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El Gobierno decretará en horas el estado de alarma para dar cobertura legal a las nuevas restricciones contra la pandemia

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El Gobierno decretará en horas el estado de alarma para dar cobertura legal a las nuevas restricciones contra la pandemia

La segunda oleada del coronavirus en España amenaza de nuevo con descontrolarse. El Gobierno y las comunidades habían acordado una serie de medidas a poner en marcha en función de la evolución de la pandemia, pero la grave situación en el conjunto del país ha obligado a buena parte del territorio a situarse directamente en el último escenario, el de riesgo extremo, que requiere la adopción de medidas drásticas de limitación de la movilidad. A su vuelta del Vaticano, donde este sábado se reunió con el Papa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este domingo a las 10 horas con el objetivo de decretar el estado de alarma, la figura jurídica que dará cobertura legal para adoptar las “medidas excepcionales” y las restricciones de movilidad que han reclamado distintas autonomías en las últimas horas. Las comunidades seguirán siendo las autoridades competentes y presidentes autonómicos dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse.

“La situación es grave”, avisó Pedro Sánchez el viernes durante una declaración institucional en Moncloa en la que advirtió de que quedan por delante “meses muy duros”. El presidente subrayó que hay que evitar a toda costa un confinamiento domiciliario como el de esta primavera para dañar lo menos posible la economía, pero reconoció que en las normas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud del jueves se contemplan medidas que requieren de la herramienta constitucional del estado de alarma para limitar los movimientos. 

Las palabras de Sánchez se produjeron en el final de una semana en la que había sobrevolado la posibilidad de imponer ‘toques de queda’ con el objetivo de frenar el ocio nocturno en la línea de lo que han hecho otros países europeos. Varias comunidades lo plantearon en la reunión sectorial de Sanidad del jueves, pero se aplazó la decisión a la espera de encontrar el marco jurídico necesario para ponerlo en marcha. No obstante, gobiernos como el valenciano de Ximo Puig o el de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco decidieron adelantarse. 

Sánchez dejó claro en su comparecencia que las medidas para frenar la expansión del coronavirus corresponden a los gobiernos regionales a partir del plan de respuesta consensuado entre Gobierno y autonomías: “La decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación”. “Estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias”, subrayó el presidente. 

A partir de ahí se produjo una cascada de solicitudes de estado de alarma en diferentes comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue el primero en hacerlo tras la comparecencia de Sánchez y sumándose así al presidente de Melilla, que había pedido por carta la noche anterior el decreto del estado de alarma en la ciudad autónoma para poder limitar el “ocio nocturno”. 

Urkullu planteó que se activara esa herramienta en toda España pero con la delegación del mando en los presidentes autonómicos. A él se fueron sumando presidentes socialistas como el asturiano Adrián Barbón; el extremeño Guillermo Fernández Vara; la riojana Concha Andreu; la navarra María Chivite; el valenciano Ximo Puig y el castellano-manchego Emiliano García-Page, que llevaba toda la semana reclamándolo para poder poner en marcha una serie de medidas uniformes en todo el país, entre ellas el toque de queda. Todos ellos del PSOE. No lo pidió expresamente el aragonés Javier Lambán, aunque manifestó que “aceptará incondicionalmente” esa decisión. Tampoco Canarias lo ve oportuno dada su situación: allí el Gobierno ha habilitado un corredor turístico que permita la llegada de visitantes extranjeros, dada la baja incidencia del virus.

También el gobierno de coalición cántabro presidido por Miguel Ángel Revilla y Catalunya refrendaron la necesidad de acudir a esta medida excepcional. “El Govern de la Generalitat solicitará la declaración del estado de alarma en Catalunya, pues todo indica que la situación nos obligará a tomar medidas restrictivas de la movilidad en los próximos días”, expresó el presidente en funciones, Pere Aragonès, tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán. Baleares no se planteaba inicialmente solicitarlo, pero en ha estado en comunicación con el Ejecutivo en las últimas horas y ha pedido que se incluya al archipiélago para disponer de amparo a la hora de establecer “restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la COVID-19”.

La mayoría de presidentes autonómicos plantearon que el estado de alarma se adoptara para toda España para que los gobiernos regionales tengan el paraguas legal que permita aplicar restricciones sin necesidad de que sean ratificadas por la justicia. La decisión llega después de que varios tribunales las hayan tumbado en distintos territorios, como Extremadura o Euskadi, entre otras. Moncloa lleva desde el viernes trabajando contra reloj para tener listo el decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo.

El Gobierno ha trasladado a algunos gobiernos autonómicos que serán las autoridades delegadas para la aplicación de las medidas que queden bajo el amparo jurídico del estado de alarma, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Presidentes regionales consultados por elDiario.es dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse. “Nos da instrumentos como comunidades que nos pueden ayudar. El toque de queda entiendo que entra fijo; puedes elegir horario”, señala una de las fuentes autonómicas. El mecanismo es muy distinto, por tanto, al de marzo, cuando fue Sánchez el que asumió el mando único y sigue la línea de lo que han demando los ejecutivos regionales, especialmente Catalunya y Euskadi. También el nivel de restricciones es menor para este momento de la pandemia respecto al cierre total de primavera, que es lo que se quiere evitar.

Con la petición de Urkullu y la Generalitat, Sánchez se asegura contar con los apoyos necesarios para que la prórroga del estado de alarma salga adelante en el Congreso dentro de quince días. Ciudadanos, además, había puesto a su disposición sus 10 escaños el viernes por la mañana para avalar como ya hizo antes del verano las medidas de excepción. No obstante, la estrategia del Gobierno, que quiere evitar por todos los medios una nueva guerra con las comunidades -especialmente con la de Madrid-, pasaba por que fueran las autonomías quienes pidieran auxilio para corresponsabilizar al resto de administraciones y eludir críticas como las de la pasada primavera: llegada la recta final, muchas autonomías se quejaron de la imposición del estado de alarma por parte del Ejecutivo se Sánchez. El Ejecutivo ha apelado directamente al PP, pero los de Pablo Casado insisten en cambiar la normativa en materia sanitaria y poner en práctica las medidas necesarias sin que sea necesario recurrir a la alarma. Algunos constitucionalistas discrepan de que se pueda limitar la movilidad con normas distintas al estado de alarma, excepción y sitio.

Las autonomías con presidentes del PP se resisten de momento a solicitar la declaración del estado de alarma, aunque algunos no lo ven con malos ojos. El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), que gobierna en coalición con el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, instó a Sánchez a decretar el estado de alarma si lo considera la “solución” para que las comunidades puedan ostentar sus competencias “al amparo de ese marco legal”. El presidente murciano Fernando López Miras no lo ha rechazado de plano, pero lo que ha pedido es que no haya 17 propuestas distintas. Él mismo ha puesto en marcha ya los mecanismos para aplicar un toque de queda en la región. 

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha planteado que si se declara el estado de alarma para establecer el toque de queda se respete el horario que ella ha establecido para la hostelería -cierre desde medianoche hasta las 6 de la mañana- y que se incluya la prórroga de una hora que ha dado esta semana a bares y restaurantes. Ese es el horario establecido, por ejemplo, por la Comunidad Valenciana mientras que otras autonomías, como La Rioja o Castilla y León han optado por adelantarlo a las 21 horas y las 22, respectivamente. 

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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