo tiene al borde de una inminente quiebra, según dio a conocer el programa Futbolmanía.

Ni siquiera la crisis de 1999 y su descenso de categoría fue tan agobiante como la que vive hoy, con una millonaria deuda y menos nueve puntos descontados por no honrar los pagos desde gestiones pasadas.

Crisis económica y financiera

Según Futbolmanía,  la deuda de la institución llega a los 5.396.574 millones de dólares.este monto que supera los 5 millones de dólares son producto de procesos ejecutoriados de FIFA, el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), procesos laborales e impuestos.

Procesos con la FIFA

Futbolmanía, difunde que en procesos a la FIFA la deuda es de 3.028.935 dólares, que detallan a continuación:

1.Club Huachipato = $us 1.250.000
2.Nahuel Quiroga = $us 277.000
3.Nahuel Quiroga = $us 234.214
4.Julio César Uribe = $us 190.000
5.Omar Asad = $us 185.500
6.Miguel Ponce = $us 151.000
7.Juan Pablo Domínguez = $us 135.000
8.Marcos Barrera = $us 112.000
9.Marcelo Gomes = $us 101.600
10.José Luis Tancredi = $us 79.646
11.Cristian Alessandrini = $us 75.000
12.Javier Sanguinetti = $us 53.500
13.Kevin Ceceri = $us 50.000
14.Rodrigo Sánchez = $us 43.800
15.Iker Hernández = $us 34.440
16.Heber Leaños = $us 20.240
17.Atlético Rafaela = $us 15.832
18.Enrique Montecinos = $us 9.166
19.José Caraballo = $us 7.000
20.Juan Manuel Leroyer = $us 7.000

Deuda interna

Mientras que a nivel nacional la suma asciende a 2.367639 millones de dólares.  Si San José sigue declarará en quiebra,  se están haciendo los trámites para que el poco patrimonio que tiene no llegue a los acreedores y así simplemente desaparesera club.

En quiebra San José

San José al borde de la quiebra, dicen muchos periodistas en Oruro. Si bien siempre insisten en que viene un presidente con la bolsa de dólares, surgen tropiezos por la falta de conocimiento de normas u estatutos, sobre todo de un Tribunal de Honor que parece tener intereses personales y en esta crisis, tiene responsabilidad al precipita decisiones, sin medir los alcances de las mismas.

El problema creció y es que, con la crisis del coronavirus, las cuentas no fueron honradas y por el contrario crecieron.

Los jugadores y ex jugadores pusieron el grito en el cielo, pero no aceptaron las solo promesas, y los “santos” pierden puntos y puntos y pronto perderá la categoría y arrastrará las deudas.

No hay peor quiebra que la moral. El hincha en Oruro y en el país sufre, mientras un pequeño grupo mimetizado en comité electoral, decide a quien poner y a quien sacar, y no hay soluciones visibles.

Con tanta indecisión y desconocimiento de las normas no vino la calma. Sino la tierra quemada.

Una declaratoria de quiebra, haría que se pierda la categoría, con intervención judicial se rematarían los bienes y se pagaría con lo que alcance al personal administrativo, cuerpo técni-co y jugadores con prioridad.

San José esté en terapia intensiva, con oxigeno y con las horas contadas sino se toma una decisión en base a unidad.

Los problemas por los que atraviesa la entidad santa, lamentablemente no son de ahora, sino que se han ido sumando y han sido una constante en los últimos años.

Siendo uno de los más taquilleros del fútbol nacional, por no decir el que más hinchada mueve por todo el país, debería estar en otra situación.

Sin mencionar nombres, San José casi siempre ha tenido problemas económicos que han originado serios problemas institucionales, por lo menos en los últimos años han sido una constante y eso es para lamentar.

La crisis institucional

En octubre del 2019, Wilson Martínez decidió presentar su carta de renuncia ante las presiones de algunos socios, al quedar descabezado el club, los jugadores decidieron hacerse cargo del mismo solicitando la colaboración de Carlos Estrada quien fungió como presidente interino de la institución, se tuvo diferentes campañas para la captación de recursos, además que las recaudaciones de los encuentros fueron fiscalizadas por los propios jugadores y el cuerpo técnico.

Luego vino la gestión de Huáscar Antezana, quien desde un principio tuvo problemas, los mismos que decantaron en una crisis sin solución, tomando en cuenta de que, en San José, cada día aparecieron y aparecen cuentas por pagar y con una inestabilidad deportiva, económica y financiera.

Posibles soluciones

Según el economista Dr. César Vargas Díaz (Ph.D.) investigador y analista,  es necesario cubrir las deudas, pagar lo adeudado en planes, generación de nuevos ingresos apoyados en las tecnologias y es necesario y fundamental buscar inversores.

Vargas argumenta que San José buscando la rentabilidad y sostenibidad debe ser manejado por inversionistas, como empresa que tenga propietarios e inversiones por medio de socios, al ser por dirigentes que saben que se irán, pues en su mayoría entran con intenciones personales y no así del propio club.

San José tiene un respaldo en su hinchada a nivel nacional en todos los departamentos, si San José es Oruro, que se integre a toda la hinchada a nivel nacional incluyendo a las fraternidades del Carnaval de Oruro con un aporte para la generación de ingresos, sostiene el economista Vargas Díaz.

Es fundamental lel equilibrio y Sostenibidad en la institucionalidad, la gestión deportiva, económica, financiera y tecnológica.

Si la situación sigue así y no se llega a este punto, al no pagarse deudas y no lograr habilitarse a nuevos jugadores, se apelará a futbolistas que actuaron antes y no están habilitados en otro club y en definitiva el Club ingresará a la quiebra.

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Bolivia: las consecuencias de la devolución de aportes AFP, en tiempos de pandemia

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La devolución de los aportes de las AFP, la medida busca hacer frente a la iliquidez que hay en este momento en los hogares, empresas y gobierno, recurriendo a la única fuente de recursos que aún cuenta la economía boliviana como son las AFPs y apostando a una solución de corto plazo temporal.

Sin embargo, el dinero de las AFP no se encuentra en una caja fuerte, sino que esos recursos están invertidos en letras y bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) y en el sistema financiero del país y que su monetización no será sencilla.

Según el economista César Vargas (Ph.D) podemos detallar una lista de las consecuencias que afectarán a los aportantes y a la economía:

Consecuencias de la devolución a los  aportes 

  • Las personas que retiren sus aportes se beneficiaran en el corto plazo de contar con liquidez y se perjudicaran cuando lleguen a la tercera edad y se jubilen porque el monto a percibir en el futuro será baja, y otros que retiran el total no tendrán jubilación
  • No todas las personas podrán retirar sus recursos de las Administradoras de Pensiones.
  • En plena emergencia sanitaria provocada por el Covid-19″ las personas que retiren sus aportes, no podrán contar con el seguro de salud en las Cajas.
  • Las personas que opten por retirar sus aportes no tendrán acceso a la jubilación.
  • La pérdida del acceso a la pensión solidaria y la del seguro médico de vejez.
  • La devolución de aportes no podrán beneficiarse del Fondo Solidario.

Consecuencias de la devolución a la economía 

  • La devolución de parte de los aportes a las AFPs genera un balance de ganancias y pérdidas negativo a la economía boliviana, porque no tiene espacio fiscal y pone en riesgo la debilitada economía boliviana.
  • Precautelar es el bien mayor que está por encima de cualquier interés de grupo y sector, de estricta responsabilidad de las actuales autoridades gubernamentales al vulnerar la economía y la sociedad.
  • Utilizar estos ahorros para un propósito distinto a la jubilación vulnera el sistema previsional.
  • El monto de aportes retirados de las AFPs afectara directamente a los rendimientos de las inversiones financieras porque disminuirán y recibirán menos beneficios los aportantes y jubilados en el sistema.
  • La devolución de aportes afectará una fuente de financiamiento del TGN que ya se encuentra con dificultades por la reducción de recaudaciones impositivas y el Estado no está en condiciones de devolver los recursos a las AFP.
  • Reducirá la liquidez del sistema financiero, disminuyendo los recursos disponibles para la inversión pública y privada, que es el pilar de la reactivación económica.
  • La devolución parte de los aportes a las AFPs tiene efectos directos e indirectos y más aún en una crisis económica y sanitaria por el confinamiento del Covid.

Vargas argumenta,  a pesar que otros países de la región aprobaron estas medidas como son Chile y Perú,  cada uno de ellos con criterios distintos en porcentajes, pero con un contexto, escenario y espacio fiscal distinto y no afectando a su estabilidad económica.

Además es de considerar que no es política de igualdad y equidad y mucho menos de economisidad para la sociedad en su conjunto concluyó el economista Vargas.

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El portero boliviano Carlos Lampe, ahora entrenando en el Club Vélez de Argentina

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El flamante arquero boliviano de Vélez Sarsfield de Argentina se recibió el viernes pasado de director técnico, logro que hizo conocer en sus redes sociales.

“Tesis defendida. Primer título de muchos más”, escribió el portero de la selección nacional, quien defendió con éxito su trabajo final que tituló:

“Planificar y desarrollar microciclos tipos que entrenen el pressing como principio fundamental del juego”.

El guardameta cruceño estudió en el Instituto de Competencias Deportivas con sede en la capital cruceña y su tesis de grado la rindió de manera virtual porque en estos momentos radica en Buenos Aires.

“Estoy feliz porque es mi primer título y creo que soy el primer estudiante que sacó la máxima nota (100).

Quiero estudiar de todo hasta retirarme, por lo que mi próximo paso será la gerencia deportiva”, dijo Lampe a DIEZ

Lampe encara un nuevo reto deportivo en Vélez, que este lunes visitará a Atlético Tucumán por la cuarta fecha del campeonato argentino.

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El Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF, Bolivia alcanza la tasa de empleo informal de un 80% y afecta al sistema de salud y pensiones

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Bolivia figura como el país con mayor cobertura de pensiones, de casi el 100 % de su población adulta mayor, gracias a su programa universal de pensiones no contributivas, el cual complementa su actual sistema de pensiones contributivas, que apenas cubre el 22 % de esa población.

En el país los montos de las pensiones no contributivas se encuentran ligeramente por debajo de la línea de la pobreza, establecida en 4 dólares por día, ajustado por el poder de paridad de compra, según el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020), titulado “Los sistemas de pensiones y salud en América Latina”, CAF -banco de desarrollo de América Latina-.

La entidad financiera presentó en Bolivia su Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2020) que hace referencia al presente y futuro de los sistemas de pensiones y salud de los países de la región y señala lineamentos y principios para afrontar sus desafíos.

A través de su Reporte CAF alerta un envejecimiento acelerado de la población latinoamericana en los próximos años y plantea diferentes retos de su protección social.

El reporte se enfoca en los componentes vinculados a la protección del adulto mayor, específicamente en el sistema de salud y pensiones, que actualmente representa una parte importante del gasto público en América Latina, alcanzando, en conjunto, alrededor de 8,5 % del PIB.

En ese propósito, además el documento suma como desafíos a la informalidad laboral y al cambio tecnológico (la tendencia a la digitalización y automatización de los procesos productivos), y explora como ambos inciden en el empleo y la seguridad social.

Florentino Fernández, representante de CAF en Bolivia, sostuvo que “el diagnóstico del nuevo informe de RED muestra que hoy alrededor de 8 % de la población en la región tiene 65 años de edad o más, muy por debajo del 18 % de Europa, y proyecta que para el año 2050 esta cifra se duplique y llegue al 17,5 %, superando el 30 % a finales del siglo.

En el caso de Bolivia se calcula que al 2050, este grupo de adultos mayores representa el 14 % de la población”.

El informe de CAF refleja que si bien hoy América Latina es una región relativamente joven, dejará de serlo y que el rápido envejecimiento demográfico conllevará a un incremento del gasto público en salud y pensiones, con una importante incidencia fiscal.

En la América Latina, el gasto en pensiones equivale, en promedio, al 4,3 % del PIB y el gasto público en salud alcanza el 4,1 % del PIB. En la actualidad, los sistemas de pensiones tienen un déficit promedio que rodea el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Salud

Por otro lado, en el tema de salud, el RED describe que casi todos los latinoamericanos cuentan con algún tipo de cobertura. No obstante, en varios países ésta lista de tener un nivel adecuado para toda la población y en casi todas las naciones de la región, la calidad es desigual entre los distintos subsistemas: el privado, el de seguridad social (contributivo) y el público (no contributivo).

El informe muestra que la cobertura efectiva de servicios de salud en los países de América Latina está por debajo del promedio señalado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si bien Chile y Uruguay están cerca, Bolivia es uno de los países con menores valores en este indicador.

Dejando de lado los seguros privados, el subsistema contributivo de nueve países de la región tiene un mayor nivel de gasto por beneficiario en comparación con el sistema no contributivo, excepto Argentina.

En el caso de Bolivia se llega al extremo de que el gasto del esquema no contributivo apenas representa el 27 % del esquema contributivo lo cual se traduce en una brecha de calidad entre ambos subsistemas.

Bolivia más del 80 % de la población sólo tiene acceso al subsistema público, no contributivo, de acuerdo con lo descrito en el reporte de CAF.

Informalidad

Otro desafío que presenta el reporte es el de resolver los problemas relacionados a la persistente y alta informalidad laboral que existe en Latinoamérica, y que al igual que el envejecimiento, erosiona la base contributiva de los sistemas de protección social con relación al número de beneficiarios.

El documento indica que la informalidad implica que una elevada proporción de los hoy ocupados no estén cubiertos por los esquemas de salud contributivos y que corran el riesgo de no alcanzar el número de aportes necesarios para acceder a las pensiones contributivas cuando se retiren.

En promedio, casi el 63 % de las personas ocupadas de de América Latinat rabajan en un empleo informal.

En Bolivia, esta tasa de empleo informal alcanza el 80%, segun RED 2020 de la CAF.

Cambio tecnológico

El RED 2020 también considera como un desafío el afrontar las consecuencias del cambio tecnológico, relacionado con la tendencia global de la digitalización y automatización de los procesos productivos, que pueden incidir en la provisión de protección social y tener efectos disruptivos en la estructura de ocupaciones (remplazo de las labores rutinarias), entre otros.

Los cambios tecnológicos también pueden incrementar los empleos en modalidades de trabajo no tradicionales con diferente propensión a la formalidad y a contribuir al sistema de protección social.

Un ejemplo son los empleos de plataforma digital, como los servicios en línea de transporte, envíos y comercio electrónico, que según la encuesta de CAF, al 2019 alcanzaba a 1 de cada 10 ocupados en las principales ciudades de los países de la región.

Los desafíos de los sistemas de la protección social señalados en el RED 2020 indican la necesidad de reformas públicas para procurar la sostenibilidad y a la vez cerrar brechas de calidad.

Los instrumentos específicos dependerán del contexto del país estando dentro de las opciones, el aumento de las tasas contributivas, la adecuación de la edad de retiro, la revisión de los montos de pensiones, y, especialmente, el incremento del número de aportantes con la participación laboral de mujeres y mediante la reducción de la informalidad, entre otros.

El evento virtual contó con la presencia de Carolina Arismendi, directora General de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Jaime Durán, gerente General de la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo; Alejandra Hidalgo, viceministra de Salud y Gestión del SUS; Patricia Mirabal, directora General de Pensiones y Alberto Bonadona, del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana.

Fuente: El diario

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