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La decisión de perimetrar 10 comunidades “no puede responder a un festivo o a salvar la campaña de Navidad”

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La decisión de perimetrar 10 comunidades

El estado de alarma ha proporcionado el paraguas legal que muchas comunidades necesitaban para iniciar actuaciones más restrictivas y frenar la curva de contagios que está poniendo en jaque a todo el país. La primera fue el toque de queda obligatorio durante dos semanas, pero en los últimos días la mitad de los gobiernos autonómicos se han amparando en la norma del Gobierno para encerrarse perimetralmente a gran escala. Es decir: confinar no solo municipios o zonas básicas de salud, sino la región entera. Así lo han hecho La Rioja, Navarra, Aragón, Euskadi, Asturias, Melilla, Murcia y por último Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. A las que ya han aprobado la restricción, se suman otras que lo están estudiando y aún mantienen la posibilidad sobre la mesa, por lo que la lista puede aumentar.

La medida cobra relevancia de cara al puente de Todos los Santos –el lunes día 2 es festivo en seis comunidades: Madrid, Asturias, Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León–. Pero la Comunidad de Madrid ha aportado la nota discordante este miércoles: tras reunirse con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido públicamente al Gobierno que le permita cerrar las fronteras de la región solo durante un fin de semana largo.

Desde el punto de vista epidemiológico, este tipo de limitaciones perimetrales sirven para evitar que una zona concreta, en la que se ha detectado una alta transmisión, expanda el virus. Y, en la práctica, también impide que entre de fuera. En ese sentido, los epidemiólogos defienden que no es conveniente plantear estas medidas a la ciudadanía como respuesta a “un festivo, a salvar la campaña de la Navidad o a conseguir un número concreto de vacunas antes de diciembre” porque crea un horizonte mental que no se sabe si se va a cumplir. En el caso de la primera, además, “da la impresión de que la situación de peligro dejará de tener vigencia en cuanto pase el puente”, plantea Pedro Gullón, miembro de Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

“Ponernos fechas fijas para una cosa es negativo. Madrid, por ejemplo, en lugar de en la ola epidémica del principio, está en un valle que se puede volver a disparar. No sabemos si para mediados de noviembre o diciembre bajará o si surgirán nuevos brote”, abunda. “Nos tenemos que manejar siempre en un escenario de paciencia. No dar certezas en este momento puede tener un efecto contraproducente”.

“Para los casos concretos de las dos Castillas y Madrid, sus incidencias acumuladas son parecidas, aunque Castilla y León tiene unas cifras algo mayores. Lo que significa que confinando las tres perimetralmente, se reducirá la transmisión de casos entre ellas”, asegura Fernando García, epidemiólogo y miembro de la asociación madrileña de Salud Pública. 

“Es importante que la gente no se desplace en los dos puentes próximos. Y con la idea de Díaz Ayuso, entre semana no hay desplazamientos de ocio, sino de trabajo o escolares, que supongo que estarán autorizados. A efectos prácticos, probablemente no haya mucha diferencia entre un confinamiento de 15 días y otro de fines de semana con lunes incluido. Pero si para salir de Madrid por carretera y por tren hay que pasar necesariamente por Castilla-La Mancha y por Castilla y León y estas dos comunidades siguen confinadas, no tiene mucho sentido que Madrid levante el confinamiento los días laborables. Salvo para los viajes por avión. La idea de Díaz Ayuso habrá que interpretarla por razones que no son epidemiológicas sino de otro tipo”, concluye García.

De hecho, el impacto de los desplazamientos entre comunidades en la expansión del virus no es baladí. Así lo ha constatado el Instituto de Salud Carlos (III), que ha investigado cuáles fueron los factores más significativos que hicieron que la curva estallara en marzo en España y por qué fue desigual entre territorios: los viajes desde Madrid, y también desde Euskadi, al resto de comunidades fueron dos de las cinco variables que más peso tuvieron. El estudio analizó ambos por ser estos los dos “en los que antes se detectó transmisión comunitaria” del virus, citaba el análisis.

“No es tan útil para controlar lo que ocurre dentro de cada zona como para que el virus no se desplace de una a otra”, explica Gullón. El experto considera que la acción es útil a nivel regional porque garantiza que los contagiados se mantengan dentro de un perímetro y que, por tanto, estas personas y sus contactos sean más fáciles de rastrear. Aunque la movilidad siempre es bidireccional y recuerda que de paso “también se minimiza la entrada de nuevos positivos”.

Esta doble dirección es lo que ha motivado a varias de las autonomías a tomar la decisión, sobre todo ante un fin de semana en el que habitualmente se registran muchos desplazamientos. “Ha quedado demostrado que los viajes internos por España han tenido un efecto multiplicativo de la transmisión y es lo que ahora las comunidades quieren impedir”, afirma Gullón, quien se refiere a varios estudios que analizaron el efecto de la movilidad entre Madrid y las dos Castillas en el aumento de incidencia de las dos últimas en la primera ola. Y es que “una ciudad grande tiene el efecto de una onda expansiva”.

Los cierres perimetrales pueden ser más o menos quirúrgicos: por ejemplo, el primero que hubo en España tras la desescalada fue en A Mariña (Lugo) y afectó a 70.000 personas. El segundo, la comarca del Segrià, de la que forma parte Lleida, englobó a más de 200.000 personas. Desde entonces, se han confinado barrios y pequeños municipios, pero también provincias y ahora comunidades enteras. “Casi todas están en una situación de riesgo muy alto”, alertó Fernando Simón el pasado lunes. Según los últimos datos de este miércoles, la incidencia acumulada en conjunto asciende ya a 452 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y no deja de aumentar a una velocidad que preocupa. 

No obstante, hay diferencias entre comunidades. La mayor parte de las que ya se han confinado perimetralmente tienen incidencias muy altas, que están ya llevando a los hospitales al límite. Ceuta, Melilla y Navarra rebasan, de hecho, los 1.000, y Aragón está a las puertas, con 940 contagios por 100.000 habitantes. Castilla y León, Catalunya, Euskadi y La Rioja superan los 500. Aunque las dos últimas han establecido un cordón sanitario a su alrededor, los epidemiólogos consultados no consideran que sea más contundente ni efectivo que hacerlo por pequeñas áreas de salud o por municipios.

“Podríamos calificar el confinamiento perimetral de una comunidad como de tipo leve porque limita poco la movilidad. El tipo extremo sería el confinamiento domiciliario que vivimos en marzo. Los confinamientos perimetrales de ciudades o de distritos municipales serían un tipo de confinamiento moderado, que pretendería evitar la transmisión dentro y fuera del lugar cerrado perimetralmente”, defiende Fernando García. 

En la misma línea se encuentra Pedro Gullón: “Hay que confinar áreas que sean manejables. Por eso, a nivel municipio suele funcionar mejor que por zonas básicas de salud”, argumenta. En el caso de cerrar comunidades autónomas, en cambio, el esfuerzo debería dirigirse a parar el desplazamiento interno, por lo que “la clave está en limitar las actividades dentro de la propia región”.

Ambos epidemiólogos inciden en que los confinamientos perimetrales, por sí solos, no tienen un efecto sobre la transmisión intracomunidad, ya que no restringen los movimientos interiores. “Siempre deben acompañarse de otras medidas complementarias, como el teletrabajo, el cierre de la hostelería o la reducción de aforos en lugares culturales”, defiende el experto en Salud Pública Fernando García. 

Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, cree que en ese caso las comunidades autónomas deben remitirse al documento que aprobaron hace una semana en el Consejo Interterritorial para tomar medidas más estrictas acordes a su nivel de alerta. “Lo más apremiante, dentro de lo que no están haciendo, es restringir los grandes eventos, fomentar el teletrabajo y cerrar de forma general el interior de los bares y restaurantes”, apuesta. Es decir, limitando cierta actividad económica de la manera menos lesiva posible para fijar un escenario epidemiológico más seguro.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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