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El enredo de los test a turistas: PCR en origen y multa y prueba de antígenos en destino para quien incumpla

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El enredo de los test a turistas: PCR en origen y multa y prueba de antígenos en destino para quien incumpla

A pesar de que persisten las dudas entre la comunidad científica sobre su fiabilidad en el cribado a personas asintomáticas, los test rápidos de antígenos para la detección de la COVID-19 se han erigido en la tabla de salvación a la que se agarra Canarias, único destino español de sol y playa en temporada alta, para intentar evitar el cero turístico. Las previsiones más optimistas que se barajaban en un contexto de pandemia, la de llegar a entre el 40 y el 50% del volumen de extranjeros que visitaron el Archipiélago el año pasado, se antojan ya inalcanzables. La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, afirmó este viernes en el Parlamento regional que el departamento que lidera aspira a recibir en este último trimestre al menos el 25% de la demanda del anterior ejercicio. La patronal turística, las aerolíneas y las administraciones canarias se han unido para ejercer presión ante el Gobierno central con la finalidad de que admita el test de antígenos como prueba válida para autorizar la entrada de los pasajeros que aterricen en las Islas procedentes de países o zonas de riesgo, es decir, de aquellos que acumulen más de 150 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 

La resolución publicada por el Ministerio de Sanidad el pasado 12 de noviembre establece que la única prueba que a partir del próximo lunes, fecha en la que entra en vigor, pueden presentar las personas que provengan de esos lugares es una PCR. Los empresarios turísticos han advertido de forma reiterada a lo largo de esta última semana de que esta exigencia supone una estocada al sector. El elevado precio de estos test en comparación con el de antígenos, la mayor demora en obtener los resultados y las dificultades de acceso en algunos de los principales mercados emisores de Canarias, donde se ha restringido la utilización de las PCR a las personas sintomáticas o a los contactos estrechos, suponen obstáculos casi insalvables. De hecho, nada más conocer esta restricción en el tipo de prueba que se puede presentar (debe ser realizada al menos 72 horas antes de la llegada), los turoperadores cancelaban reservas.  

Desde la Federación de Empresas de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas se ha criticado además la “incoherencia” del Gobierno español, puesto que a los pasajeros que incumplan esa exigencia, la de presentar el certificado con la PCR negativa en origen, Sanidad Exterior les realizará en destino, en infraestructuras ya habilitadas en los aeropuertos de las Islas, un test rápido de antígenos (también se realizarán pruebas aleatorias y a aquellos pasajeros que no superen el control visual y de temperatura). La resolución ministerial introduce, no obstante, un elemento disuasorio, ya que contempla sanciones por incumplimiento de entre 3.000 y 600.000 euros. 

A este puzle se le sumó, a mediados de semana, una nueva pieza que ha alentado las esperanzas del sector. La Comisión Europea publicó el miércoles un escrito de recomendaciones que, en su punto número 14, abre la puerta a “la posibilidad de utilizar las pruebas rápidas de antígenos para viajeros, teniendo en cuenta los últimos avances científicos y tecnológicos a la luz de la situación epidemiológica”. El organismo comunitario sigue manteniendo que el “estándar de oro” para el diagnóstico de la COVID es la PCR, el método más fiable también para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y para el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, pero admite el de antígenos como test válido “cuando la disponibilidad de PCR esté temporalmente limitada o cuando los tiempos de respuesta prolongados excluyan su utilidad clínica”. Bruselas reconoce que, hasta la fecha, se dispone de “datos muy limitados” sobre el rendimiento de estas pruebas en personas asintomáticas. Además, señala que son apropiadas en contextos de “alta transmisión comunitaria” y que, como principio general, deben utilizarse dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas o de los siete a la exposición a un caso confirmado de COVID-19. 

Un día después de que se publicara, fuentes oficiales del Ministerio de Turismo calificaban la recomendación de la Comisión Europea de “paso importante y esperanzador”, pero advertían de que “habrá que seguir trabajando para que pase de recomendación a aprobación y facilite la recuperación de la actividad turística en territorios que, como Canarias, han demostrado ser destinos seguros”. Según los últimos datos de Sanidad, el Archipiélago presenta una incidencia acumulada durante los últimos 14 días de 82,66 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra casi tres veces inferior a la registrada en la segunda comunidad autónoma con mejores indicadores (Baleares, con 233,50) y muy lejos de la media nacional, que se sitúa en 436,27. 

La resolución del 12 de noviembre de Sanidad impone, en cualquier caso, que la validez de las pruebas para el cribado de turistas dependerá de la homologación europea, un paso que aún no se ha producido. Desde el Ministerio de Turismo afirman que su titular, Reyes Maroto, “siempre ha defendido en Europa que se ampliara a otro tipo de pruebas, fiables y seguras, las que ahora se establecen como válidas para permitir la movilidad entre territorios que, en términos de incidencia de la pandemia, reúnen las condiciones para considerarse destinos seguros”. 

Lo cierto es que la utilización de los test de antígenos para el cribado de personas asintomáticas sigue generando recelos en la comunidad científica. Los portavoces de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) o de la Sociedad Española de Medicina Preventiva (SEMP) llevan semanas diciendo que estas pruebas solo están indicadas para pacientes que presenten síntomas con menos de cinco días de evolución o para aquellos que hayan estado en contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 y que en el cribado de personas asintomáticos se pueden colar muchos falsos negativos, ya que estas pruebas solo detectan la infección con cargas virales importantes. 

Un reciente estudio preprint, es decir, que aún no ha sido sometido a la revisión a pares ni ha sido publicado en una revista científica, ha alimentado el debate. Su investigador principal, Oriol Mitjá, del Instituto Germans Trias i Pujol y la Fundación Lucha contra el Sida, sostiene que esos falsos negativos que se escapan en las pruebas de antígenos tienen tan poca carga viral que la probabilidad de que contagien es muy baja, por lo que propone su uso para los testeos masivos. A las conclusiones de esta investigación alude el veterano científico Basilio Valladares, impulsor del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública, ahora dirigido por Jacob Lorenzo. “Es cierto que no son tan fiables como la PCR, pero funcionan si la toma de muestras se hace bien. Nosotros también hemos comparado las pruebas y la concordancia es casi absoluta, los resultados han sido excelentes, incluso en asintomáticos”, afirma el parasitólogo, que, aún desde la prudencia, considera que, a pesar de las diferencias de sensibilidad entre ambos test, el de antígenos “es aprovechable” y, además, “más barato”. 

Y es que el precio de las pruebas PCR es el principal motivo que retrae la reserva de billetes hacia Canarias, según la patronal. Así lo recoge también un reciente artículo publicado en ‘The independent bajo el titular “La pesadilla de los test COVID para viajar a Canarias en Navidad y Año Nuevo’. La publicación recoge el testimonio de británicos que han cancelado sus billetes ante el elevado coste de los test o la incertidumbre de obtener los resultados a tiempo. José María Mañaricúa, presidente de los hoteleros de la provincia de Las Palmas, recuerda que Reino Unido, uno de los principales países emisores de turistas a Canarias, está cerrado hasta principios de diciembre. El otro, Alemania, está abierto, aunque la demanda “es muy baja” por las fuertes restricciones impuestas por la alta incidencia de coronavirus. 

Según fuentes de Aena, la previsión es que este lunes lleguen doce vuelos internacionales a la isla de Gran Canaria, los primeros en torno a las once de la mañana desde Munich, Hamburgo y Bruselas. El organismo aeroportuario ha habilitado un espacio en la terminal de llegadas que ha sido cerrado perimetralmente para el control de pasajeros. El espacio se divide en cuatro zonas. Una primera, acotada y cerrada, de espera para someterse a la prueba. La segunda cuenta con boxes individuales para la realización de los test de antígenos. En la tercera, el pasajero aguardará hasta obtener los resultados, en un intervalo de entre 15 y 20 minutos, mientras que la cuarta área será de aislamiento en caso de resultado positivo. La logística incluye “personal de apoyo para acompañamientos y equipamiento mediante ordenadores e impresoras etiquetadoras para el control de muestras y resultados”, informan fuentes de Aena. 

La resolución del Ministerio de Sanidad se complementa con la orden dictada con anterioridad por el Gobierno de Canarias para los visitantes que se hospeden en alojamientos reglados del Archipiélago, vigente desde el 14 de noviembre. En este caso, el Ejecutivo regional sí permite el uso de test antígenos para autorizar la entrada de turistas, tanto nacionales como extranjeros, a hoteles, apartamentos y viviendas vacacionales.

 Sin embargo, a las personas que se trasladen hasta Canarias desde cualquier otro punto del territorio nacional y no se alojen en establecimientos reglados no se les exigirá ninguna prueba diagnóstica de infección activa para acceder a las Islas, una grieta de la que ya han advertido los profesionales sanitarios y que en algunos casos, como el de los estudiantes que regresen al Archipiélago en Navidad, se solventará con test sufragados por el Gobierno de Canarias, según anuncio su presidente, Ángel Víctor Torres, hace escasas fechas.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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