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¿Por qué gravar?

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Antonia Díaz y Luis Puch

Muchos ciudadanos sienten un rechazo visceral a pagar impuestos. Una de las posibles causas de ese rechazo es la sensación de que los demás no pagan la parte que les corresponde. Quizá a muchos de esos ciudadanos no les importe que otros eludan el pago que les corresponde salvo porque la elusión de unos tiende a aumentar la carga fiscal de otros. Con la elusión y la evasión fiscal no solo perdemos servicios públicos que no pueden ser provistos. No solo eso. Es también i) la cara de tontos que se nos queda a los asalariados cuando soportamos el IVA que los pequeños empresarios se deducen; ii) son los módulos que soporta el nuevo autónomo cuando el empresario bien establecido retiene ganancias en vez de declararlas porque para eso tiene éxito de sobra; iii) es el heredero que traslada su sede fiscal, de iure que no de facto, a una región más generosa en esa base de tributación, probablemente porque dicha región dispone de ingresos fiscales extraordinarios que no se justifican por su mayor productividad (más bien al contrario); iv) es la política de beneficios declarados que utilizan las grandes corporaciones para ajustar sus saldos fiscales después de intereses, impuestos y amortizaciones; v) es, en fin, la fuga hacia paraísos fiscales (alguno de ellos incluso ¡entre nuestros socios europeos! ¿Lo pueden creer?) de las multinacionales y de las sociedades interpuestas. Todas estas posibilidades, ¡y mas!, suponen un robo al resto de ciudadanos con la gravísima consecuencia del deterioro de la necesaria cohesión social. Porque todos hacemos nuestra parte cuando tenemos la sensación de que lo que se nos pide es justo al compararnos con el resto: cuando lo que se nos pide se adecúa a lo que llamaremos la equidad social.

Luego está nuestro análisis coste-beneficio individual. Comparamos lo que aportamos al erario público con lo que recibimos de él en bienes y servicios públicos. Solemos decir que nos duele menos contribuir si recibimos más o mejor. Esto tiene sentido. El problema es que, si falla la equidad social, es difícil que podamos dotarnos de las prestaciones a las que aspiramos. Luego está la vertiente del papel redistributivo de los impuestos. Introducir la redistribución en el debate de la equidad social versus coste-beneficio individual confunde muchísimo.

Confunde porque se escuchan frases del tipo: “redistribuir con el gasto (público) en vez de con la recaudación”. Como si cada lado no tuviera una función. Como si sustituir impuestos por deuda fuera Pareto óptimo en cualquier caso. Como si, en fin, no existieran las externalidades. Externalidades, que son la razón (junto a los problemas de información asimétrica en algunos mercados como la salud y la educación) por la que los gobiernos proveen los bienes públicos. Redistribución NO es proveer servicios públicos. No. Redistribución ES compartir riesgos ante la dificultad de asegurarse (es decir, financiar en los mercados de crédito) contra eventos adversos extremos. Sí, extremos porque a muchos les resultan muy lejanos, y no por estar en el día a día de tantos otros. Pero hablaremos de eso en otro momento, porque requiere otro post.

Hoy no queremos escribir de para qué pagamos impuestos. Hoy queremos escribir de por qué gravar. ¿Y por qué toca? Porque nos parece que estos últimos días hemos sufrido especialmente la demagogia de las bajadas de impuestos, alimentando con simplificaciones el tipo de desconfianza que hemos descrito arriba. Máxime, porque los que se llenan la boca con bajar impuestos usan ese argumento para bajárselo a sus cuatro amigos. Porque no se trata de subir ni bajar ningún impuesto. Bueno sí, se trata desde luego de bajar los impuestos a los que están pagando de más, si es que conseguimos que paguen los que lo hacen de menos. Se trata de que todos los contribuyentes paguen su parte. Esto es lo que queremos explicar en este post.

Más impuestos o menos impuestos

¿Más impuestos o menos impuestos? Esta parece ser la pregunta del momento. Estos días hemos visto (también en NeG) apelar a medidas agregadas a favor del argumento propio o en contra del oponente. Casualmente ocurre que el Gobierno acaba de poner en marcha una comisión de expertos (¡otra!) para la reforma fiscal en el marco del Plan de Recuperación Europeo. Le deseamos mucho éxito en este problema tan espinoso, pero es difícil entender qué puede hacer una comisión de expertos si no es convocar a los equipos de investigación en sus instituciones de trabajo para realizar las oportunas estimaciones con los mejores y más detallados datos disponibles, e intentar escribir modelos (¿macroeconómicos completamente especificados?) que se puedan ejecutar en sus supercomputadores para así proporcionar simulaciones fiables de los efectos de las propuestas de reforma. Esto, y diseñar protocolos precisos para el seguimiento del impacto de las medidas adoptadas y su posterior evaluación, a la vez que mecanismos de corrección cuando sea necesario. (Por cierto, ¿es esto lo que hace el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español? No nos lo parece).

Algunos creen que se puede reducir ese proceso laborioso que hemos descrito a una oración llena de subordinadas o simplificar cuando no toca. Que se puede, por ejemplo, convertir la Teoría Económica y los métodos cuantitativos de frontera en titulares de prensa. Un titular: “la presión fiscal en España está por debajo de la media de la UE” (ergo, hay que subir los tipos impositivos). Otro titular: “el esfuerzo fiscal que realizan los contribuyentes españoles está entre los más altos de las economías de las OCDE” (ergo hay que bajar los tipos impositivos). Dos titulares que, aunque puedan parecer contradictorios, llevan a la misma conclusión: necesitamos ensanchar nuestras bases tributarias. En román paladino: “que cada uno ponga su parte”, y volvemos a la casilla de salida.

¿Por qué la presión fiscal es baja? La presión fiscal, P, se define como recaudación, R, sobre PIB, P = R/Y, es decir , (nótese que numerador y denominador se pueden poner en términos per cápita). Recaudamos poco porque las bases imponibles son estrechas. Nuestro sistema impositivo está lleno de agujeros por el que se va, por ejemplo, muchísimo ingreso de IVA y muchísima imposición a las rentas de capital.

¿Por qué el esfuerzo/sacrificio fiscal es alto? Porque esta medida agregada pone la presión fiscal en términos relativos a una medida agregada de la actividad económica del país, por ejemplo, del PIB per cápita. Es fácil comprobar (esto, y otras cosas) que, si R es la recaudación, Y es el PIB (u otra medida de actividad, ¡ojo!), N es la población, y llamamos E al esfuerzo fiscal, el esfuerzo fiscal es:

El esfuerzo fiscal, E, es mayor cuanto mayor sea la recaudación per cápita, sí; pero es menor cuanto mayor sea el PIB per cápita, que además juega cuadráticamente. No es sorprendente que el Esfuerzo Fiscal en España sea mayor que el de economías más ricas. Este índice le da un gran peso al nivel de renta. Aprendemos algo con este índice. Que España es más pobre y tiene más parados, temporales y precarios que casi cualquier economía de la OCDE, y esto, por descontado, tiene consecuencias fiscales.

Podríamos decir más (ya lo ha dicho muy bien J.L. Ferreira). Por ejemplo, que, si usamos renta per cápita en lugar de PIB per cápita, como medida de la actividad sobre la que relativizar la presión fiscal, entonces, la brecha de exceso de esfuerzo fiscal en la economía pobre será tanto mayor cuanto más importante sea el peso de los impuestos indirectos, porque Renta = PIB – impuestos indirectos. Podríamos decir más. Sí, que si llevamos esta medida a los microdatos y cuanto más estrecha sea la medida de actividad (base imponible, base imponible de contribuyentes netos, base imponible de rentas elevadas, etc.), más grande será la medida de esfuerzo fiscal. Podríamos decir más. Sí, pero no vale la pena.

La cuestión es que cuando las bases imponibles son estrechas, es decir, cuando no todos ponen la parte que les corresponde, siempre hay un estadístico que nos podemos sacar de la manga para justificar cualquier discurso a favor de bajar impuestos (a los que, de por sí, ya no pagan su parte), o subirlos (a los que ya pagan lo suyo).

Botella medio vacía o medio llena

¿Por qué podemos decir que la tarifa del IRPF es suficientemente progresiva? Porque los asalariados que resultan ser contribuyentes netos realizan un esfuerzo fiscal muy grande (medido como tipo efectivo sobre su base liquidable). Lo hacen (a la fuerza ahorcan) para compensar el esfuerzo que no hacen los pequeños y medianos empresarios de éxito, y el que de ninguna manera pueden hacer parados, temporales y precarios. ¿Y los grandes empresarios? Ah, no, que estamos hablando de contribuyentes por IRPF. Y ¡ojo! que los asalariados estrella que tributan, lo hacen porque es parte de la señalización de quiénes son: están bajo el foco de las cámaras.

¿Por qué podemos decir que la imposición sobre la renta de las personas físicas es poco progresiva? Pues porque el sistema tributario es excepcionalmente permisivo con el trasvase de rentas desde el IRPF a Sociedades. Y aquellos contribuyentes que pagan IRPF en los tramos altos del impuesto son normalmente asalariados muy productivos que, al contrario que otros, no pueden, o no quieren, crear una empresa (legal). Es una cuestión de equidad horizontal. Un tipo medio moderado para una renta excepcional, junto a una supervisión adecuada, sería mucho más eficiente que la fuga de asalariados hacia una empresa de servicios profesionales. Como hemos dicho en otros posts (véase aquí, aquí, aquí, aquí, o aquí), hay demasiados agujeros en nuestro sistema impositivo que facilitan, a quien puede permitírselo, no pagar al fisco la parte que les corresponde (¡ojo! que esto da un negocio lucrativo a gestores, consultores y banqueros). Los empresarios de éxito disponen de cuantiosas fuentes de renta que eluden al fisco. Esto no sería así si, entre todos, hiciéramos un esfuerzo por registrar y valorar adecuadamente la riqueza inmobiliaria (en sentido amplio, la tecnología lo permite), a la vez que gravarla a tipos medios sobre el patrimonio moderados. Deberíamos integrar la tributación de renta y de sociedades para los no asalariados, o para aquellos asalariados que no se encuentren en los tipos marginales de renta pero a los que a la vez se les puede vincular con empresas de éxito (la tecnología lo permite). Salvo, si coordináramos, en fin, la imposición internacional sobre la riqueza (la tecnología lo permite).

Este es el debate que debemos tener. El debate de la equidad horizontal. Este es el debate que una economía como España, debe tener –y no es (sólo) cuestión de inspectores. Este debate es previo a cualquier otro en materia de impuestos. Se trata del primer requisito para que un sistema tributario sea aceptado por los contribuyentes y eficaz en su cometido: recaudar lo que los votantes decidan recaudar. Cuanto más equitativo, menor será la elusión fiscal. La deuda no es la panacea. Para una economía que no crece la deuda es simple y llanamente una carga para las generaciones futuras, y si acaso, un negocio (¡otro!) para quien la adquiere.

Pero no solo debemos ensanchar las bases imponibles y tapar los agujeros fiscales por razones de equidad. También para aumentar la productividad. El sistema tributario no debe dar un premio a actividades poco productivas que aprovechan los agujeros del sistema. Con mayor equidad bien puede darse la paradoja que aumente la presión fiscal (porque aumente la recaudación sobre el PIB) y caiga el esfuerzo fiscal (porque aumente más el PIB, el verdadero y el que se mide).

De índices y metáforas

Quien haya estudiado Estadística recordará el concepto de “estadístico suficiente” que es aquel que recoge la información… suficiente. ¿Suficiente para qué? Para analizar el problema que se tenga delante. Es un concepto finalista. El índice de presión fiscal tiene ciertos usos y para esos, es suficiente. Por ejemplo, permite analizar, en un modelo de imposición óptima, la combinación de impuestos que puede dar la misma recaudación sobre PIB a la vez que mayor bienestar. Pero a nadie se le ocurre pensar que contenga información suficiente para hablar de progresividad, de cómo se reparte la carga de un impuesto, o de la capacidad recaudatoria de un país. Por eso, cuando apelamos a ese índice, comparamos la presión fiscal con países de renta similar, estimamos elasticidades de recaudación respecto de renta, etc. Por eso complementamos la información que nos da el índice con otra, para poder tener así una visión más completa. La sola virtud del estadístico presión fiscal es que se trata de una ratio de dos agregados. La teoría que cada uno de nosotros tiene en la cabeza le da contenido a esa ratio: si todos soportamos un tipo parecido, si no hay grandes disparidades de renta, esa ratio puede informar sobre tipos impositivos efectivos. Puede. Quizá.

Pero un índice alternativo que divide una ratio por un nivel de renta ¿tiene alguna teoría fiscal detrás que lo sostenga? Nos parece, más bien, un conejo sacado de la chistera para respaldar ciertos posicionamientos apriorísticos en el debate impositivo. Deducir que pagamos muchos impuestos de comparar entre países un índice que divide una ratio por un nivel no tiene fundamento. Pero, sobre todo, es tremendamente frívolo extraer consecuencias normativas de mirar un índice; incluso si ese índice fuera el de presión fiscal. El buen debate sobre el diseño fiscal necesita echar mano de la Teoría Económica; en particular, de la Teoría de Imposición Óptima desde la aproximación de Mirleess y de la literatura que extiende esa aproximación. Además de un buen ejercicio macroeconómico de evaluación de políticas (¿será que nos está faltando equilibrio general en los debates de los expertos en materia fiscal?).

¡Ah! Y adviértase que todavía no hemos hablado sobre redistribución. Aún así, algo hemos dicho de por qué gravar, y si es de más o de menos.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Antonia Díaz

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Evidencia internacional sobre el impacto de la COVID-19 en las perspectivas académicas y laborales de los estudiantes universitarios

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Por Jaime Arellano-Bover y Marta Martínez Matute

La pandemia de COVID-19 ha trastocado todos los niveles de la educación alrededor del mundo. La educación superior no ha sido menos y, durante la primavera del 2020, todo tipo de universidades tuvieron que tomar difíciles y complejas decisiones de cara a vaciar sus campus y organizar la docencia de forma online. Todo esto acompañado de la incertidumbre acerca de cómo y cuánto sufrirían sus estudiantes y si, quizás, una fracción de estos universitarios abandonarían sus estudios a raíz de esas dificultades. Comparados con estudiantes más jóvenes, los universitarios no solo vieron dañado su aprendizaje. Aquellos que se encontraban más cerca de graduarse temieron por sus perspectivas laborales próximas y a largo plazo (con razón). Además, con restricciones financieras en el hogar, problemas en el mercado de trabajo y hermanos pequeños sin colegio, muchos universitarios afrontaron nuevas responsabilidades en casa.

En este contexto y dada la dimensión global del fenómeno, en la primavera del 2020 un grupo de investigadores del que formamos parte creó la Global COVID-19 Student Survey (Encuesta Global de Estudiantes COVID-19, o GC19SS por sus siglas en inglés). El principal objetivo de la GC19SS es medir, a escala internacional, cómo los estudiantes universitarios han lidiado con esta crisis sin precedentes en sus vidas. En la primavera de 2020 y a contrarreloj, escribimos el cuestionario, lo tradujimos a varios idiomas y conseguimos los permisos administrativos necesarios para poner la encuesta en marcha. Entre abril y julio 2020 distribuimos la encuesta por e-mail a todos los estudiantes de 28 universidades (en su mayoría grandes universidades públicas) en Estados Unidos, España, Australia, Italia, Austria, Suecia y México. Esta labor fue posible gracias al esfuerzo y coordinación de un numeroso grupo de investigadores (¡somos 43 en total!). De las 28 universidades incluidas en la encuesta, 14 son de Estados Unidos, 5 de España, 3 de Australia, 2 de Suecia, 2 de Austria, 1 de Italia y 1 de México.[1] En un documento de trabajo reciente (aquí) presentamos los resultados principales de esta primera ola de la encuesta. Nuestra intención es volver a encuestar a los mismos jóvenes pasado un tiempo para analizar cómo han evolucionado sus vidas.

La encuesta pregunta sobre tres aspectos fundamentales en las vidas de los universitarios durante la pandemia: la situación académica presente y futura, su salud y bienestar (incluyendo a sus familias) y las percepciones que tienen sobre su futura vida laboral. Las preguntas relacionadas con el mercado laboral tratan sobre pérdidas de empleo y programas de prácticas, preferencias sobre condiciones positivas en un trabajo futuro, disposición a aceptar condiciones negativas en un trabajo futuro y expectativas de salario a los 30 y 45 años. Las preguntas relacionadas con el proceso educativo tratan sobre el aprendizaje actual, tiempo dedicado al estudio y futuros planes educativos. Finalmente, las preguntas de salud tratan sobre incidencia COVID-19 y salud mental.

La Figura 1 resume de manera concisa los resultados en las áreas de mercado laboral, educación y salud. El mensaje principal de la figura es que la pandemia ha afectado gravemente a toda una generación de estudiantes universitarios alrededor del mundo. Un 26% de los encuestados tuvo al menos un familiar que perdió su empleo, un 56% de los que tenían planeadas prácticas durante el verano 2020 las perdieron y un 37% de los que tenían una oferta de trabajo la perdieron. En cuanto a los estudios, un 12% abandonó al menos una de sus asignaturas, un 41% tenía dudas sobre si volvería a la universidad en otoño de 2020 y un 83% se resintió de la falta de contacto con otros estudiantes o con profesores. En cuanto a salud, un 7% de los encuestados dieron positivo en un test COVID-19 bien ellos mismos o bien un familiar (recuerden que en primavera 2020 la disponibilidad de tests era muy baja), un 31% dijo haber perdido un conocido o familiar a causa de COVID-19 y un 87% dijo estar preocupado por su salud o la de sus familiares.

Figura 1. Resumen de resultados en las tres áreas de la encuesta (de izquierda a derecha): mercado laboral, educación y salud

Nota: Cada barra muestra el porcentaje de estudiantes (combinando todos los países) que afirma lo siguiente (de izquierda a derecha): un miembro de mi familia ha perdido su trabajo, he perdido unas prácticas de verano (porcentaje sobre los que tenían prácticas planeadas), he perdido una oferta de empleo (porcentaje sobre los que tenían una oferta de empleo); he abandonado al menos una de mis asignaturas, tengo dudas sobre volver a la universidad en otoño 2020, encuentro difícil la falta de contacto con estudiantes o profesores; he dado positivo en un test COVID-19 bien yo mismo o bien un familiar, un conocido o familiar ha fallecido a causa de COVID-19, estoy preocupado por mi salud o la salud de mi familia.

En el documento de trabajo mostramos las respuestas para muchas más preguntas dentro de cada una de las tres áreas. Presentamos los resultados de manera desagregada acorde a cuatro dimensiones: país de la universidad, renta de los padres[2], género y, para los estudiantes de EE.UU., raza/etnia. La motivación para fijarnos en estas dimensiones es el carácter internacional de la encuesta e investigaciones que muestran cómo la pandemia ha afectado de manera desproporcionada a trabajadores y hogares de ingresos bajos (aquí), de manera diferente a mujeres y hombres (aquí) y a distintos grupos raciales en EE.UU. (aquí y aquí). A continuación, describimos dos resultados adicionales, uno en el área de educación y otro en el área del mercado laboral. El primero muestra diferencias entre países y el segundo muestra diferencias entre estudiantes de familias más y menos pudientes.

La Figura 2 muestra, por separado para cada país, cuán comunes han sido ciertos desafíos que los universitarios han tenido que afrontar para proseguir con sus estudios durante la pandemia. Por ejemplo, entre los encuestados en España, un 29% tuvo problemas con recursos informáticos o con internet, un 46% sufrió la falta de acceso a bibliotecas, un 61% echó a faltar un lugar silencioso donde estudiar, un 54% acrecentó sus responsabilidades familiares y un 76% acusó la falta de contacto con otros estudiantes o con profesores.

Figura 2. Porcentaje de encuestados, por separado para cada país, que dice haber sufrido diferentes dificultades para proseguir sus estudios durante la pandemia

Nota: Cada barra representa uno de los países de la encuesta y cada panel una dificultad diferente (de izquierda a derecha y de arriba abajo): insuficientes recursos informáticos o problemas de internet, recursos bibliotecarios insuficientes, falta de un lugar silencioso donde estudiar, mayores responsabilidades familiares, falta de contacto con otros estudiantes o profesores.

La Figura 3 muestra cuántos universitarios están más dispuestos, como consecuencia de la pandemia, a aceptar ciertas condiciones negativas en futuros puestos de trabajo tras su graduación. La figura muestra información por separado para estudiantes con padres de menor y mayor renta. Por ejemplo, entre los estudiantes cuyos padres están en el quintil inferior de la distribución de la renta en su país, un 32% mencionó que la pandemia ha hecho que estén más dispuestos a trabajar a tiempo parcial, otro 32% declaró estar más dispuestos a trabajar en un puesto para el que están sobrecualificados, un 18% a hacer prácticas sin remuneración y un 16% a trabajar cobrando el salario mínimo. Resulta llamativo observar que el porcentaje de estudiantes que está dispuesto a aceptar estas condiciones disminuye en función de los ingresos paternos (excepto para prácticas sin remuneración). Éste es un patrón que encontramos en muchas preguntas.

Figura 3. Porcentaje de los encuestados, combinando todos los países, que dice que como consecuencia de la pandemia están más dispuestos o mucho más dispuestos a aceptar ciertas condiciones negativas en futuros trabajos tras graduarse

Nota: Cada barra representa un grupo de estudiantes en base al quintil de la distribución de la renta en su país al que pertenecen sus padres. Cada panel representa una característica distinta (de izquierda a derecha y de arriba abajo): trabajo a tiempo parcial, trabajo para el que está sobrecualificado, prácticas sin remuneración, trabajo cobrando el salario mínimo.

Otras preguntas sobre el mercado de trabajo esconden, además, grandes diferencias en función de las demás dimensiones que analizamos. Por ejemplo, el porcentaje de cancelación de ofertas de trabajo entre los estudiantes encuestados fue particularmente alto en España (58%) y en el caso de estudiantes pertenecientes a hogares de rentas más bajas (56%), frente al promedio combinando países del 37%. En el caso de la cancelación de prácticas, también la proporción de estudiantes que sufrieron la cancelación de sus programas de prácticas fue mayor en España (60%), Estados Unidos (58%) y Suecia (51%), existiendo también una mayor proporción de mujeres (55%) afectadas con respecto a los hombres (51%).

Ahora que gracias a las vacunas parece que estamos dejando atrás lo peor de la pandemia (al menos en los países más ricos), hay que mantener en cuenta que muchos de los daños causados serán persistentes. El aprendizaje, las perspectivas laborales y el bienestar emocional de los (ahora) universitarios son ejemplos de aspectos vitales que tienen el potencial de presentar consecuencias negativas a largo plazo. El primer paso para poder ayudar y resolver estos problemas es entenderlos y cuantificarlos. Ésta es la motivación de la GC19SS y esperamos que este trabajo sea el primero de varios documentos utilizando estos datos que contribuyan a nuestro entendimiento. Os mantendremos informados.»

[1] Los acuerdos administrativos necesarios para implementar la encuesta no nos permiten revelar la identidad de las universidades.

[2] Una virtud de la encuesta es que preguntamos a los estudiantes sobre la renta de sus padres de una manera que es comparable entre países, usando puntos de referencia que son percentiles comunes de la distribución de la renta en cada país.

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Autor: admin

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La insoportable gravedad del empleo temporal

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Antonia Díaz (@AntoniaDiazRod)

El pasado 12 de Abril participé en un ciclo de conferencias organizadas por el Observatorio Social de La Caixa junto con Agenda Pública y coordinado por Jordi Sevilla, en torno a los efectos de la COVID-19. El vídeo de esa jornada se puede ver aquí. La pregunta que me planteó Marc López cuando me invitó a participar fue ¿cómo afecta la COVID-19 a la desigualdad en España? La pregunta tiene múltiples dimensiones. Pero, como macroeconomista, elegí la dimensión que, a mi entender, tiene múltiples consecuencias; tanto sobre la desigualdad como en crecimiento agregado. En este post voy a resumir mi intervención en aquella jornada.

Y es que creo que muchas disfuncionalidades de este país tienen su origen en la elevada temporalidad del empleo. También creo que debe ser la prioridad política número uno: ¿por qué hay tanta temporalidad? Otra forma de refrasear la pregunta es ¿por qué las empresas no quieren contratar trabajadores fijos? Hay una abundante literatura que muestra que temporalidad y baja productividad están correlacionados; por eso, si tenemos el objetivo de aumentar la productividad, debemos entender primero las causas de la temporalidad. La prioridad del Gobierno, antes que revertir la reforma laboral de 2013 debe ser poner aquellas condiciones para reducir la temporalidad en el medio plazo. Pero, antes de hablar de posibles causas y remedios, me gustaría hablar de las consecuencias de la temporalidad.

La montaña rusa del ciclo económico

Para poner en contexto las fluctuaciones que sufre el empleo temporal en España es conveniente mirar a la Figura 1. El primer panel muestra la tasa de crecimiento interanual del PIB (VA), el empleo total y las horas trabajadas. En el gráfico aparece la desviación típica de esas tasas de crecimiento desde 1996 hasta 2019. En España, como ya sabemos, el PIB y el empleo se mueven de forma muy similar. De las peculiaridades del ciclo económico ya hablamos en este este post de Nada es Gratis. Básicamente allí se decía que muchas de las características cíclicas de nuestra economía se explican por el comportamiento del sector inmobiliario. El primer panel de la Figura 1 muestra, también, que las fluctuaciones observadas en el PIB y en el empleo hasta 2019, inclusive, parecen nimias en comparación con el efecto brutal de la COVID-19. De esto, también hablamos aquí. En esta crisis, es la primera vez que el empleo (en azul) cae menos que las horas (en rojo) y el PIB (en negro). Esto se debe al uso masivo de los ERTEs. El segundo panel muestra la tasa de crecimiento interanual del PIB (en negro), empleo (azul), asalariados con contrato indefinido (en verde) y el empleo temporal (en rojo). La desviación típica de la tasa de crecimiento del empleo temporal (hasta 2019) es del 8.34%, solo ligeramente menor a la caída interanual del PIB en 2020. Si miramos la Tabla 1 vemos que en el segundo trimestre de 2020 la tasa de crecimiento interanual del empleo temporal fue del –21.12%. Esta cifra es casi idéntica a la del primer trimestre de 2009, durante lo más

Figura 1: Tasa de crecimiento interanual del PIB, empleo y horas. Elaboración propia. INE.

negro de la Gran Recesión. Así que la primera conclusión que sacamos es que los trabajadores temporales siempre viven en tiempos de pandemia. Para ellos, el año 2020 ha sido similar al 2009. Esta atroz incertidumbre que todos hemos vivido durante este año es la que viven los trabajadores que encadenan un contrato temporal tras otro. La Tabla 1 muestra que el sector importa; Servicios acumula alrededor del 70% de los empleos temporales, pero la tasa de temporalidad varía de un sector a otro. Por ejemplo, es muy alta en agricultura (54.89% en 2020T2) y en construcción. Las fluctuaciones son brutales.

Tabla 1: Algunas características cíclicas del empleo temporal. Elaboración propia. INE.

Y las preguntas son: ¿Cuál es el impacto sobre la productividad agregada de esta rotación tan tremenda de los trabajadores? Porque, como Cabrales, Dolado y Mora (2017) muestran, los trabajadores temporales reciben menos formación en el trabajo. ¿Cuántos puntos de la tasa de paro media se deben a la tremenda rotación de trabajadores? Porque lo que sí sabemos es que la enorme fluctuación del empleo en España se debe, fundamentalmente, a los vaivenes del empleo temporal. Deberíamos poder responder estas preguntas a la hora de pensar las políticas para luchar contra la temporalidad.

La desigualdad en España es, en primera instancia, un problema del mercado de trabajo

Esto debe ser obvio para todos. Voy a decirlo de nuevo: Una tasa de paro del 20% significa que el 20% de las personas en edad de trabajar tienen una renta laboral antes de impuestos y transferencias igual a cero. En las Cuentas Nacionales, las rentas laborales son alrededor del 55-60% del PIB y, según la Encuesta Financiera de las Familias, las rentas laborales son alrededor del 80% de la renta total. Es decir, ese 20% en paro no tiene prácticamente ningún colchón financiero. La Tabla 2 muestra, para todas las olas disponibles de la Encuesta Financiera de las Familias, su renta laboral media (por persona) y el coeficiente de Gini, para todas las familias y solo para aquellas familias con la/el cabeza del hogar empleada. Obviamente, el índice de Gini es mayor cuando se tiene en cuenta a las familias con la/el cabeza desempleada. Pero lo que también es muy interesante es que la desigualdad laboral fluctúa notablemente con el ciclo. Esto no debe sorprendernos teniendo en cuenta que el tiempo medio de desempleo en España ronda el año. Por cierto, la desigualdad de rentas laborales en España es de las más altas de Europa. ¿Cuánto contribuye la temporalidad a esa desigualdad? García-Pérez, Marinescu y Vall (2019), utilizando datos de la Seguridad Social española, analizaron el impacto de la reforma de 1984. Por ejemplo, a lo largo de 27 años de carrera en el mercado laboral, las pérdidas de ingresos anuales para los trabajadores que empiezan su carrera encadenando contratos temporales ascienden al 7.3%. Esto tiene que tener un impacto importante sobre la desigualdad cuando más del 20% de la fuerza laboral trabaja con contratos temporales.

Tabla 2: Renta laboral por persona, media y coeficiente de Gini. Encuesta Financiera de las Familias.

La duración tan larga del desempleo (y el periodo durante el que se encadenan contratos temporales) implica que los trabajadores soportan lo que los economistas llamamos un gran “riesgo permanente”, que es la forma técnica de decir que mis perspectivas a medio plazo se ponen muy negras cuando me despiden. Que el riesgo que las familias soportan sea permanente tiene consecuencias en sus patrones de consumo y ahorro. Si el riesgo es transitorio se tiende a ahorrar en épocas de vacas gordas, para prevenir. En cambio, si el riesgo es permanente en épocas de vacas gordas se hace una fiesta (es decir, se pide prestado) y se aprietan el cinturón (ahorran, lo que pueden) cuando hay vacas flacas. Es decir, las familias que soportan riesgos transitorios aumentan su ahorro cuando la economía va bien y lo contrario cuando va mal. Las familias que soportan riesgo permanente hacen lo contrario. De esto ya hablé aquí. Esto explica, por ejemplo, que el ahorro de las familias sea contracíclico en vez de procíclico y tiene consecuencias agregadas sobre la evolución del ahorro agregado. Además, sospecho que este riesgo permanente no se sufre de igual manera en todo el espectro laboral. Lo sufren más los trabajadores con menor nivel educativo. Esta diferencia de riesgo laboral implica un diferente comportamiento ahorrador que amplifica las desigualdades.

El impacto demográfico

Pero, además, la temporalidad es un enorme cuello de botella para los jóvenes. Bentolila, Felgueroso, Jansen y Jimeno (2021) estiman que en 2019, la mediana del salario mensual real de los jóvenes entre 18 y 35 años era menor que en 1980, con caídas que van desde el 26% para aquellos con edades entre 30 y 34 años hasta el 50% para los de 18 a 20 años. Para un análisis más detallado véase este informe de ISEAK. El efecto sobre la emancipación de los jóvenes y sobre la natalidad es enorme. Como botón de muestra veamos la tabla 2. En 2002, los menores de 35 años constituían el 46.51% de la población. Los hogares con cabezas menores de esa edad eran el 18.18% de los hogares. En 2017 la brecha ha aumentado: 37.55% versus 8.85. Y es que independizarse y formar una familia en este país es un lujo al alcance de pocos.

Tabla 3: Composición demográfica. Distribución de hogares y población. Encuesta Financiera de las Familias y EPA.

¿Y por qué tanta contratación temporal?

La primera respuesta es que hay tanta porque puede haberla, porque la legislación lo permite. Nuestra tasa de temporalidad es escandalosamente alta en todos los sectores de nuestra economía. Es particularmente doloroso ver que esa tasa supera el 20% en las Administraciones Públicas (Gov), Educación y que en Sanidad es casi el doble que la media de la Eurozona. Esto se hace porque se puede. Porque, si hay que recortar gastos, es más fácil hacerlo en personal. Es especialmente escandalosa la práctica en Educación y Sanidad: despidos veraniegos para no pagar la Seguridad Social. Así no hay manera de tener servicios públicos de calidad, ni de tener una perspectiva de carrera profesional. El otro sector donde la temporalidad es escandalosamente alta es en la Construcción, donde más que dobla la media de la Eurozona. De este sector también hablé en este post.

Figura 2: Tasa de temporalidad por sectores en España y en la Eurozona. Eurostat.

La construcción es el sumidero de los trabajadores con baja cualificación. En aquel post comparaba la estructura del empleo del sector en Alemania, Francia, España e Italia. Tenemos un sector escorado a poner, simplemente, un ladrillo sobre otro (de ahí que nos entusiasme derribar edificios). Y para ese trabajo, ni se necesita cualificación ni formación. Y si la legislación permite la temporalidad y se puede reducir costes, pues miel sobre hojuelas. Y es que hasta en Información y Comunicaciones superamos la media de la Eurozona. ¿Y esto por qué? Porque se puede. La Figura 3 esta basada en la Tabla 27 del Informe Anual Laboral de 2019.

Figura 3: Empresas que prevén aumento de plantilla, por tipo de ocupación y contrato. Encuesta Anual Laboral 2019. Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Incluso para cargos de directivos de empresa la ampliación de plantilla se hace, en un 30%, con contratos temporales. La brecha de temporalidad aumenta a medida que disminuye la cualificación del puesto de trabajo. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué hay tanta temporalidad? ¿Por qué las empresas encuentran beneficiosa una rotación tan alta? ¿Por qué es mejor esa rotación que invertir en formar trabajadores? ¿Por qué esa perspectiva de corto plazo? Entiendo que la temporalidad sea superior en sectores (o actividades dentro de los sectores) con bajo valor añadido. Tomemos como ejemplo la Construcción. Pero, ¿por qué el sector se especializa en esas actividades de poco valor añadido? Se puede aducir que falta formación. Entiendo que se refieren a Formación Profesional. ¿Cuántas empresas del sector tienen acuerdos con centros de FP? Y qué fue primero, ¿el huevo o la gallina? Por ejemplo, en la provincia de Alicante, el sector de la Construcción, durante el boom inmobiliario, tuvo un efecto depredador de medio ambiente y de actividades alternativas, e impulsó el abandono escolar en pos de los salarios inflados del boom.

Figura 4: Porcentaje de temporalidad por sector y tamaño de empresa. INE.

¿Difieren las empresas en temporalidad según de tamaño? Mirando la Figura 4 parece que sí. Si esto es así, es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de limitar el recurso a trabajos temporales. Un documento de trabajo del Banco de España de 2015 muestra que las empresas pequeñas tienen peor acceso a financiación y a crédito comercial que las empresas grandes. No solo eso, sino que el periodo medio de cobro supera significativamente al de las grandes. El gráfico 5 del documento muestra que, en 2013, (la mediana) las empresas grandes cobran a 40 días a sus clientes y pagan a proveedores a 50 días. En cambio, las pymes cobran a 50 días y pagan a 50 días. La diferencia es más amplia en las empresas con más actividad. En ese caso, las grandes pagan a 80 días y cobran a 60 días. Las pymes pagan y cobran casi a 100 días. ¿Qué empresa pequeña puede resistir cobrar a 3 meses? Así no hay manera de pagar nóminas de contratos indefinidos. Es decir, para las empresas con acceso financiero limitado (las pymes), el empleo temporal es una forma de hacer frente a las fluctuaciones económicas. Pero eso, además, es la pescadilla que se muerde la cola porque la temporalidad dificulta planificar el negocio y una estrategia de crecimiento empresarial. Por ultimo, ¿por qué no crecen las pymes? La Comisión Europea, en un informe sobre la pequeña empresa en la UE, señala varios problemas para el crecimiento empresarial en España: Fallos del mercado único, una menor ayuda activa a las empresas pequeñas (en particular, peor acceso a concursos públicos), y el mal funcionamiento del crédito comercial. Por último, el documento de trabajo del BdE mencionado arriba sugiere que las grandes empresas usan los plazos del crédito comercial para barrer la competencia emergente.

En conclusión

Creo que, efectivamente, hay que controlar y luchar contra el abuso del empleo temporal. Ayer Nacho Conde, Juanjo Dolado, Sara de la Rica y Juan Francisco Jimeno apuntaron posibles medidas en un estupendo debate. Creo, además, que hay que luchar contra las malas prácticas de las grandes empresas que intentan eliminar competencia con cualquier instrumento. Un reforzamiento de las leyes para luchar contra impagos y retrasos en el crédito comercial debe ir de la mano con una reforma que dificulte el uso de contratos temporales. También, mejorar el mercado único – habrá que explicárselo a los consejeros de Economía de las Comunidades Autónomas. En cuanto al informe de la Comisión Europea, me llama la atención la diferencia en acceso a concursos públicos que es muy bajo en España. Quizá habrá que empezar a hacer pliegos de concursos mejor detallados. De forma más general diré que las reformas hay que pensarlas con una visión de equilibrio general; si se toca una pata suele ser necesario tocar otras para que el artefacto no se desmorone.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Antonia Díaz

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Covid-19 y natalidad

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Por Libertad González y Sofía Trommlerová

Desde hace un tiempo, el INE viene proporcionando estimaciones mensuales de defunciones y nacimientos casi a tiempo real, lo que ha permitido analizar por ejemplo la mortalidad asociada al covid-19 con bastante celeridad (ver aquí). Hoy les hablamos de los datos de nacimientos, ahora que han transcurrido 15 meses desde el inicio de la pandemia, lo que ya permite estudiar cómo han evolucionado los embarazos y partos desde entonces.

Durante el confinamiento estricto de la primavera de 2020, se especuló en los medios (a veces medio en broma) sobre la posibilidad de que el encierro domiciliario disparara los embarazos. Sin embargo, en épocas de crisis económica la natalidad suele caer. En marzo-junio de 2020 se combinaron además varios factores inéditos: la severidad de la primera ola de la pandemia, con miles de infecciones y muertes semanales; el estado de alarma y las restricciones que aparejó, y la paralización de la actividad económica, con muchas personas afectadas por los ERTEs. A estos factores objetivos se sumó una gran incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, que provocó estrés, miedo y angustia en la población. El primer estado de alarma terminó en junio de 2020, y el verano fue relativamente tranquilo, hasta que el otoño trajo la segunda ola y la declaración del segundo estado de alarma en octubre.

Los nacimientos mensuales reflejan con retraso el resultado de decisiones tomadas por las mujeres y las familias meses antes. Si una persona decide intentar quedarse embarazada hoy, sólo observaremos el resultado de esa decisión en los datos de nacimientos como mínimo 9 meses después. Si una mujer interrumpe su embarazo hoy (digamos, a las 8-12 semanas de embarazo), esto se verá reflejado en una caída en los nacimientos 6-7 meses después. Por tanto, cualquier cambio en el comportamiento a partir del 15 de marzo de 2020 aparecerá en los datos de nacimientos a partir de agosto-septiembre de 2020 (si procede de cambios en el número de abortos) o diciembre de 2020 (si procede de cambios en el número de embarazos llevados a término).

Es difícil predecir la duración del impacto de la pandemia sobre la natalidad, dado que se trata de un shock bastante duradero, pero cuya intensidad ha ido variando a lo largo de los meses. Como una primera aproximación descriptiva, calculamos el cambio porcentual en el número de nacimientos mensuales (por millón de mujeres) con respecto al mismo mes del año anterior, a nivel nacional. La figura 1 muestra la evolución desde principios de 2020.

Figura 1. Cambio en partos mensuales respecto al mismo mes del año anterior, en % (España), mayo 2020 a abril 2021

A mediados del año pasado, la natalidad se encontraba en tendencia a la baja, como muestran los números negativos de los primeros meses. No se observa ningún cambio significativo en los meses de agosto a octubre, lo cual nos hace pensar que en marzo y abril de 2020 no se produjo un cambio importante en el número de interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, observamos una caída drástica en el número de niños nacidos en diciembre y enero, que se correspondería con una caída en el número de nuevos embarazos iniciados en marzo y abril. En estos dos meses nacieron un 18-20% menos niños que en diciembre y enero de 2019-20. Es curioso cómo en febrero de 2021 se observa una vuelta a cifras “normales”, mientras que en marzo y abril de 2021 el número de nacimientos de hecho supera a las cifras de marzo y abril del año anterior (en un 4%). Es decir, en mayo de 2020 el número de nuevos embarazos ya había vuelto a su nivel “esperado”, y durante el verano de 2020 se iniciaron más embarazos de los que predeciría la tendencia, lo que puede indicar una recuperación procedente de los embarazos retrasados en primavera.

Nos llama la atención la brevedad de la caída de la natalidad asociada al covid-19, que parece haber durado sólo dos meses. Esto hace pensar que no fue la crisis económica el detonante, sino más bien el miedo y la incertidumbre sufrida durante las primeras semanas de la ola inicial de la pandemia y el estado de alarma. El verano trajo un optimismo quizá no enteramente justificado, que hizo que la natalidad volviera a las cifras pre-pandemia en seguida e incluso pronto las superara.

Este patrón temporal se repite además de manera muy similar en todas las regiones. Las figuras 2, 3 y 4 muestran las cifras para las tres Comunidades Autónomas más pobladas (Andalucía, Cataluña y Madrid). En los tres casos se observa una caída parecida en diciembre y enero, y una recuperación total a partir de febrero.

Figura 2. Cambio en partos mensuales respecto al mismo mes del año anterior, en % (Comunidad de Madrid), mayo 2020 a abril 2021

Figura 3. Cambio en partos mensuales respecto al mismo mes del año anterior, en % (Cataluña), mayo 2020 a abril 2021

Figura 4. Cambio en partos mensuales respecto al mismo mes del año anterior, en % (Andalucía), mayo 2020 a abril 2021

En la figura 5 mostramos el mapa por Comunidades, con la diferencia porcentual entre el número de nacidos por 1.000 mujeres respecto al mismo mes del año anterior. El color verde indica tasas de crecimiento positivas, y el rojo negativas. Diciembre y enero muestran un color rojo intenso en todo el territorio, mientras que marzo y abril se han vuelto verdes casi en todas las regiones.

Figura 5. Cambio en partos mensuales (por millón de mujeres) respecto al mismo mes del año anterior (en %), por ccaa

En conjunto, en diciembre y enero se produjeron casi 10.000 nacimientos menos de los esperados (los que pensamos que se habrían producido en ausencia del covid-19), mientras que en marzo y abril hubo casi 4.000 “de más”. Está por ver cómo continuará la evolución de la natalidad en los próximos meses, y en particular, si la segunda ola y el segundo estado de alarma a partir de octubre de 2020 dará lugar a una segunda caída en los nacimientos 9 meses después, es decir, a partir de julio de este año. Seguiremos informando.

Libertad González

Libertad González

Libertad González es profesora de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Doctora por la Universidad de Northwestern, trabaja en las áreas de Economía Laboral y Economía Pública, con intereses en temas relacionados con la familia: fertilidad, divorcio, oferta laboral femenina, y efectos de políticas públicas.

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Autor: Libertad González

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