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Los ERTEs sostienen el empleo

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de J J. Ignacio Conde-Ruiz (@conderuiz), Manu García (@manugar), Luis Puch (@lpuchg) y Jesús Ruiz (@icae_ucm)

Acabamos de conocer los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre.

La intensificación de los contagios y las consecuencias económicas del nuevo decreto de estado de alarma (del pasado 25 de octubre), hacían presagiar un noviembre de pandemia complicado para el empleo. Los datos de afiliación lo han confirmado, y noviembre se cierra con 19.022.002 cotizantes en media mensual, lo que representa un muy moderado incremento (y virgencita…) de 31.638 cotizantes respecto a octubre (un 0,17% más). El dato es más decepcionante aún en datos diarios en el mes: 11.832 afiliados más, unos 400.000 menos que el dato comparable del año 2019 (muy lejos), y tan sólo unos 100.000 por encima del año 2018 (demasiado cerca).

Y es que, tras semanas sin noticias desde la publicación del dato de afiliación en octubre, el ministro Escrivá nos informaba el pasado día 19 vía Twitter que los cotizantes aumentaban con fuerza en noviembre, lo que en ese momento se materializaba en unos 80.000 empleos nuevos en términos desestacionalizados. Más aún, en una entrevista en prensa del fin de semana nos anunciaba que el número mágico desestacionalizado estaría en torno a los 100.000 cotizantes más. Así que, ya el lunes 30 nos temíamos las malas noticias, seguramente inevitables en la situación actual.

En un post anterior hemos explicado en detalle la problemática de utilizar e interpretar datos ajustados de estacionalidad en este momento de pandemia, tan distinto del estado habitual de la economía. Incomprensiblemente, los analistas del Ministerio (y a veces también de otras instituciones) persisten en el error, hasta el punto esta vez de convertir un dato que debería tratarse con enorme cautela (dato legítimo, pero con cautela), nada más y nada menos que en el titular de la publicación de datos de noviembre, titular que reza: “La Seguridad Social suma 107.505 afiliados en términos desestacionalizados en el mes de noviembre”. ¡Un despropósito!

Como los lectores habituales saben bien, nuestra preferencia por el contrario es analizar la serie diaria de afiliación. Esta serie, no sólo es el fiel reflejo del disparate del mercado laboral del calendario que tenemos, sino que además (y a falta de disponer de otros datos diarios relevantes de los que el Ministerio sí dispone, pero no publica), creemos que en este momento es la información en tiempo real que mejor nos permite seguir la evolución del mercado de trabajo. Lo creemos porque nos permite comparar día a día del mismo mes en años anteriores incluidos los de la crisis 2008-2013, y a la vez, día a día, mes a mes de la pandemia. A falta de los datos de los que no disponemos, y con ello, de los posibles refinamientos de nuestra metodología econométrica de seguimiento de la afiliación, creemos sinceramente que lo mejor que podemos hacer es lo que hacemos en este post y en los anteriores. Vamos a ello.

Por ejemplo, tal y como pusimos de relieve en el post anterior para octubre, puesto que el último día entonces fue sábado, no se pudieron registrar las bajas correspondientes a los contratos mensuales, ni tampoco las de los contratos de la última semana, con lo cual esas bajas se han registrado en el primer día laborable del mes de noviembre. En concreto el lunes 2 de noviembre se dieron de baja 231.644 trabajadores. A la vez, este mes de noviembre termino en lunes, y, por lo tanto, sí se han podido registrar las bajas de los contratos mensuales, de semana, y del fin de semana. Así, el lunes 30 de noviembre se dieron de baja 214.904 trabajadores. Es decir, en tan solo dos días, dos lunes, se dieron de baja casi 450.000 trabajadores: algo más que la distancia que nos separa, como decíamos al principio, de otro lunes, el pasado 2 de diciembre de 2019. El nivel de afiliación al que habríamos querido estarnos acercando a estas alturas de la recuperación, y que los rebrotes parecen habérnoslo impedido.

Una vez más ¿tiene sentido económico esta altísima volatilidad? ¿Alguien va a hacer algo? (Por favor, a ser posible, que no sea: “los contratos se mantienen por decreto”).

Con todos estos preliminares (rapapolvo incluido), el Gráfico 1 muestra nuestra ilustración habitual de la afiliación diaria. Los datos de 2018 continúan siendo un soporte a lo largo de la recuperación y desde el pasado verano. Sería importante que continuaran siéndolo de aquí a fin de año, pero sin forzar, porque la economía pueda sostenerlos e impulsarlos desde el principio de 2021.

Gráfico 1. Afiliación diaria a la seguridad social 2016-2020

En todo caso, es justo decir que, si estuviéramos en una situación de normalidad, el dato sería, sin duda, positivo, pues se trataría de la mayor subida para un mes de noviembre desde 2006 en afiliados medios. Más aún, como podemos ver en los dos siguientes gráficos, las altas y las bajas diarias cuando comparamos los últimos años van relativamente en la buena dirección para un mes de noviembre, aunque hay algunos nubarrones. Por ejemplo, respecto a las altas diarias (Gráfico 2a), observamos que las altas han estado bastante bien posicionadas cada lunes respecto a otros años (salvo por el lunes 9 que fue festivo en Madrid), pero el resto de los días de la semana vuelven a estar entre las más bajas de las series diarias de los noviembres desde 2012. Mal asunto.

Gráfico 2a. Altas diarias en todos los meses de noviembre, desde el año 2012, haciendo coincidir los lunes de cada mes. En rojo el número de altas cada día de octubre 2020.

 

Gráfico 2b: Bajas diarias en todos los meses de noviembre, desde el año 2012, haciendo coincidir los lunes de cada mes. En rojo el número de bajas cada día de octubre 2020.

Del mismo modo, en cuanto a las bajas mes a mes desde 2012, el Gráfico 2b sugiere la situación complementaria al gráfico 2a anterior: bajas relativamente altas los lunes, especialmente el primero y el último del mes como ya hemos destacado en el ejemplo de inicio a nuestro análisis, a la vez que el resto de días, sí, bajas entre las más moderadas de la serie de noviembres desde 2012, lo que sugiere atonía. De nuevo, mal asunto.

Y es que desgraciadamente, no estamos en una situación de normalidad y esto hace que tengamos que mirar las luces y las sombras. En particular, los efectos del mercado laboral están siendo amortiguados por un instrumento de “flexiseguridad” como son los ERTEs, y por lo tanto es importante analizar como han evolucionado durante este mes. Pues bien, el mes de noviembre han aumentado los trabajadores en ERTEs desde que se inicio la desescalada y también han aumentado los autónomos que están percibiendo una prestación. Seguramente muchos autónomos han podido permanecer en alta gracias a esta nueva prestación. A nadie le sorprende que las medidas de restricción de la movilidad para hacer frente a la pandemia hayan afectado a la actividad y al empleo, y por lo tanto es normal que ambos instrumentos aumenten su uso.

En concreto, en noviembre había 1.094.000 trabajadores afiliados que permanecían en alta gracias a las ayudas públicas: 746.900 afectados por ERTE y 346.800 autónomos con prestación. Como hemos puesto de relieve, en múltiples ocasiones en este blog, creemos que estos nuevos instrumentos van a resultar claves para conseguir una recuperación del empleo más rápida que en crisis anteriores. Pero haríamos mal si los usáramos para dar una falsa sensación de recuperación prematura en el mercado laboral. Para que esto ocurra va a ser necesario, que un alto porcentaje de empresas sean capaces de sobrevivir a esta pandemia y por lo tanto evitar que los ERTEs (o suspensiones temporales de actividad) se conviertan en EREs (despidos). Aunque, las recientes noticias positivas sobre las vacunas nos han hecho ver luz al final del túnel, lo cierto es que aun queda túnel por recorrer y seguramente va a ser necesario ayudar a muchas empresas pequeñas del sector de la hostelería y el comercio muy endeudadas, con subvenciones directas para que consigan atravesar el túnel preservando su solvencia. En este sentido, es difícil argumentar que el empleo ha crecido en términos medios en 31.638 afiliados, cuando al mismo tiempo han entrado miles de trabajadores en ERTE y también han aumentado los autónomos que perciben prestaciones. Esta caída en la actividad, generada por las medidas de restricción de movilidad para frenar la segunda ola de la pandemia, aunque no se ven en el dato agregado de afiliados, se ven reflejadas en los siguientes gráficos, donde tenemos la evolución de la altas y de las bajas desde el mes de mayo. Podemos ver cómo se ha frenado la progresión en el crecimiento de las altas que ya son inferiores a las del mes previo.

Es decir, cualquier comparación de la evolución diaria en cada mes de la pandemia exigiría en paralelo seguir la evolución diaria de los ERTE por sectores. Un dato que como ya hemos dicho querríamos tener. Entre tanto, optamos por comparar los meses de pandemia en los Gráficos 3a y 3b a continuación. Muy brevemente, porque el lector habitual ya los conoce, vemos que se confirma la atonía en el dinamismo en el mercado de trabajo que habíamos anunciado. Este noviembre queda por en medio en altas y bajas respecto a los otros meses de pandemia. En concreto, no es tan vigoroso como lo fueron los meses de septiembre y octubre pasados, que por cierto, lo fueron más que los meses de verano de los que quizás se podía haber esperado más. Tampoco noviembre ha sido tan apático como lo fueron los meses del confinamiento, en los que por supuesto era difícil esperar algo distinto de lo que ya observamos en su momento, y describimos en los posts de entonces.

Gráfico 3a. Altas diarias de afiliación en los meses de inicio de la recuperación.

Gráfico 3b. Bajas diarias de afiliación en los meses de inicio de la recuperación de la pandemia.

En definitiva, aunque este mes de noviembre es el séptimo mes consecutivo en que el sistema de Seguridad Social suma trabajadores desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, a la vez hay un cambio cualitativo importante: este es el primer mes donde al mismo tiempo aumentan los trabajadores en ERTEs y los autónomos con prestación.

En cualquier caso, nuestro optimismo de fin de octubre se ha tornado gris en este noviembre de pandemia complicado en el que todo parece apuntar dimos un paso atrás en la economía y en la salud (como tan bien nos han contado por ejemplo Miguel Sebastián con su seguimiento en Twitter de todos estos días). Por último, insistir que creemos que, en esta situación de pandemia, tan alejada de la normalidad, no tiene sentido hablar de los datos en términos desestacionalizados. La medidas de restricción de la movilidad para parar la segunda ola han impactado sobre la actividad y el empleo. Los ERTEs impiden que esta destrucción de empleo quede reflejada en la serie de afiliados y por lo tanto la serie no se esta comportando con normalidad. Los problemas técnicos de aplicar técnicas de desestacionalizacion en estos momentos a la serie de afiliados ya los explicamos en este post.

Tomar en serio la serie desestacionalizada nos va a crear ahora una falsa sensación de mejoría en el mercado laboral (como lo fue de gravedad extra en marzo por construcción). Mejoría que, esperemos se produzca en los próximos meses, pero para ello será necesario mejorar la gestión de la pandemia a la vez que implementar las medidas necesarias para que el máximo número de empresas solventes sobrevivan a la llegada de las vacunas.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: J. Ignacio Conde-Ruiz

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Las vacunas contra la COVID-19. Nacionalismo, bien público global y cooperación con extraños

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Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel
Vicente Ortun Rubio

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay

La luz ya llega del fondo del túnel. Procede de las vacunas, que permitirán volver a la libertad de movimientos y a la actividad económica y social deseada.

Nunca se había conseguido un avance tan rápido en biomedicina, las vacunas de RNA mensajero representan avances disruptivos con aplicaciones importantes en otras áreas médicas, mientras que las tradicionales vacunas de virus atenuado están entre las menos prometedoras de esta carrera, en la que el ganador no lo toma todo pero gana una enorme ventaja. The Economist informa que a 6 de enero de 2021 hay 3 vacunas ya aprobadas por los reguladores “exigentes” (las de Pfizer, Moderna y Oxford-Astrazeneca), otras cuatro aprobadas en otros países y tres más en fase muy avanzada de ensayo clínico. Entre todas acumulan el compromiso de proveer 12,490 millones de dosis, que darían para inmunizar antes de final de 2021 al 80.8% de la humanidad, en el escenario más optimista (en el que se aprueban las de CureVac, Novavax y Johnson&Johnson).

A 13 de enero de 2021 ya se han vacunado (al menos la primera dosis) casi 30 millones de personas en el mundo, con gran variabilidad en sus tasas por población.

En seguridad del paciente es bien conocido el modelo del “queso suizo” (vale cualquier queso con agujeros). Para que se produzca un evento adverso grave han de fallar múltiples defensas, han de darse varios fallos humanos y organizativos. Ese modelo se ha aplicado a la defensa frente a la COVID-19 (aqui hay una interesante versión de Ian Mackay), también en la figura. Unas barreras a la COVID-19 dependen de la responsabilidad individual, otras son de responsabilidad compartida. Entre estas últimas están las vacunas.

Las vacunas COVID-19 plantean retos de gran interés para la economía: sobre los esquemas óptimos de financiación; sobre la priorización de grupos poblacionales; sobre logística; sobre incentivos a la población para que se vacune, con la externalidad en beneficios que implica; y sobre los incentivos a la industria para acelerar su desarrollo.

A pesar del alto valor social de la vacunación contra enfermedades infecciosas, los niveles óptimos de I+D, producción y distribución de vacunas no se alcanzarían sin intervención pública. Bloom señala que la COVID-19 está poniendo en evidencia la fragilidad de los sistemas actuales para el desarrollo, producción y distribución de las vacunas. En un paper reciente, aun en revisión, Vu y colaboradores analizan el rendimiento económico de una cartera de activos compuesta por vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes. Bajo supuestos realistas de financiación, los retornos esperados son negativos. Por tanto, el sector privado nunca entraría en estas inversiones sin intervención pública. Proponen soluciones alternativas, incluyendo modelos de suscripción (las personas pagarían cuotas anuales para asegurarse una vacuna si apareciera una epidemia) y la colaborción público-privada. Esta es la solución práctica a la que se ha llegado con la COVID-19.

La solidaridad interesa a los países ricos

En los últimos meses se han difundido estimaciones del valor social global de las vacunas. Así, la OMS publicaba resultados de un estudio encargado por la Fundación Gates según el cual si los países pobres tuvieran acceso equitativo a la vacuna, los 10 países ricos incluídos en el análisis tendrían unos beneficios de más de 153, 000 millones de $ en 2020-21, alcanzando los 466, 000 millones en 2025. Hay que leer esas estimaciones en contexto: la OMS lanzaba al mismo tiempo un llamamiento para completar la financiación necesaria para el Access to COVID-19 Tools(ACT) Accelerator, un proyecto de colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a tests, tratamientos y vacunas COVD-19. Por su parte, RAND Europa publicaba su estudio macroeconómico del coste para 30 países ricos a través del efecto sobre cinco sectores de actividad intensivos en contactos humanos (hostelería, ocio, comercio, transporte y sanidad y sector sociosanitario) de la falta de inmunización a la población de los países de renta baja y media. Según las estimaciones de RAND, el coste total acumulado sería 82,000 millones de $ en 2020-21 y subiría anualmente hasta alcanzar 258,000 millones $ en 2023-24. Los países ricos más damnificados por la falta de equidad vacunal hacia los pobres serían Estados Unidos y Alemania. Si leemos entre líneas, están pidiendo a esos grandes damnificados mas financiación para el ACT Accelerator.

Esto nos lleva a la solidaridad interesada y a su conexión con el nacionalismo vacunal. La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que Europa hará todo lo que esté en su mano para asegurar que todas las personas del mundo tengan acceso a la vacuna independientemente de donde vivan. ¿Solidaridad altruista o interesada? En cualquier caso, conviene no olvidar que los ricos de los países pobres se vacunarán aunque no formen parte de la población de mayor riesgo, y que la precariedad socioeconómica es un factor de riesgo COVID, además de la edad o la comorbilidad. Conviene, pues, mantener aquella visión de la vacunación como la loncha adicional de un Emmental, agujereado, que precisa de las otras lonchas que forman parte de la actuación global contra la covid-19.

La estrategia de vacunas de la Comisión Europea, EEUU, Reino Unido y otros países ricos se basa en firmar acuerdos de riesgo compartido con varias compañías que tienen ensayos clínicos en desarrollo. Si finalmente no se llegaran a autorizar y comercializar, serían costes hundidos, pero si salen al mercado, Europa tendrá acceso a un número preestablecido en contrato de (millones de ) dosis a un precio “razonable”. Esta estrategia evita la fragmentación de compradores en un mercado salvaje, compitiendo por comprar un producto ofrecido en régimen de monopolio u oligopolio, con los sobreprecios consiguientes. Moderna, una de las empresas desarrolladoras de la vacuna de RNA mensajero, mantiene que el “valor” de una vacuna de eficacia del 60% para un ciudadano de EEUU sería 300$ (ver aquí). Aunque los acuerdos de precios con la Comisión Europea son confidenciales, la prensa ha filtrado información al respecto según la cual los precios acordados son una pequeña fracción de esa cifra.

En sanidad hay antecedentes de acuerdos para la provisión de bienes que el mercado no garantiza por si mismo, al ser insuficiente el incentivo ligado a la exclusividad de las patentes. Hasta ahora, esos Advanced Market Commitments (AMC) se habían establecido entre financiadores creíbles (organismos internacionales como la OMS, pero sobre todo, donantes globales como la Fundación Gates) y compañías farmaceuticas. Básicamente, consistían en el compromiso de compra de un número predeterminado de dosis a un precio superior al de mercado, que garantizara ingresos suficientes para la compañía y un retorno de la inversión aceptable. Hasta ahora, los AMC se habían firmado para afrontar el problema de la baja disposición a pagar en los países de renta baja, que terminaba convirtiendo a determinadas enfermedades allí prevalentes (malaria, tuberculosis, dengue) en enfermedades olvidadas o huérfanas (neglected diseases) y dejaban sin cobertura vacunal a los niños.

Por primera vez, y este es el gran cambio de la era COVID, los acuerdos son con países y bloques de países ricos, para estimular la investigación exprés y compartir el riesgo de proyectos fallidos.

La estrategia europea es (al menos aparentemente) solidaria, ya que reconoce que sólo cuando el planeta entero esté libre de SARS-COV-2, Europa lo estará (Greer, 2020). Europa forma parte de acuerdos globales de acceso a las vacunas, liderados por la OMS. Estos acuerdos globales de abastecimiento de vacunas para 170 países se plasman en el “COVAX” (Global Vaccine Allocation Plan), y han sido firmados por 78 países de renta alta, incluyendo la UE, Japón y Noruega.

Pero no todo es solidaridad. En total, los países ricos, que representan el 13% de la población mundial, han comprado para sí mismos mas de la mitad de las dosis de las vacunas prometedoras, según informa Oxfam. De ahí que la OMS esté clamando contra el “nacionalismo vacunal”, con el argumento de que prolongará la epidemia en vez de acortarla.

La provisión de bienes públicos refuerza la identificación nacional. Cuando se trata de bienes públicos globales, y de males públicos como el calentamiento global, se precisa de la acción colectiva pues sus beneficios no conocen fronteras ni generaciones. Como se argumentaba en el post de Llavador y Ortun, disminuir el riesgo de futuras pandemias requiere actuar sobre el calentamiento global, la amenaza más importante en el mundo, ya que no existirá bienestar humano en un planeta enfermo.

La necesidad de una gobernabilidad internacional choca con el dilema Westfaliano de la soberanía nacional que arrastramos desde 1648. La competencia fiscal entre países dificulta tanto la introducción de una mayor progresividad como la creación de un registro global en el cual conste la propiedad de los activos financieros, un antídoto del lavado de capitales y la evasión fiscal. Tal vez, ante unos Estados enfrentados a la necesaria cooperación con extraños, puedan formarse coaliciones amplias de cooperadores que castigan a los que no contribuyan a la lucha contra los males públicos globales.

De vuelta al queso suizo

El ratón de la incertidumbre sobre la eficacia y seguridad de las vacunas se combate con recogida y análisis de datos y no es reservorio de patógenos. Nos debe preocupar más el ratón de la desinformación, esa desinformación para la cual existen abundantes proveedores en el mercado. Hay además otra pandemia, la desconfianza en la ciencia que exhiben algunos grupos de antivacunas sistémicos que difunden noticias falsas. Y las redes sociales potencian su impacto, como analiza Antonio Cabrales: hay menos nodos antivacunas, pero son más centrales en redes. Además, su contenido es más diverso y entretenido (ofrecen consejos de salud y bienestar, medicina alternativa y teorías de la conspiración) mientras que los pro-vacunas son más monotemáticos. El aislamiento de los que están a favor de la vacunación les puede hacer pensar que sus ideas están más aceptadas de lo que lo están en realidad…

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Beatriz González López-Valcárcel

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Los exámenes “on-line” no son exámenes

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Por Juan Luis Jiménez

La pandemia del Covid-19 ha traído importantes cambios en la docencia en todo el mundo: para los gestores, lograr que alumnado y docentes dispongan de infraestructuras adecuadas para recibir y realizar la labor docente; para el alumnado, adaptarse al nuevo marco telemático; y para los docentes, mantener la calidad de las clases que fueron presenciales, además de evaluar “en condiciones”.

Algunos de estos cambios se han abordado en el blog. Cerrar los centros educativos (para primaria y secundaria, fundamentalmente) es una mala opción para la igualdad de oportunidades del alumnado, como nos apuntó Sevilla et al, o Sainz y Sanz (aquí o aquí). Antonio Cabrales mostró evidencias positivas sobre la docencia virtual en la Universidad. Pedro Rey aportó consejos para implementar clases virtuales que alcancen mejores resultados. Gerard Llobet se preguntó si era positivo grabar las clases.

Pero, ¿y la evaluación de los conocimientos? ¿Es diferente hacer un examen presencial que uno online, en la Universidad? Javier Ferri apuntaba que sí y, de hecho, abogaba por aplazar las evaluaciones hasta que pudieran ser presenciales.

Hace unos días, la prensa recogía que miles de universitarios solicitaban la suspensión de los exámenes presenciales por miedo a los contagios, y la consecuente transformación de estos en exámenes “on-line”. La pregunta es directa y recurrente: ¿es una buena idea, para alumnos y para docentes (excluyendo, obviamente, la existencia de riesgo sanitario evidente)? Trataré de aportar evidencias objetivas y, probablemente, algunos sesgos profesionales.

¿Qué es un examen?

La primera cuestión que debemos plantearnos es, precisamente, qué es un examen. Según la R.A.E. de la Lengua, es una “prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios”.

La definición es clara y aséptica. Pero quienes han pasado por las aulas sabrán que un examen es un “hervidero de incentivos” (entiéndanlo como desee) en el que se evalúan no solo conocimientos adquiridos, sino también competencias que, en muchos casos, son aún más valiosas que el propio conocimiento de la materia.

Como docente, me atrevo a afirmar (esto es una opinión) que la mejor opción es siempre realizar una evaluación continua de las asignaturas (esa era la piedra angular del Plan Bolonia, aunque no necesariamente lo lograse). Pero como sabemos, su relación con el tamaño de la clase es inversa: cuanto mayor es el grupo, menor es la probabilidad de aplicar dicha evaluación. Y hay que recordar también que las reformas, sin financiación, suelen no alcanzar los resultados previstos.

¿Por qué no es gratis pasar de exámenes presenciales a on-line?

Un examen “on-line” tiene una característica claramente diferenciadora e indiscutible respecto a uno presencial: las garantías sobre su honesta realización disminuyen notablemente. Y eso, suceda o no el hecho ilícito, afecta a todo el proceso de evaluación, e incluso de estudio: desde la propia configuración del examen, al contenido, estructura, tiempo de realización, etc.

La OCDE (2020) publicó un documento acerca de los exámenes “on-line” durante la pandemia del Covid-19 en la Universidad, en el que destacaban los principales retos a los que se enfrentan estos instrumentos. A saber: la posibilidad de actos académicos deshonestos; la dificultad de evaluar competencias y habilidades; las diferentes situaciones personales durante el examen (el aula es igual para todos, pero los hogares no); y el riesgo de fallos técnicos.

García-Peñalvo et al (2020) (aquí, aquí o aquí), añaden que los docentes podemos incurrir en una transformación no adecuada del sistema de evaluación de las asignaturas a “on-line”; la existencia de brechas tecnológicas, de uso y de competencia digital; y la falta de apoyo por las autoridades político-académicas.

Por lo anterior, la OCDE planteaba recomendaciones al respecto, resumidas en: 1) cancelar o posponerlos, si fuera posible (como apuntó Javier Ferri); 2) garantizar la supervisión “on-line”; 3) rediseñar los exámenes; 4) sustituirlos por otros modos de valoración (exámenes orales, mayor evaluación continua, etc.).

¿Se han evaluado resultados “on-line” vs presenciales?

Sí. Y la literatura presenta resultados poco halagüeños. Butler-Henderson y Crawford (2020) hacen un repaso de los problemas que genera la realización de exámenes “on-line” a partir de 31 artículos de investigación. Su análisis descriptivo muestra las dificultades en la realización de los mismos.

Vázquez et al (2021) utilizan datos de un experimento en un examen con dos tipos de supervisión (en directo y a través de webcam). Los autores encuentran que los resultados son un 11% mejores en aquellos cuyo sistema de vigilancia era más laxo, lo que señala potenciales problemas de “copieteo” cuando nadie supervisa.

Dendir y Maxwell (2020) aprovechan la introducción de vigilancia por webcam para un examen de dos cursos online (en uno se introdujo y en otro no). Las estimaciones concluyen que, controlando por otros factores, los resultados empeoraron allí donde existía vigilancia por cámara, apoyando estos resultados la hipótesis de actividades deshonestas por parte del alumnado. Daniel Montolio encontró, analizando datos promedio sin controles de dos cursos académicos diferentes, que en los exámenes no-presenciales el alumnado obtenía mejores notas.

Klijn et al (2020) estudiaron, con datos de 500 estudiantes de Economía y ADE en una Universidad española, cómo afectó a los resultados de los exámenes que estos fueran no-supervisados (por la pandemia, en el segundo semestre de 2020). Dicho examen se configuró como uno de múltiples respuestas, sin posibilidad de retroceso, con diferentes rondas de preguntas (que provenían de órdenes de preguntas aleatorios).

Los autores encontraron que las preguntas que formaban parte de las rondas anteriores, en las siguientes aumentaba un 7,7% la nota media respecto de la anterior, además de reducirse un 18,1% el tiempo que tardaban en responder. Dicho de otra forma: hicieron trampas. Ello se debió a los flujos de información desde las rondas anteriores hacia las posteriores (calculan que entre el 13,4% y el 22,5% de los estudiantes realizaron tales trampas). Y, lo que es más grave, un recordatorio del código de ética de la universidad que se envió a un subgrupo a mitad del examen, no afectó a los niveles de copiado (el efecto disuasorio por la potencial sanción fue nulo).

¿Conclusión?

El cambio en la forma de evaluar no es trivial. La mejor opción es (repito, es una opinión) la evaluación continua, pero en grupos grandes se torna en una misión casi imposible. En consecuencia, si el curso no ha podido transformarse de esa forma, a la dificultad que tiene el profesorado de realizar un examen que sintetice los conocimientos y competencias a adquirir, se suma las dudas sobre la realización del mismo por parte del alumnado en modalidad “on-line”.

Ello implica que los profesores no configuremos los exámenes de la misma forma (quizás estemos demasiado preocupados en que no copien) y empeore la calidad del mismo o el tiempo concedido para responder, entre otros.

Si hacemos un examen donde se incentive al alumnado a engañar, este deja de serlo. Y los exámenes on-line lo consiguen, empeorando por tanto los conocimientos del alumnado, sus resultados futuros y poniendo claramente en duda la valía de los títulos obtenidos (no hay que olvidar la potencial existencia de un efecto de desprestigio generalizado).

En esto, siempre se puede acudir a la frase que suelo (perdón por poner mi ejemplo) espetar al alumnado que justifica copiar en un examen: “ojalá el médico que tenga que tratarnos en el futuro no esté copiando ahora mismo”. Es dura, pero todos lo entienden. Solo internalizando efectos aprendemos, porque nada es gratis.

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Autor: Juan Luis Jiménez

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España y la divergencia económica antes de la industrialización

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De Ernesto López Losa

Aunque el interés sobre las raíces del crecimiento económico, sobre lo qué hizo (y hace) a unas sociedades más ricas que otras, no es ciertamente nuevo (“…the causes of wealth and poverty of nations, the grand object of all enquires in Political Economy” le escribía Thomas Malthus a David Ricardo en 1817), hoy sigue siendo un tema central en la literatura histórico-económica. Entre las líneas de investigación abiertas, y en los debates subsiguientes, hay una cuestión que ha ido ganando cada vez más peso: la cronología del crecimiento y, por lo tanto, de la divergencia económica. Robert Allen lo resumía con esta sencilla frase: si queremos saber cómo los países ricos se hicieron ricos primero deberíamos saber desde cuándo son ricos (aquí).

Un primer antecedente lo constituyó la constatación empírica de que la Revolución Industrial no habría sido tan revolucionaria; el crecimiento fue más lento de lo estimado (aquí). Ello abrió la puerta a entender el pasado preindustrial no como un largo período de estancamiento (l’histoire immobile) sino como un tiempo en el que hubo un cierto dinamismo económico sobre el que se apoyaría la industrialización posterior. Esto renovaría el interés historiográfico en la reconstrucción cuantitativa del pasado preindustrial, aunque el gran avance a este respecto se ha producido en las dos últimas décadas a partir dos publicaciones ya clásicas. Una es el libro de Kenneth Pomeranz The Great Divergence, que cuestiona la explicación de la Revolución industrial centrada en la llamada excepcionalidad europea, (aquí) (aquí); la otra, el artículo de Robert Allen, The Great Divergence in European wages and prices, en el que compara la evolución de los salarios reales en Europa desde la Edad Media, calculados como ratios sobre una línea de pobreza, y que le serviría para ir prefigurando su tesis sobre la industrialización británica. Según Allen “la estructura única de salarios y precios de Gran Bretaña fue el pivote alrededor del cual giró la revolución industrial” (aquí).

Si el libro de Pomeranz engrasó los debates sobre la famosa Gran Divergencia entre Europa y el resto del mundo, la segunda obra impulsó la investigación sobre la llamada Pequeña Divergencia, término que, en este caso, haría referencia a la bifurcación de las trayectorias económicas en el continente europeo antes de la industrialización. Así, la investigación se ha centrado en medir desde cuándo y explicar por qué la Europa Noroccidental fue capaz de ir eliminando las restricciones malthusianas hasta convertirse en una región próspera y dinámica frente a un continente estancado. Las estimaciones del PIB per cápita y, particularmente, las comparaciones a largo plazo de los salarios reales, situarían las raíces del excepcionalismo noroccidental, y los inicios de la divergencia dentro de Europa, en la Edad Media (aquí) (aquí).

En un reciente artículo escrito en colaboración con Santiago Piquero (aquí) discutimos y proponemos otra lectura de la evolución de los salarios reales en España y su ubicación en esa Pequeña Divergencia. Para ello hemos reunido una nueva base datos de precios y salarios entre 1500 y 1800, que mejora y amplia la evidencia disponible hasta ahora. A partir de la misma, hemos elaborado series de salarios reales para Sevilla, Madrid, Valladolid, Valencia y Barcelona siguiendo el modelo Allen de ratios sobre un mínimo teórico de subsistencia (aquí). De manera resumida, lo que tratamos de averiguar es en qué medida los nuevos datos confirman o alteran la imagen que sobre España y la Pequeña Divergencia ofrece la historiografía económica. Por un lado, las nuevas series muestran que si bien con respecto a la España mediterránea (ejemplificada por los datos de Valencia y Barcelona) los cambios serían menores, en la Corona de Castilla, las estimaciones sobre Sevilla y Madrid ofrecen una imagen distinta y menos negativa que la dominante hasta ahora.

Ratios de subsistencia en Madrid, 1500-1800. Datos antiguos vs Datos nuevos

Pero, además, el texto aborda un aspecto metodológico importante que tiene que ver con la validez de las comparaciones que se hacen. Para calcular el mínimo de subsistencia de una familia teórica de cuatro miembros, Allen construye una cesta con los alimentos y los bienes básicos más baratos disponibles. De entre los cereales, que forman la partida principal del presupuesto, en los cálculos de Londres y Ámsterdam opta por los precios de la avena, el cereal más barato; en cambio, para las cestas de Madrid y Valencia utiliza los precios del trigo que, a diferencia del caso anterior, era el más caro en España. Allen, discutiblemente, argumenta que en España por razones ecológicas no se producía otro cereal más barato que pudiera servir de substituto, mientras que en Inglaterra sí se daba esa posibilidad; de ahí el uso de la avena (aquí). Todo ello genera, en nuestra opinión, una comparación desequilibrada. Por ejemplo, en los presupuestos españoles podría haber recurrido a la cebada. Es cierto que no era el típico cereal panificable, y que se usaba para alimentar al ganado; pero, al final, esa era la misma función que cumplía la avena en aquellas ciudades europeas. Lo que las fuentes y la historiografía señalan es que las clases populares en Londres no consumían gachas, porridge, o pan de avena y sí pan de trigo de distintas calidades desde la Edad Media. Sí lo hacían, en cambio, en el norte de Inglaterra, o en Escocia; pero, para calcular los salarios reales británicos, Allen no utiliza los jornales de los trabajadores de esos lugares, sino que usa los que se pagaban en Londres, que hasta la segunda mitad del XVIII doblaban prácticamente a los anteriores, según sus propios datos. Es decir, calcula las veces (ratios) que el salario de esos trabajadores estaría por encima del mínimo de subsistencia utilizando los precios del cereal más barato, el que se consumía en las zonas más pobres, con los jornales que se pagaban en las zonas más ricas, que eran los más altos del país.

Ante esta tesitura, en el artículo hacemos otra propuesta. Si se acepta que lo que en las ciudades se consumía era principalmente pan y no grano, en nuestro supuesto simulamos el coste de ese mínimo de subsistencia con los precios del pan más barato que se conoce que se vendía en el ámbito urbano (pan negro o moreno de trigo en Madrid, Sevilla, Valencia y Londres, y de centeno en Ámsterdam). Al computar los precios de un bien de utilidades similares en todos los sitios, se elimina la distorsión que genera el empleo de granos de distintas características y precios relativos. Los resultados obtenidos dan una imagen bien distinta a la que ofrecía el modelo original, ya que el nivel de los salarios reales en las principales ciudades de la Corona de Castilla no se diferenciaría mucho del que se podían encontrar en el noroeste de Europa hasta inicios del siglo XVIII. En realidad, en el texto no discutimos la Pequeña Divergencia, pero sí el que fuera tan temprana e intensa. Además, estos nuevos cálculos mostrarían también que los salarios reales en el sur de Inglaterra o en los Países Bajos no serían tan altos como se ha venido sosteniendo hasta ahora.

Dos estimaciones de salarios reales en la Europa preindustrial. (a) Ratios de subsistencia (grano), modelo Allen (b) Ratios de subsistencia (pan negro). Medias móviles 25 años.

Además de presentar unas estimaciones más precisas sobre los salarios reales en España gracias a unos datos base de mejor calidad, el artículo resalta la importancia de las opciones metodológicas. En función de qué criterios que se sigan, incluso utilizando los mismos datos, los resultados pueden variar de manera significativa. Y ello lógicamente influye en las metanarrativas que se construyen a partir de los mismos.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

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