Conecta con Minuto5

Espectáculos

Podemos cabalga contradicciones en las políticas de Estado y batalla dentro de la coalición por las medidas sociales y económicas

Publicada

el

Podemos cabalga contradicciones en las políticas de Estado y batalla dentro de la coalición por las medidas sociales y económicas

Ni una semana, sin psicodrama en el Gobierno de coalición. Esta vez a causa de los desahucios y la inmigración. Antes fueron los alquileres, el SMI, el IMV, el “escudo social”, la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado o la estampida de Juan Carlos I a Emiratos Árabes por citar algunos de los ejemplos que han dado lugar a controversias entre el PSOE y Unidas Podemos.

Cuando Pablo Iglesias dijo hace cinco años aquello de que hacer política implica “asumir decisiones difíciles y cabalgar contradicciones” no sabía hasta qué punto iba a tener que sortear las incongruencias propias entre lo que se dice cuando uno es oposición y lo que sucede cuando forma parte de un Gobierno. No todo es posible ni tan sencillo y muchas de las decisiones dejan cicatrices en los partidos jóvenes, nada que no hayan vivido los viejas formaciones en las últimas décadas.

Que gobernar supone también hacer renuncias porque la política no es una foto fija, sino en constante movimiento ante la que no siempre se puede permanecer inmóvil, es algo que el partido de Pablo Iglesias tiene tan asumido a estas alturas como la fuerza de su proporcionalidad en escaños respecto al PSOE dentro del Gobierno. Más claro: 35 diputados no son 120 y quienes llevan las riendas de la coalición son los socialistas

No en vano en el acuerdo entre socialistas y morados que precedió a la investidura de Pedro Sánchez ambos buscaron limitar las fricciones en áreas que ya entonces se preveían especialmente sensibles, e Iglesias asumió que mientras los suyos tendrían responsabilidad e influencia sobre algunas carteras socioeconómicas, las llamadas políticas o ministerios de Estado recaerían única y exclusivamente sobre los socialistas, lo que obligaría a Unidas Podemos a asumir decisiones no siempre compartidas y que levantan recelos de sus votantes.

“Tenemos programa y ganas de cambiar las cosas, pero también somos conscientes de una realidad, y es que hay ministerios donde tradicionalmente se es más impermeable a cualquier renovación”, admite un dirigente de la formación morada, para quien Justicia, Interior o Exteriores son las áreas más “esclerotizadas del Estado y a las que resulta más complicado acceder”. 

Hay quien lo explica también sobre la base de la autonomía de la que gozan algunos cuerpos de funcionarios reticentes a los cambios y que ante un experimento novedoso como es un gobierno de coalición pueden poner más resistencia. Aluden a jueces, diplomáticos, abogados del Estado o técnicos comerciales, cuya renuencia a cualquier transformación “que afecte mínimamente al estatu quo les hace entrar en convulsión”. Una clara señal, en todo caso, de que se puede tener el gobierno pero no el poder y de que gobernar no siempre significa mandar, lo que obligará a los morados a redoblar el esfuerzo pedagógico ante sus votantes si no quiere acusarlo en las urnas.  

Lo ocurrido esta semana a cuenta de la enmienda que Podemos presentó con ERC y Bildu a los Presupuestos para exigir la prohibición de los desahucios hasta 2023 y la crisis migratoria en Canarias da una idea sobre qué pulsos pueden emprender los de Iglesias para presionar a sus socios y conseguir sacar adelante sus propuestas y qué posiciones, por el contrario, no pasarán del legítimo ejercicio de deslizar cierta crítica y marcar un perfil propio, pero no servirán jamás para modificar la estrategia del Gobierno.

El impacto de la discusión entre PSOE y Podemos sobre los desahucios provocó esta semana múltiples llamadas, declaraciones públicas y mensajes, además de un notable malestar entre los socialistas, que aún así eran conocedores de la posición de sus socios al respecto y de la presión ejercida durante meses para sacar adelante una cuestión de justicia en tiempos de pandemia y de especial vulnerabilidad de cientos de familias.

Sánchez e Iglesias habían hablado del asunto el viernes anterior durante el transcurso de un almuerzo en La Moncloa y el líder de Podemos no percibió en absoluto que el tema estuviera zanjado, pese a la negativa del Ministerio de Economía. Unidas Podemos entendió que debía intensificar la presión dentro y fuera del Ejecutivo para doblar el pulso a Nadia Calviño, con quien también algunos socialistas tienen roces. De ahí el texto mancomunado en el Parlamento con ERC y Bildu del que el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, informó a su homóloga socialista la noche anterior. Adriana Lastra acusó recibo, según versión de los morados, pero también avisó de que el PSOE no firmaría la enmienda y tampoco la aprobaría en los términos en que había sido escrita. Cuestión distinta es si avisó o no a La Moncloa de lo que se venía encima y del tsunami que podía provocar la enmienda de sus socios de gobierno. Ambos partidos

Socialistas y morados están convencidos de que el asunto, en todo caso, será resuelto y que se prorrogará la prohibición de ejecutar desahucios mientras dure la pandemia, tal y como pretende Iglesias. De momento, en la calle los lanzamientos siguen.

El modus operandi respecto a los temas sociales es siempre el mismo desde que arrancó la coalición. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactarán una transacción que ambos puedan vender ante la opinión pública en respuesta a una demanda a la que el electorado socialista no entendería que su Gobierno diera la espalda. 

La estrategia de provocar un “psicodrama político mediático” antes de alcanzar un acuerdo en el seno del Gobierno no es nueva y Podemos la ha activado, en respuesta a las reticencias de sus socios ante asuntos de especial sensibilidad social, en más ocasiones de lo que a sus dirigentes les hubiera gustado. “El objetivo –explican– no es buscar foco, sino presionar al PSOE con asuntos que están incluidos en el pacto de gobierno y que sin embargo se resisten a aceptar en el marco de las reuniones internas”. Ocurrió tras las semanas más crudas del confinamiento con la polémica sobre si bajo el estado de alarma se debía o no permitir a los niños salir a pasear acompañados de un menor. Sánchez lo había hablado con Iglesias, responsable de los asuntos sobre Infancia, durante el fin de semana. El presidente compareció ante los medios y emitió señales de que el Gobierno podría autorizar la salida de los menores, sin embargo el martes el Consejo de Ministros no lo autorizó y la portavoz María Jesús Montero se desmarcó de la medida. Ya por la tarde, y tras una acalorada disputa entre ministerios, Iglesias forzó la decisión tras escribir un tuit previo a la comparecencia del ministro de Sanidad, que forzó a Illa a asumir la decisión. 

Otro ejemplo más reciente fue con motivo de la limitación del precio de los alquileres en el marco de la negociación presupuestaria. Se trataba de un asunto tabú para el área económica y en Podemos sabían que era difícil que Calviño cambiara de actitud, después de varias semanas de negociación. Iglesias convocó al sindicato de alquileres en su despacho y, con posterioridad, Unidas Podemos se adhirió a un manifiesto firmado por ocho partidos que habían respaldado la investidura de Sánchez en el Congreso, lo que motivó que el PSOE se aviniera a una nueva negociación que protagonizaron esta vez la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que acabó en acuerdo. 

Y lo mismo ocurrió con los apoyos parlamentarios a los Presupuestos, después de que tras el verano el PSOE instalara en la opinión pública que Ciudadanos sería interlocutor preferente del Gobierno para sacar adelante las cuentas públicas. En aquella ocasión, tronaron en La Moncloa las palabras de Rafa Mayoral e Isa Serra, en rueda de prensa para anunciar que Unidas Podemos no estaría jamás en el apoyo a un Presupuesto pactado con los naranjas. Sánchez llamó entonces a Iglesias para manifestarle su enfado por aquellas declaraciones, si bien ambos quedaron en reunirse al lunes siguiente y salieron de la reunión con un pacto para que la elaboración del texto fuera mancomunado entre ambas formaciones y que el peso de la negociación lo llevarán María Jesús Montero por el PSOE y Nacho Álvarez por Podemos. Iglesias también impuso que  la ronda de consultas para buscar apoyos arrancara con los grupos parlamentarios que votaron “sí” a las investidura, seguidos de los de la abstención para acabar con los del “no”. El orden desplazaba a Ciudadanos a la penúltima posición y desde entonces dirigentes de Unidas Podemos intentan evitar a toda costa que Inés Arrimadas esté en la foto final de las cuentas públicas.

Son tres ejemplos, pero ha habido muchos más, de cómo Podemos libra determinados pulsos dentro y fuera del Gobierno para redoblar la presión sobre su socios y arrastrarlos al acuerdo. Casi todos tienen que ver con las áreas socioeconómicas, ya que en materias de Estado, como Interior, Justicia o Exteriores los de Iglesias saben de antemano que la batalla la tienen perdida. Se ha visto también esta semana con motivo de la crisis migratoria en Canarias y con la devoluciones en caliente de los inmigrantes en situación irregular avaladas por el Constitucional.

“El Gobierno tiene que establecer urgentemente un proceso de devolución que cumpla con los derechos humanos”, declaraba Ione Belarra en relación al régimen especial de las interceptaciones en las vallas de Ceuta y Melilla, para quien el Gobierno de España debe establecer “un proceso de devolución que cumpla con los los derechos humanos y permita identificar a niños y niñas, a mujeres víctimas de trata y a solicitantes de asilo”.

La coordinadora general de Podemos Canarias, Laura Fuentes, pedía además  la “inmediata dimisión” del ministro de Interior, Fernado Grande-Marlaska, por la salida el martes de 227 inmigrantes del campamento de Arguineguín (Gran Canaria) sin un lugar donde pernoctar o al que acudir. Fuentes afirmaba que se habían vulnerado los derechos humanos de estas personas y puesto en peligro la paz social con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que habían sido trasladados, al tiempo que calificaba  de “profundamente decepcionante” que un ministro de un gobierno progresista “juegue de esta forma con la dignidad de las personas migrantes”.  

La petición de dimisión de Marlaska no solo no había sido consensuada con la dirección federal de Unidas Podemos, sino que provocó un profundo malestar de Pablo Iglesias, pero su entorno atribuyó el comunicado de Canarias a la autonomía orgánica de las federaciones autonómicas. Aún así admiten que en Inmigración, un asunto de Estado pero muy sensible para el electorado de Unidas Podemos, su capacidad de influir en la estrategia del Gobierno es limitada, más allá de que pueda hacer pública su profunda discrepancia con las devoluciones en caliente, las avale o no el Constitucional, o con la manera en que Marlaska está gestionando la crisis canaria. 

Algo parecido sucedió cuando el Gobierno no hizo partícipe a Iglesias de la decisión del rey emérito, el pasado verano, de salir de España e instalarse en los Emiratos Árabes, después de que la Justicia suiza y española abrieran una investigación sobre su patrimonio y varias cuentas en el extranjero no declaradas al fisco español. Unidas Podemos provocó mucho ruido mediático, hizo ostentación pública de la discrepancia… y al final supuso el reconocimiento de que gobernar también supone cabalgar algunas contradicciones ante las que el único margen es remarcar las diferencias ideológicas.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Loading...

Espectáculos

El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Publicada

el

El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Han bastado tres síes para que el Gobierno de coalición se asegure sus primeros Presupuestos Generales, que sustituirán en 2021 los vigentes, arrastrados desde 2018 por la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo hasta ahora. Los 13 diputados de ERC, los seis del PNV y los cinco de EH Bildu le dan a PSOE y Unidas Podemos un mínimo de 179 votos en las definitivas votaciones del jueves de la semana que viene. Tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza que las cuentas públicas se aprueben y permite que el Ejecutivo culmine la negociación con el resto de grupos sin ninguna presión. 

El largo y proceloso camino que ha seguido hasta este punto no hacía prever la velocidad con la que se ha resuelto finalmente. El primer , el de EH Bildu el 11 de noviembre aceleró el proceso y, aunque debe ser ratificado por las bases este jueves, obligó al PNV a posicionarse rápido. Dos días después, comparecía su portavoz, Aitor Esteban, para informar de avances sustanciales en su negociación con el Gobierno. Unas conversaciones que han cuajado a lo largo del fin de semana y del lunes, y que han llevado a la formación jeltzale a confirmar este martes por la mañana su voto favorable, tras consignar otro paquete de enmiendas.

Apenas unas horas después era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anunciaba un “preacuerdo” con el Ejecutivo, que deberá ahora pasar por los órganos del partido catalán para una ratificación de la que nadie duda. Los síes previos habían abaratado mucho el respaldo a las cuentas del Gobierno. Los 155 diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (35), más los 11 de los dos partidos vascos, sumaban 166, a solo diez de la mayoría absoluta y con muchos partidos todavía pendientes de definir su posición. Si en la negociación parlamentaria apurar los plazos es sinónimo de lograr mejores resultados, esta vez se ha impuesto la lógica inversa.

Poco después de que Rufián abandonara la sala de prensa del Congreso, era su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, el que se subía al atril para presumir de los avances en la negociación con el Gobierno, entre ellos, la aceptación por parte del PSOE de su propuesta de una tarjeta sanitaria única en todo el territorio o enmiendas relativas a los autónomos o la baja remunerada para progenitores cuyos hijos estén en cuarentena. 

Inés Arrimadas se mantiene aferrada a la mesa de negociación a pesar de que los de Pedro Sánchez han dejado claro que no darán marcha atrás en la enmienda sobre la inmersión lingüística en la ley educativa, que era una de sus premisas para aprobar los presupuestos. Aún así, Bal ha asegurado que Sánchez aún tiene margen para pactar con Ciudadanos al declararse “incompatible” con ERC y EH Bildu. “ERC no tiene un acuerdo cerrado aún con el Gobierno, solo ha puesto condiciones. Nosotros vamos a trabajar para desbaratar esos acuerdos y que no se consumen”, expresó Bal. 

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confirman los acuerdos amarrados con los republicanos, que incluyen, entre otros asuntos, el fin del control de los gastos de la Generalitat que impuso Mariano Rajoy y la revisión del sistema fiscal –especialmente del impuesto de patrimonio para gravar a las grandes fortunas–. “Hay un acuerdo para revisar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la armonización fiscal” entre comunidades, señalan en Hacienda. 

El de ERC ha provocado en Junts la reacción contraria a lo que ha ocurrido entre Bildu y el PNV en Euskadi, aunque en ese caso el Gobierno ha reiterado que son los nacionalistas vascos su “socio preferente” para toda la legislatura mientras hacen equilibrios para “normalizar” a la izquierda abertzale sin dar por cerrado un acuerdo ante la polémica suscitada por el acercamiento. La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha criticado a sus socios de Gobierno en la Generalitat por “conseguir lo que ya era de los catalanes”, en referencia a recuperar el control sobre los gastos. “Hay un mientras tanto entre tus objetivos, fines y sueños y ese mientras tanto hay que gestionarlo –se ha defendido Rufián–. Eso no nos hace menos independentistas, simplemente nos hace más útiles. Hay muy poco margen para la magia hoy en día”. 

A la parte socialista del Gobierno le ha servido tener la disposición de Ciudadanos, así como del PDeCAT, que ha recuperado autonomía parlamentaria tras la ruptura con Carles Puigdemont, para allanar la negociación con el resto de aliados de la investidura, aunque en las últimas semanas ya se les había recolocado como socios preferentes en al negociación en buena medida por la presión de Pablo Iglesias –en un sector del PSOE también optaban por esa vía para garantizar estabilidad al bloque el resto de la legislatura–. No obstante, la negociación con Arrimadas sigue en marcha y la intención de Moncloa es sumar al mayor número de grupos posible. 

Con la mayoría absoluta en la mano, el Gobierno busca ahora cerrar las negociaciones con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque el precio que tendrá que pagar para conseguir los síes, que se dan por hecho salvo sorpresa, se ha reducido notablemente. Desde Más País apuntan a que todavía están “hablando con el Ejecutivo”. Sus dos diputados han planteado reclamaciones en el ámbito verde y también un fondo para ayudar a empresas a instaurar la semana laboral de cuatro días, entre otras enmiendas.

Otros dos apoyos que se dan por hecho son los del PRC, donde aseguran que todavía tienen “flecos pendientes” para garantizar el ; y el de Nueva Canarias, que ha cerrado una enmienda para insuflar 30 millones de euros a la “lucha contra la pobreza” en el archipiélago.

En Teruel Existe todavía no han tomado una decisión final. “Hemos presentado una serie de enmiendas sobre despoblación, como la creación de un plan estatal para la reactivación del medio rural en el que se contemplen todas las partidas destinadas a la España vaciada”, apuntan desde la agrupación electoral, que reconoce que el acuerdo de investidura está más o menos incluido al completo.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Espectáculos

El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

Publicada

el

El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.

Así, GREVIO destaca “la sólida agenda” de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y “su papel pionero” al adoptar en 2004 una ley integral sobre violencia infligida por la pareja que incorpora una aproximación centrada en la víctima y en la naturaleza de género de este tipo de violencias. El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.

El grupo del Consejo de Europa también saluda que “la ley se haya complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja”, explica el informe.

GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.

“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.

Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.

En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.

En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.

“El Código Penal se ha sometido y sigue sometiéndose a revisión para adaptarlo a los requisitos del Convenio de Estambul”, afirma el informe: “Sin embargo, en relación a los procesos por agresión sexual y violación, se identificaron varios factores que impactan negativamente en las experiencias de las mujeres víctimas con el sector de la justicia penal. La duración de los procedimientos, la exclusión del uso de pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral muy alto para probar la violación en los tribunales pueden fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.

“A pesar de la disponibilidad de medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica”, continúa GREVIO, “las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y amplios derechos de visita que se otorgan a los perpetradores condenados, y los regímenes de visitas frecuentemente ordenados o mantenidos a pesar de evidencia de violencia y abuso proporcionados por los propios niños o profesionales. El personal de los puntos de encuentro familiar, así como los jueces, a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer la dinámica de género de la violencia de pareja íntima, así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y las visitas de padres violentos para continuar con el abuso”.

Si bien GREVIO aplaude “los esfuerzos realizados en la implementación del Convenio de Estambul”, identifica una serie de “cuestiones prioritarias que requieren una mayor acción” por parte de las autoridades españolas: “Fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional”; “asegurar la asignación adecuada de recursos y su uso por las autoridades regionales, así como desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de apoyo”; “reforzar los esfuerzos de formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial”; “mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente”; “reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina”; y “garantizar la seguridad de las víctimas” con órdenes de protección que sean “debidamente emitidas por el poder judicial y respetadas por los perpetradores”.

Otra preocupación que presenta el informe de GREVIO tiene que ver con la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas. GREVIO señala que dichos procedimientos “tienden a favorecer al postor más bajo, lo que a veces resulta en que los contratos públicos se atribuyan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a víctimas de violencia. Hay preocupación en torno el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas”.

“En algunas regiones”, explica el informe, “este problema se ha resuelto regulando la prestación de servicios por entidades sin ánimo de lucro (País Vasco), lo que GREVIO agradece. Sin embargo, representantes de la sociedad civil en otras regiones del país han facilitado información preocupante sobre sus precarias condiciones laborales y de financiación. La reforma a la ley de licitaciones públicas ahora permite que los procedimientos de contratación pública requieran que los licitadores basen su prestación de servicios en un enfoque de género, pero esta reforma aún no ha desarrollado todo su potencial”.

En este sentido, GREVIO “señala la necesidad de garantizar que todos los proveedores de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres operen y respeten los estándares mínimos esenciales que han sido desarrollados por el movimiento de mujeres y han sido revisados ​​exhaustivamente en las publicaciones del Consejo de Europa”. Además, el organismo “recuerda que el apoyo y la asistencia óptimos para las víctimas, atendidos a sus necesidades específicas, están mejor garantizados por personal especializado y experimentado con un conocimiento profundo de la violencia de género”.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Espectáculos

La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

Publicada

el

La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

La pandemia de coronavirus no solo impactó en las víctimas de violencia de género durante el confinamiento estricto en los hogares de los primeros meses. Aún no conocemos todos los efectos de una situación sin precedentes como esta y lo más probable es que se alarguen en el tiempo, pero hay algo de lo que ya advierten las expertas y que las asociaciones comienzan a identificar: la parte económica de la crisis que estamos viviendo -la pérdida de empleo, los ERTE, las reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados- está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, lo que inevitablemente acaba entorpeciendo su proceso de toma de decisiones y dificultando su salida de hogares violentos.

No es algo abstracto. Varias organizaciones con servicios de atención y asesoramiento a víctimas están detectando estos meses una subida de la asistencia a mujeres en estas circunstancias: desempleadas, trabajadoras a las que se les ha recortado el sueldo, en ERTE o bien directamente sin contrato y despedidas sin derecho a paro. “La dependencia económica es uno de los factores de riesgo para que la violencia se perpetúe, más allá del plano psicológico y emocional… Y esto es algo que se está acrecentando con la pandemia porque salir de casa y empezar una nueva vida siempre es difícil, pero mucho más con la situación actual de precariedad y esta perspectiva de futuro”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

A su asociación cada vez llaman más mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas y están atravesando situaciones “muy complicadas” económicamente. “Llaman preguntando qué pueden hacer. Nosotras les informamos de los recursos y de las posibilidades. Una de las alternativas es ir a una casa de acogida durante un tiempo, pero claro la pregunta que nos hacen siempre es ‘¿y después qué?’ El futuro es incierto para todo el mundo, pero para estas mujeres implica además seguir soportando situaciones de violencia y es muy grave; nos preocupa mucho”, prosigue la experta.

Ya de por sí las mujeres en España acumulan más paro, más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y brecha salarial, pero el riesgo de que la COVID ahonde en ello preocupa a las expertas y también a las propias mujeres. Un informe reciente de la aseguradora internacional Axa muestra una inquietud generalizada entre las mujeres ante los efectos de la crisis económica en sus vidas: en el caso de nuestro país hasta el 32% de las mujeres temen perder independencia económica, nueve puntos más que la media internacional. El 53% temen incluso volver a ser dependientes económicamente. Las españolas son las más pesimistas de toda la muestra internacional sobre sus perspectivas laborales después de la pandemia.

Es algo de lo que tienen evidencias también en la Federación de Mujeres Progresistas, y muy específicamente en su servicio de orientación sociolaboral y económica para víctimas de violencia machista. Nines Jordán, psicóloga y coordinadora del servicio, explica que, durante este año, el número de mujeres que se han apuntado al programa se ha casi doblado respecto a 2019. Y eso incluso con algunos meses de paralización. “Lo que se da es un miedo a la pobreza, y es un miedo real, porque salen y en muchos casos se encuentran sin trabajo y sin vivienda”, ilustra la experta, que advierte además sobre el riesgo de que mujeres supervivientes vuelvan a los hogares que abandonaron: “En nuestro servicio muchas ya no conviven con el agresor y hay que poner el foco en esto porque el verse desprotegidas y sin absolutamente nada puede incentivarlas a regresar”.

Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, confirma que, más allá del aumento de la violencia de género durante los confinamientos y las consecuencias posteriores, la preocupación está en “los efectos colaterales” que se darán también en el medio y largo plazo. Uno de esos efectos, confirma, es que la fuerte crisis derivada de la pandemia afecte a la independencia económica de las mujeres. “Estos meses hemos hablado de la violencia machista y de los cuidados y el empleo, pero no hemos hecho la suficiente vinculación entre las dos cosas. Es lo que tienen que hacer ahora los gobiernos, pensar políticas y programas que enlacen violencia machista y mercado laboral”, dice Bhatia. De no ser así, alerta, el impacto irá más allá de dos o tres meses, sino que será “a muy largo plazo”.

Lo mismo reivindica Mariti Pereira, que reclama una reformulación en este sentido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de “darles alternativas más materiales en un momento como este”. La experta denuncia, además, la burocratización de los procedimientos para acceder a ayudas de emergencia y otras prestaciones destinadas específicamente a estas mujeres. “Muchas personas están en una situación económica grave, pero debemos visibilizar que en las colas del hambre y en los desahucios hay víctimas de violencia de género. Viven una emergencia económica y social, pero también de vida. Nos estamos perdiendo en una burocracia y un peregrinaje que desespera a cualquiera, pero imagínate a una mujer que tiene que salir de su casa”, lamenta.

No es algo que denuncien solo las organizaciones especializadas en violencia de género, sino que en los últimos días otras ONG como Ayuda en Acción o Cáritas han advertido de un “agravamiento de las dificultades económicas” relacionado con la pérdida de ingresos, el desempleo o la “imposibilidad de acceso a ayudas sociales”, especifica Cáritas en una nota de prensa con motivo del 25N. Algo que ha conllevado un aumento “importante” de las demandas de mujeres víctimas en lo que se refiere a “ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda o pago de suministros, entre otras”.

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres menciona algunas de las evidencias que el organismo ya ha constatado en estos meses. Por ejemplo, que la carga de trabajo de cuidados no pagado ha aumentado significativamente y que son las mujeres las que siguen encargándose de ello mayoritariamente. Y que, como consecuencia, ya se detecta el abandono de muchas mujeres del mercado laboral –total o parcialmente– para poder hacerse cargo de los cuidados en tiempo de pandemia. “Eso significa que muchas mujeres van a salir ya del mercado formal de manera permanente o que al menos sus posibilidades laborales y económicas van a verse significativamente alteradas”, apunta Bhatia, que señala las carencias de infraestructuras de cuidados como un problema de fondo.

El ejemplo internacional es EEUU, donde, solo en septiembre, 617.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral, ocho veces más que los hombres. Pero la preocupación recorre todos los países. El proyecto We Go de la Unión Europea ha señalado la independencia económica como un “elemento crucial” que puede animar o desincentivar la denuncia de la violencia que se sufre. Aunque la violencia machista es ejercida por hombres de todos los perfiles socioeconómicos y afecta igualmente a las mujeres, el estudio muestra como los niveles bajos de independencia económica hacen que, de media, las mujeres permanezcan más tiempo en relaciones abusivas.

A las dificultades de conciliación apunta también Jordán desde la Federación de Mujeres Progresistas, que pone el foco en la “especial situación” que atraviesan las víctimas que tienen hijos e hijas a la hora de decidir abandonar sus hogares. “Ya no es solo que estas mujeres tomen la decisión por ellas mismas, es que no se van solas y los niños dependen de ellas. Si no tienen trabajo ni alternativa habitacional, se complica muchísimo”, lamenta. Pero, además, la falta de medidas para conciliar vida personal y familiar “dificulta su incorporación al mercado laboral”, que al mismo tiempo está, en muchas ocasiones, relacionado con “la falta de redes de apoyo después de que el agresor se haya encargado de aislarla”.

Según el proyecto We Go, el 71% de las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia mencionaron el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar. En su informe anual de cara al 25N, UGT pone de manifiesto estos datos para reclamar que la inserción laboral de las mujeres que sufran violencia de género esté garantizada de forma efectiva. Actualmente, denuncia el sindicato, las medidas son insuficientes y no abordan con la importancia que mereciera la relación entre empleo y violencia de género.

Por el momento, los datos sobre denuncias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a un descenso considerable. El efecto se ha extendido más allá de los meses del confinamiento domiciliario estricto y entre mayo y junio bajaron un 14,62% respecto al mismo trimestre de 2019, la mayor caída interanual de la serie histórica. No obstante, la situación sigue siendo a día de hoy incomparable con cualquier otro mes normal porque aunque no haya encierro obligatorio en las casas, sí hay toque de queda, cierres perimetrales y un escenario general “que puede estar desincentivando la denuncia”, advierte Pereira. Con todo, y aunque es pronto para establecer paralelismos, la crisis económica anterior también se saldó con una caída pronunciada de las denuncias, que subieron hasta 2008 para bajar los años siguientes y volver a remontar a partir de 2015.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Publicidad
...

Facebook

Destacado