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Llega la reforma de las pensiones: estos son los cambios que ya ha adelantado el Gobierno

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Llega la reforma de las pensiones: estos son los cambios que ya ha adelantado el Gobierno

La promesa del Gobierno de reformar el sistema de pensiones se concretará en breve en la negociación para sacarla adelante. Tras el amplio acuerdo político alcanzado en el Congreso, con el aval a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, el Ejecutivo ahora tiene que levantar sus cartas sobre qué quiere hacer realmente y cómo pretende modificar el sistema de pensiones. El siguiente paso consiste en debatir sus planes en el seno del diálogo social, con los sindicatos y las patronales mayoritarias, de las que el Gobierno quiere obtener también el respaldo para legislar. El ministro José Luis Escrivá ya ha ido adelantando sus intenciones, entre las que figuran una fórmula de revalorización según el IPC que impida que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y el fomento del retraso de la jubilación mediante incentivos.

Aunque con prudencia, y sin desvelar la letra pequeña, el responsable de la Seguridad Social ha explicado en varias intervenciones y entrevistas algunos de sus planes para la futura reforma de las pensiones en España, que según el ministro garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España para hacer frente en los próximos años a retos como el aumento de jubilaciones de la generación del ‘baby boom’. Uno de los retos también pasará por convencer a Unidas Podemos, socia del Gobierno, de algunas medidas que la formación no comparte, como el fomento de los planes complementarios de pensiones, endurecer la jubilación anticipada y un posible aumento del periodo de cálculo para la pensión.

A continuación, se resumen algunas de las modificaciones que ya ha avanzado Escrivá y que negociará con los agentes sociales:

La subida de las pensiones según el IPC ha sido una de las principales reclamaciones de los movimientos de pensionistas frente al vigente mecanismo de revalorización, que aprobó el Gobierno del PP sin consenso en 2013, y que se conoce popularmente como el del “0,25%”, ya que ante una situación de déficit del sistema como el actual provoca subidas anuales de esa cantidad. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a recuperar el IPC como indicador para la revalorización de las pensiones y ahora llega el momento de plasmarlo en una ley. El Pacto de Toledo recoge esta medida, la revalorización “en base al IPC real”.

José Luis Escrivá ha afirmando que presentará una fórmula para ello por la que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, pero las dudas están en cómo será exactamente este mecanismo. El ministro ha afirmado que es posible que se tome en consideración, en lugar del IPC año a año (que a veces puede ser positivo o negativo), el IPC en varios ejercicios, por un periodo no muy largo. “En períodos suficientemente acotados de tiempo”, afirmó en una entrevista en elDiario.es. La Comisión Europea ha advertido a España de que esta medida puede afectar a la “sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.

El Pacto de Toledo reconoce en sus recomendaciones la existencia de “gastos impropios” que han mermado las cuentas de la Seguridad Social durante años con partidas que no son contributivas y se han pagado con las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores y las empresas. Los partidos han acordado que estas partidas deben pasar a sufragarse mediante los Presupuestos, para acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023.

El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo este traspaso, que ha comenzado a plasmar ya en el proyecto de Presupuestos de 2021, con un traspaso de 14.000 millones de euros, que se seguirá aumentando en los próximos años. Escrivá ha cifrado el total de gastos impropios en unos 23.000 millones de euros en 2023.

Dentro de la reforma de las pensiones se suele incluir la modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que pasen del sistema voluntario actual a uno en función de sus ingresos reales. En la actualidad, el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima a la que tiene acceso, lo que provoca que cobren prestaciones limitadas, ya que se calculan según la cantidad por la que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social.

El Ministerio ya ha comenzado la negociación de este nuevo sistema con los colectivos de autónomos, al que se opone sobre todo ATA, la organización dentro de la CEOE, que admite las rebajas en la cotización de los trabajadores que menos ganan, pero no el aumento de los que más ingresan. Con la intención de implementar el nuevo sistema en 2021, aún las conversaciones están en fase inicial. La propuesta inicial de Escrivá dejaría a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior. Por el momento, el Ministerio no está incluyendo en los cambios a los autónomos societarios, algo sobre lo que se han posicionado en contra los líderes de CCOO y UATAE.

El Gobierno pretende fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral de los trabajadores más allá de la edad de jubilación. El ministro ha destacado que los incentivos que existen en España actualmente son limitados y apenas se conoce. Por ejemplo, las bonificaciones anuales medias por retrasar la jubilación en España son del 3,2%, inferiores a muchos de nuestros vecinos europeos, como Francia (5%), Alemania (6%) y Reino Unido (10,4%), explicó el ministro Escrivá en el Congreso.

Los planes del ministro incluyen varias acciones: ampliar los incentivos que ya existen y publicitarlos para que la gente los conozca y, además, aprobar algunos nuevos. Entre las alternativas que se estudian figura un “cheque”, una cantidad a tanto alzado (que se paga de una sola vez), para aquellas personas que opten por retrasar la jubilación, como publicó El País. José Luis Escrivá ha afirmado que, según encuestas internas con las que está trabajando la Seguridad Social, muchas personas estarían dispuestas a prolongar sus carreras a cambio de esta opción de recibir todo el incentivo de golpe.

El Pacto de Toledo ha puesto un pero a este retraso voluntario de la jubilación: que el Gobierno vele para que no sea la opción a la que se acojan finalmente personas con pensiones muy bajas, para optar a ingresos suficientes en un futuro.

El ministro ha anunciado que pretende revisar los actuales desincentivos a la jubilación anticipada voluntaria, centrándose sobre todo en endurecer más las penalizaciones en las pensiones más altas. En cualquier caso, será de aplicación “muy gradual”, ha asegurado. Escrivá considera que el actual sistema es injusto ya que aunque formalmente el coeficiente de reducción anual es del 8%, “‘de facto’ para muchas personas es del 2 o 3%”, ha destacado. Esto es así porque la reducción se aplica sobre la base de cotización y no sobre la cuantía de pensión, de manera que hay personas con salarios altos a las que se le aplica el coeficiente reductor y no les afecta mucho porque está muy por encima de la pensión máxima.

Los sindicatos han mostrado sus recelos a esta opción y recuerdan que muchas personas se jubilan de manera anticipada aparentemente de forma voluntaria, pero en realidad es consecuencia de haberse quedado en paro al final de su vida laboral. Sobre reformar las penalizaciones para las pensiones altas, recuerdan que esas personas ya tienen una penalización cuando la pensión máxima está por debajo de salarios altos por los que han cotizado. La base máxima de cotización en el Régimen General está fijada en los 4.070 euros mensuales y la pensión máxima en los 2.683 euros mensuales.

Escrivá también ha puesto en el punto de mira las prejubilaciones pactadas entre empresas y sindicatos en procesos de reestructuración como los ERE. “Aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que intentar otros métodos de política económica”, ha afirmado el responsable de la Seguridad Social, que considera que estas salidas anticipadas del mercado laboral, en las que trabajadores de avanzada edad dejan sus puestos con condiciones pactadas a la espera de una jubilación próxima, sobrecargan el sistema público de pensiones. Escrivá ha defendido que hay que buscar “alternativas” en la mesa de diálogo social, en una materia que está muy vinculada con las competencias del Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz.

El Pacto de Toledo recomienda “valorar” medidas que, con carácter excepcional, permita a personas con carreras laborales muy largas “descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario” para la pensión o que se permita “escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo”. El ministro ha afirmado que el Gobierno tiene que hacer cálculos “muy finos” para presentar su propuesta.

“El Pacto de Toledo nos está recomendando que hagamos un análisis fino e intentemos buscar alguna solución para circunstancias particulares, que las hay, de mucha inequidad porque han cotizado muchísimo tiempo y tienen que esperar excesivamente para jubilarse”, ha sostenido Escrivá.

El ministro anunció en el Senado que el Gobierno facilitará el acceso a las jubilaciones anticipadas a los trabajadores con una discapacidad alta, a partir del 45%. José Luis Escrivá aseguró dará “prioridad” a esta cuestión y tachó de “inaceptables” –por muy reducidas– las actuales cifras de personas que se acogen a esta opción de retiro anticipado. “Entre las prioridades normativas que vamos a tener va a ser abordar este problema, porque esto no es aceptable”, respondió a una pregunta del PNV.

En la actualidad, como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2011, cada año se amplía el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. La legislación hará que en 2022 el periodo de referencia sea de 25 años. El ministro de la Seguridad Social se ha mostrado dispuesto a valorar una ampliación.

“A partir de ahí, existe la posibilidad de seguir ampliando ese período. Esto fundamentalmente lo que pretende es hacer más contributivo el sistema y más equitativo. Pero en esa búsqueda de equidad, si vamos ampliando el período más allá de 25 años, se hace más relevante identificar lo que llamamos ‘huecos’, es decir, situaciones en las cuales una persona no ha cotizado por distintas circunstancias y que, por tanto, pueda descartar en el cálculo de su pensión aquellos peores años que ha tenido. Es un mecanismo que estamos explorando, tenemos que ver cómo lo calibramos, que va aparejado a una visión de ampliación progresiva del período”, afirmó en elDiario.es.

El Gobierno se propone incentivar los planes de pensiones de empleo, para los que ya ha aumentado las desgravaciones fiscales en los Presupuestos de 2021, mientras que ha reducido las de los planes de pensiones individuales. El fomento de estos planes de pensiones colectivos contará además con la herramienta de un fondo público de pensiones, que el Ejecutivo se propone crear en el plazo de un año y que buscará facilitar la contratación de este complemento a la pensión pública, según ha expresado Escrivá, que se está planteando fórmulas de adscripción automática de los trabajadores. El ministro ha afirmado que el objetivo es que este tipo de planes alcance a la mitad de los trabajadores en España. En la actualidad, lo tienen “uno de cada seis trabajadores”, apuntó.

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Han bastado tres síes para que el Gobierno de coalición se asegure sus primeros Presupuestos Generales, que sustituirán en 2021 los vigentes, arrastrados desde 2018 por la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo hasta ahora. Los 13 diputados de ERC, los seis del PNV y los cinco de EH Bildu le dan a PSOE y Unidas Podemos un mínimo de 179 votos en las definitivas votaciones del jueves de la semana que viene. Tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza que las cuentas públicas se aprueben y permite que el Ejecutivo culmine la negociación con el resto de grupos sin ninguna presión. 

El largo y proceloso camino que ha seguido hasta este punto no hacía prever la velocidad con la que se ha resuelto finalmente. El primer , el de EH Bildu el 11 de noviembre aceleró el proceso y, aunque debe ser ratificado por las bases este jueves, obligó al PNV a posicionarse rápido. Dos días después, comparecía su portavoz, Aitor Esteban, para informar de avances sustanciales en su negociación con el Gobierno. Unas conversaciones que han cuajado a lo largo del fin de semana y del lunes, y que han llevado a la formación jeltzale a confirmar este martes por la mañana su voto favorable, tras consignar otro paquete de enmiendas.

Apenas unas horas después era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anunciaba un “preacuerdo” con el Ejecutivo, que deberá ahora pasar por los órganos del partido catalán para una ratificación de la que nadie duda. Los síes previos habían abaratado mucho el respaldo a las cuentas del Gobierno. Los 155 diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (35), más los 11 de los dos partidos vascos, sumaban 166, a solo diez de la mayoría absoluta y con muchos partidos todavía pendientes de definir su posición. Si en la negociación parlamentaria apurar los plazos es sinónimo de lograr mejores resultados, esta vez se ha impuesto la lógica inversa.

Poco después de que Rufián abandonara la sala de prensa del Congreso, era su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, el que se subía al atril para presumir de los avances en la negociación con el Gobierno, entre ellos, la aceptación por parte del PSOE de su propuesta de una tarjeta sanitaria única en todo el territorio o enmiendas relativas a los autónomos o la baja remunerada para progenitores cuyos hijos estén en cuarentena. 

Inés Arrimadas se mantiene aferrada a la mesa de negociación a pesar de que los de Pedro Sánchez han dejado claro que no darán marcha atrás en la enmienda sobre la inmersión lingüística en la ley educativa, que era una de sus premisas para aprobar los presupuestos. Aún así, Bal ha asegurado que Sánchez aún tiene margen para pactar con Ciudadanos al declararse “incompatible” con ERC y EH Bildu. “ERC no tiene un acuerdo cerrado aún con el Gobierno, solo ha puesto condiciones. Nosotros vamos a trabajar para desbaratar esos acuerdos y que no se consumen”, expresó Bal. 

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confirman los acuerdos amarrados con los republicanos, que incluyen, entre otros asuntos, el fin del control de los gastos de la Generalitat que impuso Mariano Rajoy y la revisión del sistema fiscal –especialmente del impuesto de patrimonio para gravar a las grandes fortunas–. “Hay un acuerdo para revisar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la armonización fiscal” entre comunidades, señalan en Hacienda. 

El de ERC ha provocado en Junts la reacción contraria a lo que ha ocurrido entre Bildu y el PNV en Euskadi, aunque en ese caso el Gobierno ha reiterado que son los nacionalistas vascos su “socio preferente” para toda la legislatura mientras hacen equilibrios para “normalizar” a la izquierda abertzale sin dar por cerrado un acuerdo ante la polémica suscitada por el acercamiento. La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha criticado a sus socios de Gobierno en la Generalitat por “conseguir lo que ya era de los catalanes”, en referencia a recuperar el control sobre los gastos. “Hay un mientras tanto entre tus objetivos, fines y sueños y ese mientras tanto hay que gestionarlo –se ha defendido Rufián–. Eso no nos hace menos independentistas, simplemente nos hace más útiles. Hay muy poco margen para la magia hoy en día”. 

A la parte socialista del Gobierno le ha servido tener la disposición de Ciudadanos, así como del PDeCAT, que ha recuperado autonomía parlamentaria tras la ruptura con Carles Puigdemont, para allanar la negociación con el resto de aliados de la investidura, aunque en las últimas semanas ya se les había recolocado como socios preferentes en al negociación en buena medida por la presión de Pablo Iglesias –en un sector del PSOE también optaban por esa vía para garantizar estabilidad al bloque el resto de la legislatura–. No obstante, la negociación con Arrimadas sigue en marcha y la intención de Moncloa es sumar al mayor número de grupos posible. 

Con la mayoría absoluta en la mano, el Gobierno busca ahora cerrar las negociaciones con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque el precio que tendrá que pagar para conseguir los síes, que se dan por hecho salvo sorpresa, se ha reducido notablemente. Desde Más País apuntan a que todavía están “hablando con el Ejecutivo”. Sus dos diputados han planteado reclamaciones en el ámbito verde y también un fondo para ayudar a empresas a instaurar la semana laboral de cuatro días, entre otras enmiendas.

Otros dos apoyos que se dan por hecho son los del PRC, donde aseguran que todavía tienen “flecos pendientes” para garantizar el ; y el de Nueva Canarias, que ha cerrado una enmienda para insuflar 30 millones de euros a la “lucha contra la pobreza” en el archipiélago.

En Teruel Existe todavía no han tomado una decisión final. “Hemos presentado una serie de enmiendas sobre despoblación, como la creación de un plan estatal para la reactivación del medio rural en el que se contemplen todas las partidas destinadas a la España vaciada”, apuntan desde la agrupación electoral, que reconoce que el acuerdo de investidura está más o menos incluido al completo.

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.

Así, GREVIO destaca “la sólida agenda” de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y “su papel pionero” al adoptar en 2004 una ley integral sobre violencia infligida por la pareja que incorpora una aproximación centrada en la víctima y en la naturaleza de género de este tipo de violencias. El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.

El grupo del Consejo de Europa también saluda que “la ley se haya complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja”, explica el informe.

GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.

“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.

Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.

En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.

En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.

“El Código Penal se ha sometido y sigue sometiéndose a revisión para adaptarlo a los requisitos del Convenio de Estambul”, afirma el informe: “Sin embargo, en relación a los procesos por agresión sexual y violación, se identificaron varios factores que impactan negativamente en las experiencias de las mujeres víctimas con el sector de la justicia penal. La duración de los procedimientos, la exclusión del uso de pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral muy alto para probar la violación en los tribunales pueden fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.

“A pesar de la disponibilidad de medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica”, continúa GREVIO, “las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y amplios derechos de visita que se otorgan a los perpetradores condenados, y los regímenes de visitas frecuentemente ordenados o mantenidos a pesar de evidencia de violencia y abuso proporcionados por los propios niños o profesionales. El personal de los puntos de encuentro familiar, así como los jueces, a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer la dinámica de género de la violencia de pareja íntima, así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y las visitas de padres violentos para continuar con el abuso”.

Si bien GREVIO aplaude “los esfuerzos realizados en la implementación del Convenio de Estambul”, identifica una serie de “cuestiones prioritarias que requieren una mayor acción” por parte de las autoridades españolas: “Fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional”; “asegurar la asignación adecuada de recursos y su uso por las autoridades regionales, así como desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de apoyo”; “reforzar los esfuerzos de formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial”; “mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente”; “reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina”; y “garantizar la seguridad de las víctimas” con órdenes de protección que sean “debidamente emitidas por el poder judicial y respetadas por los perpetradores”.

Otra preocupación que presenta el informe de GREVIO tiene que ver con la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas. GREVIO señala que dichos procedimientos “tienden a favorecer al postor más bajo, lo que a veces resulta en que los contratos públicos se atribuyan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a víctimas de violencia. Hay preocupación en torno el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas”.

“En algunas regiones”, explica el informe, “este problema se ha resuelto regulando la prestación de servicios por entidades sin ánimo de lucro (País Vasco), lo que GREVIO agradece. Sin embargo, representantes de la sociedad civil en otras regiones del país han facilitado información preocupante sobre sus precarias condiciones laborales y de financiación. La reforma a la ley de licitaciones públicas ahora permite que los procedimientos de contratación pública requieran que los licitadores basen su prestación de servicios en un enfoque de género, pero esta reforma aún no ha desarrollado todo su potencial”.

En este sentido, GREVIO “señala la necesidad de garantizar que todos los proveedores de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres operen y respeten los estándares mínimos esenciales que han sido desarrollados por el movimiento de mujeres y han sido revisados ​​exhaustivamente en las publicaciones del Consejo de Europa”. Además, el organismo “recuerda que el apoyo y la asistencia óptimos para las víctimas, atendidos a sus necesidades específicas, están mejor garantizados por personal especializado y experimentado con un conocimiento profundo de la violencia de género”.

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

La pandemia de coronavirus no solo impactó en las víctimas de violencia de género durante el confinamiento estricto en los hogares de los primeros meses. Aún no conocemos todos los efectos de una situación sin precedentes como esta y lo más probable es que se alarguen en el tiempo, pero hay algo de lo que ya advierten las expertas y que las asociaciones comienzan a identificar: la parte económica de la crisis que estamos viviendo -la pérdida de empleo, los ERTE, las reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados- está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, lo que inevitablemente acaba entorpeciendo su proceso de toma de decisiones y dificultando su salida de hogares violentos.

No es algo abstracto. Varias organizaciones con servicios de atención y asesoramiento a víctimas están detectando estos meses una subida de la asistencia a mujeres en estas circunstancias: desempleadas, trabajadoras a las que se les ha recortado el sueldo, en ERTE o bien directamente sin contrato y despedidas sin derecho a paro. “La dependencia económica es uno de los factores de riesgo para que la violencia se perpetúe, más allá del plano psicológico y emocional… Y esto es algo que se está acrecentando con la pandemia porque salir de casa y empezar una nueva vida siempre es difícil, pero mucho más con la situación actual de precariedad y esta perspectiva de futuro”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

A su asociación cada vez llaman más mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas y están atravesando situaciones “muy complicadas” económicamente. “Llaman preguntando qué pueden hacer. Nosotras les informamos de los recursos y de las posibilidades. Una de las alternativas es ir a una casa de acogida durante un tiempo, pero claro la pregunta que nos hacen siempre es ‘¿y después qué?’ El futuro es incierto para todo el mundo, pero para estas mujeres implica además seguir soportando situaciones de violencia y es muy grave; nos preocupa mucho”, prosigue la experta.

Ya de por sí las mujeres en España acumulan más paro, más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y brecha salarial, pero el riesgo de que la COVID ahonde en ello preocupa a las expertas y también a las propias mujeres. Un informe reciente de la aseguradora internacional Axa muestra una inquietud generalizada entre las mujeres ante los efectos de la crisis económica en sus vidas: en el caso de nuestro país hasta el 32% de las mujeres temen perder independencia económica, nueve puntos más que la media internacional. El 53% temen incluso volver a ser dependientes económicamente. Las españolas son las más pesimistas de toda la muestra internacional sobre sus perspectivas laborales después de la pandemia.

Es algo de lo que tienen evidencias también en la Federación de Mujeres Progresistas, y muy específicamente en su servicio de orientación sociolaboral y económica para víctimas de violencia machista. Nines Jordán, psicóloga y coordinadora del servicio, explica que, durante este año, el número de mujeres que se han apuntado al programa se ha casi doblado respecto a 2019. Y eso incluso con algunos meses de paralización. “Lo que se da es un miedo a la pobreza, y es un miedo real, porque salen y en muchos casos se encuentran sin trabajo y sin vivienda”, ilustra la experta, que advierte además sobre el riesgo de que mujeres supervivientes vuelvan a los hogares que abandonaron: “En nuestro servicio muchas ya no conviven con el agresor y hay que poner el foco en esto porque el verse desprotegidas y sin absolutamente nada puede incentivarlas a regresar”.

Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, confirma que, más allá del aumento de la violencia de género durante los confinamientos y las consecuencias posteriores, la preocupación está en “los efectos colaterales” que se darán también en el medio y largo plazo. Uno de esos efectos, confirma, es que la fuerte crisis derivada de la pandemia afecte a la independencia económica de las mujeres. “Estos meses hemos hablado de la violencia machista y de los cuidados y el empleo, pero no hemos hecho la suficiente vinculación entre las dos cosas. Es lo que tienen que hacer ahora los gobiernos, pensar políticas y programas que enlacen violencia machista y mercado laboral”, dice Bhatia. De no ser así, alerta, el impacto irá más allá de dos o tres meses, sino que será “a muy largo plazo”.

Lo mismo reivindica Mariti Pereira, que reclama una reformulación en este sentido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de “darles alternativas más materiales en un momento como este”. La experta denuncia, además, la burocratización de los procedimientos para acceder a ayudas de emergencia y otras prestaciones destinadas específicamente a estas mujeres. “Muchas personas están en una situación económica grave, pero debemos visibilizar que en las colas del hambre y en los desahucios hay víctimas de violencia de género. Viven una emergencia económica y social, pero también de vida. Nos estamos perdiendo en una burocracia y un peregrinaje que desespera a cualquiera, pero imagínate a una mujer que tiene que salir de su casa”, lamenta.

No es algo que denuncien solo las organizaciones especializadas en violencia de género, sino que en los últimos días otras ONG como Ayuda en Acción o Cáritas han advertido de un “agravamiento de las dificultades económicas” relacionado con la pérdida de ingresos, el desempleo o la “imposibilidad de acceso a ayudas sociales”, especifica Cáritas en una nota de prensa con motivo del 25N. Algo que ha conllevado un aumento “importante” de las demandas de mujeres víctimas en lo que se refiere a “ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda o pago de suministros, entre otras”.

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres menciona algunas de las evidencias que el organismo ya ha constatado en estos meses. Por ejemplo, que la carga de trabajo de cuidados no pagado ha aumentado significativamente y que son las mujeres las que siguen encargándose de ello mayoritariamente. Y que, como consecuencia, ya se detecta el abandono de muchas mujeres del mercado laboral –total o parcialmente– para poder hacerse cargo de los cuidados en tiempo de pandemia. “Eso significa que muchas mujeres van a salir ya del mercado formal de manera permanente o que al menos sus posibilidades laborales y económicas van a verse significativamente alteradas”, apunta Bhatia, que señala las carencias de infraestructuras de cuidados como un problema de fondo.

El ejemplo internacional es EEUU, donde, solo en septiembre, 617.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral, ocho veces más que los hombres. Pero la preocupación recorre todos los países. El proyecto We Go de la Unión Europea ha señalado la independencia económica como un “elemento crucial” que puede animar o desincentivar la denuncia de la violencia que se sufre. Aunque la violencia machista es ejercida por hombres de todos los perfiles socioeconómicos y afecta igualmente a las mujeres, el estudio muestra como los niveles bajos de independencia económica hacen que, de media, las mujeres permanezcan más tiempo en relaciones abusivas.

A las dificultades de conciliación apunta también Jordán desde la Federación de Mujeres Progresistas, que pone el foco en la “especial situación” que atraviesan las víctimas que tienen hijos e hijas a la hora de decidir abandonar sus hogares. “Ya no es solo que estas mujeres tomen la decisión por ellas mismas, es que no se van solas y los niños dependen de ellas. Si no tienen trabajo ni alternativa habitacional, se complica muchísimo”, lamenta. Pero, además, la falta de medidas para conciliar vida personal y familiar “dificulta su incorporación al mercado laboral”, que al mismo tiempo está, en muchas ocasiones, relacionado con “la falta de redes de apoyo después de que el agresor se haya encargado de aislarla”.

Según el proyecto We Go, el 71% de las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia mencionaron el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar. En su informe anual de cara al 25N, UGT pone de manifiesto estos datos para reclamar que la inserción laboral de las mujeres que sufran violencia de género esté garantizada de forma efectiva. Actualmente, denuncia el sindicato, las medidas son insuficientes y no abordan con la importancia que mereciera la relación entre empleo y violencia de género.

Por el momento, los datos sobre denuncias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a un descenso considerable. El efecto se ha extendido más allá de los meses del confinamiento domiciliario estricto y entre mayo y junio bajaron un 14,62% respecto al mismo trimestre de 2019, la mayor caída interanual de la serie histórica. No obstante, la situación sigue siendo a día de hoy incomparable con cualquier otro mes normal porque aunque no haya encierro obligatorio en las casas, sí hay toque de queda, cierres perimetrales y un escenario general “que puede estar desincentivando la denuncia”, advierte Pereira. Con todo, y aunque es pronto para establecer paralelismos, la crisis económica anterior también se saldó con una caída pronunciada de las denuncias, que subieron hasta 2008 para bajar los años siguientes y volver a remontar a partir de 2015.

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