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La mayoría de las localidades españolas con incidencia acumulada de más de 500 casos han adoptado ya medidas restrictivas contra la COVID

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La mayoría de las localidades españolas con incidencia acumulada de más de 500 casos han adoptado ya medidas restrictivas contra la COVID

Uno de los motivos de conflicto entre la Comunidad de Madrid (y en general el PP) y el Gobierno central a cuenta de las medidas que deben adoptarse en la región ha tenido que ver con la incidencia acumulada (IA) de casos de COVID (los detectados en los últimos 14 días entre 100.000 habitantes). Para el Ministerio de Sanidad debía ser 500 el umbral, pero era de 1.000 para el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Finalmente, el gobierno regional ha cedido en el umbral, pero solo si se aplica igual en toda España. Además de superarse una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, ha de registrarse más del 10% de positivos en PCR y una ocupación del 35% de las plazas de UCI.

En realidad las restricciones especiales ya se vienen aplicando en toda España, con pocas excepciones, e incluso en ciudades más pequeñas, ante escaladas preocupantes del virus. De entre los municipios de más de 40.000 habitantes con más de 500 casos de IA, solo las madrileñas y Pamplona tienen más de 100.000 habitantes, si bien la capital navarra escaparía a las medidas por no cumplir el criterio de ocupación de UCI.

Hasta este acuerdo, que aún está por concretarse y ratificarse por el resto de las CCAA, Madrid (6,6 millones de habitantes en toda la comunidad, 3,2 en la capital) ha aprobado medidas restrictivas en 45 zonas con más de 1.000 casos de IA en las que se restringe la entrada y salida, aunque se permite que los ciudadanos salgan del perímetro por desplazamientos que cuenten con una justificación como la asistencia sanitaria, cumplimiento obligaciones laborales, asistencia a centros docentes y educativos, retorno a residencia habitual, cuidar a personas mayores y dependientes discapacidad o vulnerables. También se permite abandonar esta sección sanitaria para desplazarse a entidades financieras, acudir a citaciones urgentes en órganos judiciales, renovar permisos oficiales, presentarse a exámenes oficiales inaplazables o argumentar motivos de causa mayor, así como situación de necesidad.

Además de las restricciones a la movilidad en estas zonas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid cierra todos los parques y jardines en las zonas afectadas. Los velatorios únicamente podrán contar con 15 personas en el exterior y 10 en el interior. Por su parte, las comitivas presentes en enterramientos y cremaciones se reducirán a quince personas. Los establecimientos abiertos al público y los locales comerciales cierran a las 22.00 y tienen un aforo limitado al 50%, con la excepción de farmacias, centros médicos, veterinarios, gasolineras y otros servicios considerados esenciales. Las reuniones sociales se limitan a seis personas.

En realidad, por dimensiones y características, Madrid solo sería comparable, relativamente, a Barcelona (1,6 millones) o Valencia (794.288), como destaca el epidemiólogo Jonay Ojeda, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Tanto por su número de habitantes, como por su densidad de población, y sobre todo, por su movilidad. “En las ciudades más grandes, lo más habitual es que no tengas el trabajo en el mismo barrio en el que en el que vives, u otras actividades básicas, o cotidianas”. También es más frecuente la desigualdad, que implica que el teletrabajo es menos frecuente y que incluso un enfermo se vea abocado a prescindir de guardar cuarentena por cuestiones de precariedad económica y laboral.

Igualmente, hemos repasado las medidas en vigor en las ciudades de más de 40.000 habitantes y una incidencia acumulada de al menos 500 casos que estén fuera del ámbito de actuación del gobierno madrileño: Lorca (Murcia); Lucena (Córdoba); Talavera de la Reina (Toledo); Eivissa (Baleares); Guadalajara; Pamplona; Linares (Jaén); Ciudad Real y Palencia. Están ordenadas por su incidencia acumulada de COVID.

En Lorca (Murcia, 94.404 habitantes) se ampliaron este lunes por tercera semana medidas de restricción similares a las de la fase 1 de la desescalada en el casco urbano, pero flexibilizada: para acceder a la zona de restricciones es necesario una suerte de salvoconducto o un permiso de trabajo, los comercios tienen un aforo restringido al 50% y las terrazas están al 75%, pero permanecen abiertas. Los colegios siguen dando clase online.

En Lucena (Córdoba, 42.605) se ha reducido al 50% el número de mesas y sillas autorizadas para bares y restaurantes, y se ha decretado el cierre de todos los parques, plazas y jardines públicos, entre las 23.00 y las 7.00 horas, y la suspensión de los dos mercadillos, público y privado, que se vienen celebrando los miércoles y domingos en la ciudad. Además se ha hecho un cribado extraordinario voluntario de test rápidos de antígenos a 921 personas, el 48% de la población seleccionada, con resultado negativo en 918 casos.

Talavera de la Reina (Toledo, 83.417) y 78 municipios de su área (un total de 146.000 personas) han visto suprimido el servicio de barra de bares, ha reducido el aforo en el interior al 50% y al 75% en las terrazas. También ha cerrado cines, teatros, audiorios, bibliotecas y museos. Los hoteles pueden funcionar al 75% de su capacidad. Por otro lado, se suprimen los espectáculos taurinos, mercadillos y mercados al aire libre.

En Eivissa (Baleares, 49.783) desde el 18 de septiembre está vigente el confinamiento perimetral de Ibiza capital (áreas de salud de l’Eixample y Es Viver), con la prohibición de entrada y salida excepto por casos justificados (ir al médico, a trabajar, a la escuela…); cierre de locales a las 22.00 y 50% de aforo; reuniones sociales de máximo 5 personas; cierre de barra y máximo 5 personas por mesa en los locales. También están cerrados parques, jardines y locales de ocio infantil.

Para Guadalajara (85.871 habitantes), está vigente el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. Respecto a bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo está reducido al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local. Por su parte, las terrazas de bares y restaurantes tienen su aforo al 75%.

En Pamplona (201.653 habitantes) se han ampliado 15 días las medidas restrictivas aprobadas hace dos semanas y que afectan sobre todo a los aforos en las reuniones en el ámbito público, que no pueden sobre pasar las seis personas, y a la hostelería, en la que está prohibido el consumo en barra a partir de las 12 del mediodía, entre otras cosas. Está reducido a seis el número máximo de personas que pueden reunirse en el ámbito público y en establecimientos hosteleros y se limita al 50% el aforo de las actividades sociales como ceremonias, velatorios y entierros, culto, mercadillos o centros de formación no reglada y al 60% en los eventos culturales.

En Linares (Jaén, 57.414), junto a otras localidades, la Junta va a realizar un cribado masivo de test de antígenos para detectar la COVID-19, pero no hay otras medidas especiales adoptadas. Están en vigor las que rigen para el resto de Andalucía. En el caso de la hostelería se establece que los salones de celebraciones tendrán un máximo del 75% del aforo, con celebraciones que no superarán las 150 personas al aire libre y 100 en espacios cerrados y que deben cumplir con los horarios previstos para hostelería. Asimismo, el consumo de bebida y comida se hará exclusivamente en mesa.

En Ciudad Real (74.746), se mantienen en vigor medidas especiales entre las que destacan el cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se redujo al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local. Las terrazas de bares y restaurantes redujeron su aforo al 75%. Se limita también al 50% el aforo de las actividades religiosas de ámbito social, así como de cines, teatros, auditorios, bibliotecas y museos.

Para el caso de Palencia (78.412) se aplican medidas que se equiparan “prácticamente” a las de la fase 1 de la desescalada, aunque sí existen diferencias, porque no se restringe la movilidad, por ejemplo. Las reuniones públicas o privadas son de un máximo de 10 personas salvo que se trate de personas convivientes. Se prohíbe la consumición en barra y se limita a seis personas en mesas y terrazas.

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El Gobierno decretará en horas el estado de alarma para dar cobertura legal a las nuevas restricciones contra la pandemia

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El Gobierno decretará en horas el estado de alarma para dar cobertura legal a las nuevas restricciones contra la pandemia

La segunda oleada del coronavirus en España amenaza de nuevo con descontrolarse. El Gobierno y las comunidades habían acordado una serie de medidas a poner en marcha en función de la evolución de la pandemia, pero la grave situación en el conjunto del país ha obligado a buena parte del territorio a situarse directamente en el último escenario, el de riesgo extremo, que requiere la adopción de medidas drásticas de limitación de la movilidad. A su vuelta del Vaticano, donde este sábado se reunió con el Papa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este domingo a las 10 horas con el objetivo de decretar el estado de alarma, la figura jurídica que dará cobertura legal para adoptar las “medidas excepcionales” y las restricciones de movilidad que han reclamado distintas autonomías en las últimas horas. Las comunidades seguirán siendo las autoridades competentes y presidentes autonómicos dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse.

“La situación es grave”, avisó Pedro Sánchez el viernes durante una declaración institucional en Moncloa en la que advirtió de que quedan por delante “meses muy duros”. El presidente subrayó que hay que evitar a toda costa un confinamiento domiciliario como el de esta primavera para dañar lo menos posible la economía, pero reconoció que en las normas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud del jueves se contemplan medidas que requieren de la herramienta constitucional del estado de alarma para limitar los movimientos. 

Las palabras de Sánchez se produjeron en el final de una semana en la que había sobrevolado la posibilidad de imponer ‘toques de queda’ con el objetivo de frenar el ocio nocturno en la línea de lo que han hecho otros países europeos. Varias comunidades lo plantearon en la reunión sectorial de Sanidad del jueves, pero se aplazó la decisión a la espera de encontrar el marco jurídico necesario para ponerlo en marcha. No obstante, gobiernos como el valenciano de Ximo Puig o el de Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco decidieron adelantarse. 

Sánchez dejó claro en su comparecencia que las medidas para frenar la expansión del coronavirus corresponden a los gobiernos regionales a partir del plan de respuesta consensuado entre Gobierno y autonomías: “La decisión sobre las medidas a adoptar y el momento de su adopción será tomada por las comunidades autónomas y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad antes de su implantación”. “Estamos listos para adoptar todas y cada una de las medidas que sean necesarias”, subrayó el presidente. 

A partir de ahí se produjo una cascada de solicitudes de estado de alarma en diferentes comunidades autónomas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, fue el primero en hacerlo tras la comparecencia de Sánchez y sumándose así al presidente de Melilla, que había pedido por carta la noche anterior el decreto del estado de alarma en la ciudad autónoma para poder limitar el “ocio nocturno”. 

Urkullu planteó que se activara esa herramienta en toda España pero con la delegación del mando en los presidentes autonómicos. A él se fueron sumando presidentes socialistas como el asturiano Adrián Barbón; el extremeño Guillermo Fernández Vara; la riojana Concha Andreu; la navarra María Chivite; el valenciano Ximo Puig y el castellano-manchego Emiliano García-Page, que llevaba toda la semana reclamándolo para poder poner en marcha una serie de medidas uniformes en todo el país, entre ellas el toque de queda. Todos ellos del PSOE. No lo pidió expresamente el aragonés Javier Lambán, aunque manifestó que “aceptará incondicionalmente” esa decisión. Tampoco Canarias lo ve oportuno dada su situación: allí el Gobierno ha habilitado un corredor turístico que permita la llegada de visitantes extranjeros, dada la baja incidencia del virus.

También el gobierno de coalición cántabro presidido por Miguel Ángel Revilla y Catalunya refrendaron la necesidad de acudir a esta medida excepcional. “El Govern de la Generalitat solicitará la declaración del estado de alarma en Catalunya, pues todo indica que la situación nos obligará a tomar medidas restrictivas de la movilidad en los próximos días”, expresó el presidente en funciones, Pere Aragonès, tras una reunión extraordinaria del Ejecutivo catalán. Baleares no se planteaba inicialmente solicitarlo, pero en ha estado en comunicación con el Ejecutivo en las últimas horas y ha pedido que se incluya al archipiélago para disponer de amparo a la hora de establecer “restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación de la COVID-19”.

La mayoría de presidentes autonómicos plantearon que el estado de alarma se adoptara para toda España para que los gobiernos regionales tengan el paraguas legal que permita aplicar restricciones sin necesidad de que sean ratificadas por la justicia. La decisión llega después de que varios tribunales las hayan tumbado en distintos territorios, como Extremadura o Euskadi, entre otras. Moncloa lleva desde el viernes trabajando contra reloj para tener listo el decreto que se aprobará en el Consejo de Ministros extraordinario de este domingo.

El Gobierno ha trasladado a algunos gobiernos autonómicos que serán las autoridades delegadas para la aplicación de las medidas que queden bajo el amparo jurídico del estado de alarma, según las fuentes consultadas por elDiario.es. Presidentes regionales consultados por elDiario.es dan por hecho que se les ofrecerán distintas herramientas a las que acogerse. “Nos da instrumentos como comunidades que nos pueden ayudar. El toque de queda entiendo que entra fijo; puedes elegir horario”, señala una de las fuentes autonómicas. El mecanismo es muy distinto, por tanto, al de marzo, cuando fue Sánchez el que asumió el mando único y sigue la línea de lo que han demando los ejecutivos regionales, especialmente Catalunya y Euskadi. También el nivel de restricciones es menor para este momento de la pandemia respecto al cierre total de primavera, que es lo que se quiere evitar.

Con la petición de Urkullu y la Generalitat, Sánchez se asegura contar con los apoyos necesarios para que la prórroga del estado de alarma salga adelante en el Congreso dentro de quince días. Ciudadanos, además, había puesto a su disposición sus 10 escaños el viernes por la mañana para avalar como ya hizo antes del verano las medidas de excepción. No obstante, la estrategia del Gobierno, que quiere evitar por todos los medios una nueva guerra con las comunidades -especialmente con la de Madrid-, pasaba por que fueran las autonomías quienes pidieran auxilio para corresponsabilizar al resto de administraciones y eludir críticas como las de la pasada primavera: llegada la recta final, muchas autonomías se quejaron de la imposición del estado de alarma por parte del Ejecutivo se Sánchez. El Ejecutivo ha apelado directamente al PP, pero los de Pablo Casado insisten en cambiar la normativa en materia sanitaria y poner en práctica las medidas necesarias sin que sea necesario recurrir a la alarma. Algunos constitucionalistas discrepan de que se pueda limitar la movilidad con normas distintas al estado de alarma, excepción y sitio.

Las autonomías con presidentes del PP se resisten de momento a solicitar la declaración del estado de alarma, aunque algunos no lo ven con malos ojos. El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Ciudadanos), que gobierna en coalición con el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, instó a Sánchez a decretar el estado de alarma si lo considera la “solución” para que las comunidades puedan ostentar sus competencias “al amparo de ese marco legal”. El presidente murciano Fernando López Miras no lo ha rechazado de plano, pero lo que ha pedido es que no haya 17 propuestas distintas. Él mismo ha puesto en marcha ya los mecanismos para aplicar un toque de queda en la región. 

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha planteado que si se declara el estado de alarma para establecer el toque de queda se respete el horario que ella ha establecido para la hostelería -cierre desde medianoche hasta las 6 de la mañana- y que se incluya la prórroga de una hora que ha dado esta semana a bares y restaurantes. Ese es el horario establecido, por ejemplo, por la Comunidad Valenciana mientras que otras autonomías, como La Rioja o Castilla y León han optado por adelantarlo a las 21 horas y las 22, respectivamente. 

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Las 12 horas en las que el Gobierno catalán pasó de resistirse al toque de queda a tener prisa por aplicarlo

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Las 12 horas en las que el Gobierno catalán pasó de resistirse al toque de queda a tener prisa por aplicarlo

Viernes, 8.30 de la mañana. La consellera de Salut, Alba Vergès, en una entrevista en TV-3 reitera que no se puede descartar ninguna nueva medida restrictiva pero a la vez se muestra partidaria de seguir la vía valenciana, esto es, aplicar mayores restricciones de movilidad sin necesidad de pedir el estado de alarma. No llega a rechazar un toque de queda, pero considera que antes hay que analizar cuál ha sido el resultado de tener cerrar bares y restaurantes, antes de adoptar otra de tal calado. Por más que la periodista Lídia Heredia le pregunta y repregunta, no aclara qué va a hacer Govern. Solo 12 horas después, a las 20.30, Catalunya solicita formalmente al Gobierno central la declaración de estado de alarma para así poder decretar un toque de queda. ¿Qué pasó para que lo que era solo una posibilidad por la mañana acabase siendo una certeza antes de acabar el día? 

Por la mañana, en la reunión de seguimiento que preside a diario el vicepresidente, Pere Aragonès, se analizan unos datos que de nuevo son peores que el día anterior. La epidemia sigue disparada y solo en una semana los ingresos en las UCI han crecido un 50%. Vergès mantiene varias reuniones con su equipo y contacta en varias ocasiones con el director de la Unidad de Seguimiento del Covid-19 de Catalunya, Jacobo Mendioroz, y con el secretario de Salut Pública, Josep Maria Argimón, ingresado desde este viernes en un hospital tras haber dado positivo hace una semana. Los titulares en las ediciones online de los diarios están centrados otra vez en el nuevo órdago de la Comunidad de Madrid al Gobierno, a la espera de una comparecencia sorpresa de Pedro Sánchez en La Moncloa. Pasa la una del mediodía, en una larga intervención sin preguntas, el presidente calma los temores que había en la Generalitat al dar a entender que la gestión de la declaración del estado de alarma podría depender de las comunidades. Sánchez emplaza a los gobiernos autonómicos a solicitar la activación de ese mecanismo constitucional en caso de que la situación en sus territorios sea “extrema”.

Aragonès habla con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con quien desde el Departamento de Salut existe un contacto fluido, y con el presidente del Gobierno. Ambos le confirman que el Ejecutivo central está a favor de que el estado de alarma se aplique de forma descentralizada y que sea la Generalitat quien asuma el mando en el caso de Catalunya. Además, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, llama a la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, para informarle de la posición del Gobierno central.

El vicepresidente catalán conversa también por teléfono con el lehendakari e Iñigo Urkullu le confirma su intención de anunciar públicamente que solicita al Ejecutivo central el estado de alarma para toda España y, a diferencia de lo que pasó antes del verano, con una gestión descentralizada. No es la única llamada que hace Urkullu. El presidente vasco habla también con sus homólogos de las comunidades limítrofes, María Chivite (Navarra), Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Concha Andreu (La Rioja). Además, contacta con Alberto Núñez Feijóo y al no poder hablar con Isabel Díaz Ayuso le envía un mensaje.

A las tres de la tarde, Aragonès convoca a la dirección de ERC para evaluar la situación. Tras esta reunión telemática y después de hablar por teléfono con Meritxell Budó, el vicepresidente convoca un hora más tarde un nuevo encuentro telemático. Esta vez con los miembros del Govern que integran el comité COVID y que son, además del propio Aragonès y de Budó, los titulares de Sanidad, Interior y Educación. 

Paralelamente, Junts per Catalunya, partidarios de ir cuanto antes a un toque de queda, recelan de que sus socios de ERC sigan dando largas a esta medida y temen que se queden solo en la petición del estado de alarma o que esperen unos días a pedirlo. Han interpretado las declaraciones de la consellera de Salut a primera hora en TV-3 como una manera de tirar balones fuera. En Junts consideran que Vergés es reacia a adoptar decisiones que impliquen restricciones. ”Siempre tiene miedo y no queríamos que de nuevo se reuniese el Govern para salir sin decir nada porque no se toman las decisiones que corresponden”, resumen en JxCat.

A las cinco de la tarde, se produce otra nueva reunión telemática. La preside Carles Puigdemont desde Waterloo y participan en ella todos los consellers de JxCat así como la cúpula de Junts, el nuevo partido del expresident, entre ellos Elsa Artadi, Josep Rius y el jefe de filas en el Parlament, Albert Batet. En el encuentro queda claro que su posición es que el Govern tiene que pedir el estado de alarma cuanto antes y reclamar que la gestión corresponda a la Generalitat. Y que una vez haya pasado por el Consejo de Ministros, hay que convocar una reunión del Plan territorial de protección civil de Catalunya, conocido como el Procicat, para aprobar el toque de queda. En Junts defienden que esta medida tal vez permitiría poder flexibilizar el cierre de bares y restaurantes para intentar que pudiesen abrir al mediodía. 

Una hora y media después empieza la reunión extraordinaria del Govern. Hay debate. Dos consejeros, el de Interior, Miquel Sàmper (JxCat) y el de Educación. Josep Bargalló (ERC) son los más claros a la hora de reclamar que una vez que se disponga del estado de alarma hay que ir de manera inmediata al toque de queda. Nadie se opone a la medida y aunque una de las opciones es fijar ya que esa restricción sea entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana finalmente será en el seno del Procicat donde acabe acordándose y no se descarta que la prohibición de moverse libremente por la calle pueda empezar a las diez de la noche. 

Una vez finalizada la reunión del Consell Executiu, el Govern informa a los grupos parlamentarios de su decisión. JxCat insiste en que hay que actuar con una mayor previsibilidad y que la ciudadanía conozca, en función de los índices y de la evolución de la pandemia, qué medidas se adoptarán en el ámbito laboral, de movilidad o de relaciones sociales. Es el modelo que se ha adoptado en países como Irlanda del Norte. Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, expresa su apoyo al Ejecutivo catalán para que sea la Generalitat quien actúe como autoridad delegada durante el estado de alarma y como el resto de formaciones exige mayores compensaciones para los sectores económicos más perjudicados. 

Pasadas las 20.30h Aragonès y Budó comparecen en rueda de prensa para anunciar que Catalunya pide el estado de alarma para disponer de un amparo jurídico para adoptar nuevas medidas. Se suma así a Euskadi, Navarra, Extremadura, Asturias, La Rioja, Cantabria y Melilla. 

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El Gobierno de Ayuso se resquebraja por la gestión de la pandemia: once dimisiones en medio año

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El Gobierno de Ayuso se resquebraja por la gestión de la pandemia: once dimisiones en medio año

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso acumula una dimisión tras otra cuando apenas ha cumplido 14 meses de mandato. Su gestión de la desescalada y de la segunda ola de la pandemia no solo ha desatado una marejada de críticas de la oposición que incluso se ha planteado la moción de censura. También ha supuesto un goteo de renuncias y ceses en un gabinete que está partido a la mitad. Desde mayo, en menos de medio año, 11 importantes cargos han presentado a Díaz Ayuso su dimisión.

Las últimas renuncias se produjeron este martes, con la pandemia descontrolada durante la segunda ola de la Covid-19. Las responsable de Atención Primaria, Marta Sánchez-Celaya, y la de Hospitales, Bárbara Fernández, presentaban el mismo día su dimisión. Ambas han tomado esta decisión después de que Díaz Ayuso remodelara la viceconsejería de la que dependen para nombrar al médico Juan Armengol, nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria. Ambas se marchan plena negociación con los sindicatos que amenazan con huelgas indefinidas por sus condiciones de trabajo tanto en los centros de salud como en los hospitales.

Llueve sobre mojado. La crisis de confianza en la gestión de Ayuso por parte de sus propios técnicos arrancó el 7 de mayo, cuando se fue la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, tras negarse a firmar la petición de cambio de fase al Ministerio de Sanidad en plena guerra de la presidenta madrileña con el Gobierno central. La última renuncia más polémica se producía el 2 de octubre: el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, en el ala de Ciudadanos, se iba del Gobierno tras la gestión de las residencias, donde fallecieron más de 7.000 ancianos en solo dos meses.

Las relaciones de Ayuso con su socio de Gobierno, Ciudadanos, atraviesan su peor momento hasta el punto de que el plan del Ejecutivo regional tras el fin del estado de alarma se decidía a espaldas del vicepresidente, Ignacio Aguado. “Aguado y los consejeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid se han enterado de las nuevas medidas en la región en la rueda de prensa de Ruiz Escudero. Es una deslealtad a tu socio de gobierno. Es impresentable”, lamentaban fuentes cercanas al número dos de la Comunidad. La batalla es pública. Las relaciones entre ambos casi nulas.

Yolanda Fuentes. Fue la directora general de Salud Pública de Madrid hasta el 7 de mayo de 2020. Ese día presentó su dimisión después de negarse a firmar el plan de desescalada que pretendía Isabel Díaz Ayuso para que la región pasase a la fase 1 dentro del estado de alarma. La decisión de cambiar de fase “no estaba basada en criterios de salud”, apuntó Fuentes en su carta de renuncia. 

El 26 de septiembre, en plena pugna de Madrid con el Gobierno central por las medidas para frenar los contagios desbordados en la región, Fuentes publicó en su cuenta de Twitter el fragmento de la película Titanic en la que el transatlántico se hunde pero la orquesta sigue tocando. “Buena Suerte”, deseaba la ex directora de Salud Pública de Madrid sin mencionar expresamente a la administración madrileña. Los contagios estaban de nuevos disparados en la región y los expertos apuntaban ya en la desescalada acelerada que promovió Ayuso en la región uno de los factores clave. También la falta de rastreadores y el refuerzo de la Atención Primaria.

Carlos Mur de Víu. Pocos días después de la dimisión de Fuentes, el 13 de mayo, llegó el cese de Carlos Mur de Víu, que hasta entonces había ocupado el puesto de director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid. Mur de Víu había sido nombrado por Ayuso el 24 de septiembre. Fue el responsable de firmar las órdenes de Sanidad que impidieron el traslado de ancianos de residencias a hospitales en el peor momento de la pandemia cuando los fallecidos en los geriátricos se contaban por miles. Estas órdenes generaron la mayor guerra dentro del Ejecutivo entre el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El primero ha acabado dimitiendo.

Miguel Ángel Jiménez: Un día después de la salida de Mur de Víu, el 14 de mayo, se produjo el cese “a petición propia” del entonces secretario general técnico de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez. Se iba tras declararse “máximo responsable” del “error” que llevó a la publicación en el portal de contratación de una adjudicación a Room Mate –propiedad empresario Kike Sarasola–, en cuyos apartahoteles de lujo se alojó Isabel Díaz Ayuso a precio reducido durante la crisis sanitaria entre marzo y mayo. Su salida trató de apaciguar las sospechas aireadas por el entorno de la presidenta, que venían a decir que la publicación de ese contrato no fue una equivocación y que señalaban directamente a sus socios de gobierno.  

Carlos Reus Jimeno: En la Consejería de Políticas Sociales habría después más renuncias. El 23 de junio presentaba su dimisión el jefe de gabinete de la Consejería de Políticas Sociales, Carlos Reus Jimeno. La razón que esgrimieron desde el departamento que dirigía el entonces consejero Alberto Reyero, de Ciudadanos, fueron “motivos personales”. La gestión de las residencias por parte del Gobierno de Ayuso, que transfirió las competencias a Sanidad en marzo, pesó entre los cargos de la Consejería, y muchos arrastran todavía el estrés y otras consecuencias psicológicas de aquella gestión que se cobró la vida de miles de ancianos sin que pudieran ser trasladados a los hospitales.

Óscar Álvarez: Fue también el caso del entonces responsable de las residencias, Óscar Álvarez, que tres días después, el 26 de junio, también abanadonaba su cargo. Álvarez dimitió por “motivos de salud”, aseguraron desde la Consejería. Ahora ha sido rescatado por el nuevo consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, número dos primero y sustituto de Reyero después, para ocupar el cargo de director general de Discapacidad. 

Manuel Ángel de la Puente: los meses de verano fueron un valle sin renuncias pero la vuelta de las vacaciones trajeron más dimisiones. El 11 de septiembre lo dejó el hasta entonces director general del Proceso Integrado de Salud del Sermas, Manuel Ángel de la Puente, en plena segunda ola de la pandemia de la Covid-19 en Madrid. Los contagios se empezaron a disparar en agosto y De la Puente se marchaba nada más empezar septiembre.

Ignacio García Mostazo: El 23 de septiembre abandonaba el Gobierno regional Ignacio García Mostazo. Mostazo fue hasta entonces el director general de Medios de la Comunidad de Madrid. Solo dos días antes de su cese a petición propia, había sido el responsable de gestionar la comunicación junto al secretario de estado Alberto Oliver, del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Mostazo hacía tiempo que estaba disconforme con la política de comunicación de Ayuso, sobre todo desde la llegada al Gobierno como jefe de gabinete de la presidenta de Miguel Ángel Rodríguez, aseguran diferentes fuentes. Mostazo sustituido por Sandra Fernández, hasta entonces jefa de gabinete de la consejera de Cultura, de Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz. Fernández es la tercera en ocupar el cargo en 13 meses de mandato, tras el cese de Nacho Balbín en noviembre de 2019. 

Emilio Bouza: El doctor y catedrático Emilio Bouza duró en el cargo exactamente 48 horas. Fue designado el 24 de septiembre portavoz del Grupo Covid-19 que reúne cada martes a miembros del Ejecutivo de Ayuso y del Gobierno de Sánchez. Dos días después, el 26 de septiembre, presentó su dimisión escandalizado por el enfrentamiento entre ambas administraciones.  “Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar”, decía en su carta de renuncia.

Alberto Reyero: Ha sido junto a la de Fuentes, la dimisión más sonada del Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos. Presentó su renuncia el pasado 2 de octubre, el mismo día que la presidenta de la Comunidad de Madrid solicitaba medidas a la Audiencia Nacional que paralizase el cierre perimetral de Madrid y otros nueve municipios que había sido aprobado dos días antes en el Consejo Interterritorial. “La unidad entre las instituciones es el camino más acertado para vencer al virus”, dijo Reyero en su carta de dimisión. El exconsejero renunció de su cargo después de haber protagonizado un grave enfrentamiento con el titular de Sanidad por la gestión de las residencias y las órdenes que impidieron el traslado de ancianos de los geriátricos a los hospitales. La Asamblea de Madrid ha iniciado una comisión de investigación.

Marta Sánchez-Celaya: Ha sido la última en marcharse. Era responsable de la Atención Primaria, una de las áreas más controvertidas de la gestión de Díaz Ayuso. Marta Sánchez-Celaya presentaba este martes su renuncia tras cinco años en el cargo, en plena negociación con los sindicatos que piden refuerzos en los centros de salud así como una mejora de las condiciones laborales de los profesionales. “Es un cese a petición propia después de haber estado cinco años en el cargo, un relevo después de haber dejado preparado el Plan de refuerzo de Atención Primaria”, aseguraban este martes fuentes de la Consejería de Sanidad. 

Bárbara Fernández: Junto a Sánchez-Celaya presentaba este martes su dimisión como máxima responsable de los hospitales de Madrid, en plena segunda ola con la capacidad hospitalaria cada vez más mermada. Su renuncia al igual que la de Sánchez-Celaya llega después del nombramiento de Juan Armengol, nuevo viceconsejero de Asistencia Sanitaria el pasado 7 de octubre.

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