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La velocidad de la segunda ola amenaza con poner a los hospitales en situación “muy crítica” a mitad de noviembre

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La velocidad de la segunda ola amenaza con poner a los hospitales en situación

Las alarmas vuelven a encenderse en los hospitales. El goteo constante de nuevos ingresos que desde el verano han vivido con preocupación los sanitarios se ha disparado ahora en varios puntos de España. La segunda ola vive su peor momento y eso se traduce en una escalada de las hospitalizaciones y los pacientes en UCI que está tensionando las capacidades sanitarias. La situación no es como la del pico de la pandemia, pero sí hace que algunos hospitales de los territorios más golpeados superen el 100% de su dotación habitual, reorganicen servicios, cierren plantas, restrinjan las visitas o pospongan intervenciones no urgentes. Sanidad ha advertido de que, de seguir con este ritmo de incremento de casos, la situación será “muy crítica” para los hospitales en tres semanas.

Así lo deslizó el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, este lunes, cuando se mostró preocupado por la velocidad de la curva y las repercusiones que eso tiene en el sistema sanitario, que es ya la última barrera tras el fracaso de la primera línea de contención de la pandemia. Simón afirmó que ya hoy hay centros en situación muy grave y apeló a la efectividad de las medidas puestas en marcha estos días y a la responsabilidad ciudadana para evitar el colapso. “Si la incidencia sigue creciendo en las últimas dos semanas, en la tercera de noviembre estaríamos en una situación muy crítica. No tanto porque no se pueda asumir la carga del coronavirus sino porque se tendrá que reducir toda la actividad programada en los hospitales con la consecuencias que esto acarrea”, aseguró.

La cifra global de hospitalizaciones no ha dejado de multiplicarse hasta alcanzar el pico de esta segunda ola este martes: si hace un mes había 629 hospitalizaciones en los últimos siete días, hoy son 964. También las UCI, donde llegan los pacientes más graves, que han pasado de 51 a 73 en la misma referencia temporal. Según el Ministerio, a día de hoy hay 16.696 personas con coronavirus hospitalizadas en nuestro país, y 2.292 en cuidados intensivos. Esto supone que un 14% de las camas convencionales están ocupadas por estos pacientes, y una de cada cuatro de las segundas. Mucho para una sola patología. “La situación es heterogénea, pero es preocupante porque muchas están muy tensionadas y tenemos poco margen de maniobra. No es como en marzo, pero estamos viendo un aumento”, explica Virginia Fraile, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva.

A ese impacto asimétrico apuntan los últimos datos de Sanidad: en algunas comunidades, como Galicia, Cantabria o Baleares, el porcentaje de ocupación fluctúa entre el 5% y el 6%, mientras que en otras ronda el 20%. Es el caso de Castilla y León, que alcanza el 22%, Aragón o Navarra –18%–. En las UCI pasa lo mismo. Las que sufren más presión son estas tres últimas junto a Catalunya, La Rioja, Madrid y Ceuta y Melilla. En todas más de tres de cada diez camas de críticos se usan para pacientes COVID, llegando incluso al 41% en Aragón o al 64% en Ceuta. Los casos siguen en ascenso, así que es previsible que los ingresos continúen al alza al menos durante los próximos 10 o 15 días. Si las medidas que se están implementando ahora tienen el efecto suficiente, la curva de hospitalizaciones también debería estabilizarse pasado este tiempo. Si no, como vaticina Sanidad, el escenario puede complicarse todavía más. 

A nivel más micro, la situación es grave en varios puntos de España. En Castilla y León siete hospitales rebasan su volumen habitual de UCI. En Ávila hay diez pacientes, lo que supone el 125% de su dotación de base. En Segovia llega a alcanzar el 140% y hasta el 171% en Palencia, donde hay 24 personas ingresadas y una capacidad inicial de 14 camas que han ampliado. Los hospitales de León, Burgos, Soria y el Clínico de Valladolid también la han sobrepasado ya y se han visto obligados a habilitar más plazas a través de las llamadas ‘UCI extendidas’. La semana pasada se suspendieron las visitas y el acompañamiento en los hospitales y centros de salud de la comunidad y hace unos días la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, apuntó a que “los riesgos de que el sistema sanitario colapse están ahí; la situación de los hospitales es similar a la del 20 de abril”.

Como el resto de comunidades, Castilla y León espera que con las medidas puestas en marcha estos días se logre aplanar la curva, pero los sanitarios aguardan aún un incremento de ingresos de los casos diagnosticados recientemente. “En los hospitales se ve el efecto pasados unos días. Hay que esperar a ver cómo actúan las restricciones para que no se sature el sistema, pero es preocupante porque la semana hubo una subida generalizada de casos en todas las provincias”, opina Tomás Toranzo, secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de la comunidad.

En Aragón, explica Carmen Gómez, delegada del Sindicato de Enfermería Satse y enfermera en la UCI del Hospital Clínico de Zaragoza, hay un aumento de presión palpable tras mantener “el índice de ocupación más o menos estable durante el verano”. La comunidad es una de las que más incidencia tiene, con 872 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta semana los hospitales han tenido que ampliar las plazas UCI disponibles, incorporando 12 extra que se suman a las diez que se pusieron ya en marcha la semana pasada en otros dos centros. Gómez explica que en el Clínico se ha habilitado una nueva unidad con seis camas más y en el Hospital Miguel Servet, también de Zaragoza, “las UCI están al límite, aún no se han desbordado, pero es cuestión de días”, ha confirmado el gerente a la COPE. Fuera de la capital, el Hospital San Jorge de Huesca se ha visto obligado a derivar pacientes en varias ocasiones y ha tenido que suspender todas las operaciones no urgentes. En Teruel se preparan para habilitar más plazas.

No obstante, la situación no es como la de marzo, recalcan los profesionales. Ahora los ingresos “son más escalonados” y “entonces no hubo capacidad de respuesta, se desbordó”, señala Fraile. A diferencia de lo que pasó entonces, ahora los hospitales cuentan con circuitos diferenciados y la asistencia a pacientes que no tienen coronavirus se mantiene. De hecho, el porcentaje de ocupación está lejos del 55% del total de plazas que se llegaron a cubrir con coronavirus en el pico crítico, en la semana del 29 de marzo. Sin embargo, sí se están poniendo contra las cuerdas varios centros, que deben alterar su actividad habitual, lo que es también una señal de gravedad. Porque la vara de medir no debe ser lo ocurrido al principio de la pandemia, cuando la saturación fue total en muchas zonas de España. “Ahora conocemos más de la enfermedad, los tratamientos son mejores y llegamos antes a los enfermos, se les ingresa antes”, dice Toranzo. No obstante, la situación “crítica” en algunos centros, ha apuntado Simón, está “poniendo en cuestión el sistema rutinario para otras patologías”.

También se han desprogramado las cirugías no urgentes en Navarra, donde la presión hospitalaria ha subido considerablemente en los últimos días hasta llegar a un nivel “muy preocupante”, en palabras de la consejera de Salud, Santos Indurain, que ha alertado de que “la cifra de 500 casos diarios en la que parece haberse instalado la cadencia de los últimos días no es en modo alguno sostenible a nivel hospitalario”. “Las dos próximas semanas, con los actuales índices de ocupación hospitalaria e incidencia de contagios de COVID-19, van a ser muy complicadas”, ha señalado. La Comunidad Foral, donde el 18% de camas convencionales están ocupadas por coronavirus, ya está derivando pacientes a centros sanitarios de la red privada para descongestionar el hospital público y poder seguir atendiendo otras patologías. 

Desde el sindicato SATSE de Navarra, María José Algarra, secretaria autonómica del mismo, advierte de la incidencia acumulada en la comunidad, la más alta de España, con 1.141 casos, y augura “meses por delante muy duros” con “un sistema de salud que ya está muy tensionado”. La enfermera apunta a que hasta ahora, el número de ingresos se compensaba con las altas, pero “ahora esto se ha desestabilizado” y lamenta que desde la Administración no haya un refuerzo de personal y las plantillas estén “cada vez más mermadas”. Es una queja general de los sindicatos: “Aunque se ha incrementado la dotación de material, hay más respiradores y se pueden expandir las camas UCI, hay escasez de profesionales. Sigue siendo un cuello de botella”, remata Toranzo desde Castilla y León.

En Madrid la situación se ha estabilizado en las últimas semanas, con una bajada de los contagios que hace que la mayor parte de las comunidades esté por encima en incidencia acumulada, según los datos del Ministerio de este martes. No obstante, la presión sigue estando ahí y las tasas de ocupación hospitalaria siguen siendo de las más elevadas del país: un 19% de las camas convencionales se usan para enfermos de COVID, que ocupan un 40% de las plazas para críticos. Es más difícil que este último eslabón de la cadena se libere en poco tiempo porque la estancia de estos pacientes graves es más larga. “Hay cierta sensación de que parece estabilizado, pero aún así hay mucha sobrecarga todavía”, resume una enfermera del Hospital del Sureste, que ha tenido que reconvertir el paritorio en UCI ante el exceso de demanda.

En Catalunya, la presión asistencial ha disparado las alarmas de los responsables hospitalarios desde hace unos diez días. Los ingresos se han multiplicado en muy poco tiempo y el desborde ha alcanzado por ahora a los hospitales comarcales de los municipios con mayor incidencia. Es el caso de los de Figueres, Tortosa, Salt, Granollers o Girona, con muy pocas camas de cuidados intensivos y que ya se han visto obligados a reprogramar parte de su actividad normal. Tras ellos vienen centros como el Hospital del Mar o el Sant Pau, ambos de Barcelona, que aseguran que ya están abriendo nuevos dispositivos para COVID-19 y aseguran que deberán alterar su actividad en pocos días. Los más grandes, como Vall d’Hebron o el Clínic, dicen tener un poco más de margen.

Otras comunidades que en datos asistenciales están mejor también han puesto el foco en la presión creciente en los hospitales. Andalucía ha activado este martes un plan de contingencia para soportar el ascenso en el número de ingresos que prevé el ejecutivo autonómico, y en Murcia, el portavoz técnico del Comité de Seguimiento de la COVID-19, ha hablado este martes de “una situación de riesgo de colapso del sistema sanitario”. La preocupación es generalizada en todo el territorio, lo que llevó a Pedro Sánchez el pasado domingo a aprobar un estado de alarma para que los gobiernos puedan aprobar medidas drásticas para frenar la curva con seguridad jurídica. El toque de queda ya es obligatorio en todas, y varias están restringiendo al máximo la vida social y confinándose perimetralmente. En ello confían las autoridades sanitarias para evitar el desborde hospitalario.

Reportaje realizado con información de Pau Rodríguez, Alba Camazón, Rodrigo Saiz y Candela Canales.

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

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El Gobierno amarra sus primeros Presupuestos con los socios de la investidura

Han bastado tres síes para que el Gobierno de coalición se asegure sus primeros Presupuestos Generales, que sustituirán en 2021 los vigentes, arrastrados desde 2018 por la imposibilidad de los partidos de ponerse de acuerdo hasta ahora. Los 13 diputados de ERC, los seis del PNV y los cinco de EH Bildu le dan a PSOE y Unidas Podemos un mínimo de 179 votos en las definitivas votaciones del jueves de la semana que viene. Tres por encima de la mayoría absoluta, lo que garantiza que las cuentas públicas se aprueben y permite que el Ejecutivo culmine la negociación con el resto de grupos sin ninguna presión. 

El largo y proceloso camino que ha seguido hasta este punto no hacía prever la velocidad con la que se ha resuelto finalmente. El primer , el de EH Bildu el 11 de noviembre aceleró el proceso y, aunque debe ser ratificado por las bases este jueves, obligó al PNV a posicionarse rápido. Dos días después, comparecía su portavoz, Aitor Esteban, para informar de avances sustanciales en su negociación con el Gobierno. Unas conversaciones que han cuajado a lo largo del fin de semana y del lunes, y que han llevado a la formación jeltzale a confirmar este martes por la mañana su voto favorable, tras consignar otro paquete de enmiendas.

Apenas unas horas después era el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien anunciaba un “preacuerdo” con el Ejecutivo, que deberá ahora pasar por los órganos del partido catalán para una ratificación de la que nadie duda. Los síes previos habían abaratado mucho el respaldo a las cuentas del Gobierno. Los 155 diputados del PSOE (120) y Unidas Podemos (35), más los 11 de los dos partidos vascos, sumaban 166, a solo diez de la mayoría absoluta y con muchos partidos todavía pendientes de definir su posición. Si en la negociación parlamentaria apurar los plazos es sinónimo de lograr mejores resultados, esta vez se ha impuesto la lógica inversa.

Poco después de que Rufián abandonara la sala de prensa del Congreso, era su homólogo de Ciudadanos, Edmundo Bal, el que se subía al atril para presumir de los avances en la negociación con el Gobierno, entre ellos, la aceptación por parte del PSOE de su propuesta de una tarjeta sanitaria única en todo el territorio o enmiendas relativas a los autónomos o la baja remunerada para progenitores cuyos hijos estén en cuarentena. 

Inés Arrimadas se mantiene aferrada a la mesa de negociación a pesar de que los de Pedro Sánchez han dejado claro que no darán marcha atrás en la enmienda sobre la inmersión lingüística en la ley educativa, que era una de sus premisas para aprobar los presupuestos. Aún así, Bal ha asegurado que Sánchez aún tiene margen para pactar con Ciudadanos al declararse “incompatible” con ERC y EH Bildu. “ERC no tiene un acuerdo cerrado aún con el Gobierno, solo ha puesto condiciones. Nosotros vamos a trabajar para desbaratar esos acuerdos y que no se consumen”, expresó Bal. 

Sin embargo, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno confirman los acuerdos amarrados con los republicanos, que incluyen, entre otros asuntos, el fin del control de los gastos de la Generalitat que impuso Mariano Rajoy y la revisión del sistema fiscal –especialmente del impuesto de patrimonio para gravar a las grandes fortunas–. “Hay un acuerdo para revisar el impuesto sobre el patrimonio y avanzar en la armonización fiscal” entre comunidades, señalan en Hacienda. 

El de ERC ha provocado en Junts la reacción contraria a lo que ha ocurrido entre Bildu y el PNV en Euskadi, aunque en ese caso el Gobierno ha reiterado que son los nacionalistas vascos su “socio preferente” para toda la legislatura mientras hacen equilibrios para “normalizar” a la izquierda abertzale sin dar por cerrado un acuerdo ante la polémica suscitada por el acercamiento. La portavoz de Junts, Laura Borràs, ha criticado a sus socios de Gobierno en la Generalitat por “conseguir lo que ya era de los catalanes”, en referencia a recuperar el control sobre los gastos. “Hay un mientras tanto entre tus objetivos, fines y sueños y ese mientras tanto hay que gestionarlo –se ha defendido Rufián–. Eso no nos hace menos independentistas, simplemente nos hace más útiles. Hay muy poco margen para la magia hoy en día”. 

A la parte socialista del Gobierno le ha servido tener la disposición de Ciudadanos, así como del PDeCAT, que ha recuperado autonomía parlamentaria tras la ruptura con Carles Puigdemont, para allanar la negociación con el resto de aliados de la investidura, aunque en las últimas semanas ya se les había recolocado como socios preferentes en al negociación en buena medida por la presión de Pablo Iglesias –en un sector del PSOE también optaban por esa vía para garantizar estabilidad al bloque el resto de la legislatura–. No obstante, la negociación con Arrimadas sigue en marcha y la intención de Moncloa es sumar al mayor número de grupos posible. 

Con la mayoría absoluta en la mano, el Gobierno busca ahora cerrar las negociaciones con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, aunque el precio que tendrá que pagar para conseguir los síes, que se dan por hecho salvo sorpresa, se ha reducido notablemente. Desde Más País apuntan a que todavía están “hablando con el Ejecutivo”. Sus dos diputados han planteado reclamaciones en el ámbito verde y también un fondo para ayudar a empresas a instaurar la semana laboral de cuatro días, entre otras enmiendas.

Otros dos apoyos que se dan por hecho son los del PRC, donde aseguran que todavía tienen “flecos pendientes” para garantizar el ; y el de Nueva Canarias, que ha cerrado una enmienda para insuflar 30 millones de euros a la “lucha contra la pobreza” en el archipiélago.

En Teruel Existe todavía no han tomado una decisión final. “Hemos presentado una serie de enmiendas sobre despoblación, como la creación de un plan estatal para la reactivación del medio rural en el que se contemplen todas las partidas destinadas a la España vaciada”, apuntan desde la agrupación electoral, que reconoce que el acuerdo de investidura está más o menos incluido al completo.

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

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El Consejo de Europa pide a España más medidas contra la violencia de género fuera del ámbito de la pareja

Reconocimiento a las medidas tomadas en el ámbito de la violencia de género por parte de la pareja. Y petición de que se tomen más acciones contra la violencia machista en otros ámbitos. Éstas son algunas de las principales conclusiones del primer informe de evaluación de la aplicación por parte de España del Convenio de Estambul (el tratado internacional de referencia en la materia), realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa.

Así, GREVIO destaca “la sólida agenda” de políticas de las autoridades españolas para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y “su papel pionero” al adoptar en 2004 una ley integral sobre violencia infligida por la pareja que incorpora una aproximación centrada en la víctima y en la naturaleza de género de este tipo de violencias. El informe reconoce “las medidas de apoyo y protección a las víctimas que se ofrecen sobre la base de la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los tribunales especializados en violencia contra la mujer, los servicios de salud y las entidades que brindan asesoramiento jurídico a las mujeres”.

El grupo del Consejo de Europa también saluda que “la ley se haya complementado con la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que contienen un conjunto de medidas para mejorar las respuestas institucionales a la violencia de pareja”, explica el informe.

GREVIO, sin embargo, “expresa su preocupación por que los servicios de apoyo integral a las víctimas y la cooperación entre múltiples agencias en España se han concentrado exclusivamente en la violencia relacionada con la pareja en detrimento de otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina”.

“Teniendo en cuenta el alto nivel de autonomía regional y local de España”, explica GREVIO, “el informe lamenta las variaciones regionales en la implementación del Convenio de Estambul, a pesar de las medidas de coordinación adoptadas por las autoridades españolas”.

Como consecuencia, “no se garantizan niveles comparables de protección y apoyo en todas partes, en particular en lo que respecta a las formas de violencia de la pareja no íntima. Muy pocas comunidades autónomas ofrecen servicios especializados para víctimas de agresión sexual y violación, y aún son menos los servicios de apoyo especializados, si es que existen, para mujeres en riesgo o en situación de matrimonio forzado, mutilación genital femenina, acoso, esterilización forzada y aborto”.

En los últimos tiempos, explica el informe, “las interpretaciones del delito de violación y abuso sexual ofrecidas por los tribunales y el apoyo y la protección disponibles para las víctimas de violación han sido ampliamente discutidos por la ciudadanía”.

En este contexto, el informe “observa con preocupación un marcado aumento de las violaciones colectivas en los últimos años, así como que los casos se refieren cada vez más a víctimas o perpetradores menores de edad”.

“El Código Penal se ha sometido y sigue sometiéndose a revisión para adaptarlo a los requisitos del Convenio de Estambul”, afirma el informe: “Sin embargo, en relación a los procesos por agresión sexual y violación, se identificaron varios factores que impactan negativamente en las experiencias de las mujeres víctimas con el sector de la justicia penal. La duración de los procedimientos, la exclusión del uso de pruebas forenses recopiladas sin la orden de un juez, así como el umbral muy alto para probar la violación en los tribunales pueden fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas y contribuir a bajas tasas de condena”.

“A pesar de la disponibilidad de medidas legales para garantizar la seguridad de las mujeres y los niños víctimas de violencia doméstica”, continúa GREVIO, “las deficiencias en su implementación dan como resultado la custodia compartida y amplios derechos de visita que se otorgan a los perpetradores condenados, y los regímenes de visitas frecuentemente ordenados o mantenidos a pesar de evidencia de violencia y abuso proporcionados por los propios niños o profesionales. El personal de los puntos de encuentro familiar, así como los jueces, a menudo parecen juzgar mal las situaciones de abuso o desconocer la dinámica de género de la violencia de pareja íntima, así como el impacto en los niños de presenciar el abuso de sus madres y el uso de la custodia y las visitas de padres violentos para continuar con el abuso”.

Si bien GREVIO aplaude “los esfuerzos realizados en la implementación del Convenio de Estambul”, identifica una serie de “cuestiones prioritarias que requieren una mayor acción” por parte de las autoridades españolas: “Fortalecer las medidas para prevenir y combatir la violencia que afecta a mujeres expuestas a discriminación interseccional”; “asegurar la asignación adecuada de recursos y su uso por las autoridades regionales, así como desarrollar sistemas de financiación que permitan a las ONG de mujeres desempeñar un papel activo en la prestación de servicios de apoyo”; “reforzar los esfuerzos de formación de profesionales como agentes policiales, trabajadores de la salud y docentes, y evaluar las diferentes capacitaciones disponibles para el poder judicial”; “mejorar la prestación de servicios de apoyo, en particular mediante la adopción de medidas efectivas para garantizar una provisión de alojamiento suficiente”; “reforzar el marco legal sobre violencia psicológica, acoso, violencia sexual, acoso sexual y mutilación genital femenina”; y “garantizar la seguridad de las víctimas” con órdenes de protección que sean “debidamente emitidas por el poder judicial y respetadas por los perpetradores”.

Otra preocupación que presenta el informe de GREVIO tiene que ver con la financiación de servicios de apoyo especializados mediante licitaciones públicas. GREVIO señala que dichos procedimientos “tienden a favorecer al postor más bajo, lo que a veces resulta en que los contratos públicos se atribuyan a empresas privadas no especializadas en servicios de apoyo a víctimas de violencia. Hay preocupación en torno el deterioro de las condiciones laborales en los servicios de apoyo a cargo de empresas privadas”.

“En algunas regiones”, explica el informe, “este problema se ha resuelto regulando la prestación de servicios por entidades sin ánimo de lucro (País Vasco), lo que GREVIO agradece. Sin embargo, representantes de la sociedad civil en otras regiones del país han facilitado información preocupante sobre sus precarias condiciones laborales y de financiación. La reforma a la ley de licitaciones públicas ahora permite que los procedimientos de contratación pública requieran que los licitadores basen su prestación de servicios en un enfoque de género, pero esta reforma aún no ha desarrollado todo su potencial”.

En este sentido, GREVIO “señala la necesidad de garantizar que todos los proveedores de servicios para víctimas de violencia contra las mujeres operen y respeten los estándares mínimos esenciales que han sido desarrollados por el movimiento de mujeres y han sido revisados ​​exhaustivamente en las publicaciones del Consejo de Europa”. Además, el organismo “recuerda que el apoyo y la asistencia óptimos para las víctimas, atendidos a sus necesidades específicas, están mejor garantizados por personal especializado y experimentado con un conocimiento profundo de la violencia de género”.

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

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La crisis económica por la COVID merma las posibilidades de que las mujeres rompan el ciclo de la violencia de género

La pandemia de coronavirus no solo impactó en las víctimas de violencia de género durante el confinamiento estricto en los hogares de los primeros meses. Aún no conocemos todos los efectos de una situación sin precedentes como esta y lo más probable es que se alarguen en el tiempo, pero hay algo de lo que ya advierten las expertas y que las asociaciones comienzan a identificar: la parte económica de la crisis que estamos viviendo -la pérdida de empleo, los ERTE, las reducciones de jornada o abandono del empleo para atender los cuidados- está mermando la autonomía e independencia de las mujeres, lo que inevitablemente acaba entorpeciendo su proceso de toma de decisiones y dificultando su salida de hogares violentos.

No es algo abstracto. Varias organizaciones con servicios de atención y asesoramiento a víctimas están detectando estos meses una subida de la asistencia a mujeres en estas circunstancias: desempleadas, trabajadoras a las que se les ha recortado el sueldo, en ERTE o bien directamente sin contrato y despedidas sin derecho a paro. “La dependencia económica es uno de los factores de riesgo para que la violencia se perpetúe, más allá del plano psicológico y emocional… Y esto es algo que se está acrecentando con la pandemia porque salir de casa y empezar una nueva vida siempre es difícil, pero mucho más con la situación actual de precariedad y esta perspectiva de futuro”, explica Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (FAMUVI).

A su asociación cada vez llaman más mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas o exparejas y están atravesando situaciones “muy complicadas” económicamente. “Llaman preguntando qué pueden hacer. Nosotras les informamos de los recursos y de las posibilidades. Una de las alternativas es ir a una casa de acogida durante un tiempo, pero claro la pregunta que nos hacen siempre es ‘¿y después qué?’ El futuro es incierto para todo el mundo, pero para estas mujeres implica además seguir soportando situaciones de violencia y es muy grave; nos preocupa mucho”, prosigue la experta.

Ya de por sí las mujeres en España acumulan más paro, más trabajo a tiempo parcial, más temporalidad y brecha salarial, pero el riesgo de que la COVID ahonde en ello preocupa a las expertas y también a las propias mujeres. Un informe reciente de la aseguradora internacional Axa muestra una inquietud generalizada entre las mujeres ante los efectos de la crisis económica en sus vidas: en el caso de nuestro país hasta el 32% de las mujeres temen perder independencia económica, nueve puntos más que la media internacional. El 53% temen incluso volver a ser dependientes económicamente. Las españolas son las más pesimistas de toda la muestra internacional sobre sus perspectivas laborales después de la pandemia.

Es algo de lo que tienen evidencias también en la Federación de Mujeres Progresistas, y muy específicamente en su servicio de orientación sociolaboral y económica para víctimas de violencia machista. Nines Jordán, psicóloga y coordinadora del servicio, explica que, durante este año, el número de mujeres que se han apuntado al programa se ha casi doblado respecto a 2019. Y eso incluso con algunos meses de paralización. “Lo que se da es un miedo a la pobreza, y es un miedo real, porque salen y en muchos casos se encuentran sin trabajo y sin vivienda”, ilustra la experta, que advierte además sobre el riesgo de que mujeres supervivientes vuelvan a los hogares que abandonaron: “En nuestro servicio muchas ya no conviven con el agresor y hay que poner el foco en esto porque el verse desprotegidas y sin absolutamente nada puede incentivarlas a regresar”.

Anita Bhatia, directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres, confirma que, más allá del aumento de la violencia de género durante los confinamientos y las consecuencias posteriores, la preocupación está en “los efectos colaterales” que se darán también en el medio y largo plazo. Uno de esos efectos, confirma, es que la fuerte crisis derivada de la pandemia afecte a la independencia económica de las mujeres. “Estos meses hemos hablado de la violencia machista y de los cuidados y el empleo, pero no hemos hecho la suficiente vinculación entre las dos cosas. Es lo que tienen que hacer ahora los gobiernos, pensar políticas y programas que enlacen violencia machista y mercado laboral”, dice Bhatia. De no ser así, alerta, el impacto irá más allá de dos o tres meses, sino que será “a muy largo plazo”.

Lo mismo reivindica Mariti Pereira, que reclama una reformulación en este sentido del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el objetivo de “darles alternativas más materiales en un momento como este”. La experta denuncia, además, la burocratización de los procedimientos para acceder a ayudas de emergencia y otras prestaciones destinadas específicamente a estas mujeres. “Muchas personas están en una situación económica grave, pero debemos visibilizar que en las colas del hambre y en los desahucios hay víctimas de violencia de género. Viven una emergencia económica y social, pero también de vida. Nos estamos perdiendo en una burocracia y un peregrinaje que desespera a cualquiera, pero imagínate a una mujer que tiene que salir de su casa”, lamenta.

No es algo que denuncien solo las organizaciones especializadas en violencia de género, sino que en los últimos días otras ONG como Ayuda en Acción o Cáritas han advertido de un “agravamiento de las dificultades económicas” relacionado con la pérdida de ingresos, el desempleo o la “imposibilidad de acceso a ayudas sociales”, especifica Cáritas en una nota de prensa con motivo del 25N. Algo que ha conllevado un aumento “importante” de las demandas de mujeres víctimas en lo que se refiere a “ayuda económica para alimentación, higiene, vivienda o pago de suministros, entre otras”.

La directora ejecutiva adjunta de ONU Mujeres menciona algunas de las evidencias que el organismo ya ha constatado en estos meses. Por ejemplo, que la carga de trabajo de cuidados no pagado ha aumentado significativamente y que son las mujeres las que siguen encargándose de ello mayoritariamente. Y que, como consecuencia, ya se detecta el abandono de muchas mujeres del mercado laboral –total o parcialmente– para poder hacerse cargo de los cuidados en tiempo de pandemia. “Eso significa que muchas mujeres van a salir ya del mercado formal de manera permanente o que al menos sus posibilidades laborales y económicas van a verse significativamente alteradas”, apunta Bhatia, que señala las carencias de infraestructuras de cuidados como un problema de fondo.

El ejemplo internacional es EEUU, donde, solo en septiembre, 617.000 mujeres abandonaron la fuerza laboral, ocho veces más que los hombres. Pero la preocupación recorre todos los países. El proyecto We Go de la Unión Europea ha señalado la independencia económica como un “elemento crucial” que puede animar o desincentivar la denuncia de la violencia que se sufre. Aunque la violencia machista es ejercida por hombres de todos los perfiles socioeconómicos y afecta igualmente a las mujeres, el estudio muestra como los niveles bajos de independencia económica hacen que, de media, las mujeres permanezcan más tiempo en relaciones abusivas.

A las dificultades de conciliación apunta también Jordán desde la Federación de Mujeres Progresistas, que pone el foco en la “especial situación” que atraviesan las víctimas que tienen hijos e hijas a la hora de decidir abandonar sus hogares. “Ya no es solo que estas mujeres tomen la decisión por ellas mismas, es que no se van solas y los niños dependen de ellas. Si no tienen trabajo ni alternativa habitacional, se complica muchísimo”, lamenta. Pero, además, la falta de medidas para conciliar vida personal y familiar “dificulta su incorporación al mercado laboral”, que al mismo tiempo está, en muchas ocasiones, relacionado con “la falta de redes de apoyo después de que el agresor se haya encargado de aislarla”.

Según el proyecto We Go, el 71% de las mujeres que habían sufrido algún tipo de violencia mencionaron el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar. En su informe anual de cara al 25N, UGT pone de manifiesto estos datos para reclamar que la inserción laboral de las mujeres que sufran violencia de género esté garantizada de forma efectiva. Actualmente, denuncia el sindicato, las medidas son insuficientes y no abordan con la importancia que mereciera la relación entre empleo y violencia de género.

Por el momento, los datos sobre denuncias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan a un descenso considerable. El efecto se ha extendido más allá de los meses del confinamiento domiciliario estricto y entre mayo y junio bajaron un 14,62% respecto al mismo trimestre de 2019, la mayor caída interanual de la serie histórica. No obstante, la situación sigue siendo a día de hoy incomparable con cualquier otro mes normal porque aunque no haya encierro obligatorio en las casas, sí hay toque de queda, cierres perimetrales y un escenario general “que puede estar desincentivando la denuncia”, advierte Pereira. Con todo, y aunque es pronto para establecer paralelismos, la crisis económica anterior también se saldó con una caída pronunciada de las denuncias, que subieron hasta 2008 para bajar los años siguientes y volver a remontar a partir de 2015.

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