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Alberto Fernández: “El FMI ha sido corresponsable de lo que ha ocurrido en Argentina”

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Alberto Fernández:

“El aborto no es un problema vinculado a la religión ni a la moral propia: es un problema de salud pública”, argumenta el presidente argentino en una semana en la que su gobierno ha relanzado una reforma legal para que el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo deje de ser un delito. 

Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Alberto Fernández recibe por videoconferencia a elDiario.es y a elDiarioAR, el nuevo periódico que lanzamos en Argentina. Su coalición llegó al gobierno en uno de los momentos económicos más duros de la historia de Argentina, casi a la vez que una pandemia mundial, que ha complicado aún más la situación de un país que lleva ya más de dos años en recesión. 

“Empezamos a gobernar con la idea de hacer frente a una crisis económica y de deuda. Pero en el medio apareció el coronavirus y nos vimos obligados a cambiar sobre la marcha”, explica Alberto Fernández. “Vamos a ajustar el déficit, pero no lo vamos a hacer sobre la gente”.

En este año de Gobierno, ¿cuál cree que fue su mayor acierto y su mayor error?

Hemos logrado muchas cosas. La más importante en términos económicos es un acuerdo con los acreedores privados que nos permite que la Argentina, al cabo de 10 años, deba 38.000 millones de dólares menos. Y además nos libera para que podamos invertir en desarrollo y no en pago de intereses de la deuda. 

Creo que también fue un acierto la forma temprana en que asumimos el problema de la pandemia, que nos deparaba dos conflictos a resolver. Uno, la pandemia en sí: un virus con una capacidad de contagio asombrosa. Pero a su vez teníamos un serio problema con el sistema de salud pública en la Argentina, que había quedado absolutamente deteriorado. Hasta el Ministerio de Salud había desaparecido. Tuvimos que utilizar esos primeros meses de cuarentena un poco más estricta para poner en orden el sistema sanitario argentino.

Seguramente habremos hecho muchas cosas mal. Tal vez, si uno repiensa, fue un error haber apresurado una decisión sobre una empresa cerealera que estaba en quiebra, que era Vicentín. Pensamos que era una buena oportunidad que el Estado la tome, con la idea de poder desarrollar allí una empresa testigo para el mercado argentino cerealero, que es muy importante. Y creo que ahí nos equivocamos porque en cuanto hicimos un diagnóstico más profundo nos dimos cuenta que la estatización solo favorecía a los accionistas de la empresa y no al proyecto. Y ahí tuvimos que dar marcha atrás. Ahí nos equivocamos.

Argentina es uno de los países más castigados por la pandemia en términos de números de muertos por millón. ¿En qué pudo haber fallado la estrategia del Gobierno de los últimos meses para llegar a esta situación?

Me parece que hubo un relajamiento muy grande en el interior del país, que pensó que el problema quedaba circunscrito a la capital y al Gran Buenos Aires; que difícilmente iba a irradiar al interior. De hecho, muchos gobernadores y la sociedad misma pedía aperturas y aperturas. Y está visto, lo saben los europeos más que nosotros, que el único modo de contener el contagio es el aislamiento.

Como muchos otros países, Argentina está viviendo un escenario de extrema polarización que se ha bautizado como “la grieta”. ¿Es una grieta política o social? ¿Se sale de ella con mejor conversación pública o simplemente refleja una Argentina profundamente desigual y polarizada?

La Argentina es parte del continente más desigual del mundo y tiene desigualdades también. Yo no me animaría a decir que son precisamente esas desigualdades las que marcan la grieta. Hay una serie de conceptos sociales que, la verdad, llaman a mucha confusión. Si uno mira, por ejemplo, los medios de comunicación de la Argentina: a nosotros, cuando llegamos, nos acusaban de populistas y de querer hacer un modelo económico de dispendio. Y cuando decimos que queremos bajar el déficit a cuatro puntos y medio –de los 9 que seguramente tendremos este año–, nos llaman ajustadores. 

Es muy difícil explicárselo a un español, pero lo intentaré. El día que nació el peronismo nació el antiperonismo. Y el peronismo significó para gran parte de la sociedad un riesgo: el riesgo de que se avance sobre sus privilegios. Básicamente es eso. Si uno revisa el gobierno que me precedió, yo diría que garantizó todos esos privilegios: le sacó las retenciones al campo, le mejoró la situación a los bancos, les sacó todas las retenciones a la minería, que es una riqueza que tiene la Argentina, que se exporta prácticamente todo y le deja muy poco a la Argentina. Y cuando uno revisa no mejoró ni la producción de la minería ni la cantidad de empleos. Nada mejoró. Por eso yo creo que lo que los argentinos tienen es un debate sobre qué tipo de sociedad queremos. Si queremos una sociedad más igualitaria o queremos una sociedad, como quieren los conservadores, donde todo siga igual. 

¿Cómo le explicaría a un español qué es el peronismo?

Es muy difícil de explicar. Pero el peronismo es básicamente una expresión política que mueve masas enormes dentro de la sociedad y que es recordada en la Argentina por haber sido la que incorporó a un sector de la sociedad al sistema social. Hasta la llegada de Perón no existían los gremios, no existía el aguinaldo, no existían las vacaciones. La mujer no votaba hasta que llegó el peronismo. Después, más recientemente, el peronismo se encargó de ampliar muchos derechos y así surgió el derecho al matrimonio igualitario, a la asignación universal por hijo, el voto joven, la identidad de género, la muerte digna… Todo eso son derechos que ha dado el peronismo. El peronismo es percibido como un movimiento dador de derechos a la Argentina. No solo a las mayorías: también el reconocimiento de derechos a las minorías.

La Argentina tiene un sistema presidencialista y una fuerza política de gobierno, el peronismo, verticalista. ¿Por qué usted se resiste a crear una corriente que muchos llaman el ‘albertismo’?

Porque creo que uno de los mayores daños que ha sufrido la política argentina son los personalismos; realmente lastiman de algún modo a la democracia. Yo creo más en los partidos porque representan proyectos e ideas. Y si eso está consolidado, cualquier hombre o mujer puede llevar adelante el proyecto. Ahora, cuando un proyecto se personaliza, en quien se personaliza se vuelve imprescindible. Y si esa persona falla, falla todo el proyecto. Lo que quisiera es volver al sistema de partidos.

El peronismo tuvo un Perón. Gente como Perón nace una vez por siglos, si es que nace, y desde entonces el peronismo sigue buscando a su reemplazo. Yo quisiera que el peronismo se convierta en un partido vigoroso, que debata, que claramente tenga una identidad ideológica, que claramente sepa el país que defiende y que quiere construir, y que la construcción la pueda hacer cualquiera de sus dirigentes, no que esté en manos de una persona. Yo eso siempre lo he cuestionado. Militaba en la Unión de Estudiantes Secundarios, tenía 14 y 15 años y ya me quejaba con mis compañeros y les decía: “Pero además de Perón, pienso yo”. Decía, como reclamando ‘por favor, no puede ser que haya uno solo que piense en nombre de todos’. 

Hace un año, durante una visita en Madrid, en una conferencia que ofreció en el Parlamento, planteaba reconstruir el vínculo de Argentina con Europa a través de España. ¿Cómo ve hoy esa relación con España y con Europa?

Con España tenemos un vínculo absolutamente indisoluble y además tenemos un Gobierno con el que pensamos más o menos parecido. Tengo una muy buena relación personal con Pedro Sánchez. Conocí días atrás, y fue muy grato para mí, a Pablo Iglesias. Y me parece que la unidad de las dos fuerzas, de Podemos y del PSOE, ha hecho posible este gobierno que el progresismo español debe cuidar mucho. En términos de identidad ideológica y de afecto, no podría tener un gobierno mejor para mí que el que tienen ustedes en España. Me siento muy cómodo con ello.

Yo también creo que la Argentina tiene que prestarle más atención a su vínculo con Europa, porque la Argentina de los 90 en adelante concentró demasiado la mirada en los Estados Unidos, que es un país muy importante, no cabe ninguna duda. Pero los inversores a más largo plazo en la Argentina son los europeos: son italianos, españoles, franceses, alemanes. Y definitivamente nuestra puerta de acceso siempre es España: por identidad cultural y por muchos motivos.

Decía antes que tiene buena relación con Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias le acaba de conocer también. ¿Ideológicamente con qué partido de los dos que forman la coalición de Gobierno en España se siente más cercano? ¿Con PSOE o con Unidas Podemos? ¿O con lo que representa su suma?

Yo lo que creo es que fue muy buena la unión de ambos sectores, porque eso es lo que le permitió a Pedro consolidarse en la Presidencia. No sé con quién me identifico. Tampoco me parece que tenga mucho sentido discutir eso porque la verdad no soy quién; sólo soy un argentino, no es importante para España.

En los últimos años, las multinacionales españolas han empezado a retirarse de América Latina. ¿Qué le puede ofrecer la Argentina a las empresas españolas?

La primera, habría que precisar cuáles son las empresas que se están retirando en la Argentina.

No, de América Latina. En general, el peso de las multinacionales españolas en el continente, sin que se hayan retirado del todo, ha disminuido. Por ejemplo, Endesa pasó a propiedad italiana. Y en el caso de Telefónica, ha anunciado que poco a poco va a centrarse más en Brasil y menos en otros países. Hay un pequeño cambio en la posición de las empresas españolas en América Latina.

No conozco, francamente, qué ha determinado esa decisión en las empresas españolas. Lo que digo es que España tiene muchas inversiones más allá de Telefónica o más allá de Endesa. La inversión en la Argentina en materia pesquera es muy importante. Y en materia editorial, y en un montón de sectores donde claramente la inversión española existe y se mantiene, permanece. Yo creo que lo que necesita cualquier inversor de cualquier lugar del mundo es tener certezas de cómo va la economía y hacia dónde va. Y esas certezas se han perdido como consecuencia del coronavirus y han cambiado muchas lógicas. No en la Argentina, en muchos lugares del mundo. 

El otro día lo hablaba con el rey Felipe precisamente. El Banco Central Europeo ha cambiado su lógica sobre el endeudamiento y sobre el déficit en Europa y eso ha pasado también con otros organismos internacionales de crédito. Eso tiene que ver con que la economía se dio vuelta y nadie quedó bien parado del coronavirus.

El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer es recomponer cuanto antes nuestro mercado interno, que es un mercado importante. Y a partir de allí ver las oportunidades que hay: la Argentina tiene muchísimas oportunidades de inversión. Lo tiene en Vaca Muerta. Lo tiene en el sector de las energías renovables. Lo tiene en el litio, somos los segundos productores de litio del mundo. Lo tiene en la agroalimentación. Ahí pueden venir capitales españoles, capitales de cualquier lado.

Volviendo a la política. ¿Nos podría explicar cómo funciona la coalición de Gobierno y en particular, cuál es el mecanismo de toma de decisiones entre usted y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? 

La toma de decisiones es mía, siempre es mía y en eso no hay dudas: en los aciertos y en los desaciertos. Es mía. Lo que pasa es que yo no olvido que somos una coalición, que yo respeto. Y dentro de la coalición hay una persona de la talla política de Cristina. Yo presto atención a estas cosas. El secreto de la coalición también es cuidar la susceptibilidad del otro, es cuidar que el otro se sienta parte de la coalición. Una de las cosas que creo falló en el gobierno anterior al nuestro es que ellos hicieron una coalición y cuando llegaron al Gobierno, el presidente dijo “no, el Gobierno es de mi partido, no de la coalición”. 

Creo más en un sistema participativo donde las decisiones se elaboran y no se toman en soledad porque soy el presidente. Yo hablo muchas veces con todos los miembros de la coalición y voy escuchando la opinión de todos hasta que yo tomo la decisión. Pero la coalición existe. Cristina es un personaje central dentro de la coalición. 

Argentina ha vivido un tercio de los últimos 60 años en recesión. Es el único país del mundo con una situación tan dura, con la única excepción de la República Democrática del Congo, que en ese período ha vivido varias guerras. En esos 60 años Argentina ha crecido, de media, la mitad que la mayor parte de los países de la región. Es un problema estructural que ha golpeado por igual a casi todos los gobiernos de Argentina, tanto de la democracia como de la dictadura. ¿A qué cree usted que se debe?

La Argentina ha tomado durante muchos de esos 60 años decisiones que no tenían que ver con las ventajas para la Argentina, sino con otras cosas: con conceptos ideológicos que no tenían que ver con lo que le convenía más a la Argentina. Cuando uno mira en esos 60 años, lo que prevaleció, por ejemplo, son políticas de apertura comercial, de neoliberalismo y de endeudamiento. Y esto ha sido catastrófico para la Argentina. 

En la época del primer peronismo, llegamos a construir aviones y autos íntegramente en la Argentina. Y eso se fue perdiendo. Y se fue perdiendo porque hay un sector social en la Argentina que cree que nos toca ser un país agroexportador, en esta división internacional del trabajo; que lo único que tenemos que hacer son cereales, oleaginosas y ganado. Así nos fuimos olvidando de la industrialización del país, que con el peronismo existió. Y todo eso se fue perdiendo.

En los años de Néstor y de Cristina [Fernández de Kirchner] en el Gobierno, ese proceso de mayor industrialización se buscó y gran parte de las importaciones fueron sustituidas por producción local. Y la Argentina desarrolló algunas cosas que son claramente innovadoras. Por ejemplo, es uno de los diez países del mundo que fabrica y pone satélites en órbita. Y eso es un desarrollo tecnológico ciento por ciento argentino que se profundizó desde 2013 al 2015. 

Hay un tema estructural que es el problema de la moneda. De los argentinos que pueden ahorrar, muchos de ellos lo hacen en dólares, compran sus casas en dólares, pero cobran sus salarios en pesos. ¿De qué manera cree usted que se puede salir de ese ‘bimonetarismo’? 

Eso no es mágico. Eso es un problema de tiempo, de recuperación de confianza en nuestra moneda. Los argentinos perdimos la confianza en la moneda argentina porque los procesos de inflación generaron devaluaciones y se llevaron los ahorros de la gente. Y entonces confían más en una moneda dura que en el peso argentino.

Cuando esa expectativa cambia, la historia es otra. Nosotros en el año 2003, cuando llegamos al gobierno con Néstor y le metimos mucha fuerza a la producción local y a la inversión en pesos, en verdad teníamos un problema y era que los pesos se invertían. Y nosotros desde el Banco Central salíamos a comprar dólares para mantener un peso bajo que nos haga competitivos en el mundo, porque si no perdíamos. Es sólo un problema de confianza. Y está claro que un país que se endeudó como se endeudó la Argentina, un país que vio salir casi 50 mil millones de dólares entre 2018 y el 2019, es un país que genera mucha desconfianza en los propios habitantes argentinos. 

Nosotros nos olvidamos, pero el año pasado la inflación fue del 53 por ciento. Y este año bajamos casi 20 puntos la inflación, pero aún seguimos teniendo una inflación alta. El bimonetarismo que está en la cabeza de los argentinos tiene que ver con la experiencia propia de los argentinos. Hace muchos años atrás, cuando Raúl Alfonsín terminó su gobierno, estoy hablando de 1989, la inflación fue del 5400% en un año. Y yo solía decir que los argentinos éramos un país punk: “no hay futuro”. Por lo tanto, vivamos el presente. Y yo decía que los argentinos pensábamos como el movimiento punk. Todo dinero que entraba se gastaba en el acto o se compraba en dólares. Porque no había mañana; porque lo que teníamos hoy, mañana dejaba de valer. Eso se repitió muchas veces desde el 89 a la fecha. Y eso resta confianza en la moneda argentina: es lo que hay que revertir.

Argentina ha logrado renegociar la deuda con los acreedores privados, pero aún tiene pendiente una compleja negociación con el Fondo Monetario Internacional. Usted ya ha advertido al Fondo que su país no puede pagar los 44.000 millones de dólares en créditos comprometidos para 2024 y ha pedido una reestructuración. Se están aplicando medidas para ajustar el déficit. ¿Tiene más sencillo la izquierda ajustar el déficit con paz social que la derecha?

Lo que pasa es que el ajuste nuestro no recae sobre la gente. La primera vez que hablé con el fondo, cuando era candidato a presidente, yo les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que se estaba viviendo en la Argentina. Y les recomendé que los últimos 11000 millones de dólares que iban a darle al gobierno de Macri no se lo dieran porque se iban a fugar. Y eso ocurrió. El dinero que recibió el gobierno de Macri solo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina.

Piensen ustedes que entre agosto, que ganamos nosotros las primarias, y octubre, que ganamos la elección general, se fueron 23 mil millones de dólares. Y todo eso fue financiado por el FMI. Lo que pedimos al fondo es que tenga presente la cuota de responsabilidad que tuvo.

En segundo lugar, lo que yo le planteé en aquel momento al fondo –y la primera vez que hable con la directora ejecutiva del Fondo Kristalina Gueorguieva se lo dije– es que no pidiera a la Argentina que ajustara sobre la gente, porque no podemos ajustar sobre la gente. El déficit fiscal creció enormemente este año porque, como consecuencia de la pandemia, tuvimos que hacernos cargo de un montón de aportes sin esperar: el ingreso familiar de emergencia –que fue recibido por 9 millones de personas–, la asignación para el trabajo y la producción –que a más de dos millones de argentinos le pagó el empleo registrado–, más la línea de créditos que dimos para ayudar a los comerciantes y a los profesionales independientes. 

Todo eso hizo que nuestro déficit fiscal creciera hasta cerca del 9%.Y lo que estamos haciendo ahora es bajarlo al 4,5% pero sin postergar ni la ayuda social que hace falta, ni que los jubilados reciban lo que corresponde, ni que además el Estado se prive de llevar adelante un plan de obras públicas para revitalizar la economía. Todo ello está previsto en el presupuesto y es lo que vamos a hacer.

¿Va a ser más sencilla la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ahora que Joe Biden ha ganado las elecciones en Estados Unidos?

No lo sé. Lo que sí sé es que el crédito que se le dio a la Argentina fue impulsado por el presidente Trump para favorecer al gobierno de Macri. No lo digo yo: lo dijo el actual presidente del BID (Banco Iberoamericano de Desarrollo), que era asesor del presidente Trump. Lo que menos me interesa es endeudarme con el Fondo. Y lo que más me interesa es ordenar las cuentas con el fondo, sin que esto signifique postergar las necesidades argentinas.

Venezuela es un campo de disputa para todos los gobiernos de izquierda y centro izquierda del mundo. ¿Cómo ve la situación del país y cuál es la salida a la grave crisis interna?

Así como no opino del Gobierno del PSOE y de su aliado Podemos, yo trato de no entrometerme en la vida interna de otros países. Sí advierto –por el número de exiliados, la gente que emigró– que en Venezuela hay un conflicto de convivencia democrática, eso lo tengo claro. Y que ese conflicto deben resolverlo los venezolanos dialogando entre sí, que eso no se resuelve ni con una intervención militar ni con bloqueos que sólo dañan más a los venezolanos que a un gobierno. 

También digo que el problema de derechos humanos es un problema más allá de cualquier ideología. Y por eso yo he prestado mucha atención a lo que ha dicho Michelle Bachelet, a quien conozco y respeto particularmente, sobre lo que está pasando en Venezuela en esa materia. También he visto que en un segundo informe Bachelet habla de la colaboración del gobierno para superar lo que ella llamaba violaciones de derechos humanos. Pero ahí no cabe duda dónde tenemos que estar parados. Nosotros no podemos estar al lado de ningún régimen que viola derechos humanos. Ahora, la solución política la tienen que tomar los venezolanos y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar al diálogo para que se recupere la convivencia democrática, para que la institucionalidad funcione a pleno y que sean los venezolanos los que resuelvan el dilema de cómo debe ser su futuro. 

En el caso de Bolivia le dio refugio a Evo Morales, no reconoció el Gobierno de facto de la senadora Áñez y luego ayudó en el retorno de Morales a Bolivia.

Ahí no cabe duda que hubo un golpe de Estado y una persecución evidente a los dirigentes del Gobierno depuesto. Y ahí la OEA (Organización de los Estados Americanos) es gran responsable de lo que pasó. Porque la OEA argumentó un fraude que con el correr de los días se fue demostrando que no era tal. Cuando uno mira en qué se fundaba la OEA para decir que había fraude y ve que son planillas de votos donde Evo Morales  había sacado el 90%, 95% de los votos; ellos decían “acá está el fraude, no se dan cuenta, nunca pudo haber sacado esto”. Resulta que viene Luis Arce y son los mismos resultados. Entonces está clarísimo que ahí hubo una manipulación para sacar a Evo Morales. Cuando Evo Morales estuvo en peligro, porque yo respeto a los derechos humanos, me puse a su lado para ayudarlo: para garantizar la salida del país y su vida.

Usted ha sido uno de los impulsores de una declaración en defensa de la democracia junto al vicepresidente español, Pablo Iglesias, el nuevo presidente de Bolivia y ex presidentes como Evo Morales, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, Alexis Tsipras y Rafael Correa. Ustedes señalan que la principal amenaza a la democracia y la paz social en el siglo XXI es el golpismo de la ultraderecha. ¿A qué cree que se debe esa expansión de la ultraderecha?

Yo no sé si hay tal expansión, quiero ser sincero.  

Pero sí ese riesgo del golpismo.

Bueno, es que en Bolivia no era un riesgo, fue un hecho. Y uno ve permanentemente en los gobiernos populares una actitud desestabilizante de ciertos factores de poder. Eso lo ve uno, y negarlo sería una necedad.

América Latina vivió un tiempo de golpes que fue nefasto. No solamente por el retroceso, sino por las condiciones en que los derechos humanos eran maltratados. Y por lo tanto, nosotros no podemos mirar impávidos que ese riesgo vuelva a imponerse.

De lo que no estoy muy seguro es que la derecha esté desarrollándose. En la Argentina, cuando la gente votó eligió otra opción. En Bolivia, cuando la gente votó, eligió otra opción. En Chile, cuando es consultado, decide terminar con la constitución de Pinochet. Yo no tengo muy en claro que ese desarrolló exista. Lo que sí tengo claro es que la derecha, como siempre ha ocurrido, busca presionar  y condicionar a los gobiernos populares para mantener los privilegios de los que antes hablaba.

En esa misma declaración relacionan esa amenaza golpista con el poder de “los grandes grupos de comunicación que pretenden manipular y tutelar las democracias”. ¿Qué respondería a quienes ven en esa crítica a los medios una crítica a la libertad de prensa?

Que la libertad de prensa no está puesta en tela de juicio. Pueden escribir lo que quieran, lo que pasa es que nosotros también tenemos derecho a cuestionar lo que escriben. Yo lo que nunca entiendo es por qué el periodismo, o cierto periodismo, piensa que no es objeto de réplica. Cuando uno expresa en un medio público su opinión, entró en el escenario de lo público y uno se atiene a las consecuencias. Y eso es un tema de debate no solamente en la Argentina, en el mundo. Porque muchas veces detrás de los medios hay intereses económicos. Y uno ve medios que tienen intereses concretos en sectores de la economía que van más allá de un diario. Promover el debate social sobre ese punto me parece que es muy valioso.

En el caso de la Argentina, hay un actor central que es el Grupo Clarín, por su peso económico y su nivel de influencia. ¿Cómo trata el Grupo Clarín a su Gobierno y a usted en particular?

Mal. Era obvio que me iba a tratar mal. Pero nunca esperé que me trate bien porque allí también hay una predefinición. Pero yo tampoco quiero personalizar el tema en el Grupo Clarín. Es cierto que influye más, que tiene radios, que tiene canales de televisión, que tiene un sistema de cable extendido a todo el país que influye mucho… Todo eso es cierto. Pero también es cierto que si algo bueno tuvo la llamada Ley de Medios que en su momento promovió Cristina, con la que yo no estuve de acuerdo, es que favoreció un debate público sobre ‘quién es quién’ en el sistema de medios de la Argentina. Yo sé que quien lee un diario sabe lo que está leyendo y quien escucha una radio sabe que está escuchando; sabe qué intereses y qué ideología representan. 

Por eso a mí me parece tan interesante la aparición de opciones periodísticas más independientes. No se trata de que sean proyectos que estén a favor o en contra del Gobierno, sino que promuevan un debate sano sobre lo que está pasando. Eso es lo que creo que hace falta. El problema no es Clarín en sí. Es un sistema que está funcionando mal desde hace mucho tiempo y que además se ha acostumbrado a condicionar la política desde los medios. Y la política se siente condicionada. Por mí, me pueden dedicar las tapas que quieran, pueden decir de mí lo que quieran.

En términos económicos y geopolíticos, Brasil es sumamente importante para la Argentina, pero en todo este año usted no tuvo con Bolsonaro ningún vínculo personal. ¿Esta posición intransigente de ambas partes no afecta a las relaciones bilaterales?

Yo entiendo que no. Quiero aclarar que no hay una posición intransigente de mi parte. Yo solamente he escuchado pasivamente las cosas que Bolsonaro dice de mí, simplemente. He evitado entrar en debates con él, porque advierto la trascendencia que tiene el vínculo entre Brasil y la Argentina. Para mí es muy importante. Y nosotros ese vínculo debemos preservarlo más allá de quien gobierna.

Una de las reformas que su gobierno está promoviendo es la despenalización del aborto, una ley que no logró prosperar por pocos votos en 2018. ¿Por qué cree que en esta ocasión la despenalización del aborto sí saldrá adelante?

La principal causa es que yo estoy convencido de que el castigo del aborto no ha servido para nada. La punición del aborto en términos de salud pública sólo expone a la mujer a un riesgo para su salud muy grande. Y genera una enorme desigualdad, porque la mujer que puede pagarlo se garantiza un aborto seguro y la que no se somete a sistemas de aborto que en términos sanitarios son muy riesgosos. El problema del aborto no está vinculado a la conciencia individual de cada uno, ni a la religión ni a la moral propia. Es un problema de salud pública.

La principal causa de muerte por maternidad es el aborto. Y yo eso debo evitarlo. Y esto no lo digo ahora, lo digo hace muchos años. Está clara la insuficiencia de la norma, porque lo único que ha promovido es que el aborto se haga clandestinamente con más riesgo para la vida de la mujer, pero no que el aborto no se haga. La diferencia con lo que ocurrió en el año 2018 es que, esta vez, es el Poder Ejecutivo de la Nación el que está promoviendo esta norma. Y lo hago absolutamente convencido de que es el modo de preservar la salud pública de las mujeres.

No quisiera que se vuelva a convertir en un debate filosófico, moral o religioso. Porque que el aborto no sea punible y sea legal no quiere decir que sea obligatorio. La mujer que crea que no corresponde abortar, nosotros le damos todas las herramientas también para que tenga su hijo y sea feliz con su hijo. Yo lo que busco es un debate más serio, porque el problema sigue sin resolverse.

Durante todo este año, ¿de qué manera ha influido en usted y en sus políticas de gobierno un argentino universal: el Papa Francisco?

Le voy a contar una historia. Hace muchos años, cuando el Papa Francisco era el cardenal Bergoglio en Buenos Aires, yo cuestioné mucho una carta que había hecho llegar a los diputados sobre el matrimonio igualitario. Y en aquel momento el cardenal Bergoglio me comentó que era una carta que le habían pedido la Congregación de las Carmelitas Descalzas en su condición de obispo de Buenos Aires. Él me explicó: “Es esa congregación y yo debo cumplir con el deber de acercar esa opinión”. Y yo me quejé amargamente y él en un momento me dijo: “Bueno, no soy el jefe de la Iglesia, sólo soy el obispo de Buenos Aires”.

Pasaron los años y se convirtió en el jefe de la Iglesia. Y yo lo que he visto por primera vez desde que nací es un Papa muy preocupado por los problemas de lo que a mi juicio debe preocuparse la Iglesia, que es la pobreza, la marginalidad, la persecución… De algún modo yo soy católico. No soy un católico practicante. Es obvio por mi posición en el aborto. Pero de algún modo me hizo reencontrar con una iglesia mejor. Y yo creo en el Papa porque lo he visto muchas veces tomar actitudes valientes en defensa de los que están pasándola mal. Lo he ido a ver cuando Lula estaba preso. Lo he visto luchar por los inmigrantes africanos, que llegan en términos inhumanos a las costas italianas. Lo he visto reclamar por mayor justicia. Su última encíclica tiene un contenido político enorme de compromiso y de cuestionamiento al capitalismo en su versión financiera.

Claro que ha influido muchísimo en mí, pero ha influido mucho en este último tiempo. Influyó más como Papa Francisco que como cardenal Bergoglio. Y además, siempre que lo necesité estuvo a mi lado. 

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Han bastado tres síes para que el Gobierno de coalición se asegure sus primeros Presupuestos Generales, que sustituirán en 2021 los vigentes, arrastrados desde 2018 por la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo hasta ahora. Los 13 diputados de ERC, los seis del PNV y los cinco de EH Bildu le dan a PSOE y Unidas Podemos un mínimo de 179 votos en las definitivas votaciones del jueves de la semana que viene. Tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza que las cuentas públicas se aprueben y permite que el Ejecutivo culmine la negociación con el resto de grupos sin ninguna presión. 

El largo y proceloso camino que ha seguido hasta este punto no hacía prever la velocidad con la que se ha resuelto finalmente. El primer , el de EH Bildu el 11 de noviembre aceleró el proceso y, aunque debe ser ratificado por las bases este jueves, obligó al PNV a posicionarse rápido. Dos días después, comparecía su portavoz, Aitor Esteban, para informar de avances sustanciales en su negociación con el Gobierno. Unas conversaciones que han cuajado a lo largo del fin de semana y del lunes, y que han llevado a la formación jeltzale a confirmar este martes por la mañana su voto favorable, tras consignar otro paquete de enmiendas.

Apenas unas horas después era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anunciaba un “preacuerdo” con el Ejecutivo, que deberá ahora pasar por los órganos del partido catalán para una ratificación de la que nadie duda. Los síes previos habían abaratado mucho el respaldo a las cuentas del Gobierno. Los 155 diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (35), más los 11 de los dos partidos vascos, sumaban 166, a solo diez de la mayoría absoluta y con muchos partidos todavía pendientes de definir su posición. Si en la negociación parlamentaria apurar los plazos es sinónimo de lograr mejores resultados, esta vez se ha impuesto la lógica inversa.

Poco después de que Rufián abandonara la sala de prensa del Congreso, era su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, el que se subía al atril para presumir de los avances en la negociación con el Gobierno, entre ellos, la aceptación por parte del PSOE de su propuesta de una tarjeta sanitaria única en todo el territorio o enmiendas relativas a los autónomos o la baja remunerada para progenitores cuyos hijos estén en cuarentena. 

Inés Arrimadas se mantiene aferrada a la mesa de negociación a pesar de que los de Pedro Sánchez han dejado claro que no darán marcha atrás en la enmienda sobre la inmersión lingüística en la ley educativa, que era una de sus premisas para aprobar los presupuestos. Aún así, Bal ha asegurado que Sánchez aún tiene margen para pactar con Ciudadanos al declararse “incompatible” con ERC y EH Bildu. “ERC no tiene un acuerdo cerrado aún con el Gobierno, solo ha puesto condiciones. Nosotros vamos a trabajar para desbaratar esos acuerdos y que no se consumen”, expresó Bal. 

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confirman los acuerdos amarrados con los republicanos, que incluyen, entre otros asuntos, el fin del control de los gastos de la Generalitat que impuso Mariano Rajoy y la revisión del sistema fiscal –especialmente del impuesto de patrimonio para gravar a las grandes fortunas–. “Hay un acuerdo para revisar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la armonización fiscal” entre comunidades, señalan en Hacienda. 

El de ERC ha provocado en Junts la reacción contraria a lo que ha ocurrido entre Bildu y el PNV en Euskadi, aunque en ese caso el Gobierno ha reiterado que son los nacionalistas vascos su “socio preferente” para toda la legislatura mientras hacen equilibrios para “normalizar” a la izquierda abertzale sin dar por cerrado un acuerdo ante la polémica suscitada por el acercamiento. La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha criticado a sus socios de Gobierno en la Generalitat por “conseguir lo que ya era de los catalanes”, en referencia a recuperar el control sobre los gastos. “Hay un mientras tanto entre tus objetivos, fines y sueños y ese mientras tanto hay que gestionarlo –se ha defendido Rufián–. Eso no nos hace menos independentistas, simplemente nos hace más útiles. Hay muy poco margen para la magia hoy en día”. 

A la parte socialista del Gobierno le ha servido tener la disposición de Ciudadanos, así como del PDeCAT, que ha recuperado autonomía parlamentaria tras la ruptura con Carles Puigdemont, para allanar la negociación con el resto de aliados de la investidura, aunque en las últimas semanas ya se les había recolocado como socios preferentes en al negociación en buena medida por la presión de Pablo Iglesias –en un sector del PSOE también optaban por esa vía para garantizar estabilidad al bloque el resto de la legislatura–. No obstante, la negociación con Arrimadas sigue en marcha y la intención de Moncloa es sumar al mayor número de grupos posible. 

Con la mayoría absoluta en la mano, el Gobierno busca ahora cerrar las negociaciones con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque el precio que tendrá que pagar para conseguir los síes, que se dan por hecho salvo sorpresa, se ha reducido notablemente. Desde Más País apuntan a que todavía están “hablando con el Ejecutivo”. Sus dos diputados han planteado reclamaciones en el ámbito verde y también un fondo para ayudar a empresas a instaurar la semana laboral de cuatro días, entre otras enmiendas.

Otros dos apoyos que se dan por hecho son los del PRC, donde aseguran que todavía tienen “flecos pendientes” para garantizar el ; y el de Nueva Canarias, que ha cerrado una enmienda para insuflar 30 millones de euros a la “lucha contra la pobreza” en el archipiélago.

En Teruel Existe todavía no han tomado una decisión final. “Hemos presentado una serie de enmiendas sobre despoblación, como la creación de un plan estatal para la reactivación del medio rural en el que se contemplen todas las partidas destinadas a la España vaciada”, apuntan desde la agrupación electoral, que reconoce que el acuerdo de investidura está más o menos incluido al completo.

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.

Así, GREVIO destaca “la sólida agenda” de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y “su papel pionero” al adoptar en 2004 una ley integral sobre violencia infligida por la pareja que incorpora una aproximación centrada en la víctima y en la naturaleza de género de este tipo de violencias. El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.

El grupo del Consejo de Europa también saluda que “la ley se haya complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja”, explica el informe.

GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.

“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.

Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.

En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.

En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.

“El Código Penal se ha sometido y sigue sometiéndose a revisión para adaptarlo a los requisitos del Convenio de Estambul”, afirma el informe: “Sin embargo, en relación a los procesos por agresión sexual y violación, se identificaron varios factores que impactan negativamente en las experiencias de las mujeres víctimas con el sector de la justicia penal. La duración de los procedimientos, la exclusión del uso de pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral muy alto para probar la violación en los tribunales pueden fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.

“A pesar de la disponibilidad de medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica”, continúa GREVIO, “las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y amplios derechos de visita que se otorgan a los perpetradores condenados, y los regímenes de visitas frecuentemente ordenados o mantenidos a pesar de evidencia de violencia y abuso proporcionados por los propios niños o profesionales. El personal de los puntos de encuentro familiar, así como los jueces, a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer la dinámica de género de la violencia de pareja íntima, así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y las visitas de padres violentos para continuar con el abuso”.

Si bien GREVIO aplaude “los esfuerzos realizados en la implementación del Convenio de Estambul”, identifica una serie de “cuestiones prioritarias que requieren una mayor acción” por parte de las autoridades españolas: “Fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional”; “asegurar la asignación adecuada de recursos y su uso por las autoridades regionales, así como desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de apoyo”; “reforzar los esfuerzos de formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial”; “mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente”; “reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina”; y “garantizar la seguridad de las víctimas” con órdenes de protección que sean “debidamente emitidas por el poder judicial y respetadas por los perpetradores”.

Otra preocupación que presenta el informe de GREVIO tiene que ver con la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas. GREVIO señala que dichos procedimientos “tienden a favorecer al postor más bajo, lo que a veces resulta en que los contratos públicos se atribuyan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a víctimas de violencia. Hay preocupación en torno el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas”.

“En algunas regiones”, explica el informe, “este problema se ha resuelto regulando la prestación de servicios por entidades sin ánimo de lucro (País Vasco), lo que GREVIO agradece. Sin embargo, representantes de la sociedad civil en otras regiones del país han facilitado información preocupante sobre sus precarias condiciones laborales y de financiación. La reforma a la ley de licitaciones públicas ahora permite que los procedimientos de contratación pública requieran que los licitadores basen su prestación de servicios en un enfoque de género, pero esta reforma aún no ha desarrollado todo su potencial”.

En este sentido, GREVIO “señala la necesidad de garantizar que todos los proveedores de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres operen y respeten los estándares mínimos esenciales que han sido desarrollados por el movimiento de mujeres y han sido revisados ​​exhaustivamente en las publicaciones del Consejo de Europa”. Además, el organismo “recuerda que el apoyo y la asistencia óptimos para las víctimas, atendidos a sus necesidades específicas, están mejor garantizados por personal especializado y experimentado con un conocimiento profundo de la violencia de género”.

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

La pandemia de coronavirus no solo impactó en las víctimas de violencia de género durante el confinamiento estricto en los hogares de los primeros meses. Aún no conocemos todos los efectos de una situación sin precedentes como esta y lo más probable es que se alarguen en el tiempo, pero hay algo de lo que ya advierten las expertas y que las asociaciones comienzan a identificar: la parte económica de la crisis que estamos viviendo -la pérdida de empleo, los ERTE, las reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados- está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, lo que inevitablemente acaba entorpeciendo su proceso de toma de decisiones y dificultando su salida de hogares violentos.

No es algo abstracto. Varias organizaciones con servicios de atención y asesoramiento a víctimas están detectando estos meses una subida de la asistencia a mujeres en estas circunstancias: desempleadas, trabajadoras a las que se les ha recortado el sueldo, en ERTE o bien directamente sin contrato y despedidas sin derecho a paro. “La dependencia económica es uno de los factores de riesgo para que la violencia se perpetúe, más allá del plano psicológico y emocional… Y esto es algo que se está acrecentando con la pandemia porque salir de casa y empezar una nueva vida siempre es difícil, pero mucho más con la situación actual de precariedad y esta perspectiva de futuro”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

A su asociación cada vez llaman más mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas y están atravesando situaciones “muy complicadas” económicamente. “Llaman preguntando qué pueden hacer. Nosotras les informamos de los recursos y de las posibilidades. Una de las alternativas es ir a una casa de acogida durante un tiempo, pero claro la pregunta que nos hacen siempre es ‘¿y después qué?’ El futuro es incierto para todo el mundo, pero para estas mujeres implica además seguir soportando situaciones de violencia y es muy grave; nos preocupa mucho”, prosigue la experta.

Ya de por sí las mujeres en España acumulan más paro, más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y brecha salarial, pero el riesgo de que la COVID ahonde en ello preocupa a las expertas y también a las propias mujeres. Un informe reciente de la aseguradora internacional Axa muestra una inquietud generalizada entre las mujeres ante los efectos de la crisis económica en sus vidas: en el caso de nuestro país hasta el 32% de las mujeres temen perder independencia económica, nueve puntos más que la media internacional. El 53% temen incluso volver a ser dependientes económicamente. Las españolas son las más pesimistas de toda la muestra internacional sobre sus perspectivas laborales después de la pandemia.

Es algo de lo que tienen evidencias también en la Federación de Mujeres Progresistas, y muy específicamente en su servicio de orientación sociolaboral y económica para víctimas de violencia machista. Nines Jordán, psicóloga y coordinadora del servicio, explica que, durante este año, el número de mujeres que se han apuntado al programa se ha casi doblado respecto a 2019. Y eso incluso con algunos meses de paralización. “Lo que se da es un miedo a la pobreza, y es un miedo real, porque salen y en muchos casos se encuentran sin trabajo y sin vivienda”, ilustra la experta, que advierte además sobre el riesgo de que mujeres supervivientes vuelvan a los hogares que abandonaron: “En nuestro servicio muchas ya no conviven con el agresor y hay que poner el foco en esto porque el verse desprotegidas y sin absolutamente nada puede incentivarlas a regresar”.

Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, confirma que, más allá del aumento de la violencia de género durante los confinamientos y las consecuencias posteriores, la preocupación está en “los efectos colaterales” que se darán también en el medio y largo plazo. Uno de esos efectos, confirma, es que la fuerte crisis derivada de la pandemia afecte a la independencia económica de las mujeres. “Estos meses hemos hablado de la violencia machista y de los cuidados y el empleo, pero no hemos hecho la suficiente vinculación entre las dos cosas. Es lo que tienen que hacer ahora los gobiernos, pensar políticas y programas que enlacen violencia machista y mercado laboral”, dice Bhatia. De no ser así, alerta, el impacto irá más allá de dos o tres meses, sino que será “a muy largo plazo”.

Lo mismo reivindica Mariti Pereira, que reclama una reformulación en este sentido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de “darles alternativas más materiales en un momento como este”. La experta denuncia, además, la burocratización de los procedimientos para acceder a ayudas de emergencia y otras prestaciones destinadas específicamente a estas mujeres. “Muchas personas están en una situación económica grave, pero debemos visibilizar que en las colas del hambre y en los desahucios hay víctimas de violencia de género. Viven una emergencia económica y social, pero también de vida. Nos estamos perdiendo en una burocracia y un peregrinaje que desespera a cualquiera, pero imagínate a una mujer que tiene que salir de su casa”, lamenta.

No es algo que denuncien solo las organizaciones especializadas en violencia de género, sino que en los últimos días otras ONG como Ayuda en Acción o Cáritas han advertido de un “agravamiento de las dificultades económicas” relacionado con la pérdida de ingresos, el desempleo o la “imposibilidad de acceso a ayudas sociales”, especifica Cáritas en una nota de prensa con motivo del 25N. Algo que ha conllevado un aumento “importante” de las demandas de mujeres víctimas en lo que se refiere a “ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda o pago de suministros, entre otras”.

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres menciona algunas de las evidencias que el organismo ya ha constatado en estos meses. Por ejemplo, que la carga de trabajo de cuidados no pagado ha aumentado significativamente y que son las mujeres las que siguen encargándose de ello mayoritariamente. Y que, como consecuencia, ya se detecta el abandono de muchas mujeres del mercado laboral –total o parcialmente– para poder hacerse cargo de los cuidados en tiempo de pandemia. “Eso significa que muchas mujeres van a salir ya del mercado formal de manera permanente o que al menos sus posibilidades laborales y económicas van a verse significativamente alteradas”, apunta Bhatia, que señala las carencias de infraestructuras de cuidados como un problema de fondo.

El ejemplo internacional es EEUU, donde, solo en septiembre, 617.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral, ocho veces más que los hombres. Pero la preocupación recorre todos los países. El proyecto We Go de la Unión Europea ha señalado la independencia económica como un “elemento crucial” que puede animar o desincentivar la denuncia de la violencia que se sufre. Aunque la violencia machista es ejercida por hombres de todos los perfiles socioeconómicos y afecta igualmente a las mujeres, el estudio muestra como los niveles bajos de independencia económica hacen que, de media, las mujeres permanezcan más tiempo en relaciones abusivas.

A las dificultades de conciliación apunta también Jordán desde la Federación de Mujeres Progresistas, que pone el foco en la “especial situación” que atraviesan las víctimas que tienen hijos e hijas a la hora de decidir abandonar sus hogares. “Ya no es solo que estas mujeres tomen la decisión por ellas mismas, es que no se van solas y los niños dependen de ellas. Si no tienen trabajo ni alternativa habitacional, se complica muchísimo”, lamenta. Pero, además, la falta de medidas para conciliar vida personal y familiar “dificulta su incorporación al mercado laboral”, que al mismo tiempo está, en muchas ocasiones, relacionado con “la falta de redes de apoyo después de que el agresor se haya encargado de aislarla”.

Según el proyecto We Go, el 71% de las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia mencionaron el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar. En su informe anual de cara al 25N, UGT pone de manifiesto estos datos para reclamar que la inserción laboral de las mujeres que sufran violencia de género esté garantizada de forma efectiva. Actualmente, denuncia el sindicato, las medidas son insuficientes y no abordan con la importancia que mereciera la relación entre empleo y violencia de género.

Por el momento, los datos sobre denuncias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a un descenso considerable. El efecto se ha extendido más allá de los meses del confinamiento domiciliario estricto y entre mayo y junio bajaron un 14,62% respecto al mismo trimestre de 2019, la mayor caída interanual de la serie histórica. No obstante, la situación sigue siendo a día de hoy incomparable con cualquier otro mes normal porque aunque no haya encierro obligatorio en las casas, sí hay toque de queda, cierres perimetrales y un escenario general “que puede estar desincentivando la denuncia”, advierte Pereira. Con todo, y aunque es pronto para establecer paralelismos, la crisis económica anterior también se saldó con una caída pronunciada de las denuncias, que subieron hasta 2008 para bajar los años siguientes y volver a remontar a partir de 2015.

Publicado originalmente en:Ir a la fuente

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