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Sánchez ofrece a la oposición revisar el estado de alarma en marzo y el PP lo rechaza

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Sánchez ofrece a la oposición revisar el estado de alarma en marzo y el PP lo rechaza

El Gobierno ha ofrecido este miércoles que el estado de alarma que probablemente aprobará mañana el Congreso sea revisado junto a las Comunidades Autónomas en marzo para decidir si se levanta o se mantiene antes del plazo inicial de seis meses que había previsto el Ejecutivo. Así lo ha propuesto en la sesión de control en el Congreso el presidente, Pedro Sánchez. El líder del PP, Pablo Casado, a quien iba dirigida principalmente la oferta, la ha rechazado de plano inmediatamente, tras acusar a Sánchez de “eludir el Parlamento”.

El cara a cara entre Sánchez y Casado llegaba una semana después del discurso del líder del PP en la fallida moción de censura de Vox en el que planteó que su partido se iba a desmarcar de la ultraderecha. El PP no es el único grupo que cree “excesivo” un estado de alarma de seis meses como el que aprobó el Gobierno el fin de semana, pero mientras los demás se abren a aprobarlo y a revisar después los parámetros, los de Casado se han enrocado en el no. Este miércoles han vuelto a plantear un estado de alarma de solo dos meses para salvar la temporada navideña.

Sánche ha ofrecido así un camino intermedio a la oposición sobre la duración del estado de alarma. El presidente ha propuesto en el Congreso que dentro de cuatro meses -en marzo- el Consejo Interterritorial de Salud, en el que se sientan el Ejecutivo y todas las Comunidades Autónomas, revise la situación y plantee si es o no necesario mantener esa medida excepcional que recoge el artículo 116 de la Constitución y con la que el Ejecutivo ha dotado a los presidentes autonómicos del marco jurídico para establecer restricciones como el toque de queda, el cierre perimetral o la limitación de las reuniones sociales. El estado de alarma, además, es el paraguas jurídico que permitirá a los Gobiernos autonómicos decretar medidas de restricción de los movimientos para paliar la expansión de la pandemia.

El Gobierno defiende que los expertos aconsejan medio año de excepcionalidad y que sirve para dar un marco de trabajo estable a las comunidades. Además, sostiene que el estado de alarma puede estar vigente sin que se adopten las medidas en cada territorio, si no es necesario. Ante las críticas por la duración, Sánchez ha propuesto revisar la situación en cuatro meses. El Ejecutivo ya había defendido que el estado de alarma se levantara en cuanto dejara de ser necesario, pero el anuncio de Sánchez pone una fecha y una concreción para esta revisión: el 9 de marzo y a través del Consejo Interterritorial.

“Si [el Consejo Interterritorial] estipula que no es necesaria la alarma, el Gobierno revisará su decisión, y si dice que tenemos que seguir otros dos meses, el Gobierno mantendrá esa herramienta” hasta el 9 de mayo, ha dicho Sánchez, refrendando la previsión que aparece en la prórroga que se debatirá este jueves.

“El Gobierno está por la unidad y la unidad significa escuchar y tender la mano”, ha dicho Sánchez, para reprochar a Casado que cometa “error tras error” y de “denigrar” la herramienta constitucional del estado de alarma. Casado la apoyó en los meses de marzo y abril, pero luego se descolgó y pasó a la abstención y posteriormente al ‘no’ durante la primera oleada de la COVID-19. La propuesta del PP es reformar el paquete legal de las normas sanitarias para que se puedan aplicar medidas excepcionales sin que sea necesario recurrir al estado de alarma.

Sánchez ha reprochado a Casado que llegara a “calificar como dictadura constitucional” el estado de alarma. “O dictadura o constitucional, las dos cosas es imposible”, le ha dicho el presidente, que ha apelado a la “responsabilidad” del principal partido de la oposición en esta segunda oleada.

Casado, por su parte, ha mantenido la “mano tendida” a Sánchez para apoyar la prórroga del estado de alarma -que están aplicando los gobiernos autonómicos del PP para restringir movimientos-, pero ha condicionado su duración a dos meses para “salvar las navidades”. El jefe de la oposición sostiene que reducir la duración serviría para que la campaña de empleos de diciembre no se estropee, pero ha asegurado que también serviría para mantener “la esperanza de miles de mayores”. “¿Por qué no acepta esta propuesta para esta segunda oleada del coronavirus?”, le ha preguntado al presidente tras recordar su “plan B jurídico” para encarar la pandemia. Además, el presidente del PP ha asegurado que lleva meses planteando medidas económicas y se ha referido al proyecto de Presupuestos que este martes aprobó el Consejo de Ministros como un “plan ruinoso que solo va a empeorar” la situación.

“Tropieza dos veces con la misma piedra”, le ha dicho Casado, que también ha reprochado a Sánchez que no acuda este jueves a defender la prórroga del estado de alarma y que delegue en el ministro de Sanidad, Salvador Illa: “Le ha dado tanta vergüenza esta cacicada que no viene ni a las Cortes a convalidarla mañana”. “Abandone la radicalidad escuche menos a la extrema izquierda. Mi mano sigue tendida, por mí no quedara”, ha expresado el líder del PP una semana después de rechazar la moción de censura de Vox, que fue interpretado en el Gobierno como la apertura de una puerta para llegar a acuerdos, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Casado cree que el planteamiento del estado de alarma que hace Sánchez supone “eludir al Parlamento”. “Menos aló presidente y más venir aquí”, ha concluido Casado en referencia a las comparecencias del presidente en Moncloa.

El rechazo de Casado a la propuesta de Sánchez no ha sido un espejismo. Inmediatamente después, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha abundado en su negativa. Y ha arremetido contra el Ejecutivo con un tono que no se compadece con la moderación que expuso la semana pasada el líder de la derecha parlamentaria. “Como ustedes sigan gobernando no va a quedar nadie en pie”, ha dicho el número dos de Casado.

García Egea, en su cara a cara con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha ahondado en la negativa a apoyar el estado de alarma. “La democracia no es un bazar, no se regatea. Usted propone una alarma de seis meses y sustituir el Parlamento para que las decisiones las tomen los consejeros de Sanidad de las comunidades en un órgano que tiene mayoría el PSOE. Quítese los complejos y que lo decida Ferraz”, ha dicho interpelando directamente al presidente.

“En quince días metieron a Pablo Iglesias en el CNI. En seis meses sin control parlamentario, ¿qué van a hacer? Si delegan sus competencias en las Comunidades y las del Parlamento en el Consejo Interterritorial, ¿para qué están? Váyanse y terminamos antes”, ha zanjado. 

En su respuesta, Pablo Iglesias ha lamentado el tono del PP: “Su discurso moderado ha durado menos que la mili de Abascal”. Iglesias ha asegurado que el “problema” del partido de Casado es que “están encerrados con Vox”. “Su última intervención revela que siguen compitiendo por ver quién dice la mayor barbaridad o utiliza el tono menos educado y desagradable. Pero además están atrapados estructuralmente, porque ustedes gobiernan con estos señores. Dependen de ellos. Por eso el supuesto discurso moderado del señor Casado se queda en nada cuando tienen que competir con la derecha”.

Iglesias ha acusado al PP de “dar alas a la ultraderecha con un discurso ultranacionalista y enormemente irresponsable”. Y ha concluido: “Hoy, esa ultraderecha les está devorando a ustedes y a Ciudadanos”.

Tras la intervención de García Egea, el PP se ha reafirmado en su rechazo al estado de alarma. “Es el Parlamento el que decide un estado de alarma, no un Consejo. Sánchez ya se comprometió el domingo a que el Consejo Interterritorial supervise el proceso”, han señalado a los medios fuentes oficiales del PP. Y han zanjado: “Nos reafirmamos en nuestra posición. España necesita un plan B jurídico que dé certidumbre y evitar la excepcionalidad del estado de alarma”.

En Ciudadanos están abiertos a apoyar de nuevo al Gobierno, pero con condiciones. Este martes Inés Arrimadas aseguraba que el estado de alarma le parece una herramienta jurídica necesaria para frenar los rebrotes de la pandemia pero opinaba que seis meses de duración les parecía “excesivos”. La líder de Ciudadanos reconocía que su grupo va a seguir “tendiendo la mano al Gobierno” y negociando hasta el último minuto para que el presidente rebaje ese tiempo y para que “rinda cuentas periódicamente en el Congreso” sobre la evolución de la crisis sanitaria. Ciudadanos, además, quiere que el Gobierno apruebe un Plan nacional para afrontar en todas España la Covid-19 y que no hay “17 planes” y cada comunidad actúe por su cuneta. Creen que tiene que ser el Gobierno el que coordine las medidas a implantar e impulse al mismo tiempo otro plan de rescate a los sectores que ya se está viendo afectados en esta segunda ola de rebrotes: Pymes, autónomos, y turismo, principalmente.

La líder de Ciudadanos resumió así su postura en una entrevista TVE: “Si quiere nuestro apoyo, Sánchez tiene que bajarse del burro”, buscar “el consenso” y “negociar” con todos los grupos de la Cámara. Todo ello, sin cerrar en ningún momento el apoyo de su grupo al estado de alarma que este jueves se debate en el Congreso.

Este miércoles, en la sesión de control, Arrimadas ha reprochado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que “no vale cualquier estado de alarma, seis meses sin control parlamentario, cuando hay restricción de derechos tiene que haber más rendición de cuentas, eso es de primero de democracia”. “Ustedes tienen que rectificar y estar a la altura, estamos a tiempo”, ha reiterado la dirigente de Ciudadanos, sin concretar qué le parece la nueva oferta de Sánchez.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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