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El Gobierno de Ayuso se resquebraja por la gestión de la pandemia: once dimisiones en medio año

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El Gobierno de Ayuso se resquebraja por la gestión de la pandemia: once dimisiones en medio año

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso acumula una dimisión tras otra cuando apenas ha cumplido 14 meses de mandato. Su gestión de la desescalada y de la segunda ola de la pandemia no solo ha desatado una marejada de críticas de la oposición que incluso se ha planteado la moción de censura. También ha supuesto un goteo de renuncias y ceses en un gabinete que está partido a la mitad. Desde mayo, en menos de medio año, 11 importantes cargos han presentado a Díaz Ayuso su dimisión.

Las últimas renuncias se produjeron este martes, con la pandemia descontrolada durante la segunda ola de la Covid-19. Las responsable de Atención Primaria, Marta Sánchez-Celaya, y la de Hospitales, Bárbara Fernández, presentaban el mismo día su dimisión. Ambas han tomado esta decisión después de que Díaz Ayuso remodelara la viceconsejería de la que dependen para nombrar al médico Juan Armengol, nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Ambas se marchan plena negociación con los sindicatos que amenazan con huelgas indefinidas por sus condiciones de trabajo tanto en los centros de salud como en los hospitales.

Llueve sobre mojado. La crisis de confianza en la gestión de Ayuso por parte de sus propios técnicos arrancó el 7 de mayo, cuando se fue la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, tras negarse a firmar la petición de cambio de fase al Ministerio de Sanidad en plena guerra de la presidenta madrileña con el Gobierno central. La última renuncia más polémica se producía el 2 de octubre: el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, en el ala de Ciudadanos, se iba del Gobierno tras la gestión de las residencias, donde fallecieron más de 7.000 ancianos en solo dos meses.

Las relaciones de Ayuso con su socio de Gobierno, Ciudadanos, atraviesan su peor momento hasta el punto de que el plan del Ejecutivo regional tras el fin del estado de alarma se decidía a espaldas del vicepresidente, Ignacio Aguado. “Aguado y los consejeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se han enterado de las nuevas medidas en la región en la rueda de prensa de Ruiz Escudero. Es una deslealtad a tu socio de gobierno. Es impresentable”, lamentaban fuentes cercanas al número dos de la Comunidad. La batalla es pública. Las relaciones entre ambos casi nulas.

Yolanda Fuentes. Fue la directora general de Salud Pública de Madrid hasta el 7 de mayo de 2020. Ese día presentó su dimisión después de negarse a firmar el plan de desescalada que pretendía Isabel Díaz Ayuso para que la región pasase a la fase 1 dentro del estado de alarma. La decisión de cambiar de fase “no estaba basada en criterios de salud”, apuntó Fuentes en su carta de renuncia. 

El 26 de septiembre, en plena pugna de Madrid con el Gobierno central por las medidas para frenar los contagios desbordados en la región, Fuentes publicó en su cuenta de Twitter el fragmento de la película Titanic en la que el transatlántico se hunde pero la orquesta sigue tocando. “Buena Suerte”, deseaba la ex directora de Salud Pública de Madrid sin mencionar expresamente a la administración madrileña. Los contagios estaban de nuevos disparados en la región y los expertos apuntaban ya en la desescalada acelerada que promovió Ayuso en la región uno de los factores clave. También la falta de rastreadores y el refuerzo de la Atención Primaria.

Carlos Mur de Víu. Pocos días después de la dimisión de Fuentes, el 13 de mayo, llegó el cese de Carlos Mur de Víu, que hasta entonces había ocupado el puesto de director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Mur de Víu había sido nombrado por Ayuso el 24 de septiembre. Fue el responsable de firmar las órdenes de Sanidad que impidieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales en el peor momento de la pandemia cuando los fallecidos en los geriátricos se contaban por miles. Estas órdenes generaron la mayor guerra dentro del Ejecutivo entre el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El primero ha acabado dimitiendo.

Miguel Ángel Jiménez: Un día después de la salida de Mur de Víu, el 14 de mayo, se produjo el cese “a petición propia” del entonces secretario general técnico de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez. Se iba tras declararse “máximo responsable” del “error” que llevó a la publicación en el portal de contratación de una adjudicación a Room Mate –propiedad empresario Kike Sarasola–, en cuyos apartahoteles de lujo se alojó Isabel Díaz Ayuso a precio reducido durante la crisis sanitaria entre marzo y mayo. Su salida trató de apaciguar las sospechas aireadas por el entorno de la presidenta, que venían a decir que la publicación de ese contrato no fue una equivocación y que señalaban directamente a sus socios de gobierno.  

Carlos Reus Jimeno: En la Consejería de Políticas Sociales habría después más renuncias. El 23 de junio presentaba su dimisión el jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno. La razón que esgrimieron desde el departamento que dirigía el entonces consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, fueron “motivos personales”. La gestión de las residencias por parte del Gobierno de Ayuso, que transfirió las competencias a Sanidad en marzo, pesó entre los cargos de la Consejería, y muchos arrastran todavía el estrés y otras consecuencias psicológicas de aquella gestión que se cobró la vida de miles de ancianos sin que pudieran ser trasladados a los hospitales.

Óscar Álvarez: Fue también el caso del entonces responsable de las residencias, Óscar Álvarez, que tres días después, el 26 de junio, también abanadonaba su cargo. Álvarez dimitió por “motivos de salud”, aseguraron desde la Consejería. Ahora ha sido rescatado por el nuevo consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, número dos primero y sustituto de Reyero después, para ocupar el cargo de director general de Discapacidad. 

Manuel Ángel de la Puente: los meses de verano fueron un valle sin renuncias pero la vuelta de las vacaciones trajeron más dimisiones. El 11 de septiembre lo dejó el hasta entonces director general del Proceso Integrado de Salud del Sermas, Manuel Ángel de la Puente, en plena segunda ola de la pandemia de la Covid-19 en Madrid. Los contagios se empezaron a disparar en agosto y De la Puente se marchaba nada más empezar septiembre.

Ignacio García Mostazo: El 23 de septiembre abandonaba el Gobierno regional Ignacio García Mostazo. Mostazo fue hasta entonces el director general de Medios de la Comunidad de Madrid. Solo dos días antes de su cese a petición propia, había sido el responsable de gestionar la comunicación junto al secretario de estado Alberto Oliver, del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mostazo hacía tiempo que estaba disconforme con la política de comunicación de Ayuso, sobre todo desde la llegada al Gobierno como jefe de gabinete de la presidenta de Miguel Ángel Rodríguez, aseguran diferentes fuentes. Mostazo sustituido por Sandra Fernández, hasta entonces jefa de gabinete de la consejera de Cultura, de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Fernández es la tercera en ocupar el cargo en 13 meses de mandato, tras el cese de Nacho Balbín en noviembre de 2019. 

Emilio Bouza: El doctor y catedrático Emilio Bouza duró en el cargo exactamente 48 horas. Fue designado el 24 de septiembre portavoz del Grupo Covid-19 que reúne cada martes a miembros del Ejecutivo de Ayuso y del Gobierno de Sánchez. Dos días después, el 26 de septiembre, presentó su dimisión escandalizado por el enfrentamiento entre ambas administraciones.  “Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar”, decía en su carta de renuncia.

Alberto Reyero: Ha sido junto a la de Fuentes, la dimisión más sonada del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Presentó su renuncia el pasado 2 de octubre, el mismo día que la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitaba medidas a la Audiencia Nacional que paralizase el cierre perimetral de Madrid y otros nueve municipios que había sido aprobado dos días antes en el Consejo Interterritorial. “La unidad entre las instituciones es el camino más acertado para vencer al virus”, dijo Reyero en su carta de dimisión. El exconsejero renunció de su cargo después de haber protagonizado un grave enfrentamiento con el titular de Sanidad por la gestión de las residencias y las órdenes que impidieron el traslado de ancianos de los geriátricos a los hospitales. La Asamblea de Madrid ha iniciado una comisión de investigación.

Marta Sánchez-Celaya: Ha sido la última en marcharse. Era responsable de la Atención Primaria, una de las áreas más controvertidas de la gestión de Díaz Ayuso. Marta Sánchez-Celaya presentaba este martes su renuncia tras cinco años en el cargo, en plena negociación con los sindicatos que piden refuerzos en los centros de salud así como una mejora de las condiciones laborales de los profesionales. “Es un cese a petición propia después de haber estado cinco años en el cargo, un relevo después de haber dejado preparado el Plan de refuerzo de Atención Primaria”, aseguraban este martes fuentes de la Consejería de Sanidad. 

Bárbara Fernández: Junto a Sánchez-Celaya presentaba este martes su dimisión como máxima responsable de los hospitales de Madrid, en plena segunda ola con la capacidad hospitalaria cada vez más mermada. Su renuncia al igual que la de Sánchez-Celaya llega después del nombramiento de Juan Armengol, nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria el pasado 7 de octubre.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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