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Las mascarillas del CSIC empezarán a fabricarse masivamente, mientras diseñan modelos homologados para niños y a demanda de las personas sordas

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Las mascarillas del CSIC empezarán a fabricarse masivamente, mientras diseñan modelos homologados para niños y a demanda de las personas sordas

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está trabajando en el diseño y fabricación de mascarillas homologadas semitrasparentes en respuesta a la reivindicación del colectivo de personas sordas, que han sufrido un importante perjuicio en su forma de comunicarse durante la pandemia de COVID, ya que desde que se generalizó la necesidad de tapar la boca para evitar contagios no pueden leer los labios de sus interlocutores.

“Me gustaría que las mascarillas que usan las personas que atienden al público en empresas y en organismos fueran transparentes”, explica a este periódico Andrés Rodríguez. Desde que comenzó la pandemia ha tenido que ir buscando medios para adaptarse. “Yo mismo para empezar digo que soy sordo para que asimilen la situación… algunos se bajan la mascarilla y otros prefieren por escrito. Hacemos lo que podemos para tener una comunicación fluida”, relata. “Me gustaría que las usaran médicos, profesores, funcionarios, atención al público…nuestro colectivo necesita ver las expresiones de la cara”, abunda por su parte Marisa, también sorda.

Marcos Lechet consiguió un importante eco social y mediático para esta reivindicación tras reunir 70.000 firmas, y reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con representantes del Ministerio de Consumo. “Las mascarillas faciales que se utilizan actualmente, ocultan la mitad del rostro del usuario. Esto hace que la comunicación sea más difícil, y en muchos casos imposible, para las personas sordas, con problemas de audición y otras personas (por ejemplo las personas autistas), al evitar la lectura de labios, amortiguar el habla y enmascarar las expresiones faciales”, subraya.

Fabricar con las tecnologías convencionales una mascarilla transparente y a la vez estanca y homologada “es imposible o muy difícil”, explica el investigador José María Lagarón, del Instituto de Agroquímica y Técnica Alimentaria (IATA-CSIC), jefe del equipo que se está encargando de desarrollar esta línea de negocio del centro público. Gracias al material que ha desarrollado el CSIC, las nanofibras, sus mascarillas son 60 veces más finas que el material tradicional. La idea que quieren desarrollar implica mascarillas que “no serían totalmente transparentes como un cristal, pero sí lo suficiente como para permitir que una persona se pudiera comunicar y se pudiese ver el movimiento de la boca”, adelanta Lagarón a este medio, tras haberlo comentado ya con miembros del Gobierno que se habían interesado por este tema. La idea es utilizar un material transparente pero microperforado, ya que las mascarillas necesitan una porosidad para poder respirar.

“Si no es estanca lo que tienes es una de esas viseras transparentes que no te protegen de nada más que del impacto directo de gotas gordas, pero no de los aerosoles, de las gotas finas”, explica Lagarón.

Sobre cuándo podrán estar a la venta estas mascarillas, asegura que “el desarrollo en sí mismo es lo más fácil de hacer. Lo más difícil es luego integrarlo dentro de la maquinaria de fabricación, de la confección de la propia mascarilla. Y lo siguiente es pasar las certificaciones, que es la pesadilla que llevamos todos los que trabajamos en este tema y es lo que más tiempo lleva”, subraya. Esto implica que una vez ya hecha la mascarilla, deben pasar cinco o seis semanas hasta que el organismo notificado correspondiente lo valide. En total, pueden pasar dos o tres meses hasta que las mascarillas semitransparentes puedan adquirirse.

Además, el Consejo está aprovechando las ventajas de sus materiales para intentar diseñar una mascarilla EPI (con protección FFP) para uso de niños. “Vamos a sacar en los próximos meses tres diseños distintos para intentar adecuarlos a las diferentes ergonomías de las caras de las personas, incluida para niños también”, afirma.

Prueba de las dificultades y del “atasco” en los organismos notificados ha sido el propio proceso de fabricación y venta de las mascarillas que Bioinicia (CSIC) empezó a comercializar el pasado mes de agosto. El éxito de los EPIs, hechas de nanofibras, más ligeras y seguras contra la COVID, fue inesperado, y a los tres días de sacarlas a la venta se habían hecho casi medio millón de pedidos. En los almacenes de Bioinicia, spin-off del CSIC, ya hay material de filtro almacenado suficiente “para servir a toda España y Latinoamérica”, explica Lagarón. Y también cuentan con el equipamiento necesario para medir filtración y respirabilidad de los materiales, frente a otros fabricantes. Pero lo que faltaban eran empresas finales que confeccionaran la mascarilla. Todo este material sanitario se había deslocalizado a países de bajo coste, principalmente China, y las empresas con las que finalmente está trabajando este proyecto, cofinanciado por el CSIC y la Agencia Valenciana de Innovación, han tenido que ponerse al día, adquirir maquinaria, etcétera.

Además, un imprevisto con las certificaciones de uno de los fabricantes contratados, el alemán IMSTec, que es el que tiene más capacidad de fabricación (consiguió el certificado en el organismo notificado en Alemania, pero hasta la semana pasada no se reconoció en España), retrasó la producción masiva de las mascarillas. Todo ha quedado este tiempo en manos de una empresa más pequeña afincada en Cataluña, Palens, y de un distribuidor externo que tenia una tienda electrónica. De este modo, todas las unidades que se han ido fabricando durante el mes de septiembre se han destinado sobre todo a cubrir solo los pedidos de los primeros días. Cada vez que se ha puesto a la venta un nuevo lote se ha agotado en horas.

“Es espectacular, hemos tenido que alojarnos en un servidor individual de internet porque cada vez que ponemos un lote a la venta se bloqueaba el que compartíamos con otras empresas”, relata Lagarón.

Pero una vez que se ha solventado el certificado en España del fabricante con mayor capacidad, el incremento productivo de Palens y la incorporación de otros fabricantes, esperan a mediados de noviembre tener capacidad para hacer 11 millones de mascarillas a la semana (hasta ahora han podido vender alrededor un millón en total). “La idea es que se pueda proteger a todo el territorio nacional y también exportar, sobre todo a Latinoamérica, donde tenemos una demanda muy grande”, recalca el investigador. Además de por internet, a través de la nueva tienda electrónica de Bioinicia, Proveil.es, este equipo de trabajo, cuyos beneficios redundan en parte al CSIC, va a empezar a distribuir en farmacias y supermercados.

En breve saldrá a la venta una mascarilla quirúrgica con viricida, y en unas semanas lo harán los EPIs con este compuesto. No obstante, con el último certificado que han obtenido han descubierto que ya las propias nanofibras son un ambiente nocivo para los virus, con lo que serán mascarillas con doble protección.

Estos productos obligatorios para amortiguar la pandemia podrían rebajarse próximamente en España. El Gobierno ha contactado con la Comisión Europea para preguntar cuál es el criterio respecto al IVA de las mascarillas dado que varios países han anunciado una reducción en el mismo a pesar de que está prohibido en una directiva europea y el Ejecutivo comunitario ha contestado que pueden hacer la rebaja desde el actual 21% sin temor a un procedimiento de infracción.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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