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Por qué dejar de hacer PCR a contactos estrechos es una mala noticia: Madrid renuncia a ver la foto completa del coronavirus

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Por qué dejar de hacer PCR a contactos estrechos es una mala noticia: Madrid renuncia a ver la foto completa del coronavirus

La Comunidad de Madrid decidió hace una semana dejar de hacer PCR a contactos estrechos de contagiados de coronavirus si no tienen síntomas, no son convivientes o personas vulnerables. El cambio en el protocolo se hizo efectivo en medio de la pugna política por el cierre de la capital y otras grandes ciudades en situación grave y a escasos días de que Sanidad lo hiciera obligatorio. Aunque pueda haber pasado desapercibida, la decisión no es menor y tiene implicaciones: la más clara es que no se detectarán todos los positivos que haya, lo que en la práctica supondrá que Madrid no será capaz de ver una foto completa de los contagios y solo observará una parte de lo que en realidad está ocurriendo con el coronavirus en la región.

El paradigma es lo que ocurrió en marzo y abril: solo se hacían pruebas a aquellas personas que tenían síntomas, y muy graves, de forma que los datos no revelaban el grado real de la infección. Con este cambio de criterio, Madrid identificará a los positivos que tengan síntomas, pero no a los asintomáticos. Hasta ahora, y así ocurre en el resto de comunidades, si, por ejemplo, alguien participaba en una comida de amigos, y uno de ellos confirmaba el contagio, al resto de asistentes también se les hacía PCR, independientemente de quién fuera y si presentaba o no síntomas compatibles. El objetivo era detectar precozmente a todos los posibles enfermos y trazar todas las cadenas de transmisión.

Pero el nuevo protocolo constata el fracaso del sistema de rastreo y vigilancia epidemiológica en Madrid. Hace escasas dos semanas, varios médicos de Atención Primaria avisaron de la inutilidad de las pruebas PCR con las demoras en las entregas de resultados, incluso de diez días, en algunas zonas. Y pidieron a la Consejería de Sanidad que dejara de hacer test a personas sin síntomas. Un “parche”, decían, para destaponar los laboratorios y centros de salud, altamente presionados. Pero además de constatar el desborde del sistema, la decisión es “preocupante” para el seguimiento de la epidemia, explica Pedro Gullón, coautor de Epidemiocracia (Capitan Swing). El epidemiólogo apunta a que dejar de hacer test “cambia totalmente el significado de cómo seguimos los casos”, lo que “se parece un poco más a marzo porque vemos un poco menos del iceberg” del coronavirus. Este lunes, Fernando Simón, que admitía dudas sobre los datos que está ofreciendo Madrid, ha constatado que el margen entre el inicio de síntomas y el resultado de la PCR, que en verano estaba en 48 horas, se ha ido estirando de forma “preocupante”, y en algunas comunidades llega a los ocho días, lo cual complica la estrategia de detección. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado su intención de evaluar este martes el sistema de detección y rastreo de casos en Madrid en la reunión que mantendrán ambas administraciones.

Madrid, la región de Europa más afectada, tiene a día de hoy una incidencia de 560 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, pero “a partir de ahora, si hay una disminución de la incidencia, no sabremos si verdaderamente es porque hay una disminución de la transmisión del virus o porque no estamos viéndolo todo”, prosigue Gullón. A lo mismo apunta Daniel López-Acuña, que fue director de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la OMS: “Puede que se reduzca la incidencia acumulada, pero es posible que sea a expensas de no diagnosticar positivos asintomáticos”, resume. Siguiendo con la metáfora del iceberg, el epidemiólogo apunta a que lo que ha hecho Madrid “es subir el nivel del agua para ver menos. Eso solo nos lleva a no tener una medición y una conciencia clara de lo que está bajo el agua”.

El también profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública cree que, además, el cambio de criterio puede tener repercusiones en un incremento de la transmisión. “Es realmente negativo para el control de la pandemia. Los países que han logrado atajar mejor la curva es porque justamente han hecho PCR a todos los sospechosos. Es una recomendación clara de los organismos internacionales y hay que ir por esta vía. Cuando no lo hacemos, tenemos más transmisión silenciosa”. En realidad, aunque no haya una PCR, las personas que han estado en contacto con un positivo a menos de dos metros, 15 minutos y sin mascarilla, deben guardar cuarentena durante diez días precisamente para evitar que puedan contagiar. Algo que para Gullón es importante y por lo que duda de si la decisión tendrá un impacto grande en la transmisión: “No lo tengo claro porque estas personas tienen que estar en casa igual, se haga una PCR o no”.

De hecho, Elena Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), explica que hacer al principio de la cuarentena la PCR puede alentar al incumplimiento de la misma si sale negativa, por lo que apuesta como escenario ideal por hacerla a los diez días. Hacerlas, explica, “evita que se nos escapen casos asintomáticos”.

Con todo, los tres expertos coinciden en que dejar de hacer las PCR es algo “contraproducente que no se justifica epidemiológicamente” y más teniendo en cuenta otra de las grandes medidas anunciadas por Isabel Díaz-Ayuso y que se produjo de forma casi simultánea: la realización de un millón de test de antígenos (luego se habló de casi la mitad) en las zonas con mayor incidencia. Por el momento, la campaña se ha iniciado en Vallecas, donde menos de la mitad de las personas convocadas fue a hacérselos. Hay varios ejemplos que abonan las dudas sobre la efectividad de este tipo de pruebas poblacionales masivas, pero implementar esta estrategia al tiempo que se reducen las PCR para contactos estrechos “es el mundo al revés”, dice López-Acuña, para el que “no tiene sentido hacerlas de forma aleatoria y no a quienes más posibilidades tienen de estar infectados, que es alrededor de los casos”.

Gullón coincide y apunta, además, a una variable relacionada con la medición de la pandemia. El nuevo protocolo implicará, no solo que la incidencia pueda estar infraestimada, sino que también será complicado interpretar la tasa de positividad, que actualmente está en la comunidad en el 18%. Este marcador mide el número de pruebas PCR que resultan positivas, es uno de los criterios usados por Sanidad para decidir cerrar municipios de más de 100.000 habitantes y da cuenta de si el esfuerzo diagnóstico es suficiente para el aumento de transmisión. Con el cambio de criterio, tendería a subir, pero al hacer pruebas masivas en estas poblaciones “puede que baje porque estás haciendo test a gente que tiene pocas posibilidades de estar enferma”. Para el epidemiólogo, implica un agotamiento de recursos mal dirigidos y que, además, “sin un mecanismo de rastreo eficaz dificulta mucho más su utilidad” porque ese sistema sería necesario para trazar los contactos de esas personas que salen positivas. El propio Fernando Simón reconocía este lunes la necesidad de analizar con la Comunidad de Madrid el efecto de la puesta en marcha de los test de de antígenos en los datos diarios que sobre la pandemia ofrece el gobierno regional: “No me atrevería a afirmar si Madrid va a mejor o a peor, no podemos estar seguros con la información con la que contamos hoy”.

Junto a los “test, test, test” que ya en el mes de marzo pidió la Organización Mundial de la Salud (OMS), contar con capacidades reforzadas para rastrear a todos los contactos y aislarles es la clave para el control de la pandemia. En realidad, son piezas de un mismo engranaje, pero la segunda ha pasado desapercibida en las últimas semanas en medio de las tensiones por el cierre de Madrid. La polémica, de hecho, ha camuflado que la orden de Sanidad acordada en el Consejo Interterritorial con los votos en contra de la mayoría de comunidades del PP y Catalunya –y que desde este martes aplican también León y Palencia– incluye la obligación en estos municipios de “reforzar sus capacidades para la detección precoz y el control de la enfermedad, así como en el ámbito de la atención sanitaria”.

Ya estaba contemplado en el plan de respuesta temprana aprobado en julio para afrontar los rebrotes, pero “nos hemos olvidado de que es una de las tareas pendientes en Madrid”, señala Gullón. A ello se refería la viróloga del CSIC, Margarita del Val, en una reciente entrevista en Antena 3, donde apuntó a la importancia de ver el nivel de “prevención, rastreo y capacidad de Atención Primaria” como fórmula para atajar esta segunda ola. Al contrario de la estrategia madrileña de restringir las PCR a los contactos estrechos, la también inmunóloga apostó por reforzar los diagnósticos, la identificación de contactos y facilitar la cuarentena a las personas que tengan problemas para guardarla.

Pero en los últimos meses, el sistema de vigilancia y rastreo en la comunidad se ha revelado insuficiente, como venían denunciando expertos en Salud Pública y sindicatos desde el principio. Aunque no solo, parte del problema radica en la escasez de profesionales y a que el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso ha ido improvisando una estrategia que no parece todavía haber derivado en un equipo amplio, consolidado y coordinado. Ya en verano, la polémica creció por su incapacidad para contratar rastreadores. El Ejecutivo llegó a subcontratar a 22 de ellos mediante un contrato de 194.223 euros a la empresa Quirón Prevención SL y llegó a rechazar un plan para ceder 100 trabajadores municipales, aunque después solicitó voluntarios. La apuesta ha resultado un fracaso y solo tres trabajadores municipales están actualmente en activo.

En agosto, y ya con una curva de casos ascendente, la región ofrecía una cifra de más de 400 rastreadores sin concretar el dato exacto. Las dudas sobre la implementación del sistema se acrecentaron también con las denuncias de usuarios que relataban experiencias sobre la falta de llamadas de Salud Pública al haber sido contactos estrechos de un positivo. Ya por aquellas fechas, la Atención Primaria comenzaba a dar los primeros avisos de una situación que se ha vuelto insostenible en la mayoría de centros de salud, muchos al límite. Dos de las piezas fundamentales para doblegar la curva no estaban siendo lo suficientemente reforzadas, algo que tampoco parece estar siendo una prioridad ahora.

Según anunció la Comunidad de Madrid a mediados de septiembre, y ya con una incidencia que superaba los 600 casos en 14 días, la región contaba con más de 800 rastreadores y el objetivo era acabar a fin de mes con 1.100 y en octubre llegar a las 1.500. A ello, hay que sumar unos 150 rastreadores del Ejército que realizan estas labores desde hace aproximadamente un mes. Pero nadie sabe cuál es la cifra exacta total ni de qué manera se coordinan con Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema. Ni CCOO ni UGT tienen constancia de la incorporación de estos profesionales y los expertos piden que, más allá de la cifra, Madrid lleve a cabo “un plan de choque sanitario” con PCR a contactos estrechos –justo lo que ha dejado de hacer–, capacidad de aislamiento de positivos, más recursos en los centros de salud y una coordinación eficaz, explica López-Acuña. Porque el número de rastreadores, dice, es “clave”, pero “es una pieza más del engranaje total”.

Con la altísima incidencia que hay ahora mismo en la comunidad, los expertos creen que poner encima de la mesa este requisito “es la gran tarea pendiente” y aluden a que no haber reforzado estas capacidades sanitarias en su momento ha tenido mucho que ver con la escalada de contagios en Madrid. “Se ha obviado y eso tiene un alto coste”, sentencia el epidemiólogo. Lo cierto es que ya con esta transmisión comunitaria elevada, el rastreo tiene más dificultades para controlar las cadenas porque una parte importante de los contagios no se pueden asociar a brotes. Sin embargo, reitera Gullón, “eso no significa que no sea útil” y, de hecho, “hay que ser capaz de detectar y aislar para conseguir que el virus no se expanda todavía más”.

En este sentido, López-Acuña alude a que “en estos momentos esta reivindicación es de manera muy clara urgente en Madrid, pero sirve para otras comunidades con altas incidencias”. El especialista, además, echa de menos que el Gobierno central sea más específico a la hora de reclamar estas medidas a los ejecutivos autonómicos y lamenta que no haya umbrales cuantitativos que deban cumplir. Es una demanda que varios colegas llevan haciendo desde el inicio de la desescalada, y consideran que la pugna política entre Madrid y Sanidad ha acabado por darles la razón. En esta materia, lo que pide el epidemiólogo es una mayor implicación por parte del departamento dirigido por Salvador Illa, al que reclama “un monitoreo semanal de cómo está funcionando y hasta qué punto se está cumpliendo ese fortalecimiento de la Atención Primaria, la vigilancia epidemiológica y el rastreo”.

Los dos elementos referidos por López-Acuña, el establecimiento de umbrales como las lagunas en el rastreo, son también los dos fallos cometidos por España durante la desescalada que subrayó un reciente artículo internacional publicado en la revista científica The Lancet. El texto comparaba las estrategias para levantar restricciones de nueve países y regiones. De nuestro país se señalaban dos carencias claras: que los parámetros epidemiológicos no habían tenido un peso claro en el proceso de toma de decisiones y que se habían producido “dificultades” con la implementación de sistemas de vigilancia –detección, pruebas, rastreo y aislamiento de casos–. Un aviso que, una vez finalizada la desescalada, sigue más vigente que nunca en la segunda ola.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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