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Menos víctimas mortales, pero más control: por qué 2020 cerró con la menor cifra de asesinatos machistas registrados

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Menos víctimas mortales, pero más control: por qué 2020 cerró con la menor cifra de asesinatos machistas registrados

Seis días pasaron del año 2020 sin víctimas mortales por la violencia de género. Mónica Linde y su hija de tres años fueron asesinadas por su expareja y padre en la mañana del Día de Reyes del año pasado, en su domicilio de Esplugues de Llobregat (Barcelona). Fue la primera de una lista que cada año se pone a cero, pero que acumula ya más de 1.000 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, cuando comenzaron los registros oficiales. El año 2020, marcado por la pandemia de coronavirus y las restricciones, cerró con 45, la cifra más baja de la serie. ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? ¿Cómo ha afectado la emergencia sanitaria a las víctimas?

Aunque la explicación no es simple -no es una ciencia exacta y los factores que intervienen en esta realidad nunca son monocausales-, las expertas apuntan a algunos elementos que han podido influir. En primer lugar, esto no significa que haya habido menos violencia machista, al contrario, las circunstancias han favorecido otros tipos más invisibles, fundamentalmente la psicológica y de control, coinciden las voces consultadas. Ello, junto a la imposibilidad de salir del hogar, ha servido a los agresores para perpetuar la dominación en la que basan su relación agresiva: “Las víctimas han sido uno de los colectivos más vulnerables al permanecer encerradas con ellos. Al contrario que para el resto de la población, su casa no era un refugio, sino un lugar peligroso para ellas”, explica Bárbara Zorrilla, psicóloga especializada en violencia de género.

La evolución de 2020 en las cifras de asesinatos machistas está marcada por los meses del confinamiento estricto y las limitaciones posteriores: entre abril y julio –el estado de alarma se acordó a mediados de marzo–, fueron asesinadas ocho mujeres, mientras que la media de los cinco años anteriores es de 18. Es la cifra más baja en estos cuatro meses desde que hay datos. Sin embargo, el año no arrancaba así, y en enero y febrero, antes del coronavirus, hubo 13 víctimas mortales. “Veníamos de unos años de incremento progresivo hasta 2019 y en esos dos primeros meses de 2020 la tendencia creciente continuaba”, señala Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género. Aunque hablamos de diferencias que estadísticamente no son muy significativas –la anterior más baja fue 2016, cuando hubo 49 asesinatos– las expertas sí creen que hay elementos este 2020 que merecen un análisis detallado.

Para Lorente, los datos evidencian “que los agresores han contado con la complicidad del confinamiento para conseguir controlar, retener y someter a las mujeres”. Para entenderlo, hay que tener en cuenta que el objetivo de la violencia de género “no es el daño por el daño”, sino que “lo que busca es controlarla, dominarla y someterla a los dictados que él impone a partir de elementos sociales y culturales”. En las circunstancias de encierro y restricción de movilidad, hay más posibilidades “de que ese objetivo se vea cumplido sin necesidad de recurrir a una violencia añadida” que puede traducirse en el asesinato.

Lo mismo cree la abogada especializada en violencia machista Nerea García Llorente, para la que, partiendo de que “la violencia es el medio, nunca es el fin”, es probable “que la violencia física haya sido menos necesaria porque el sometimiento, el aislamiento y la limitación de movimientos ya estaban conseguidas por el propio contexto”.

Durante estos meses ha habido menos influencia de uno de los elementos que disparan el riesgo y que, en muchos casos, es detonante del asesinato, que es cuando la mujer advierte o materializa la ruptura abandonando el hogar o denunciando. Es decir, precisamente cuando el agresor pierde el control o percibe que lo pierde. Pero las posibilidades reales de salir de casa durante el confinamiento han sido más escasas que en una situación normal. En el segundo trimestre del año, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se interpusieron un 14% menos de denuncias que un año antes, la mayor caída de la serie histórica.

A ello hay que sumarle la crisis económica, que merma la autonomía y toma de decisiones para abandonar relaciones violentas, advierten las expertas. Las mujeres, añade Zorrilla, “han permanecido junto a sus agresores, sin poder huir, con menos apoyo del entorno, con más dificultades económicas… La reacción de la mayoría ha sido el sometimiento para evitar esa violencia, así que el objetivo de los agresores se ha cumplido”.

Muestra de que la violencia ha seguido estando presente son los registros del teléfono 016 y el chat de apoyo emocional vía Whatsapp puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad: solo entre marzo a mayo, las atenciones escalaron un 41% respecto al mismo periodo del año anterior; fueron 20.732 llamadas, frente a las 14.662 de 2019. También las peticiones online se multiplicaron, y el chat recibió 2.038 consultas desde que empezó a funcionar el 21 de marzo. Es decir, a medida que las denuncias en los juzgados mermaban, se incrementaban las demandas de ayuda o información.

Desde el Ministerio de Igualdad apuntan a que las cifras “revelan que la pandemia y las medidas derivadas del confinamiento han permitido a los agresores ejercer otro tipo de violencia”, precisamente, la psicológica y de control “con graves consecuencias para la salud mental de las mujeres y de sus hijos e hijas”, señalan fuentes del departamento, que ven “un buen dato” en el descenso de los asesinatos, pero que toma “con cautela”. Este tipo de maltrato, que se basa en controlar el comportamiento de las víctimas y acaba por aislarlas, se ha visto recrudecido con el encierro y la reducción de la movilidad, cuando la vigilancia ha sido estricta y más constante. “Los feminicidios son la punta de un iceberg de otras violencias sistemáticas y normalizadas que enfrentan diariamente millones de mujeres”, añaden las mismas fuentes.

Las manifestaciones de maltrato psicológico que detectan las expertas se ha producido porque “las mujeres han quedado a merced de los agresores, que han visto el camino despejado para desplegarlo”, ilustra Zorrilla. “Muchas mujeres han teletrabajado, en casa, otras no podían salir ni siquiera a llevar y recoger a los menores a los centros escolares, sus redes de relación y desahogo se han anulado, y en los casos en los que los maltratadores han dejado de trabajar fuera, han estado constantemente a su lado, invadiendo los pocos espacios que antes podían rescatar, por lo que el control y el acoso se han disparado”, añade. La abogada Nerea García apunta, además, a que esta violencia “ha podido ser más grave en los casos en los que hay criaturas. Si hay convivencia, mediante la amenaza de hacer daño a los hijos, si no, mediante la custodia”. En 2020, tres menores fueron asesinados por violencia machista.

Lorente ha explicado el tema en un estudio publicado en la Revista Española de Medicina Legal el pasado mes de mayo, en el que hace referencia a cómo “el confinamiento crea las condiciones idóneas para que los elementos de la violencia de género se potencien”. Según sus conclusiones, hay varias investigaciones que demuestran que “se trata de una situación habitual tras una catástrofe o desastre, y que los agresores aprovechan las circunstancias en las que se produce una limitación de la movilidad para incrementar la violencia sobre las mujeres”, argumenta mencionando estudios realizados tras el terremoto de Haití de 2010 o el tsunami de Japón de 2011.

“Las mujeres nos han hablado de violencia psicológica, de control y de violencia sexual. Y si el maltratador considera que estas formas de violencia le sirven para mantener el desequilibrio de poder, no sigue aumentando. Esto no significa que no haya peligro, siempre que hay violencia, hay riesgo”, resume Zorrilla, que incide en que precisamente ese riesgo puede incrementarse “cuando cambia la dinámica de dominación-sumisión”. Es lo que Miguel Lorente, también profesor de la Universidad de Granada, llama la “acumulación del riesgo”, a la que reclama prestar atención, y que se da cuando “los factores que evitan la agresión más grave, cambian”. Es decir, cuando el escenario se modifica y hay una pérdida de control, bien sea “real o percibida por el agresor”, el riesgo “aumenta”.

El experto considera que esto es precisamente lo que hay detrás de la cifra registrada en agosto, cuando tras los meses de menos asesinatos, hubo ocho víctimas mortales, frente a las 4,8 de media de los últimos cinco años. “Ocurrió algo parecido con la crisis económica. A partir de 2011 hubo una disminución de las separaciones y divorcios. Cuando las circunstancias cambian y las mujeres perciben que la denuncia o la salida de la relación es una opción válida, vuelve la percepción del agresor de pérdida de control”, añade. Nerea García, por su parte, coincide en que “en algunos recursos de atención se está viendo un repunte de casos”. Las denuncias, según los últimos datos, relativos al verano, siguen en descenso respecto a 2019, pero la diferencia se ha acortado en gran medida.

¿Y qué pasa en la situación actual? Aún no hay datos de la actividad en los juzgados durante el último trimestre del año, pero de septiembre a diciembre el número de víctimas mortales se ha situado en diez, menos que la media desde 2015, pero una cifra más parecida a la habitual. “A partir de septiembre aumentan los casos de coronavirus, hay segunda ola y la percepción de crisis económica se incrementa. Yo creo que aún estamos bajo esta continuidad de falta de oportunidades de las mujeres para salir de las relaciones, lo que como decimos se acompaña de un mayor control y violencia en el ámbito de la pareja”, esgrime Lorente, que insiste en la necesidad de “adoptar una estrategia proactiva, de definir protocolos y estrategias para materializarla”.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Igualdad apuntan a que “el compromiso” del Gobierno durante este año se basa en “seguir reforzando los dispositivos y servicios de acompañamiento para las mujeres que pueden y deciden romper el silencio. No solo que desciendan los feminicidios y alcancemos la cifra 0”, sino que las políticas públicas implementadas hagan que “las mujeres confíen en las instituciones y así acompañarlas en su camino y derecho a vivir una vida libre de violencia”.

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La vacunación irregular de políticos, directivos sanitarios y familiares alerta sobre el cumplimiento del plan de inmunización

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La vacunación irregular de políticos, directivos sanitarios y familiares alerta sobre el cumplimiento del plan de inmunización

Las vacunaciones fuera de protocolo de algún político, directivos sanitarios y personas ajenas a los grupos prioritarios en la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y Euskadi están ensombreciendo el plan de inmunización contra la COVID-19. En estas comunidades autónomas se ha extendido la administración a colectivos distintos a los grupos designados en la primera fase de la Estrategia de vacunación (personas vulnerables como los mayores en residencias o dependientes y sanitarios de primera línea). El Ministerio de Sanidad ha insistido tras conocerse estos casos en que “hay que seguir la estrategia acordada y consensuada con las comunidades autónomas y que fija los grupos prioritarios en esta primera etapa”. España ha administrado hasta ahora un millón de dosis (el 76% de lo recibido). El 2,17% de la población ha recibido el suero. Es el segundo país de la Unión Europea y séptimo del mundo en despliegue de vacunas.

La situación más ruidosa se ha producido en la Región de Murcia. El consejero autonómico de Salud, Manuel Villegas, parte de su equipo directivo y cientos de trabajadores de los servicios centrales de la Consejería han recibido una primera dosis del suero. Entre los agraciados se encuentra, además, María Teresa Martínez de Ros, esposa de Villegas y directora general de Planificación, Investigación y Farmacia en el Ejecutivo murciano.

Después de conocerse el caso a través del diario La Verdad, Manuel Villegas comparecía para dar explicaciones. En un principio adujo que había recibido la dosis “como sanitario”. Después ha dicho que se tomó la decisión de vacunar “después de que lo hiciera el personal sanitario que está en primera línea, según establece el protocolo nacional. No ha habido voluntad de ocultar nada ni de dar tratos de favor o privilegio”. Tras resistirse a dejar su puesto como pedía Ciudadanos, socio en el gobierno regional del PP, Villegas ha terminado por dimitir, según anunciaba horas más tarde el presidente murciano, Fernando López Miras. Murcia ha admitido que se han distribuido así unas 400 dosis. Sanidad ha repetido que esta acción no contaba con “ningún consentimiento” por parte del Ministerio.

También este miércoles, dos directores de hospitales vascos, el de Basurto y Santa Marina en Bilbao, han dimitido de sus puestos al conocerse que se habían puesto la vacuna. El Gobierno vasco ha explicado que Eduardo Maiz y José Luis Sabas (ambos exconcejales del PNV) se habían saltado el protocolo diseñado por el Servicio de Salud Vasco y, por eso, abandonaban su funciones, aunque no han detallado las razones por las que estos profesionales habían decidido inocularse el suero contra la COVID-19 de manera adelantada.

En la Comunidad de Madrid el problema ha surgido en el Hospital Clínico San Carlos. Allí, decenas de personas, antiguos trabajadores del centro ya jubilados, recibieron dosis de la vacuna durante el pasado fin de semana, según adelantó la Cadena SER. La dirección del hospital se escudó en que eran voluntarios que desarrollaban algunas actividades allí. Después tuvo que admitir que se había dispensado el fármaco a personas que no realizaban ningún voluntariado. En su versión, la asociación que convocó a los antiguos trabajadores se confundió y extendió la llamada a cualquiera. Los gestores del Clínico aseguran que vacunan a los sanitarios de primera línea, pero consideran que tienen que inmunizar a “aquellos que prestan algún servicio en el hospital y que puedan tener contacto con pacientes, acompañantes o profesionales del hospital”. No han podido precisar a cuántos se ha inoculado por error. “Varios” ha sido la respuesta oficial.

En este sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado este miércoles que “hay un protocolo que ha sido acordado con las comunidades autónomas. Todos sabemos a quién hay que vacunar”. Además, entiende que “es obvio que se está controlando el plan y para eso hay un registro de vacunas” unificado. Pero deslindó responsabilidades en el control: “En todo caso, si cabe una sanción por no aplicar el protocolo, corresponde a los gobiernos autonómicos”, señaló.

En esta primera fase de vacunación está surgiendo un problema derivado de la propia logística exigida por el producto diseñado por Pfizer/BioNtech. Los viales ultracongelados contienen suero para producir seis dosis, aunque se contabilizan cinco. Es decir, hay un poquito más del suero que necesita ser descongelado, extraído y diluido para ser inyectable. El extremo frío que requiere la conservación impide devolver el preparado a una nevera convencional. Las dosis que sobren tras completar una jornada de vacunación no pueden guardarse. Para que no se pierdan hay que administrarlas, aunque no haya personas del grupo diana.

Eso ha hecho que equipos sanitarios se hayan vacunado al terminar algunas sesiones o que varios alcaldes: el de Riudoms, en Tarragona, y los de El Verger, Els Poblets y La Nucía, en Alicante, o Rafelbunyol en Valencia se pusieran dosis antes de su turno. Al parecer, todos ellos acudieron a ponerse la inyección porque les dijeron que sobraban dosis y que, si no se las ponía alguien, se tendrían que tirar. En el Ministerio de Sanidad han contestado que, aunque el documento de la Estrategia de Vacunación no tiene directrices explícitas ante esta posibilidad, “a nivel técnico” se ha indicado que se aprovechen esas dosis sobrantes aunque sea en sujetos fuera de los colectivos prioritarios entendiendo que son una cantidad muy poco significativa. Cantabria sí ha creado un listado extra al que recurrir para administrar esas vacunas.

“No sobran dosis. Faltan dosis. No hay suficientes para que todos nos vacunemos mañana. Lo que hay que hacer es una planificación adecuada para que no sobren viales”, afirmó Illa este miércoles.

En todo caso, la cuestión de las dosis sobrantes es distinta a la decisión de pasar a vacunar a grupos que no parecen cuadrar con las prioridades diseñadas para esta primera etapa. Como tampoco pudo justificarse que en una residencia de mayores concertada de la Comunidad de Madrid, Casablanca Valdesur, se colara a familiares de los trabajadores para recibir dosis, tal y como destapó elDiario.es. La dirección admitió “anomalías” y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aseguró que se trataba de un caso aislado.

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El Gobierno de Ayuso busca voluntarios entre los MIR para suplir la falta de médicos en el Zendal

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El Gobierno de Ayuso busca voluntarios entre los MIR para suplir la falta de médicos en el Zendal

La Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso busca voluntarios entre los Médicos Internos Residentes (MIR) –médicos que aún no han terminado la especialidad– para suplir la falta de sanitarios en el hospital Enfermera Isabel Zendal. La Consejería de Sanidad confirma a elDiario.es que está “ultimando una regulación” para que haya “rotaciones voluntarias” de residentes que quieran ir al nuevo centro de emergencias. El polémico hospital, que según la presidenta madrileña iba a “asombrar al mundo”, ha encontrado desde antes incluso de su inauguración grandes dificultades para dotarse de personal por la negativa de la mayoría del personal sanitarios de la región a ser trasladado al hospital de pandemias. “Los residentes lo harían de una manera programada dentro de su ciclo formativo”, explican desde el departamento que dirige el consejero Enrique Ruiz Escudero sobre el proyecto para tratar de suplir el déficit de plantilla con médicos MIR. “Vamos a regularlo a través de las comisiones de Docencia, aunque todavía no está activado”, añaden estas mismas fuentes.

Pero aunque desde la Consejería aseguran que el proceso todavía no está activado, varios hospitales de la región ya están enviando a sus residentes comunicaciones para que puedan acceder a esta posibilidad. Esta redacción ha tenido acceso al email enviado por el jefe de estudios MIR del hospital de la Princesa, Fernando Ramasco Rueda, en el que comunica a los médicos en formación que desde la Comunidad de Madrid “solicitan la posibilidad” de realizar esa rotación para el Zendal que sería, dice, siempre “voluntaria” por un periodo máximo de tiempo de “uno a dos meses”. “Puede ser una oportunidad enriquecedora dentro de vuestra formación tanto en varios aspectos clínicos relacionados con numerosas especialidades, como así puede ser una experiencia vital como médico”, explica.

La Comunidad de Madrid incide en la voluntariedad de estos traslados que tendrían una duración de unos dos meses, pero los residentes consultados por elDiario.es tienen muy presente la orden que la Consejería de Sanidad envió a todos los hospitales de la región para que no contraten a ningún sanitario del refuerzo por la COVID que hubiese renunciado a ser derivado al nuevo centro. “Si decimos que no, eso puede ser contraproducente para poder acceder a futuros trabajos, es evidente”, lamenta una residente que prefiere guardar el anonimato.

El hospital que el Gobierno madrileño exhibe como un logro de su capacidad de gestión, al ser construido en medio año, se levantó sin tener en cuenta el personal que necesita y la propia presidenta ha tratado de despejar siempre las preguntas sobre de dónde iban a salir los profesionales sanitarios para trabajar en un centro que por su tamaño precisaría de 6.000 trabajadores, según los cálculos de los sindicatos, si un día se abriesen las 1.000 camas programadas. El plan de esta semana era abrir 350 hasta completar 590. La fórmula elegida por la Consejería de Sanidad hasta ahora pasaba por recolocar a profesionales de otros centros pese a que muchos están ya saturados por las necesidades extraordinarias para hacer frente a la pandemia. Y la legión de médicos voluntarios que según Ayuso iban a ofrecerse para trabajar en el nuevo hospital no ha aparecido.

La presidenta denunciaba este lunes una “campaña de desprestigio” de periodistas y “activistas políticos” después de que se hubiese publicado la orden interna de la Consejería de Sanidad para que no se renovasen los contratos a los sanitarios de otros centros que no quieran trabajar en el Zendal. La orden ha sido criticada de forma conjunta por todos los sindicatos médicos. “Las redes sociales tienen que dejar de machacar a los pacientes y los sanitarios que vienen aquí”, dijo la presidenta madrileña en una visita improvisada al nuevo centro de emergencias.

Lo cierto es el Gobierno regional ha encontrado muchas resistencias por parte del personal de la Comunidad de Madrid para ser trasladado al nuevo centro que se levantó en tiempo récord y que no cuenta con quirófanos y adolece de infraestructuras básicas con las que sí cuenta la red de hospitales de la región. La presidenta madrileña declaró unas semanas antes de su inauguración el 1 de diciembre que “cualquier sanitario estaría encantado de trabajar en el Zendal”, pero la realidad pronto desmintió a Ayuso cuando la Consejería de Sanidad lanzó un proceso para que los propios profesionales se apuntasen de forma voluntaria. Solo logró que lo hicieran 106. Ante el fracaso de la convocatoria, el Gobierno regional comunicó entonces que haría traslados forzosos tirando del personal de refuerzo contratado por la COVID. Actualmente, ya hay más de mil sanitarios que trabajan en el centro, la gran mayoría –el 90%– sin haberlo elegido.

El Gobierno regional abría este fin de semana un nuevo pabellón que cuenta con 360 camas, que se suman a las 240 que se habilitaron en su inauguración. Los contagios están disparados en la región y los hospitales se asoman al colapso tanto en planta como en las UCI. Ante este escenario que el Gobierno regional reconoce que crecerá en los próximos días, la Consejería informó de que abriría más camas en el hospital de emergencias y para ello también necesita más personal, que sacan del resto de hospitales aunque desde la Consejería insistan en que el Zendal supone un apoyo para el resto de la red.

Desde el Ejecutivo de Ayuso se han negando en rotundo desde el primer momento a hacer nuevas contrataciones para dotar de personal a este centro. Los llamados “voluntarios” saldrán del grupo de los residentes que sin una formación todavía concluida, tendrán que decidir si quieren ser trasladados al Zendal. Su elección podrá condicionar futuras contrataciones por parte de la Comunidad de Madrid según la orden interna que ha mandado al resto de hospitales la Consejería de Sanidad esta misma semana.

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El consejero de Murcia que se coló en la vacunación y otras carreras políticas que arruinó la COVID-19

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El consejero de Murcia que se coló en la vacunación y otras carreras políticas que arruinó la COVID-19

La lista de ceses y dimisiones relacionadas con la lucha contra el coronavirus se ha multiplicado en los últimos meses de la pandemia. El último caso se producía este mismo miércoles en Murcia. Allí, el hasta ahora consejero de Salud, Manuel Villegas, terminaba abandonando su cargo tras el escándalo desatado en la región al conocerse que se había puesto la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 saltándose el protocolo establecido.

Por la mañana, en una primera comparecencia ante los medios tras conocerse su vacunación, Villegas se negó a dimitir y justificó el hecho de haberse vacunado por ser “sanitario”, ya que es cardiólogo en el Servicio Murciano de Salud (SMS) aunque no ejerza como tal al tener dedicación exclusiva en el Gobierno de Murcia. Pero las presiones ejercidas principalmente por Ciudadanos, socio de coalición del PP en el Ejecutivo murciano, obligaron por la tarde al presidente regional, Fernando López Miras (PP), a anunciar en rueda de prensa finalmente su cese.

La postura inicial del PP, contraria a la dimisión de Villegas, contrastaba con la mantenida en los últimos días después de que se conociera que los alcaldes socialistas de los municipios alicantinos de El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives, se habían vacunado porque sobraron dosis de las enviadas al centro de salud para el personal sanitario, y el de Rafelbunyol (Valencia), Fran López, también del PSOE, lo hizo el primer día de la campaña en la residencia de ancianos porque, según sostuvo, se lo ofrecieron y no lo pensó. Todos ellos fueron suspendidos de militancia por la dirección de los socialistas.

Este mismo mes, el 7 de enero, fue cesada la directora de Salud Pública de Cantabria, Paloma Navas, por los retrasos en el proceso de vacunación en la comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla.

Con todo, la Comunidad de Madrid encabeza el ranking de cargos públicos que han decidido o se han visto obligados a dimitir por una causa vinculada a la pandemia. En la región, la gestión se ha caracterizado por las constantes disputas internas entre los socios de PP y Ciudadanos dentro del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso. Poco después del inicio de la pandemia, Ayuso quitaba las competencias en la gestión de las residencias de mayores –uno de los principales focos de la epidemia con mayor número de fallecidos– al responsable de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, y se las asignaba a su consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, del PP.

Reyero tardó tan solo unos meses en abandonar el Gobierno regional y en octubre renunció a su cargo deseando “suerte y acierto” a la presidenta Díaz Ayuso y apelando a la “unidad de las instituciones como el camino más acertado para vencer al virus”. La dimisión de Reyero ahondaba en la descoordinación que ya existía en el seno del equipo de Gobierno regional. Así, mientras Díaz Ayuso anunciaba la presentación en los tribunales de un recurso contra algunas de las restricciones aprobadas en ese momento por el Ministro de Sanidad, el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, como Reyero, pedía el fin de las “peleas en ruedas de prensa y tribunales”.

Se da la circunstancia de que en junio había abandonado su responsabliidad como jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno. Además, el entonces consejero había cesado poco antes –el 14 de mayo– al secretario general técnico del departamento, Miguel Ángel Jiménez, al considerarlo el “máximo responsable” del error que llevó a la publicación de un contrato que no se había formalizado con el empresario Kike Sarasola, propietario de los apartahoteles de lujo en los que se alojó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a precio reducido durante los primeros meses de la crisis sanitaria.

También en mayo, la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, presentó su dimisión en plena gestión de la desescalada por la COVID-19 al estar disconforme con que la región pasara a la fase 1 –tal y como lo solicitó la Comunidad de Madrid–, que abrió la puerta a un cierto relajamiento en el confinamiento decretado durante el estado de alarma que regía en ese momento. En su carta de dimisión, Fuentes afirmó que no estaba de acuerdo con la petición a Sanidad porque no estaba basada en “criterios de salud”.

En septiembre dimitió el doctor y catedrático Emilio Bouza, que acababa de ser elegido por consenso entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, como portavoz oficial del grupo COVID-19, un órgano conjunto entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para cogestionar la pandemia. El propio Bouza desveló en su carta de renuncia que “tras unas horas de reflexión”, y “al percibir las circunstancias” que había presenciado, junto con la contemplación de “dos ruedas de prensa simultáneas” de Gobierno y comunidad el viernes 25, no le dejaban otra salida.

Tan solo un mes después, en octubre, Ayuso afrontó otra nueva dimisión por su gestión de la pandemia. La responsable de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Marta Sánchez-Celaya, dejaba su cargo “a petición propia”. Según dijeron entonces fuentes de la Consejería de Sanidad Sánchez-Celaya se iba “por razones personales”, debido al “cansancio” que habría acumulado la médico de familia. “No ha dimitido ni ha sido cesada”, insistieron esas fuentes. Pero poco después llegó la renuncia de la directora de la Gerencia Asistencial de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Bárbara Fernández. La Comunidad de Madrid aprovechó para anunciar la renovación de las direcciones de tres de sus gerencias asistenciales: la de Hospitales, la de Atención Primaria y la de Planificación Estratégica.

Otras comunidades tampoco se han librado de las crisis internas como consecuencia de la gestión de la pandemia. El 25 de marzo, cuando apenas habían transcurrido diez días desde la declaración del primer estado de alarma, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, destituía a la que hasta entonces había sido consejera de Sanidad, Teresa Cruz, por su trabajo durante la crisis del coronavirus. Su caída se producía tras una serie de deficiencias que habían desembocado en el nombramiento de un nuevo coordinador del comité de gestión de la crisis sanitaria distinto a la consejera, que quedó desautorizada.

Durante el mes de mayo se materializó la dimisión de la consejera de Sanidad de Aragón, Pilar Ventura, a raíz de unas declaraciones que indignaron a la comunidad sanitaria. Ventura dijo en una comparecencia en las Cortes autonómicas que era un “estímulo” para los médicos que se tuvieran que hacer sus propios equipos de protección. Tras su dimisión explicó que había tomado esa decisión para evitar convertirse en un “estorbo” para la gestión de la lucha contra la pandemia en la comunidad.

Ese mismo mes, el director de Emergencias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Jon Sánchez, se vio obligado a presentar su dimisión por haberse saltado el confinamiento y haberse desplazado a su segunda residencia en la localidad cántabra de Castro Urdiales, donde fue localizado por una patrulla de la Policía Local. El Gobierno vasco comunicó el cese de este alto cargo, que antes fue concejal del PNV y apoderado en las Juntas Generales de Bizkaia.

En el País Vasco, pero en diciembre, dimitió también el coordinador del Programa de Vigilancia y Control de la Covid-19, el doctor Ignacio Garitano, para volver, según anunció, a su puesto en Osakidetza en el Hospital Universitario Araba. ‘”Ha sido una difícil decisión fundamentada en motivos personales y profesionales”, aseguró en la comparecencia que realizó para anunciar su marcha que se materializó poco antes de que el Gobierno de Urkullu revisara su plan de restricciones de cara a la Navidad. Garitano apenas estuvo en ese cargo nueve meses. Y su inesperada salida ahondó los problemas de comunicación que durante toda la pandemia ha mostrado la Consejería de Salud vasca.

Las renuncias más recientes datan de este mismo jueves. Dos altos cargos del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), los gerentes de los hospitales bilbaínos de Basurto, Eduardo Maíz, y Santa Marina, José Luis Sabas, en ambos casos exconcejales del PNV en la ciudad, abandonaban sus cargos al destaparse que habían sido vacunados contra la COVID-19 cuando no formaban parte de los grupos prioritarios definidos para ello.

Andalucía tampoco ha sido ajena a las bajas en el sector sanitario durante la pandemia. El pasado mes de mayo dejó su cargo el director gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Francisco Merino López. Lo hizo tras la oleada de críticas internas recibidas por el alto índice de contagios por coronavirus entre el personal sanitario. La Consejería de Salud había abierto una investigación interna y, tras confirmar que un mal diagnóstico a un paciente infectado había propagado el contagio entre médicos y enfermeros, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) decidió aceptar la dimisión de Merino.

El suyo no fue el único caso en Andalucía, ya que meses después, en noviembre, dimitió en bloque la dirección médica, administrativa y enfermería, además de jefes de supervisión de esta especialidad, del hospital comarcar de Osuna (Sevilla) alegando “motivos personales”. La Junta de Personal consideró “inverosímil” que la dimisión del director médico se debiera a esos “motivos personales” como había alegado, ya que de ser así el resto de su equipo habría permanecido en el cargo.

En Catalunya, el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Joan Guix, dejó su puesto en mayo de 2020 por “motivos de salud”. Guix dejaba tras de sí unas polémicas declaraciones antes de que estallara con toda su crudeza la pandemia. En febrero, sentenció en una en rueda de prensa: “Con las cifras en la mano, nos preocupa más la gripe estacional que el coronavirus”. En julio se fue, por su parte, Josep Ramon Morera Balada, que hasta entonces era el jefe del Gabinete Técnico Departament de Salut de la Generalitat. Él dimitió también por motivos personales. Un mes antes abandonó el equipo de Salut el que hasta el momento era el director de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), el doctor César Velasco Muñoz, tras dos años en el cargo.

La falta de ejemplaridad de algunos representantes públicos durante la pandemia también se ha cobrado ceses y dimisiones. El 22 de abril del año pasado el entonces alcalde de Badalona, Álex Pastor, dimitió del cargo tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra mientras conducía por Barcelona saltándose el confinamiento y aparentemente bajo los efectos del alcohol. Pastor fue arrestado de noche en el Eixample de la capital catalana después de que los Mossos pararan su vehículo en un control porque circulaba haciendo eses. Su renuncia facilitó que Xavier García Albiol, del PP, recuperara la alcaldía de este municipio catalán.

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