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Los cierres en Castilla y León y la negativa de las comunidades a acudir a los tribunales dejan solos a Casado y Ayuso en su guerra contra el Gobierno

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Los cierres en Castilla y León y la negativa de las comunidades a acudir a los tribunales dejan solos a Casado y Ayuso en su guerra contra el Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, empiezan a quedarse solos en su estrategia de guerra total contra el Gobierno. Las autonomías del PP no solo no actúan en bloque, como era la intención de su líder, sino que han dejado a Ayuso sola en los tribunales contra la orden del Ministerio de Sanidad, que ha obligado al Ejecutivo madrileño a cerrar la capital y otras nueve ciudades de la región por la alta incidencia del virus.

Mientras Ayuso y Casado y toda la dirección del PP hablan de un ataque partidista a Madrid, la Junta de Castilla y León gobernada también por PP y Ciudadanos ordena confinar las ciudades de León y Palencia. Y el resto de comunidades rechazan la vía de los juzgados y, a diferencia de Madrid, han decidido no presentar recursos contra el acuerdo del Consejo Interterritorial del pasado jueves.

A Casado no le acompañan el resto de barones autonómicos y tampoco Ciudadanos –el partido que sostiene todo su poder territorial– en esa guerra abierta contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La formación que lidera Inés Arrimadas reivindicaba este lunes la decisión del Gobierno de Castilla y León por su actuación ante la pandemia adoptando medidas tempranas, pese a tener menores índices de contagio que la Comunidad de Madrid. Una posición, reconocían desde Ciudadanos, con la que se sienten más cómodos frente a la de confrontación liderada por Ayuso. “En Castilla y León se van a aplicar medidas de restricción a pesar de no tener los mismos índices que Madrid”, enfatizaba la portavoz ejecutiva, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa tras la Junta directiva del partido.

Las ciudades de León (124.000 habitantes) y Palencia (48.000) tendrán a partir de este martes medidas restrictivas casi idénticas a las de Madrid capital y otros nueve municipios madrileños. León tiene ya una incidencia acumulada de 510,45 casos positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días y Palencia llegaba este fin de semana a los 536,71 casos en ese mismo volumen de población y periodo. En Madrid ciudad, según los datos de la Comunidad a 2 de octubre, esa incidencia acumulada llegaba a los 776 casos.

La Junta de Castilla y León aplicará en ambas capitales de provincia las limitaciones de movimiento y aforos que fueron acordadas por Sanidad y la mayoría de las autonomías en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles. El Gobierno castellanoleonés que preside Alfonso Fernández Mañueco (PP) fue el único de los populares que votó a favor de las medidas comunes para todo el país, desmarcándose durante el consejo interterritorial de Sanidad de la disciplina impuesta por Génova para apoyar la postura de la Comunidad de Madrid, que rompió un acuerdo con el Ministerio menos de 24 horas después de producirse. En el caso de Palencia, no eran de obligado cumplimiento por ser una población menor de 100.000 habitantes, pero el Gobierno regional decidía este lunes incluir al municipio en las restricciones por la alta incidencia del virus.

Castilla y León fue la única autonomía gobernada por el PP que apoyó el acuerdo. Sin embargo, la Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su batalla judicial contra las medidas del Ministerio de Sanidad. El Gobierno regional presentó el viernes un recurso ante la Audiencia Nacional que su socio de coalición, Ciudadanos, no apoya. Pero tampoco otras comunidades presididas por los populares: ni Galicia ni Andalucía ni Murcia, que votaron en contra del acuerdo, que Sanidad dio por válido pese a que no se aprobó por unanimidad, van a llevarlo a los tribunales. Algunos de los dirigentes del PP en otras regiones empiezan a manifestar en privado su desacuerdo con la estrategia de confrontación liderada por Ayuso que apoya la dirección nacional del partido con Casado a la cabeza

Quien muestra en público sin reparo esas discrepancias es su socio de coalición, Ciudadanos, que lleva más de una semana discrepando en cualquier foro de las decisiones de la presidenta madrileña. El Gobierno de Ayuso anunciaba el jueves por la noche el recurso con el que intentará paralizar las restricciones solicitando medidas cautelares. A la misma hora, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, aseguraba que era una decisión de la presidenta que no compartía. En la formación de Arrimadas hay especial malestar porque ni siquiera fueron consultados ni informados de que se había tomado la decisión de solicitar medidas cautelares, algo de lo que Aguado se enteró en directo en una entrevista en TVE mientras abogaba por dejar de un lado las discrepancias políticas para atender a lo “importante”: “salvar vidas”.

La dirección nacional de Ciudadanos respalda a Aguado en su oposición al recurso que Ayuso ha presentado ante los tribunales. “Por supuesto que compartimos con el vicepresidente que las restricciones en este caso pueden salvar vidas”, subrayaba Melisa Rodríguez. Para la formación de Arrimadas la postura de Aguado es la “responsable” frente a la judicialización decidida por su socia de gobierno, aunque desde Ciudadanos siguen defendiendo la coalición pese a las discrepancias no menores en la gestión de una pandemia que se ha cobrado en la región más de 15.000 vidas.

A pesar de que solo Madrid le sigue en ese discurso, la dirección nacional redobla la estrategia. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, anunciaba este lunes que el parlamentario popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia urgente del ministro Salvador Illa para que explique las restricciones “unilaterales” impuestas a Madrid, a pesar de que estas mismas medidas entran en vigor a partir de este martes también en Palencia y León. “La orden de Illa permite también que pueda haber más movilidad entre barrios con más contagios y lo lógico sería, como estableció la Comunidad, que hubiese más restricciones de movilidad en esas zonas que en otras con menos contagios”, insistían los populares en un argumentario interno este lunes, aunque las medidas del Ministerio son un acuerdo de mínimos que las comunidades pueden ampliar si así lo desean.

Pese a la insistencia del PP, la decisión de Castilla y León de adoptar las mismas medidas y la negativa de las autonomías de acompañar a Ayuso en su deriva judicial supone el reconocimiento de que las restricciones impuestas por Sanidad son necesarias para contener el virus.

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

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PSOE y UP registran una proposición para que el Poder Judicial en funciones no pueda hacer nombramientos

El PSOE y Unidas Podemos aumentan la presión para que el PP acceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó hace ahora dos años. Los dos grupos del Gobierno han registrado una proposición de ley en el Congreso, a la que ha tenido acceso elDiario.es, para reformar la norma actual e impedir que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos mientras está en funciones, algo que el actual, presidido por Carlos Lesmes, ha hecho 57 veces con el mandato caducado. Los últimos, a finales de octubre.

La proposición de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) será debatida en el Pleno este mismo mes de diciembre y no supone renunciar a la reforma más amplia que ya presentaron ambos grupos y que modificaba las mayorías necesarias para renovar la cúpula judicial, un proceso bloqueado por el PP. Dicha reforma fue “congelada” temporalmente en aras de intentar atraer a Pablo Casado a un acuerdo, pero el PP mantiene su intención de no facilitar los nombramientos de los 20 vocales y del presidente del Tribunal Supremo.

Fuentes del PSOE y de Unidas Podemos consultadas por elDiario.es señalan que existe un “amplio consenso” sobre la necesidad de impedir que un CGPJ con el mandato constitucional caducado pueda hacer nombramientos, por lo que se ha decidido avanzar en esa parte de la reforma mientras se mantiene en suspenso una modificación de las mayorías necesarias para la renovación.

Pero esta suspensión es temporal. La propia portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló el martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que si “en un tiempo prudencial” el PP no accede a cerrar el acuerdo para renovar el CGPJ se reactivará la reforma de la ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces.

Las declaraciones de Montero llegaban horas después de que el PP rechazara de forma taxativa acceder a renovar el CGPJ este año. “Prefiero que siga como está a que entren miembros de Podemos a una institución que desprecian”, aseguró su secretario general, Teodoro García Egea. Un día antes, el lunes, el ministro de Justicia dijo que el acuerdo estaba cerrado y que solo faltaba que el PP lo hiciera público. Pero otra vez el partido de Casado, esta vez por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, desmintió a Juan Carlos Campo y rechazó que existiera dicho acuerdo.

El PSOE y Unidas Podemos han decidido así avanzar en la reforma de la LOPJ, pero de forma limitada. En lugar de reactivar de golpe el planteamiento maximalista han optado por presionar al PP con una modificación que, defienden, tiene un amplio consenso.

“Es un paso muy importante”, apuntan desde el grupo confederal. “En los últimos dos años hemos visto cómo un órgano caducado tomaba decisiones muy importantes. Esto es lo contrario de lo que ocurre con los demás poderes del Estado. Ni el Congreso ni el Gobierno pueden tomar decisiones importantes cuando están en funciones. Con esta ley se acaba con esta anomalía y creemos que es un paso en la buena dirección”, añaden las mismas fuentes.

En una entrevista con elDiario.es del pasado mes de noviembre, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, aseguraba: “El 6 de diciembre es una buena fecha para hacer público un acuerdo. (…) Si el PP no quiere hacerlo tal y como establecía la ley hasta ahora, tendremos que modificar la ley para poder hacerlo”. Finalmente, los grupos han preferido dar un primer paso más limitado antes que retomar la reforma al completo.

La limitación de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado estaba incluida en la iniciativa que ambos grupos registraron el pasado octubre —que también incluía cambios en el sistema de elección de los vocales— y que fue retirada semanas después para favorecer un acuerdo con el Partido Popular para la renovación de este órgano. Esta nueva proposición de ley está centrada únicamente en tasar las funciones que el órgano de gobierno de los jueces puede realizar cuando sus vocales no hayan sido renovados en plazo. 

La principal limitación es que no pueda hacer nombramientos en la cúpula judicial como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. Entre ellos, la reciente designación de seis magistrados en el Supremo. Si tiene el mandato caducado, el órgano deberá limitarse a realizar aquellas funciones que resultan necesarias para garantizar su funcionamiento y que no impliquen una injerencia en las atribuciones del Consejo entrante. “Se garantiza de esta manera que no se produzca una parálisis en su funcionamiento”, dice la exposición de motivos de la proposición.

En estos dos años de mandato caducado el CGPJ presidido por Lesmes ha hecho 57 nombramientos. De ellos, 12 en el Tribunal Supremo, cuyos magistrados son irrevocables y se mantienen en el cargo hasta la jubilación.

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

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El plan de Navidad de Catalunya prevé que el toque de queda empiece a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja

La Generalitat de Catalunya ya ha decidido cómo prevé que se celebre la Navidad este año en plena epidemia de coronavirus. Además del plan de desescalada conocido, que planteaba reuniones de 10 personas a partir del 21 de diciembre, el Govern añade como novedad la modificación del toque de queda para que en Nochebuena y Nochevieja este empiece a la 1:30 de la madrugada y no a las 22 horas. 

“Tendremos que celebrar una Navidad muy diferente, con el máximo de seguridad y toda la responsabilidad. El cambio de año no debe ser la semilla de una tercera ola”, ha avisado el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una comparecencia en el Parlament. También ha dejado claro que Catalunya avanzará a fase 2 de desescalada el próximo lunes, a no ser que empeoren todavía más los indicadores que desde hace dos días muestran un repunte de contagios.

A la espera de la reunión del Consejo Interterritorial entre las comunidades autónomas este miércoles, la Generalitat ha establecido también que cambiarán el toque de queda la noche de Reyes para que comience a las 23 h. En cuanto a los cambios del toque de queda de los días 24 y 31 de diciembre, Catalunya es la segunda comunidad después de Madrid que plantea que empiece a las 1:30 horas, media hora más tarde de lo previsto por el Gobierno.

Aragonés también ha avanzado que el plan para Navidad limita a 10 el máximo de personas para reunirse frente a las seis actuales, tal y como está previsto en el plan de reapertura que ya se aplica. El vicepresidente ha añadido que el Govern no prevé establecer cambios en los confinamientos, por lo que si se avanza conforme a las fases previstas en el plan de reapertura a partir del 21 de diciembre ya no habrá restricciones de movilidad ni entre municipios ni para salir de Catalunya, y solo se mantendrá el toque de queda nocturno.

Pese a desvincular las medidas para Navidad del plan de desescalada, Aragonès ha instado a los catalanes a celebrar una Navidad “muy diferente” y “con la máxima seguridad y toda la responsabilidad”. “A todos nos gustaría poder celebrar encuentros sociales con amigos y familia pero que hay que cumplir con las restricciones”, ha agregado.

Por su parte, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha explicado que el Govern asistirá este miércoles a la reunión del consejo interterritorial del Estado sobre salud y que lo harán “conscientes” de que Catalunya tiene su plan de Navidad y que es el que se aplicará.

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

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Reino Unido, el primer país occidental en aprobar una vacuna contra el coronavirus

Reino Unido se ha convertido en el primer país occidental en aprobar y empezar a utilizar una vacuna contra el coronavirus para inmunizar a su población. El regulador británico es el primero, antes incluso que el de Estados Unidos, en dar luz verde a la vacuna de la estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, que se administrará desde la semana próxima.

En un comunicado, el Gobierno de Boris Johnson anunció este miércoles la autorización para el uso de emergencia de la vacuna y dijo que la sanidad pública (NHS, en sus siglas en inglés) tiene “décadas de experiencia en programas de vacunación” y será la encargada de ayudar a las personas elegibles para la vacunación. Los primeros en recibir la vacuna serán los mayores que vivan en residencias de ancianos y los sanitarios, según anunció el profesor Wei Shen Lim, que preside el comité especial para la vacunación. A partir de ahí, el factor clave de la prioridad será la edad, por grupos para las personas que tengan más de 50 años.

La vacuna se podrá administrar en hospitales y también en centros especiales coordinados por el ejército, en varios puntos del país. La semana próxima, 800.000 dosis estarán disponibles, según el ministro de Sanidad, Matt Hancock.

Reino Unido ha pedido 10 millones de dosis disponibles este mes para inmunizar a cinco millones de personas (la vacuna requiere dos dosis), pero Hancock dijo en una entrevista en la radio BBC 4 que la cifra exacta depende de la capacidad de fabricación de la farmacéutica, que se hace en Bélgica, y la certificación de las dosis (cada lote se examina y se autoriza antes de utilizarla). “El grueso de la vacunación será el año que viene”, dijo. “Ahora podemos decir con confianza que desde la primavera, desde Pascua en adelante, las cosas irán mejor. El año que viene vamos a tener un verano que todo el mundo podrá disfrutar”.

A la vez, el ministro recordó que quedan meses hasta que haya una parte sustancial de la población protegida del virus: “Podemos ver el amanecer en la distancia, pero tenemos que llegar hasta la mañana”. Por eso, pese ese al hito, el Gobierno aprovechó el anuncio de la vacunación para pedir a la población que siga respetando las restricciones. Justo este miércoles termina el confinamiento en Inglaterra, pero continúan las restricciones locales.

“Para ayudar al éxito del programa de vacunación es esencial que todo el mundo siga jugando su papel y respete las restricciones necesarias en su área para reducir más el virus y ayudar a la Sanidad pública para que haga su trabajo sin estar desbordada”, dijo.

La vacuna de Pfizer, según un ensayo clínico con 43.000 personas, tiene una eficacia por encima del 90% (es decir, protege a más de nueve de cada diez personas). Puede que este porcentaje se ajuste a la baja según aumente el número de personas vacunadas, pero el margen es grande ya que el umbral exigido para la aprobación de una vacuna contra el coronavirus por el regulador de EEUU -el que marca la pauta- es del 50%.

El regulador de Reino Unido (MHRA, en sus siglas en inglés), que es un órgano independiente del Gobierno, subrayó este miércoles que la decisión se ha tomado después de un examen riguroso que ha concluido que el beneficio merece la autorización de emergencia aunque no esté concluida la fase final del ensayo (que se espera termine en verano).

“Los datos indican una alta eficacia en todos los grupos de edad (a partir de 16 años), incluyendo buenos resultados en los adultos más mayores”, dice la comisión que ha revisado la solicitud de Pfizer. También dio algún dato más sobre el tiempo que tarda la vacuna en ser eficaz: siete días después de la segunda dosis, aunque 12 días después de la primera ya se detecta protección.

Se espera que el regulador de medicamentos de Estados Unidos (FDA) apruebe la vacuna en su reunión del día 10 de diciembre y la de Moderna una semana después. Ningún otro país occidental ha llegado de momento tan lejos. 

En la Unión Europea, la Agencia Europea del Medicamento publicará una opinión sobre la vacuna de Pfizer y BioNTech el 29 de diciembre. Su distribución, que depende de la aprobación del regulador con sede en Amsterdam y, posteriormente, del visto bueno final de la Comisión Europea previsto “unos días después”, arrancará a principios de 2021. Hasta el 31 de diciembre, cuando se consuma el Brexit, Reino Unido también depende de la agencia europea, pero el Gobierno británico cambió una ley para que su agencia nacional pudiera aprobar una vacuna en caso de emergencia sin esperar al regulador de la UE.

El regulador ruso aprobó una vacuna en verano, aunque fuera de los cauces tradicionales de ensayos y revisión a los que se han sometido las vacunas que han pedido autorización en Europa y EEUU. El Gobierno chino está haciendo ensayos masivos con su ejército, pero tampoco ha seguido los cauces habituales.

El despliegue de la vacuna de Pfizer es más complejo que el de otras vacunas avanzadas porque requiere conservación a temperaturas por debajo de los 70 grados bajo cero, una temperatura a la que no llegan los congeladores domésticos. Para evitar las complicaciones de trasladar la vacuna de un lugar a otro, Reino Unido apuesta de momento por dejarla en hospitales, donde el proceso de conservación y distribución es más fácil. 

Cuenta con poder vacunar al resto de la población en centros de salud y farmacias con la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que sólo requiere el frío normal de un frigorífico, y con la de Moderna, a la que le vale el frío de un congelador doméstico. 

Reino Unido tiene más de 100 millones de dosis apalabradas con AstraZeneca, pero todavía está revisando los datos de esta candidata, en particular en cuanto al nivel de eficacia, y la farmacéutica no ha pedido formalmente la aprobación para uso de emergencia todavía. Sí la ha pedido, en cambio, Moderna, que sin embargo tiene menos capacidad de producción inicial: Reino Unido ha reservado siete millones de dosis, pero no las recibirá hasta marzo.

Estas vacunas requieren de dos dosis, administradas con unas semanas de separación, por lo que el proceso de inmunización durará meses. Se estima que para que haya inmunidad de grupo, es decir que haya un número suficiente de personas inmunizadas para que el virus casi no circule, las personas vacunadas deben rondar el 70%.  

El escenario más optimista es que esté proceso está terminado en abril. 

“Si la desplegamos y todo va bien… con el viento a favor, y esto es una hipótesis, deberíamos ser capaces de vacunar por la evidencia que estamos viendo a la gran mayoría de la población que necesita más protección para Pascua”, anticipó el primer ministro Boris Johnson la semana pasada. El domingo de Pascua es el 4 de abril. 

Además, el Gobierno está preparando una campaña de publicidad a favor de la vacunación con médicos populares y personas célebres en redes entre los jóvenes. 

Según una encuesta de Ipsos en Reino Unido, sólo el 37% tiene claro “de manera definitiva” que se va a vacunar en cuanto pueda. El 50% de los reticentes dice que su motivo para no querer acceder ya a la vacuna es no quitársela a otras personas más vulnerables, por lo que la disponibilidad de dosis debería ayudar a que más personas se quieran vacunar. 

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