Conecta con Minuto5

Espectáculos

Nadie se hace responsable del ‘salvar las navidades’ ahora que repunta la tercera ola

Publicada

el

Nadie se hace responsable del 'salvar las navidades' ahora que repunta la tercera ola

Los expertos alertaron a finales de octubre de que situar la Navidad como el horizonte en el que tener controlada la pandemia implicaría repetir el error de la desescalada exprés del verano de 2020. Un mes después, en noviembre, un informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades ratificaba que relajar las medidas para las fiestas implicaría un repunte de los contagios en enero. Ese momento ya ha llegado. La incidencia del SARS-CoV-2 alcanza en España niveles máximos: este martes se registraron 25.438 casos y 408 fallecidos, con una incidencia acumulada de 454 casos por cada 100.000 habitantes.

Por territorios, la incidencia media en 14 días ha alcanzado en Extremadura el punto más alto con 1.076, seguido por Madrid y Baleares, con 621 y 600, respectivamente, y Castilla La Mancha con 595. Aunque la incidencia es el baremo principal para medir el estado epidemiológico, hay otros como la ocupación hospitalaria, la de las camas UCI o la positividad de las pruebas que también están en alza. Respecto a esta última, que según los criterios de Salud Pública no debería superar el 5%, la Comunitat Valenciana registra un 29%, Castilla La-Mancha un 27%, Murcia un 22% y Madrid un 19%.

“Eran las medias adecuadas con la información que teníamos”, aseguraba ese martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, preguntado sobre el balance que hace el Gobierno de las normas establecidas para las fiestas. “Lo hemos pasado quizá demasiado bien estas Navidades”, apuntaba un día antes el principal responsable técnico del Ejecutivo, Fernando Simón.

Pero hace apenas dos meses el mensaje eran otro. Líderes autonómicos y dirigentes de diferentes partidos criticaron el estado de alarma que el Gobierno propuso para su aprobación por el Congreso y que debería extenderse hasta mayo. Los partidos de la oposición, salvo Ciudadanos, votaron en contra. El líder del PP, Pablo Casado, reclamó que solo durara ocho semanas y dejar así fuera precisamente las Navidades. Algunos de los aliados parlamentarios, como ERC o Compromís, estuvieron a punto de votar también no. Vox anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El decreto ofrecía a las comunidades autónomas la posibilidad de modular las medidas de restricción de movimientos y de reuniones para hacerlas más restrictivas. Aun así, recibió las críticas por ejemplo del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró “demoledor” el estado de alarma ya que, dijo, se cargaría “el consumo en Navidad”. “Hablar de un estado de alarma y un toque de queda es demoledor para la economía de España. Hemos puesto en cuestión la Navidad y la Semana Santa”, dijo el presidente gallego entonces.

Ese mismo discurso se extendió desde otros gobiernos autonómicos. Pocos días después de Feijóo, era el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien apelaba directamente a ese objetivo, cuando ya los expertos vaticinaban que no se iba a poder hacer: “Si hay que cerrar, que se cierre cuanto antes para salvar la Navidad“. El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, planteaba también en octubre, cuando la región había sido en las semanas anteriores una de las de mayor incidencia del coronavirus en toda Europa, “tener una mesa de Navidad como Dios manda”.

Aguado apelaba a dictar medidas duras en esas semanas para bajar la incidencia de cara al final del año. En el debate parlamentario de convalidación del decreto, la líder de su partido, Inés Arrimadas, anunció el voto favorable. El mismo mensaje de Aguado era también promocionado por el Gobierno central. “La Navidad tiene dos meses por delante, deberíamos aprovechar estas semanas”, aseguraban desde el Ejecutivo tras aprobar el estado de alarma.

El paso de las semanas y el aumento de la incidencia moduló sin embargo algunos discursos. Feijóo, quien tan duro se había mostrado con el plan del Gobierno, criticó en diciembre justo lo contrario: la supuesta laxitud de las medidas acordadas en el Consejo Interterritorial de Salud. Pese a votar a favor del plan, el presidente gallego lo calificó de “alto riesgo” y pidió medidas “mas rigurosas”, a la vez que excluía a los menores del conteo del número máximo de personas permitidas en cada hogar. Días después modificó su propia decisión.

Quien no se bajó nunca de su mensaje fue la presidenta de la Comunidad de Madrid. En pleno mes de diciembre, con los datos creciendo, Isabel Díaz Ayuso defendía públicamente unas tesis que ya casi nadie se atrevía a verbalizar: salvar la economía navideña. En una comparecencia en la Asamblea de Madrid, la dirigente del PP aseguró: “No nos planteamos arruinar los comercios, cerrar la hostelería ni afectar a la economía. No seremos nosotros los que vamos a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la Comunidad de Madrid para visitar a sus familiares”.

Pasadas las fiestas, con los datos de contagios disparados y una muy desigual campaña de vacunación, los políticos vuelven a modificar su discurso. El consejero gallego de Sanidad, Julio García Comesaña, aseguraba a elDiario.es: “Asumimos nuestra responsabilidad de no haber sido más estrictos en la medidas de Navidad”. Su jefe, sin embargo, arremetía contre el Gobierno central y contra los propios ciudadanos. Contra el Ejecutivo de Sánchez por haber abierto mano hasta permitir diez personas en las mesas de las fiestas. El presidente gallego obvia que esa cifra era el máximo fijado por el Ministerio de Sanidad y que las comunidades tenían margen para rebajarlo, tal y como hicieron otros líderes autonómicos.

Feijóo ahora ha pedido el “autoconfinamiento” de los gallegos. Algo que ya reclamó en octubre el presidente de Castilla y León, su compañero de partido Alfonso Fernández Mañueco. Precisamente Mañueco ha ordenado el cierre perimetral de toda la comunidad mientras dure el estado de alarma.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Loading...

Espectáculos

La vacunación irregular de políticos, directivos sanitarios y familiares alerta sobre el cumplimiento del plan de inmunización

Publicada

el

La vacunación irregular de políticos, directivos sanitarios y familiares alerta sobre el cumplimiento del plan de inmunización

Las vacunaciones fuera de protocolo de algún político, directivos sanitarios y personas ajenas a los grupos prioritarios en la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Euskadi están ensombreciendo el plan de inmunización contra la COVID-19. En estas comunidades autónomas se ha extendido la administración a colectivos distintos a los grupos designados en la primera fase de la Estrategia de vacunación (personas vulnerables como los mayores en residencias o dependientes y sanitarios de primera línea). El Ministerio de Sanidad ha insistido tras conocerse estos casos en que “hay que seguir la estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas y que fija los grupos prioritarios en esta primera etapa”. España ha administrado hasta ahora un millón de dosis (el 76% de lo recibido). El 2,17% de la población ha recibido el suero. Es el segundo país de la Unión Europea y séptimo del mundo en despliegue de vacunas.

La situación más ruidosa se ha producido en la Región de Murcia. El consejero autonómico de Salud, Manuel Villegas, parte de su equipo directivo y cientos de trabajadores de los servicios centrales de la Consejería han recibido una primera dosis del suero. Entre los agraciados se encuentra, además, María Teresa Martínez de Ros, esposa de Villegas y directora general de Planificación, Investigación y Farmacia en el Ejecutivo murciano.

Después de conocerse el caso a través del diario La Verdad, Manuel Villegas comparecía para dar explicaciones. En un principio adujo que había recibido la dosis “como sanitario”. Después ha dicho que se tomó la decisión de vacunar “después de que lo hiciera el personal sanitario que está en primera línea, según establece el protocolo nacional. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio”. Tras resistirse a dejar su puesto como pedía Ciudadanos, socio en el gobierno regional del PP, Villegas ha terminado por dimitir, según anunciaba horas más tarde el presidente murciano, Fernando López Miras. Murcia ha admitido que se han distribuido así unas 400 dosis. Sanidad ha repetido que esta acción no contaba con “ningún consentimiento” por parte del Ministerio.

También este miércoles, dos directores de hospitales vascos, el de Basurto y Santa Marina en Bilbao, han dimitido de sus puestos al conocerse que se habían puesto la vacuna. El Gobierno vasco ha explicado que Eduardo Maiz y José Luis Sabas (ambos exconcejales del PNV) se habían saltado el protocolo diseñado por el Servicio de Salud Vasco y, por eso, abandonaban su funciones, aunque no han detallado las razones por las que estos profesionales habían decidido inocularse el suero contra la COVID-19 de manera adelantada.

En la Comunidad de Madrid el problema ha surgido en el Hospital Clínico San Carlos. Allí, decenas de personas, antiguos trabajadores del centro ya jubilados, recibieron dosis de la vacuna durante el pasado fin de semana, según adelantó la Cadena SER. La dirección del hospital se escudó en que eran voluntarios que desarrollaban algunas actividades allí. Después tuvo que admitir que se había dispensado el fármaco a personas que no realizaban ningún voluntariado. En su versión, la asociación que convocó a los antiguos trabajadores se confundió y extendió la llamada a cualquiera. Los gestores del Clínico aseguran que vacunan a los sanitarios de primera línea, pero consideran que tienen que inmunizar a “aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital”. No han podido precisar a cuántos se ha inoculado por error. “Varios” ha sido la respuesta oficial.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este miércoles que “hay un protocolo que ha sido acordado con las comunidades autónomas. Todos sabemos a quién hay que vacunar”. Además, entiende que “es obvio que se está controlando el plan y para eso hay un registro de vacunas” unificado. Pero deslindó responsabilidades en el control: “En todo caso, si cabe una sanción por no aplicar el protocolo, corresponde a los gobiernos autonómicos”, señaló.

En esta primera fase de vacunación está surgiendo un problema derivado de la propia logística exigida por el producto diseñado por Pfizer/BioNtech. Los viales ultracongelados contienen suero para producir seis dosis, aunque se contabilizan cinco. Es decir, hay un poquito más del suero que necesita ser descongelado, extraído y diluido para ser inyectable. El extremo frío que requiere la conservación impide devolver el preparado a una nevera convencional. Las dosis que sobren tras completar una jornada de vacunación no pueden guardarse. Para que no se pierdan hay que administrarlas, aunque no haya personas del grupo diana.

Eso ha hecho que equipos sanitarios se hayan vacunado al terminar algunas sesiones o que varios alcaldes: el de Riudoms, en Tarragona, y los de El Verger, Els Poblets y La Nucía, en Alicante, o Rafelbunyol en Valencia se pusieran dosis antes de su turno. Al parecer, todos ellos acudieron a ponerse la inyección porque les dijeron que sobraban dosis y que, si no se las ponía alguien, se tendrían que tirar. En el Ministerio de Sanidad han contestado que, aunque el documento de la Estrategia de Vacunación no tiene directrices explícitas ante esta posibilidad, “a nivel técnico” se ha indicado que se aprovechen esas dosis sobrantes aunque sea en sujetos fuera de los colectivos prioritarios entendiendo que son una cantidad muy poco significativa. Cantabria sí ha creado un listado extra al que recurrir para administrar esas vacunas.

“No sobran dosis. Faltan dosis. No hay suficientes para que todos nos vacunemos mañana. Lo que hay que hacer es una planificación adecuada para que no sobren viales”, afirmó Illa este miércoles.

En todo caso, la cuestión de las dosis sobrantes es distinta a la decisión de pasar a vacunar a grupos que no parecen cuadrar con las prioridades diseñadas para esta primera etapa. Como tampoco pudo justificarse que en una residencia de mayores concertada de la Comunidad de Madrid, Casablanca Valdesur, se colara a familiares de los trabajadores para recibir dosis, tal y como destapó elDiario.es. La dirección admitió “anomalías” y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que se trataba de un caso aislado.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Espectáculos

El Gobierno de Ayuso busca voluntarios entre los MIR para suplir la falta de médicos en el Zendal

Publicada

el

El Gobierno de Ayuso busca voluntarios entre los MIR para suplir la falta de médicos en el Zendal

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso busca voluntarios entre los Médicos Internos Residentes (MIR) –médicos que aún no han terminado la especialidad– para suplir la falta de sanitarios en el hospital Enfermera Isabel Zendal. La Consejería de Sanidad confirma a elDiario.es que está “ultimando una regulación” para que haya “rotaciones voluntarias” de residentes que quieran ir al nuevo centro de emergencias. El polémico hospital, que según la presidenta madrileña iba a “asombrar al mundo”, ha encontrado desde antes incluso de su inauguración grandes dificultades para dotarse de personal por la negativa de la mayoría del personal sanitarios de la región a ser trasladado al hospital de pandemias. “Los residentes lo harían de una manera programada dentro de su ciclo formativo”, explican desde el departamento que dirige el consejero Enrique Ruiz Escudero sobre el proyecto para tratar de suplir el déficit de plantilla con médicos MIR. “Vamos a regularlo a través de las comisiones de Docencia, aunque todavía no está activado”, añaden estas mismas fuentes.

Pero aunque desde la Consejería aseguran que el proceso todavía no está activado, varios hospitales de la región ya están enviando a sus residentes comunicaciones para que puedan acceder a esta posibilidad. Esta redacción ha tenido acceso al email enviado por el jefe de estudios MIR del hospital de la Princesa, Fernando Ramasco Rueda, en el que comunica a los médicos en formación que desde la Comunidad de Madrid “solicitan la posibilidad” de realizar esa rotación para el Zendal que sería, dice, siempre “voluntaria” por un periodo máximo de tiempo de “uno a dos meses”. “Puede ser una oportunidad enriquecedora dentro de vuestra formación tanto en varios aspectos clínicos relacionados con numerosas especialidades, como así puede ser una experiencia vital como médico”, explica.

La Comunidad de Madrid incide en la voluntariedad de estos traslados que tendrían una duración de unos dos meses, pero los residentes consultados por elDiario.es tienen muy presente la orden que la Consejería de Sanidad envió a todos los hospitales de la región para que no contraten a ningún sanitario del refuerzo por la COVID que hubiese renunciado a ser derivado al nuevo centro. “Si decimos que no, eso puede ser contraproducente para poder acceder a futuros trabajos, es evidente”, lamenta una residente que prefiere guardar el anonimato.

El hospital que el Gobierno madrileño exhibe como un logro de su capacidad de gestión, al ser construido en medio año, se levantó sin tener en cuenta el personal que necesita y la propia presidenta ha tratado de despejar siempre las preguntas sobre de dónde iban a salir los profesionales sanitarios para trabajar en un centro que por su tamaño precisaría de 6.000 trabajadores, según los cálculos de los sindicatos, si un día se abriesen las 1.000 camas programadas. El plan de esta semana era abrir 350 hasta completar 590. La fórmula elegida por la Consejería de Sanidad hasta ahora pasaba por recolocar a profesionales de otros centros pese a que muchos están ya saturados por las necesidades extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Y la legión de médicos voluntarios que según Ayuso iban a ofrecerse para trabajar en el nuevo hospital no ha aparecido.

La presidenta denunciaba este lunes una “campaña de desprestigio” de periodistas y “activistas políticos” después de que se hubiese publicado la orden interna de la Consejería de Sanidad para que no se renovasen los contratos a los sanitarios de otros centros que no quieran trabajar en el Zendal. La orden ha sido criticada de forma conjunta por todos los sindicatos médicos. “Las redes sociales tienen que dejar de machacar a los pacientes y los sanitarios que vienen aquí”, dijo la presidenta madrileña en una visita improvisada al nuevo centro de emergencias.

Lo cierto es el Gobierno regional ha encontrado muchas resistencias por parte del personal de la Comunidad de Madrid para ser trasladado al nuevo centro que se levantó en tiempo récord y que no cuenta con quirófanos y adolece de infraestructuras básicas con las que sí cuenta la red de hospitales de la región. La presidenta madrileña declaró unas semanas antes de su inauguración el 1 de diciembre que “cualquier sanitario estaría encantado de trabajar en el Zendal”, pero la realidad pronto desmintió a Ayuso cuando la Consejería de Sanidad lanzó un proceso para que los propios profesionales se apuntasen de forma voluntaria. Solo logró que lo hicieran 106. Ante el fracaso de la convocatoria, el Gobierno regional comunicó entonces que haría traslados forzosos tirando del personal de refuerzo contratado por la COVID. Actualmente, ya hay más de mil sanitarios que trabajan en el centro, la gran mayoría –el 90%– sin haberlo elegido.

El Gobierno regional abría este fin de semana un nuevo pabellón que cuenta con 360 camas, que se suman a las 240 que se habilitaron en su inauguración. Los contagios están disparados en la región y los hospitales se asoman al colapso tanto en planta como en las UCI. Ante este escenario que el Gobierno regional reconoce que crecerá en los próximos días, la Consejería informó de que abriría más camas en el hospital de emergencias y para ello también necesita más personal, que sacan del resto de hospitales aunque desde la Consejería insistan en que el Zendal supone un apoyo para el resto de la red.

Desde el Ejecutivo de Ayuso se han negando en rotundo desde el primer momento a hacer nuevas contrataciones para dotar de personal a este centro. Los llamados “voluntarios” saldrán del grupo de los residentes que sin una formación todavía concluida, tendrán que decidir si quieren ser trasladados al Zendal. Su elección podrá condicionar futuras contrataciones por parte de la Comunidad de Madrid según la orden interna que ha mandado al resto de hospitales la Consejería de Sanidad esta misma semana.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Espectáculos

El consejero de Murcia que se coló en la vacunación y otras carreras políticas que arruinó la COVID-19

Publicada

el

El consejero de Murcia que se coló en la vacunación y otras carreras políticas que arruinó la COVID-19

La lista de ceses y dimisiones relacionadas con la lucha contra el coronavirus se ha multiplicado en los últimos meses de la pandemia. El último caso se producía este mismo miércoles en Murcia. Allí, el hasta ahora consejero de Salud, Manuel Villegas, terminaba abandonando su cargo tras el escándalo desatado en la región al conocerse que se había puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 saltándose el protocolo establecido.

Por la mañana, en una primera comparecencia ante los medios tras conocerse su vacunación, Villegas se negó a dimitir y justificó el hecho de haberse vacunado por ser “sanitario”, ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS) aunque no ejerza como tal al tener dedicación exclusiva en el Gobierno de Murcia. Pero las presiones ejercidas principalmente por Ciudadanos, socio de coalición del PP en el Ejecutivo murciano, obligaron por la tarde al presidente regional, Fernando López Miras (PP), a anunciar en rueda de prensa finalmente su cese.

La postura inicial del PP, contraria a la dimisión de Villegas, contrastaba con la mantenida en los últimos días después de que se conociera que los alcaldes socialistas de los municipios alicantinos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, se habían vacunado porque sobraron dosis de las enviadas al centro de salud para el personal sanitario, y el de Rafelbunyol (Valencia), Fran López, también del PSOE, lo hizo el primer día de la campaña en la residencia de ancianos porque, según sostuvo, se lo ofrecieron y no lo pensó. Todos ellos fueron suspendidos de militancia por la dirección de los socialistas.

Este mismo mes, el 7 de enero, fue cesada la directora de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, por los retrasos en el proceso de vacunación en la comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla.

Con todo, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de cargos públicos que han decidido o se han visto obligados a dimitir por una causa vinculada a la pandemia. En la región, la gestión se ha caracterizado por las constantes disputas internas entre los socios de PP y Ciudadanos dentro del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. Poco después del inicio de la pandemia, Ayuso quitaba las competencias en la gestión de las residencias de mayores –uno de los principales focos de la epidemia con mayor número de fallecidos– al responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y se las asignaba a su consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, del PP.

Reyero tardó tan solo unos meses en abandonar el Gobierno regional y en octubre renunció a su cargo deseando “suerte y acierto” a la presidenta Díaz Ayuso y apelando a la “unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus”. La dimisión de Reyero ahondaba en la descoordinación que ya existía en el seno del equipo de Gobierno regional. Así, mientras Díaz Ayuso anunciaba la presentación en los tribunales de un recurso contra algunas de las restricciones aprobadas en ese momento por el Ministro de Sanidad, el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, como Reyero, pedía el fin de las “peleas en ruedas de prensa y tribunales”.

Se da la circunstancia de que en junio había abandonado su responsabliidad como jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno. Además, el entonces consejero había cesado poco antes –el 14 de mayo– al secretario general técnico del departamento, Miguel Ángel Jiménez, al considerarlo el “máximo responsable” del error que llevó a la publicación de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola, propietario de los apartahoteles de lujo en los que se alojó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a precio reducido durante los primeros meses de la crisis sanitaria.

También en mayo, la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, presentó su dimisión en plena gestión de la desescalada por la COVID-19 al estar disconforme con que la región pasara a la fase 1 –tal y como lo solicitó la Comunidad de Madrid–, que abrió la puerta a un cierto relajamiento en el confinamiento decretado durante el estado de alarma que regía en ese momento. En su carta de dimisión, Fuentes afirmó que no estaba de acuerdo con la petición a Sanidad porque no estaba basada en “criterios de salud”.

En septiembre dimitió el doctor y catedrático Emilio Bouza, que acababa de ser elegido por consenso entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, como portavoz oficial del grupo COVID-19, un órgano conjunto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para cogestionar la pandemia. El propio Bouza desveló en su carta de renuncia que “tras unas horas de reflexión”, y “al percibir las circunstancias” que había presenciado, junto con la contemplación de “dos ruedas de prensa simultáneas” de Gobierno y comunidad el viernes 25, no le dejaban otra salida.

Tan solo un mes después, en octubre, Ayuso afrontó otra nueva dimisión por su gestión de la pandemia. La responsable de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez-Celaya, dejaba su cargo “a petición propia”. Según dijeron entonces fuentes de la Consejería de Sanidad Sánchez-Celaya se iba “por razones personales”, debido al “cansancio” que habría acumulado la médico de familia. “No ha dimitido ni ha sido cesada”, insistieron esas fuentes. Pero poco después llegó la renuncia de la directora de la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Bárbara Fernández. La Comunidad de Madrid aprovechó para anunciar la renovación de las direcciones de tres de sus gerencias asistenciales: la de Hospitales, la de Atención Primaria y la de Planificación Estratégica.

Otras comunidades tampoco se han librado de las crisis internas como consecuencia de la gestión de la pandemia. El 25 de marzo, cuando apenas habían transcurrido diez días desde la declaración del primer estado de alarma, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destituía a la que hasta entonces había sido consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por su trabajo durante la crisis del coronavirus. Su caída se producía tras una serie de deficiencias que habían desembocado en el nombramiento de un nuevo coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria distinto a la consejera, que quedó desautorizada.

Durante el mes de mayo se materializó la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, a raíz de unas declaraciones que indignaron a la comunidad sanitaria. Ventura dijo en una comparecencia en las Cortes autonómicas que era un “estímulo” para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección. Tras su dimisión explicó que había tomado esa decisión para evitar convertirse en un “estorbo” para la gestión de la lucha contra la pandemia en la comunidad.

Ese mismo mes, el director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Jon Sánchez, se vio obligado a presentar su dimisión por haberse saltado el confinamiento y haberse desplazado a su segunda residencia en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde fue localizado por una patrulla de la Policía Local. El Gobierno vasco comunicó el cese de este alto cargo, que antes fue concejal del PNV y apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia.

En el País Vasco, pero en diciembre, dimitió también el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Covid-19, el doctor Ignacio Garitano, para volver, según anunció, a su puesto en Osakidetza en el Hospital Universitario Araba. ‘”Ha sido una difícil decisión fundamentada en motivos personales y profesionales”, aseguró en la comparecencia que realizó para anunciar su marcha que se materializó poco antes de que el Gobierno de Urkullu revisara su plan de restricciones de cara a la Navidad. Garitano apenas estuvo en ese cargo nueve meses. Y su inesperada salida ahondó los problemas de comunicación que durante toda la pandemia ha mostrado la Consejería de Salud vasca.

Las renuncias más recientes datan de este mismo jueves. Dos altos cargos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), los gerentes de los hospitales bilbaínos de Basurto, Eduardo Maíz, y Santa Marina, José Luis Sabas, en ambos casos exconcejales del PNV en la ciudad, abandonaban sus cargos al destaparse que habían sido vacunados contra la COVID-19 cuando no formaban parte de los grupos prioritarios definidos para ello.

Andalucía tampoco ha sido ajena a las bajas en el sector sanitario durante la pandemia. El pasado mes de mayo dejó su cargo el director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Francisco Merino López. Lo hizo tras la oleada de críticas internas recibidas por el alto índice de contagios por coronavirus entre el personal sanitario. La Consejería de Salud había abierto una investigación interna y, tras confirmar que un mal diagnóstico a un paciente infectado había propagado el contagio entre médicos y enfermeros, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió aceptar la dimisión de Merino.

El suyo no fue el único caso en Andalucía, ya que meses después, en noviembre, dimitió en bloque la dirección médica, administrativa y enfermería, además de jefes de supervisión de esta especialidad, del hospital comarcar de Osuna (Sevilla) alegando “motivos personales”. La Junta de Personal consideró “inverosímil” que la dimisión del director médico se debiera a esos “motivos personales” como había alegado, ya que de ser así el resto de su equipo habría permanecido en el cargo.

En Catalunya, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, dejó su puesto en mayo de 2020 por “motivos de salud”. Guix dejaba tras de sí unas polémicas declaraciones antes de que estallara con toda su crudeza la pandemia. En febrero, sentenció en una en rueda de prensa: “Con las cifras en la mano, nos preocupa más la gripe estacional que el coronavirus”. En julio se fue, por su parte, Josep Ramon Morera Balada, que hasta entonces era el jefe del Gabinete Técnico Departament de Salut de la Generalitat. Él dimitió también por motivos personales. Un mes antes abandonó el equipo de Salut el que hasta el momento era el director de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el doctor César Velasco Muñoz, tras dos años en el cargo.

La falta de ejemplaridad de algunos representantes públicos durante la pandemia también se ha cobrado ceses y dimisiones. El 22 de abril del año pasado el entonces alcalde de Badalona, Álex Pastor, dimitió del cargo tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra mientras conducía por Barcelona saltándose el confinamiento y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Pastor fue arrestado de noche en el Eixample de la capital catalana después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. Su renuncia facilitó que Xavier García Albiol, del PP, recuperara la alcaldía de este municipio catalán.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Publicidad
...

Facebook

Destacado