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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

La pandemia de coronavirus no solo impactó en las víctimas de violencia de género durante el confinamiento estricto en los hogares de los primeros meses. Aún no conocemos todos los efectos de una situación sin precedentes como esta y lo más probable es que se alarguen en el tiempo, pero hay algo de lo que ya advierten las expertas y que las asociaciones comienzan a identificar: la parte económica de la crisis que estamos viviendo -la pérdida de empleo, los ERTE, las reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados- está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, lo que inevitablemente acaba entorpeciendo su proceso de toma de decisiones y dificultando su salida de hogares violentos.

No es algo abstracto. Varias organizaciones con servicios de atención y asesoramiento a víctimas están detectando estos meses una subida de la asistencia a mujeres en estas circunstancias: desempleadas, trabajadoras a las que se les ha recortado el sueldo, en ERTE o bien directamente sin contrato y despedidas sin derecho a paro. “La dependencia económica es uno de los factores de riesgo para que la violencia se perpetúe, más allá del plano psicológico y emocional… Y esto es algo que se está acrecentando con la pandemia porque salir de casa y empezar una nueva vida siempre es difícil, pero mucho más con la situación actual de precariedad y esta perspectiva de futuro”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

A su asociación cada vez llaman más mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas y están atravesando situaciones “muy complicadas” económicamente. “Llaman preguntando qué pueden hacer. Nosotras les informamos de los recursos y de las posibilidades. Una de las alternativas es ir a una casa de acogida durante un tiempo, pero claro la pregunta que nos hacen siempre es ‘¿y después qué?’ El futuro es incierto para todo el mundo, pero para estas mujeres implica además seguir soportando situaciones de violencia y es muy grave; nos preocupa mucho”, prosigue la experta.

Ya de por sí las mujeres en España acumulan más paro, más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y brecha salarial, pero el riesgo de que la COVID ahonde en ello preocupa a las expertas y también a las propias mujeres. Un informe reciente de la aseguradora internacional Axa muestra una inquietud generalizada entre las mujeres ante los efectos de la crisis económica en sus vidas: en el caso de nuestro país hasta el 32% de las mujeres temen perder independencia económica, nueve puntos más que la media internacional. El 53% temen incluso volver a ser dependientes económicamente. Las españolas son las más pesimistas de toda la muestra internacional sobre sus perspectivas laborales después de la pandemia.

Es algo de lo que tienen evidencias también en la Federación de Mujeres Progresistas, y muy específicamente en su servicio de orientación sociolaboral y económica para víctimas de violencia machista. Nines Jordán, psicóloga y coordinadora del servicio, explica que, durante este año, el número de mujeres que se han apuntado al programa se ha casi doblado respecto a 2019. Y eso incluso con algunos meses de paralización. “Lo que se da es un miedo a la pobreza, y es un miedo real, porque salen y en muchos casos se encuentran sin trabajo y sin vivienda”, ilustra la experta, que advierte además sobre el riesgo de que mujeres supervivientes vuelvan a los hogares que abandonaron: “En nuestro servicio muchas ya no conviven con el agresor y hay que poner el foco en esto porque el verse desprotegidas y sin absolutamente nada puede incentivarlas a regresar”.

Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, confirma que, más allá del aumento de la violencia de género durante los confinamientos y las consecuencias posteriores, la preocupación está en “los efectos colaterales” que se darán también en el medio y largo plazo. Uno de esos efectos, confirma, es que la fuerte crisis derivada de la pandemia afecte a la independencia económica de las mujeres. “Estos meses hemos hablado de la violencia machista y de los cuidados y el empleo, pero no hemos hecho la suficiente vinculación entre las dos cosas. Es lo que tienen que hacer ahora los gobiernos, pensar políticas y programas que enlacen violencia machista y mercado laboral”, dice Bhatia. De no ser así, alerta, el impacto irá más allá de dos o tres meses, sino que será “a muy largo plazo”.

Lo mismo reivindica Mariti Pereira, que reclama una reformulación en este sentido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de “darles alternativas más materiales en un momento como este”. La experta denuncia, además, la burocratización de los procedimientos para acceder a ayudas de emergencia y otras prestaciones destinadas específicamente a estas mujeres. “Muchas personas están en una situación económica grave, pero debemos visibilizar que en las colas del hambre y en los desahucios hay víctimas de violencia de género. Viven una emergencia económica y social, pero también de vida. Nos estamos perdiendo en una burocracia y un peregrinaje que desespera a cualquiera, pero imagínate a una mujer que tiene que salir de su casa”, lamenta.

No es algo que denuncien solo las organizaciones especializadas en violencia de género, sino que en los últimos días otras ONG como Ayuda en Acción o Cáritas han advertido de un “agravamiento de las dificultades económicas” relacionado con la pérdida de ingresos, el desempleo o la “imposibilidad de acceso a ayudas sociales”, especifica Cáritas en una nota de prensa con motivo del 25N. Algo que ha conllevado un aumento “importante” de las demandas de mujeres víctimas en lo que se refiere a “ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda o pago de suministros, entre otras”.

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres menciona algunas de las evidencias que el organismo ya ha constatado en estos meses. Por ejemplo, que la carga de trabajo de cuidados no pagado ha aumentado significativamente y que son las mujeres las que siguen encargándose de ello mayoritariamente. Y que, como consecuencia, ya se detecta el abandono de muchas mujeres del mercado laboral –total o parcialmente– para poder hacerse cargo de los cuidados en tiempo de pandemia. “Eso significa que muchas mujeres van a salir ya del mercado formal de manera permanente o que al menos sus posibilidades laborales y económicas van a verse significativamente alteradas”, apunta Bhatia, que señala las carencias de infraestructuras de cuidados como un problema de fondo.

El ejemplo internacional es EEUU, donde, solo en septiembre, 617.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral, ocho veces más que los hombres. Pero la preocupación recorre todos los países. El proyecto We Go de la Unión Europea ha señalado la independencia económica como un “elemento crucial” que puede animar o desincentivar la denuncia de la violencia que se sufre. Aunque la violencia machista es ejercida por hombres de todos los perfiles socioeconómicos y afecta igualmente a las mujeres, el estudio muestra como los niveles bajos de independencia económica hacen que, de media, las mujeres permanezcan más tiempo en relaciones abusivas.

A las dificultades de conciliación apunta también Jordán desde la Federación de Mujeres Progresistas, que pone el foco en la “especial situación” que atraviesan las víctimas que tienen hijos e hijas a la hora de decidir abandonar sus hogares. “Ya no es solo que estas mujeres tomen la decisión por ellas mismas, es que no se van solas y los niños dependen de ellas. Si no tienen trabajo ni alternativa habitacional, se complica muchísimo”, lamenta. Pero, además, la falta de medidas para conciliar vida personal y familiar “dificulta su incorporación al mercado laboral”, que al mismo tiempo está, en muchas ocasiones, relacionado con “la falta de redes de apoyo después de que el agresor se haya encargado de aislarla”.

Según el proyecto We Go, el 71% de las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia mencionaron el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar. En su informe anual de cara al 25N, UGT pone de manifiesto estos datos para reclamar que la inserción laboral de las mujeres que sufran violencia de género esté garantizada de forma efectiva. Actualmente, denuncia el sindicato, las medidas son insuficientes y no abordan con la importancia que mereciera la relación entre empleo y violencia de género.

Por el momento, los datos sobre denuncias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a un descenso considerable. El efecto se ha extendido más allá de los meses del confinamiento domiciliario estricto y entre mayo y junio bajaron un 14,62% respecto al mismo trimestre de 2019, la mayor caída interanual de la serie histórica. No obstante, la situación sigue siendo a día de hoy incomparable con cualquier otro mes normal porque aunque no haya encierro obligatorio en las casas, sí hay toque de queda, cierres perimetrales y un escenario general “que puede estar desincentivando la denuncia”, advierte Pereira. Con todo, y aunque es pronto para establecer paralelismos, la crisis económica anterior también se saldó con una caída pronunciada de las denuncias, que subieron hasta 2008 para bajar los años siguientes y volver a remontar a partir de 2015.

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Un cambio de criterio de Pfizer y la falta de previsión de algunas comunidades ponen en riesgo miles de vacunas

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Un cambio de criterio de Pfizer y la falta de previsión de algunas comunidades ponen en riesgo miles de vacunas

Desde el lunes Pfizer/BioNTech contabilizará seis dosis de su suero contra la COVID-19 por cada vial (o frasco) de vacuna, cuando hasta ahora se contaban cinco, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizara este cambio de criterio de la farmacéutica el 8 de enero. Pero para sacar esa sexta dosis hace falta una jeringuilla o aguja especial, la llamada “de bajo volumen muerto”; es decir, que no retiene aire y no deja líquido sobrante.

La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) asegura que en junio trasladó vía Salud Pública a las comunidades que hiciesen acopio tanto de ese tipo de agujas como de las estándar –sin bajo volumen muerto– porque en ese momento no se conocían las necesidades de las vacunas que llegarían. La opción de la sexta dosis pilló, sin embargo, a varias comunidades sin preparación: Andalucía ha admitido que ha perdido el 20% del suero por tener 25 millones de agujas inadecuadas; Madrid ha comprado ahora 280.000 unidades de las correctas y no tenía cantidades suficientes, como avanzó la Cadena SER.

Otras comunidades, como Catalunya, Castilla y León y Comunitat Valenciana, afirman poseer agujas de los dos tipos. El uso de la jeringuilla de bajo volumen muerto para Pfizer lo recomienda tanto la EMA como el fabricante. Con las agujas estándar “es posible que no haya suficiente volumen para extraer una sexta dosis de un solo vial”. El 8 de enero, tras el acuerdo con la EMA se incluyó como aclaración en el prospecto la “posibilidad” de extraer una sexta dosis, y poco después se sumó al protocolo del Ministerio de Sanidad.

Pfizer comenzará a contabilizar sus lotes de 6 en 6 a partir del lunes. A partir de ese día las dosis volverán a su cantidad habitual –una vez superado el reajuste de suministro de esta semana– pero lo harán en menos cantidad de viales. Es decir, antes llegaba una horquilla entre 350.000 y 370.000 dosis en alrededor de 72.000 botes. Desde el lunes 25, con el reajuste de contabilización, llegarán las mismas, entre 350.000 y 370.000, pero en alrededor de 60.000 botes.

“Cumpliremos nuestros compromisos de suministro de acuerdo a nuestros acuerdos existentes” porque estos se basan “en la entrega de dosis, no en viales, y de acuerdo con la ficha técnica aprobada localmente”, añaden desde Pfizer a este periódico. El secretario general de Salud Digital, Alfredo González, ha comentado este jueves que en las próximas semanas las remesas se podrían compensar y la compañía podría mandar más viales, pero no ha dado más detalles y Pfizer no informa de este extremo.

Los botes son los mismos, pero antes había un “sobrellenado” que, si no se extraía con las agujas adecuadas, se perdía, pero se consideraba un sobrante y no una dosis completa. Ahora habrá que aprovechar el 100% del frasco y, si se pierde esa sexta dosis, se contará como oficialmente desperdiciada. Algunas comunidades sí estaban usando ya la sexta dosis y es el motivo por el que Melilla durante varios días ha reportado la aplicación de más del 100% de las que le llegaban, explican en la AEMPS.

Según el secretario general de Salud Digital, en “el 90%” de los casos se está usando la dosis extra, y en aquellas comunidades que todavía no, “nos consta que están trabajando muy seriamente en poder extraerla”. Los sobrantes de unos y otros viales no pueden ser guardados ni mezclados entre sí, en primer lugar porque no se conservan más de seis horas, pero sobre todo por temas de esterilidad y porque sería “manipular” incorrectamente los sueros, apuntan desde la Asociación Nacional de Vacunología.

La AEMPS advirtió a las comunidades antes de verano de que harían falta este tipo de jeringuillas porque podría ser que la vacuna que llegase a España finalmente fuese de las que hay que “reconstituir”, es decir, que la mezcla no viene hecha sino que tiene que ser diluida por el sanitario que la maneje. Es así con la de Pfizer, uno de los motivos por el que es una de las más difíciles de inyectar de cuantas están en ensayos o autorizadas en otros países –también por su conservación en ultracongelación–.

Las jeringuillas estándar sí son totalmente útiles para otro tipo de vacunas, como la de Moderna, que no requiere reconstitución. La demanda de jeringuillas es actualmente grande porque todos los países las necesitan, y “quizá las que no las tienen no puedan cumplir ciertos plazos”, pero “el mercado no está completamente desabastecido”, aclaran en la AEMPS. Son compras habituales de las autonomías, especifican también, para todo tipo de campañas.

José Antonio Forcada, secretario de la Asociación Nacional de Vacunología y presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas, ambas implicadas en el plan estatal de vacunación, cree que “el problema viene cuando se planifica y se compra el material y no se consulta a las personas que saben y llevan años de experiencia. Algunas comunidades lo hicieron con asesoría de jefaturas de servicio de enfermería, otras no”. “Cualquier profesional sabe que para algunos tipos de vacunas que podíamos esperar lo adecuado es que haya espacio muerto. Las estándar son apropiadas cuando vienen en viales monodosis o ya precargadas. El motivo de preferir las estándar es que suelen ser un poco más baratas”, sigue. La preocupación ahora mismo, según Forcada, es real: “Si no conseguimos tener el material adecuado, vamos a estar perdiendo dosis”.

La posibilidad de la sexta dosis no es el motivo por el cual Pfizer ha disminuido su producción durante esta semana para Europa hasta un 56% de la cantidad habitual. Se debe a que la planta de Bélgica añadió una nueva línea de fabricación que ha de ser revisada por la autoridad competente del país, para garantizar la calidad y seguridad. Pfizer/BioNTech tiene previsto aumentar notablemente los envíos regulares a partir del 15 de febrero, cuando se cumplirán seis semanas desde que se comenzaron a distribuir en Europa, pero no han concretado en qué cantidad.

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Rojo oscuro: la nueva zona que diseña la UE para restringir los viajes “no esenciales” por las mutaciones del coronavirus

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Rojo oscuro: la nueva zona que diseña la UE para restringir los viajes

Las mutaciones cada vez preocupan más. Lo ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, este jueves al mediodía. Lo ha alertado, horas después, poco antes de que se conectaran a la videoconferencia los líderes de la UE, el centro de control de enfermedades de la UE (ECDC), que ha elevado el nivel de riesgo al máximo y ha pedido que sólo se permitan viajes “esenciales”.

“Estamos convencidos de que hay que mantener las fronteras abiertas, pero las restricciones a viajes no esenciales deben considerarse”, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Mientras tanto, países como Portugal y Holanda han comenzado a suspender los vuelos por miedo a las nuevas variantes. Portugal, con Reino Unido; mientras el Gobierno neerlandés mantendrá al menos cuatro semanas la prohibición de vuelos entre Países Bajos y Reino Unido, Suráfrica y todos los países de Suramérica.

Los jefes de Estado y de Gobierno han estado discutiendo este jueves el estado de la pandemia durante algo más de cuatro horas. A lo largo del debate, se fue construyendo una posición en torno a la necesidad de mantener las fronteras abiertas, pero con restricciones a los viajes no esenciales ante el miedo a las nuevas variantes del coronavirus. Una posición que no terminan de compartir los países más dependientes del turismo, que temen perder otra campaña de su principal industria y, por eso, alientan la posibilidad de que los certificados de vacunas puedan equipararse a tests PCR y permitir la libertad de movimientos en la UE.

“Hay que ser cuidadoso con esto”, ha dicho Michel. “Aún no sabemos hasta qué punto son efectivas las vacunas”, ha añadido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: “Hay muchas cuestiones abiertas y estamos cada más preocupados con las diferentes variantes del virus”. Von der Leyen también ha dicho que se ha discutido la idea de una nueva zona “roja oscura” en el mapa de coronavirus, donde las tasas de infección son más altas y los viajes no esenciales deben desalentarse seriamente si no restringirse si bien sigue existiendo poca homogeneidad entre los 27 en la recolección de datos.

“Vamos a proponer la definición de zonas rojo oscuro para niveles muy altos de propagación del virus”, ha dicho la presidenta del Ejecutivo comunitario, que el próximo lunes presentará una serie de recomendaciones más severas: “Para viajes en estos países proponemos pruebas negativas a la salida y cuarentena a la llegada. Los viajes no esenciales deben ser fuertemente desaconsejados”.

Con los actuales datos, España es candidata a ingresar en la futura zona “roja oscura”.

En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según Moncloa, ha apostado “por evitar medidas unilaterales para mantener la integridad del mercado único y el espacio Schengen”, y “establecer un certificado de vacunación europeo cuyo potencial uso debe ser coordinado y aprobado por los 27”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha “reafirmado la necesidad de reforzar la coordinación de los tests y las medidas de cuarentena para los viajeros de terceros países”, según fuentes del Elíseo. Francia ha decidido exigir una prueba de PCR negativa de menos de 72 horas, una cuarentena de 7 días y una segunda prueba al final de la cuarentena para los viajeros de todos los países de fuera de la UE, Reino Unido incluido.

En cuanto a las fronteras interiores, Macron entiende que se requieren “medidas sanitarias más restrictivas al tiempo que se garantiza el correcto funcionamiento del mercado interior”. Así anunció “la introducción de la obligación de presentar una PCR realizada 72 horas antes de la salida para todos los viajeros europeos, excluidos los denominados viajes imprescindibles.. En particular, los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre estarán exentos de esta obligación. Estas medidas se aplicarán a partir del domingo 00:00”.

En las horas previas, Alemania, Holanda y Bélgica hicieron presión pública para restringir los movimientos. “Estamos en una fase muy difícil de la pandemia. No debemos ignorar el peligro que representan las mutaciones”, ha afirmado la canciller alemana, Angela Merkel. Merkel dijo esta semana que si no se acuerdan medidas eficaces entre los socios, Alemania podría considerar “restricciones de entrada”.

El primer ministro belga, Alexander de Croo, decía que “las personas que viajan son portadoras del virus. Por tanto, debe ser posible prevenir, de forma temporal y muy selectiva viajes que no sean imprescindibles”.

Los 27 están preocupados por las nuevas variantes, en particular “la británica, la brasileña y la surafricana”, lo cual está afectando a la ya maltrecha libre circulación en la UE. “Mi propio ministro de Justicia escribió el lunes pasado una carta a sus colegas”, explica una fuente del Gobierno holandés, “diciendo que, debido a la muy contagiosa mutación británica de la COVID-19, podríamos tener que tomar más medidas que restrinjan temporalmente la libertad de circulación dentro de la UE. La carta que escribió fue bastante similar al documento no oficial alemán que ha estado circulando. Si esta mutación británica es tan contagiosa, es posible que tengamos que tomar temporalmente algunas medidas adicionales para reducir su velocidad. No podemos detenerlo, pero tenemos que frenarlo. De lo contrario, la presión y la carga de nuestra atención médica, nuestros hospitales, nuestras unidades de cuidados intensivos será demasiado grande”.

En relación con el certificado de vacunación, el consenso fue que debe ser un documento médico y no un documento para viajar en esta etapa.

En cuanto al ritmo de autorización de vacunas, el canciller austriaco, Sebastian Kurz, cargó contra la Agencia Europea del Medicamento: “Estamos trabajando con otros países de la UE para lograr la aprobación más rápida y sin burocracia de AstraZeneca y otras vacunas”.

Sánchez, así mismo, ha planteado, según Moncloa “la necesidad de que todos los países de la UE” sigan “avanzando” en la campaña de vacunación: “En España, la vacunación marcha a buen ritmo y confíamos en alcanzar los objetivos fijados esta semana por la Comisión Europea: para marzo de 2021, un mínimo del 80% de los profesionales sanitarios, de atención social y población con más de 80 años; para verano de 2021, un mínimo del 70% de la población adulta”.

“Los líderes quieren que se acelere la vacunación”, ha dicho Michel: “En este sentido, se deben respetar los compromisos sobre las entregas realizadas por las empresas. Las vacunas deben distribuirse al mismo tiempo y deben hacerse en función de la población de los países”.

Poco antes del comienzo de la reunión, la agencia europea de enfermedades (ECDC) alertaba de que “algunas mutaciones o combinaciones de mutaciones pueden proporcionar al virus una mayor transmisibilidad o la capacidad de evadir la respuesta inmune del huésped”. Así, en su actualización de los niveles de riesgo, el ECDC alerta de las variantes de Reino Unido, Suráfrica, y la de Brasil y Japón al considerarlas “preocupantes por las mutaciones que han provocado un aumento de la transmisibilidad y un deterioro de las situaciones epidemiológicas en las áreas donde se han establecido”.

“Es probable que este aumento de la transmisibilidad conduzca a un mayor número de infecciones”, dice el centro de control de enfermedades: “Esto, a su vez, es probable que conduzca a mayores tasas de hospitalización y muerte en todos los grupos de edad, pero particularmente para aquellos en grupos de mayor edad o con enfermedades adicionales. En consecuencia, se necesitan restricciones más estrictas para reducir la transmisión y aliviar la presión sobre los sistemas de salud. Por lo tanto, se considera que el impacto de la introducción y la difusión comunitaria es alto, y el riesgo general asociado con la introducción y propagación en la comunidad de variantes preocupantes se evalúa como alto/muy alto”.

La agencia europea cree que los Estados miembros deben “aumentar el nivel de vigilancia y secuenciación de una muestra representativa de casos comunitarios de la COVID-1”; deberían “preparar laboratorios para un mayor volumen de tests”; se requiere “una combinación de cumplimiento con medidas restrictivas más estrictas que las vigentes, y una detección de casos reforzada con rastreo de contactos”.

Además de las recomendaciones contra los viajes no esenciales y las restricciones de viaje para las personas infectadas, “deben mantenerse medidas de viaje como los tests y la cuarentena de los viajeros, en particular para los viajeros de áreas con una mayor incidencia de las nuevas variantes”.

Por lo tanto, “los Estados miembros deben preparar sus sistemas sanitarios para una mayor escalada de la demanda debido al aumento de la transmisibilidad de las nuevas variantes preocupantes” y deben “acelerar el ritmo de vacunación de los grupos de alto riesgo, como los ancianos y los trabajadores sanitarios”.

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El PSC confirma que Illa dimitirá como ministro la semana que viene para centrarse en la campaña catalana

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El PSC confirma que Illa dimitirá como ministro la semana que viene para centrarse en la campaña catalana

El ministro de Sanidad Salvador Illa dejará el ministerio la semana que viene, antes del inicio de la campaña electoral catalana y posiblemente antes de conocer si finalmente los comicios del 14F siguen adelante o no. Así lo ha anunciado este jueves el líder del PSC, Miquel Iceta, que ha asegurado que dejar la cartera ministerial antes del inicio de la carrera electoral era un compromiso que el candidato socialista suscribió cuando asumió el mandato de su partido, a finales de diciembre pasado. “El ministro se comprometió a dimitir antes de empezar la campaña, y mantendrá el compromiso”, ha afirmado Iceta en una comparencia en la que ha sido preguntado por la cuestión.

Las dudas sobre el futuro de Illa habían surgido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya anunciado que se da de plazo hasta el próximo 8 de febrero para decidir si mantiene las elecciones. Un calendario que se solapaba con la campaña y que obligaba al ministro a dejar sus responsabilidades en Sanidad antes de tener certeza sobre la celebración de los comicios. Por esta razón, se había especulado con que Illa podía esperar hasta conocer el fallo definitivo de los tribunales, algo que su partido ha descartado ahora.

El primer secretario del PSC ha asegurado además que el decreto con el que el Govern trató de suspender las elecciones “presentaba muchos interrogantes jurídicos”, por lo que ha indicado que “son los tribunales los que velan por que los procedimientos se ajusten a la legalidad”. En opinión de Iceta, sea cuál sea la decisión de la justicia, el Govern debe garantizar las condiciones de seguridad para el voto y mantener todos los trámites para llegar al día 14 de febrero en condiciones óptimas para celebrar los comicios.

Iceta además ha lamentando que no se atendiera la propuesta que su partido lanzó para aplazar las elecciones solo unas semanas, hasta mediados de marzo. “Queda de manifiesto que había otras fechas posibles que seguramente eran más congruentes con un aplazamiento técnico que no la anulación y la convocatoria de las elecciones dentro de unos meses”, ha indicado el dirigente socialista.

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