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‘The Lancet’ critica la respuesta de España a la COVID-19: “Reapertura demasiado rápida y rastreo de casos demasiado lento”

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'The Lancet' critica la respuesta de España a la COVID-19:

“El sistema de diagnóstico, rastreo y aislamiento de casos de COVID-19 en España, la pieza clave en la respuesta a la pandemia, sigue siendo demasiado débil”. Es la conclusión a la que llega la revista científica The Lancet que dedica su último editorial a la marcha de la enfermedad en nuestro país. 

España es uno de los estados más golpeados tanto por la primera como la segunda ola de la COVID-19. La publicación británica se pregunta si lo que se está viviendo aquí con la pandemia, es una “tormenta predecible”. “La enfermedad ha amplificado algunas de las debilidades del sistema de salud y revelado las complejidades políticas que conforman el país”, dice el artículo.

Ante el repunte de casos que experimenta España desde mediados de agosto, The Lancet concluye que “cuando se levantó el confinamiento nacional en junio, algunas autoridades regionales fueron demasiado rápidas en reabrir y demasiado lentas en implementar un sistema eficiente de detección y rastreo de casos”.

Este párrafo se adapta, por ejemplo, a la presión continuada que ejerció la Comunidad de Madrid para avanzar por las fases de desescalada: primero para comenzar la primera etapa cuando su propia directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, consideraba que no se daban las condiciones y, más adelante, sin aguardar las, en principio indicadas, dos semanas para completar la última fase (al decaer el estado de alarma, el Gobierno regional saltó a la etapa de nueva normalidad).

“En algunas regiones, las infraestructuras de control epidemiológico eran insuficientes para el control de futuros brotes y limitar la transmisión comunitaria”, añade. Es decir, los refuerzos en Atención Primaria y rastreadores que permitieran localizar nuevos casos, identificar sus cadenas de contagio y cortar así la expansión del virus. Transmisión comunitaria, que se produce cuando no se puede establecer el origen de un contagio, se ha confirmado en Lleida y Aragón en julio y ahora es la situación que atraviesa la Comunidad de Madrid.

El editorial recuerda que “la pandemia ha dejado al descubierto” la falta de preparación en la vigilancia epidemiológica, baja capacidad de testeo y la escasez de personal y equipamiento” como pusieron de manifiesto una veintena de expertos españoles en salud pública en una carta difundida también por The Lancet que luego reiteraron en septiembre.

La cuestión, prosigue el texto, es que los pilares sobre los que se sustenta el sistema sanitario español: gobernanza, financiación, prestaciones y personal, “ya eran frágiles cuando se vieron sobrepasados por la COVID-19”. Se refiere a la “década de austeridad que prosiguió a la crisis de 2008”. Los recortes emprendidos por los gobiernos central y autonómicos en sus presupuestos sanitarios tuvieron como consecuencia “la reducción de las capacidades del sistema en cuanto a personal y servicios de salud pública”.

Y abunda en que los servicios están infradotados de personal y de recursos además de tener unas plantillas sanitarias bajo presión: “Demasiado habitualmente sustentadas en contratos temporales que duran unos pocos días o semanas”. La precariedad laboral es uno de los factores de la falta de personal sanitario disponible  

Además, la revista médica indica que la “polarización política y la gobernanza descentralizada pueden haber dificultado una respuesta rápida, pero si la primera ola fue impredecible, la segunda era bastante previsible”. Aunque durante el estado de alarma general hubo una polarización creciente según avanzaban las semanas y el Ejecutivo solicitaba las prórrogas del decreto, el confrontamiento ha estallado con virulencia total por la postura de la Comunidad de Madrid contraria a endurecer las medidas de contención de la enfermedad.

El editorial recuerda la importancia de que se lleve a cabo la evaluación de cómo se está gestionando la pandemia, también solicitada por un grupo de expertos en salud pública cuya puesta en marcha llevó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al Consejo Interterritorial de Salud el 7 de octubre. Con todo, “hay razones para la esperanza”, finaliza la revista. Al fin y al cabo, España presenta una expectativa de vida sana en el momento del nacimiento mayor que la que le corresponde por sus indicadores de desarrollo socio-económico. “Si los líderes políticos sacan enseñanzas de su mejorable respuesta a la COVID-19, el país está muy bien situado para proporcionar a su población un futuro brillante y saludable”.

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Ayuso desafía al Gobierno con un cierre por días que no permite el estado de alarma a 48 horas del puente

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Ayuso desafía al Gobierno con un cierre por días que no permite el estado de alarma a 48 horas del puente

Mientras otros presidentes autonómicos con datos menos alarmantes que Madrid solicitan el cierre de sus territorios amparándose en el estado de alarma, Isabel Díaz Ayuso ha decidido emprender un nuevo desafío contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta madrileña lanzaba este miércoles a última hora un nuevo órdago al Ejecutivo socialista para que modifique el decreto de estado de alarma y le permita cerrar “por días” la región. Ayuso plantea confinar perimetralmente la autonomía solo durante el puente de Todos los Santos, algo que no está contemplado en la norma, que establece que solo se podrán decretar confinamientos de al menos una semana.

Los presidentes de los gobiernos autonómicos de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León se habían emplazado a una reunión en Ávila con el único punto en el orden del día de decidir si confinaban perimetralmente los territorios de cara al puente del próximo fin de semana (y también el de La Almudena –ya solo de Madrid–) que supone cada año un incremento notable de la movilidad entre territorios. Ayuso prometió que escucharía a sus homólogos antes de tomar la decisión, pero finalmente decidía emprender su propio camino pese a que el presidente de Castilla y León, Antonio Fernández-Mañueco, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, apostaron por un cierre de sus territorios hasta el 9 de noviembre.

La dirigente del PP arrancó su comparecencia junto a Mañueco y Page defendiendo que la gente “necesita certezas”, y no “peleas o caos”, que atribuyó al Gobierno de Sánchez. “Los ciudadanos no quieren que estemos siempre en polémicas y, sobre todo, quieren entender qué va a ocurrir con sus vidas y qué pueden hacer a partir de ahora y en los próximos días”, decía la presidenta madrileña minutos antes de pedir una medida que no permite el estado de alarma y a 48 horas de que comience el puente.

A continuación convirtió la comparecencia –tras la reunión a tres que debía servir para adoptar una decisión conjunta–, en un nuevo alegato contra el Gobierno de Sánchez. “Hemos sufrido de manera arbitraria, sectaria y sobre todo arrolladora cómo nos han cerrado Madrid”, lamentó en referencia al estado de alarma de 15 días y la orden del Ministerio de Sanidad que la obligó a confinar la capital y otros nueve municipios. “De hecho, es la única que ha sufrido de manera unilateral, sin ningún tipo de diálogo, un estado de alarma a la carta, cuando luego el virus se ha propagado por toda España”, proseguía.

Antes de anunciar su plan para saltarse el estado de alarma, ya había dejado entrever que no apostaría por un cierre hasta el 9 de noviembre como el que habían anunciado minutos antes los presidentes de las dos regiones fronterizas. Ayuso tras cargar contra Sánchez pidió un traje a su medida, amenazando incluso con no decretar ningún confinamiento si el Gobierno no cede. “Solo estamos dispuestos a cerrar por días”, aseguraba la dirigente popular. Fuentes del Gobierno de Ayuso confirman a elDiario.es que si no hay concesión, la presidenta madrileña apostará por no cerrar durante el puente.

El decreto del estado de alarma deja en manos de las comunidades la imposición del toque de queda (hasta el 9 de noviembre) o la restricción de la movilidad hacia otros territorios, lo que se conoce como cierre perimetral, pero establece los plazos de esas medidas. Según el decreto, en lo referente a las restricciones para viajar, las decisiones deben tomarse “a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad” y nunca por menos de una semana. “La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales”, recoge el texto.

Ayuso se enteró dentro de la reunión junto a los otros dos presidentes que lo que pretendía no estaba permitido por el decreto de alarma. Lo desveló el presidente de Castilla y León, como ella del PP, en una entrevista minutos más tarde. “La presidenta ha dicho que le parecía bien cerrar el puente, pero le hemos recordado que el decreto del estado de alarma establece un mínimo de siete días”, declaraba Mañueco en TVE.

Pese a ser advertida, la presidenta madrileña mantuvo su postura durante la comparecencia posterior. Ella misma anunció que mandaría una carta a Pedro Sánchez para esgrimir que la Comunidad “no ha encontrado informes que avalen la eficacia epidemiológica de las limitaciones de entrada y salida de carácter perimetral”, recoge el escrito. Su planteamiento choca con las medidas que están aplicando en toda Europa –Francia acaba de anunciar el confinamiento de todo el país–; España –donde las nueve autonomías más afectadas están recurriendo a estos cierres– y también con el propio argumentario de Isabel Díaz Ayuso hace no tanto, cuando culpaba al aeropuerto de Barajas del aumento de casos en Madrid.

La posición de Ayuso, inédita incluso en otras autonomías gobernadas por el PP, tampoco tiene consenso en su propio Gobierno. El vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, manifestó este martes que era partidario de cerrar Madrid durante al menos 15 días. Aguado incluso planteó hace unas semanas medidas más restrictivas, como un cierre total de la actividad no esencial durante dos semanas.

El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles estuvo dividido entre PP y Ciudadanos. Los consejeros populares respaldaron la posición señalada este martes por Ayuso que aludía al “daño” que una medida así podía hacer en la economía, pese a que los datos económicos del último puente –el del 12 de octubre– decían lo contrario. Fuentes de la formación de Inés Arrimadas ven en la actitud de Ayuso la búsqueda de un nuevo enfrentamiento “con el que busca polarizar y confrontar” pero “que no tiene base alguna”.

Frente a la decisión de Ayuso, las dos Castillas han decidido rodear Madrid y optar por una opción más sencilla: cerrar al menos hasta el 9 de noviembre y limitar todos los viajes dentro y fuera de estas regiones salvo por motivos muy tasados. Algo que están haciendo en todas las regiones, muchas de ellas gobernadas por el PP: la última Andalucía, que ha decretado además el cierre de algunas provincias y cientos de municipios.

Al término de la comparecencia de la presidenta madrileña, la dirección nacional del PP daba a conocer la postura que mantendrá este jueves en el Congreso cuando el Gobierno defienda la prórroga del estado de alarma: se abstendrá.

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La decisión de perimetrar 10 comunidades “no puede responder a un festivo o a salvar la campaña de Navidad”

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La decisión de perimetrar 10 comunidades

El estado de alarma ha proporcionado el paraguas legal que muchas comunidades necesitaban para iniciar actuaciones más restrictivas y frenar la curva de contagios que está poniendo en jaque a todo el país. La primera fue el toque de queda obligatorio durante dos semanas, pero en los últimos días la mitad de los gobiernos autonómicos se han amparando en la norma del Gobierno para encerrarse perimetralmente a gran escala. Es decir: confinar no solo municipios o zonas básicas de salud, sino la región entera. Así lo han hecho La Rioja, Navarra, Aragón, Euskadi, Asturias, Melilla, Murcia y por último Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía. A las que ya han aprobado la restricción, se suman otras que lo están estudiando y aún mantienen la posibilidad sobre la mesa, por lo que la lista puede aumentar.

La medida cobra relevancia de cara al puente de Todos los Santos –el lunes día 2 es festivo en seis comunidades: Madrid, Asturias, Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla y León–. Pero la Comunidad de Madrid ha aportado la nota discordante este miércoles: tras reunirse con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha pedido públicamente al Gobierno que le permita cerrar las fronteras de la región solo durante un fin de semana largo.

Desde el punto de vista epidemiológico, este tipo de limitaciones perimetrales sirven para evitar que una zona concreta, en la que se ha detectado una alta transmisión, expanda el virus. Y, en la práctica, también impide que entre de fuera. En ese sentido, los epidemiólogos defienden que no es conveniente plantear estas medidas a la ciudadanía como respuesta a “un festivo, a salvar la campaña de la Navidad o a conseguir un número concreto de vacunas antes de diciembre” porque crea un horizonte mental que no se sabe si se va a cumplir. En el caso de la primera, además, “da la impresión de que la situación de peligro dejará de tener vigencia en cuanto pase el puente”, plantea Pedro Gullón, miembro de Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

“Ponernos fechas fijas para una cosa es negativo. Madrid, por ejemplo, en lugar de en la ola epidémica del principio, está en un valle que se puede volver a disparar. No sabemos si para mediados de noviembre o diciembre bajará o si surgirán nuevos brote”, abunda. “Nos tenemos que manejar siempre en un escenario de paciencia. No dar certezas en este momento puede tener un efecto contraproducente”.

“Para los casos concretos de las dos Castillas y Madrid, sus incidencias acumuladas son parecidas, aunque Castilla y León tiene unas cifras algo mayores. Lo que significa que confinando las tres perimetralmente, se reducirá la transmisión de casos entre ellas”, asegura Fernando García, epidemiólogo y miembro de la asociación madrileña de Salud Pública. 

“Es importante que la gente no se desplace en los dos puentes próximos. Y con la idea de Díaz Ayuso, entre semana no hay desplazamientos de ocio, sino de trabajo o escolares, que supongo que estarán autorizados. A efectos prácticos, probablemente no haya mucha diferencia entre un confinamiento de 15 días y otro de fines de semana con lunes incluido. Pero si para salir de Madrid por carretera y por tren hay que pasar necesariamente por Castilla-La Mancha y por Castilla y León y estas dos comunidades siguen confinadas, no tiene mucho sentido que Madrid levante el confinamiento los días laborables. Salvo para los viajes por avión. La idea de Díaz Ayuso habrá que interpretarla por razones que no son epidemiológicas sino de otro tipo”, concluye García.

De hecho, el impacto de los desplazamientos entre comunidades en la expansión del virus no es baladí. Así lo ha constatado el Instituto de Salud Carlos (III), que ha investigado cuáles fueron los factores más significativos que hicieron que la curva estallara en marzo en España y por qué fue desigual entre territorios: los viajes desde Madrid, y también desde Euskadi, al resto de comunidades fueron dos de las cinco variables que más peso tuvieron. El estudio analizó ambos por ser estos los dos “en los que antes se detectó transmisión comunitaria” del virus, citaba el análisis.

“No es tan útil para controlar lo que ocurre dentro de cada zona como para que el virus no se desplace de una a otra”, explica Gullón. El experto considera que la acción es útil a nivel regional porque garantiza que los contagiados se mantengan dentro de un perímetro y que, por tanto, estas personas y sus contactos sean más fáciles de rastrear. Aunque la movilidad siempre es bidireccional y recuerda que de paso “también se minimiza la entrada de nuevos positivos”.

Esta doble dirección es lo que ha motivado a varias de las autonomías a tomar la decisión, sobre todo ante un fin de semana en el que habitualmente se registran muchos desplazamientos. “Ha quedado demostrado que los viajes internos por España han tenido un efecto multiplicativo de la transmisión y es lo que ahora las comunidades quieren impedir”, afirma Gullón, quien se refiere a varios estudios que analizaron el efecto de la movilidad entre Madrid y las dos Castillas en el aumento de incidencia de las dos últimas en la primera ola. Y es que “una ciudad grande tiene el efecto de una onda expansiva”.

Los cierres perimetrales pueden ser más o menos quirúrgicos: por ejemplo, el primero que hubo en España tras la desescalada fue en A Mariña (Lugo) y afectó a 70.000 personas. El segundo, la comarca del Segrià, de la que forma parte Lleida, englobó a más de 200.000 personas. Desde entonces, se han confinado barrios y pequeños municipios, pero también provincias y ahora comunidades enteras. “Casi todas están en una situación de riesgo muy alto”, alertó Fernando Simón el pasado lunes. Según los últimos datos de este miércoles, la incidencia acumulada en conjunto asciende ya a 452 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y no deja de aumentar a una velocidad que preocupa. 

No obstante, hay diferencias entre comunidades. La mayor parte de las que ya se han confinado perimetralmente tienen incidencias muy altas, que están ya llevando a los hospitales al límite. Ceuta, Melilla y Navarra rebasan, de hecho, los 1.000, y Aragón está a las puertas, con 940 contagios por 100.000 habitantes. Castilla y León, Catalunya, Euskadi y La Rioja superan los 500. Aunque las dos últimas han establecido un cordón sanitario a su alrededor, los epidemiólogos consultados no consideran que sea más contundente ni efectivo que hacerlo por pequeñas áreas de salud o por municipios.

“Podríamos calificar el confinamiento perimetral de una comunidad como de tipo leve porque limita poco la movilidad. El tipo extremo sería el confinamiento domiciliario que vivimos en marzo. Los confinamientos perimetrales de ciudades o de distritos municipales serían un tipo de confinamiento moderado, que pretendería evitar la transmisión dentro y fuera del lugar cerrado perimetralmente”, defiende Fernando García. 

En la misma línea se encuentra Pedro Gullón: “Hay que confinar áreas que sean manejables. Por eso, a nivel municipio suele funcionar mejor que por zonas básicas de salud”, argumenta. En el caso de cerrar comunidades autónomas, en cambio, el esfuerzo debería dirigirse a parar el desplazamiento interno, por lo que “la clave está en limitar las actividades dentro de la propia región”.

Ambos epidemiólogos inciden en que los confinamientos perimetrales, por sí solos, no tienen un efecto sobre la transmisión intracomunidad, ya que no restringen los movimientos interiores. “Siempre deben acompañarse de otras medidas complementarias, como el teletrabajo, el cierre de la hostelería o la reducción de aforos en lugares culturales”, defiende el experto en Salud Pública Fernando García. 

Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, cree que en ese caso las comunidades autónomas deben remitirse al documento que aprobaron hace una semana en el Consejo Interterritorial para tomar medidas más estrictas acordes a su nivel de alerta. “Lo más apremiante, dentro de lo que no están haciendo, es restringir los grandes eventos, fomentar el teletrabajo y cerrar de forma general el interior de los bares y restaurantes”, apuesta. Es decir, limitando cierta actividad económica de la manera menos lesiva posible para fijar un escenario epidemiológico más seguro.

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Castilla y León baraja el confinamiento domiciliario en toda la comunidad si las cifras no mejoran en 10 días

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Castilla y León baraja el confinamiento domiciliario en toda la comunidad si las cifras no mejoran en 10 días

La Junta de Castilla y León se sitúa ya en un escenario de confinamiento domiciliario, esto es manteniendo tan sólo los servicios esenciales, si las cifras de positivos y de ocupación hospitalaria no mejoran en el plazo de 10 días, tal y como han confirmado fuentes del gobierno autonómico a elDiario.es. Por el momento, la Junta optará mantener el toque de queda entre las 22.00 y las 6.00 al que se suma ahora el cierre perimetral de toda la Comunidad desde este viernes y hasta el 9 de noviembre.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya se pronunció en este sentido en una videoconferencia con la Universidad San Pablo Ceu este miércoles. “Es una tontería considerar que no vamos a ir a un confinamiento porque es la única medida que se ha demostrado útil”, explicó. Casado apuntó además a que “probablemente tenga que ser, como se está diciendo en otros países, un confinamiento programado”. Este tipo de confinamientos se caracterizan por tomarse por espacios cortos, de dos semanas y preferiblemente en periodos festivos o vacacionales.

“Nosotros ahora mismo tenemos una serie de medidas. Evidentemente habrá que darles un poco de tiempo para ver si funcionan, pero muy poquito”, advirtió la consejera. Pero, para llegar a un confinamiento total es necesario que el Gobierno de España dicte un nuevo decreto de estado de alarma, algo que pedirá la Junta. El actual tan sólo habilita a las comunidades para cierres perimetrales de 7 días como mínimo, y para toques de queda que oscilen entre las diez de la noche como hora más temprana y las 7 de la mañana como la más tardía.

En la evolución de los datos influirá claramente el puente de Todos los Santos, sin que todavía esté claro si se producirá un confinamiento perimetral de la vecina Comunidad de Madrid pese a que las dos Castillas han apostado por la medida. Que los madrileños no se desplacen a segundas residencias en Castilla y León puede acabar dependiendo de los controles que se establezcan en sus accesos, pero no de Madrid, desde donde se podría salir si el Gobierno no acepta la propuesta de Ayuso de fijar un confinamiento del territorio solo para el puente, escenario que no contempla el decreto del estado de alarma.

La reunión entre Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid fracasó en su intento de sellar un acuerdo que implicara el cierre perimetral de los tres territorios. La presidenta madrileña Isabel Díaz-Ayuso sólo se comprometió a cerrar el puente, a pesar de que el decreto de alarma no permite cerrar menos de 7 días. A pesar de ello, se mantuvo en una postura que ha encendido los ánimos en una parte del Gobierno castellano y leonés. El propio presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, reconocía horas después en el Telediario de TVE que tanto Page como él habían transmitido a Ayuso que su propuesta no era viable: “La presidenta Ayuso ha dicho que le parecía bien cerrar el puente, pero claro le hemos recordado que el decreto de estado de alarma establecía un periodo mínimo de siete días naturales”. Los miembros del comité de expertos de Castilla y León ya habían advertido un día antes de que los cierres perimetrales han resultado ser ineficaces por la cantidad de excepciones que contemplan, desde el cuidado de menores, dependientes, o mayores enfermos, a los desplazamientos por motivos de estudios, médicos o laborales. A ello se suma ahora la dificultad de establecer controles en la Comunidad más extensa de España.

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