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El Gobierno decreta el estado de alarma para cerrar Madrid

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El Gobierno decreta el estado de alarma para cerrar Madrid

No ha habido acuerdo. El Gobierno de Pedro Sánchez decreta el estado de alarma en la Comunidad de Madrid para mantener el cierre perimetral de la capital y de nueve ciudades después de que la justicia tumbara esas medidas por un defecto de forma. El Boletín Oficial del Estado publicará el decreto a las 14 horas tras ser aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes y entrará en vigor en ese momento. El presidente se lo ha comunicado a Isabel Díaz Ayuso en una llamada telefónica que se ha producido cuando expiraba el plazo que le dio esta noche para llegar a un acuerdo que pasaba por tres opciones: que el Gobierno regional dictara una nueva orden, que se decretara la alarma conjuntamente o que lo hiciera directamente el Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha rechazado el cierre perimetral de las diez ciudades y ha apostado por volver al confinamiento por zonas básicas de salud, una medida que es insuficiente para el Gobierno central.

Al filo del mediodía, Moncloa ha informado del inicio de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Era la hora a la que expiraba el plazo que le había dado a Isabel Díaz Ayuso para aceptar una de las opciones para mantener las restricciones de movilidad que revocó la justicia. Pedro Sánchez convocó a su gabinete este jueves por la noche de urgencia ante la posibilidad de decretar el estado de alarma en Madrid si no había un entendimiento con el Gobierno regional, al que planteó decretar esa medida conjuntamente o que fuera la Comunidad la que impusiera de nuevo las restricciones a través de una nueva orden. “El presidente fue claro ayer y ha habido margen para tener una respuesta de la Comunidad de Madrid”, han asegurado fuentes de Moncloa en ese momento.

“El Presidente le dio a la presidenta ayer tres escenarios. Incluso le dijo que por cortesía podía retrasarse un poco el Consejo de ministros de las 8:30 a las 12:00. No le ha llamado”, explicaban en presidencia del Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se ha puesto en contacto con su homólogo regional, Ignacio Aguado, para comunicarle que acaba de arrancar el Consejo de Ministros y que la presidenta no ha llamado al presidente”, agregan esas fuentes. La conversación entre ambos mandatarios se ha producido poco después. “La Comunidad de Madrid pide más tiempo. El presidente le ha traslado que hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el Estado de Alarma. Han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios”, han explicado fuentes gubernamentales.

El decreto del estado de alarma contiene las mismas restricciones que entraron en vigor la semana pasada, aunque fueron anuladas por la justicia por problemas de habilitación jurídica para llevarlo a cabo. La opción del estado de alarma permite dar cobertura legal a esa limitación de la movilidad de los ciudadanos en Madrid y las otras nueve ciudades madrileñas con un mayor nivel de incidencia del virus. El Gobierno tiene la potestad de recurrir a esa herramienta excepcional en virtud del artículo 116 de la Constitución en todo el territorio nacional o una parte del mismo por un periodo máximo de quince días. El Ejecutivo tendrá que dar cuenta en el Congreso de esa medida adoptada, aunque no es necesario su aval para esta primera quincena. En el caso de que el Gobierno pretendiera prolongarlo sí necesitaría la autorización del Parlamento.

El despliegue de controles se producirá desde primera hora de la tarde para vigilar el cumplimiento de las restricciones a la movilidad impuestas por el estado de alarma que decretará el Gobierno. Según fuentes del Ministerio del Interior, el dispositivo de seguridad de Policía Nacional y Guardia Civil está preparado y los directores adjuntos operativos de ambos cuerpos conocen ya el despliegue de sus efectivos en la región. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, responsable de la policía municipal en la ciudad, se ha mostrado contrario a la aplicación en sucesivas entrevistas.

El Gobierno madrileño ha afrontado dividido esta situación. La presidenta del PP era partidaria de recuperar los confinamientos perimetrales basándose en las zonas básicas de salud -un planteamiento que para el Ejecutivo central fue desde el principio insuficiente- mientras que Aguado prefería optar por una nueva orden que incluyera las restricciones que tumbó la justicia pero solucionando el fallo de forma que permitió al TSJM tumbar la orden, como hizo el Gobierno de Castilla y León que ha conseguido la ratificación del TSJ de la autonomía.

Pero la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid sigue siendo su modelo de zonas básicas de salud pese a que esta opción no estaba prevista entre las opciones que el Gobierno ofrecía. No obstante, Ayuso ha optado por no comparecer y el encargado de comunicar esa decisión a la opinión pública en un día tan importante ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una rueda de prensa, en la que ha defendido que el Ejecutivo autonómico “tiene un plan y está funcionando”.

“Es un plan basado en las zonas básicas de salud, que nos permite tomar las decisiones estratégicas para contener el virus”, ha defendido Escudero que ha explicado que la nueva propuesta endurecería los umbrales para que tuvieran restricciones las áreas con una incidencia acumulada de 750 casos por 100.000 habitantes los últimos 14 días. Afectaría a 51 zonas, ha asegurado Escudero. “Es algo que la Comunidad de Madrid tiene testado”, ha proseguido.

El consejero de Sanidad ha asegurado que tendrá que ser el Gobierno el que explique qué pasa ahora cuando entre el vigor estado de alarma en la región. “En el momento que se haya decretado son ellos los que asumen la competencia”, ha señalado. “Tendrán que decir qué tienen pensando con los madrileños. Va a resultar muy difícil entender que se aplique cuando las decisiones que ha tomado la consejería de Sanidad, con todo su equipo técnico, van con un descenso claro desde el punto de vista epidemiológico y asistencial”, ha insistido Escudero en defender la mejoría de los datos cuando este jueves la propia Ayuso pedía a los madrileños que no salieran de viaje durante el puente.

Respecto a los datos, el consejero ha sostenido que el Ministerio de Sanidad les “felicitó” por la evolución de los cifras antes de decretar el estado de alarma. “Fuimos felicitados, pero luego sale la decisión política que va en contra de sus técnicos. No nos dieron la más mínima opción”, ha reprochado Escudero. Una versión de los hechos que contrasta con las tres opciones que el Gobierno de España asegura que dio a Ejecutivo de Ayuso: rehacer la orden para permitir el cierre perimetral de Madrid, convocar autónomamente el estado de alarma o, en el último caso, forzarlo por parte del Consejo de Ministros.

En una intensa reunión en la Puerta del Sol que ha durado horas se han constatado las diferencias de criterio entre Ayuso y su vicepresidente, que Escudero ha enmarcado en la propuesta de diferentes “opciones”. “La decisión se ha producido finalmente en el sentido que conocen”, ha concluido el consejero. Sin embargo, Aguado ha lamentado después que se haya llegado a este escenario: “La declaración del estado de alarma en Madrid era evitable. Había alternativas. Lamentablemente los políticos hemos vuelto a fracasar. Las consecuencias las pagan los ciudadanos. Mis disculpas por ello”, ha lamentado en su cuenta de Twitter.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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