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¿Están bien preparados nuestros responsables sanitarios?

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Félix Lobo, Catedrático emérito Universidad Carlos III de Madrid y Funcas
Matilde P. Machado, Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid
Marcos Vera-Hernández, Departamento de Economía, University College London

La crisis de salud pública y sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto el foco en las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) de España. El interés en estos departamentos está justificado pues de su organización y eficacia depende en gran parte la mejor o peor gestión de la pandemia. El desempeño de dichas consejerías dependerá, entre otras cosas, de la formación y la experiencia que tienen los altos cargos que las dirigen. Por ello, nos propusimos la tarea de compilar información sobre las competencias académicas y experiencia profesional de los principales responsables de salud pública y asistencia sanitaria de las CC. AA.

La gestión, los resultados en términos de salud y el buen gobierno

Un reciente trabajo del profesor Bloom y coautores (ver aquí) muestra una asociación positiva entre las buenas prácticas de gestión y administración y los resultados en términos de salud. Utilizando una muestra de hospitales de Alemania, Brasil, Canadá, Francia, India, Italia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos de América, hallan que los hospitales con mejor gestión también tienen mejores resultados clínicos (medidos por la tasa de supervivencia a infartos de miocardio)  y que estos hospitales también tienen un alto porcentaje de directivos con estudios de posgrado en gestión.

Es más, sus resultados apuntan a una cierta complementariedad entre formación biomédica y formación en gestión. El estudio muestra que los hospitales que están más cerca de universidades que ofrecen tanto cursos sobre salud como sobre gestión tienen mejor gestión y también mejores resultados en salud, mientras que la distancia a universidades que solo ofrecen cursos en uno de los dos campos o en ninguno, no predice mejores resultados en ninguno de los dos. Aunque es un trabajo que no proporciona una respuesta definitiva, las relaciones que encuentra son muy sugerentes.

También sabemos, según la amplia línea de investigación protagonizada por Acemoglu y Robinson, que las instituciones y el buen gobierno son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo económico y social y que la formación y la experiencia de los directivos son relevantes para la calidad del gobierno. Más en concreto, el buen gobierno en sanidad sería decisivo para la calidad de los sistemas sanitarios, como se argumenta largamente aquí. En España, el nombramiento de puestos directivos en el gobierno sanitario no siempre ha atendido a criterios de méritos y capacidad, sino también a criterios políticos (ver aquí y aquí).

Aclaración: salud pública, asistencia sanitaria individual y sanidad pública

Para seguir nuestra argumentación conviene tener clara la distinción entre servicios de salud pública y asistencia sanitaria individual. Los primeros se dedican a la salud poblacional: promoción, prevención y protección de la salud. La prevención es lo más relevante frente a una pandemia: vigilancia epidemiológica, detección de infectados, rastreo de sus contactos, cuarentenas, seguimiento de casos, recogida y tratamiento de la información resultante. Estas actividades presentan fuertes efectos externos, e incluso carácter de bien público y tiene que ser el Estado quien los financie. En cambio, los servicios de asistencia sanitaria individual diagnostican y tratan las enfermedades de personas concretas, como una operación de apendicitis o los cuidados a enfermos de la COVID-19.

En los países europeos estos servicios individuales, que técnicamente son un bien privado, están financiados colectivamente por razones de equidad y en algunos, como en el nuestro, predomina, además, la provisión o suministro de servicios por una entidad pública. Así que en nuestro país los servicios de salud pública (bien público) desde luego son suministrados por el Estado, pero los de asistencia sanitaria (bien privado) en gran parte también, y a todo el conjunto se le suele designar como “sanidad pública”. Ante una pandemia como la que sufrimos la diferencia entre unos y otros cobra mucha importancia y por ello la hemos tenido muy en cuenta al plantear este artículo.

Idealmente, ambas facetas, salud pública (sobre todo vigilancia epidemiológica) y asistencia sanitaria (primaria y hospitalaria) deben ir coordinadas, pero su naturaleza, es distinta y el tipo de formación y las actividades que requieren también son diferentes.

El papel de las CC. AA. en la gestión de la pandemia

En España las competencias del Estado sobre los servicios públicos de salud pública y asistencia sanitaria están divididas entre el Gobierno central y las CC. AA. Según la Constitución española las competencias exclusivas del Estado son: sanidad exterior; bases y coordinación general de la sanidad; legislación sobre productos farmacéuticos y la llamada Alta Inspección. Por su parte a las CC.AA. corresponde el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud (lo que llamamos “salud pública”); la coordinación hospitalaria y la gestión de la asistencia sanitaria. Para lo que nos importa aquí podemos resumir estas competencias diciendo que las CC.AA. tienen amplísimos poderes para organizar, dirigir y financiar sus servicios públicos de salud pública y asistencia sanitaria. Nótese que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) es un órgano de coordinación, información y cooperación entre Ministerio de Sanidad y CC.AA. pero no tiene capacidad de tomar decisiones obligatorias para las CC.AA.

Las transferencias desde la Administración Central del Estado a las CC.AA. de los servicios de salud pública – de extraordinaria importancia en ocasión de pandemia – precedieron en años a las de los servicios públicos asistenciales. Por ejemplo, el Real Decreto 1359/1984, de 20 de junio, sobre transferencia de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de Sanidad, ya puso en sus manos los servicios de salud pública. Las competencias de asistencia sanitaria (que hasta entonces eran desarrolladas y financiadas por la Seguridad Social) se transfirieron a las CC.AA. entre 1981 (Cataluña fue la primera que las recibió) y 2002, en que se completaron para todas las CC.AA.

El estado de alarma, que duró desde el 14 de marzo hasta el de 21 de junio, aunque lo declara el Gobierno de España, no implicó la centralización de todo el poder público en el propio Gobierno (o en general, en el Estado). En concreto, el Real Decreto 463/2020 establece que “Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.” Pero a continuación subraya que “Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.”

En resumen, puede decirse que el Gobierno central (Ministerio de Sanidad) era, durante el estado de alarma, la autoridad en última instancia, pero que las decisiones concretas sobre el funcionamiento, organización y distribución de recursos de los servicios sanitarios públicos regionales, tanto de salud pública, como de asistencia sanitaria individual, siguió siendo responsabilidad de las CC.AA. A lo largo de mayo el estado de alarma se fue “federalizando” progresivamente, dando participación cada vez mayor a las CC.AA. en las decisiones de su aplicación y “desescalada” (ver aquí) y desde junio las CC.AA. recobraron las competencias plenas sobre sus servicios.

La recopilación de los currículos

“A priori”, nuestra tarea de compilar información sobre las competencias académicas y experiencia profesional de los responsables de sanidad parecía sencilla pues la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ha facilitado el acceso en línea a mucha información de las administraciones públicas. En particular, es obligado ofrecer el organigrama de las administraciones juntamente con las funciones de cada cargo. Efectivamente, con una búsqueda sencilla en Google y unos cuantos clics, el ciudadano puede conocer la estructura de los gobiernos regionales, incluida la de las consejerías de sanidad y de los servicios de salud. Sin embargo, lo mismo no se aplica a los currículos de sus altos cargos. Mientras algunas CC. AA. tienen esta información con un formato estándar y de fácil acceso (como por ejemplo Galicia o la Comunidad Valenciana), otras se limitan a una escasa descripción de méritos.

Nuestros datos reflejan, por tanto, nuestro mejor intento de encontrar los currículos de los tres cargos de las conserjerías de sanidad que parecen ser los principales a la hora de responder a la pandemia. Los hemos recogido de las webs oficiales de los gobiernos autonómicos, en Linkedin, o donde Google nos llevase (noticias sobre el nombramiento de los cargos, etc.). Hemos considerado los currículos de las personas que actualmente aparecen en las webs oficiales (por ejemplo, ya reflejan el cambio de consejero y de responsable de la salud pública en Galicia tras las últimas elecciones o los numerosos cambios que ha habido en Canarias).

Los currículos encontrados son muchas veces muy imprecisos. El ejemplo típico se encuentra en el ámbito de la formación de posgrado donde muchas veces se mencionan másteres, sin especificar ni el centro donde se han cursado, ni el año. Sospechamos que la calidad de dichos cursos de posgrado es muy heterogénea. De igual manera encontramos imprecisiones en los datos de experiencia profesional. Conjeturamos que en algunos casos los currículos no incluyen toda la información relevante, y que, por ejemplo, se han podido omitir puestos asistenciales. Nuestro criterio ha sido tomar al pie de la letra esta información, pero somos conscientes de que seguramente hay errores y, por ello, no vamos a ofrecer datos por comunidad autónoma, sino agregados.

La formación y experiencia de los altos cargos

La Tabla que sigue a continuación resume la información que hemos recogido sobre los currículos de los tres altos cargos de las consejerías y servicios de salud que nos parecen más importantes en relación con la pandemia:

• El consejero/a, que es la máxima autoridad en sanidad de cada CC.AA, equivalente al ministro del Gobierno central.

• El director/a del servicio de salud, que es jefe de los servicios asistenciales regionales de carácter individual (asistencia primaria y hospitales) y que en todos los casos están organizados en una entidad separada, con presupuesto propio, por ejemplo, el Servicio Madrileño de Salud, Catsalut y Osakidetza.

• El responsable máximo (suele llamarse director general) de los servicios de salud pública.

La primera observación es que no todos son titulados en alguna de las áreas de la biomedicina (Medicina, Farmacia, Enfermería, Biología…). Los responsables de salud pública sí tienen todos esta formación, pero sólo la tienen alrededor de 3/5 de los directores del servicios de salud y ¾ de los consejeros. Desde nuestro punto de vista no está claro que la formación en biomedicina sea un requisito indispensable para ejercer una buena labor en estos puestos. Es posible que en este tipo de cargos la capacidad política y de gestión y la independencia, en el sentido de una menor susceptibilidad a la captura por colectivos profesionales o intereses económicos, pueden ser más importantes, aunque sin duda un conocimiento de primera mano del sector puede ser muy útil.

Es precisamente en la experiencia previa en gestión, donde nuestros altos cargos obtienen la mejor nota, pues el 94% de los consejeros y directores de salud la tienen, mientras que el porcentaje es menor para los responsables de salud pública, un 71%, lo cual es muy interesante dada la importancia que tienen este tipo de servicios para dar respuesta a la actual pandemia. Obviamente, la calidad y cantidad de dicha experiencia será muy heterogénea, pero al menos para la inmensa mayoría este puesto no fue el primero en el que gestionaban algo.

El artículo de Bloom et al. 2017 subraya la importancia de combinar la formación biosanitaria con la formación en gestión. Sin embargo, tan sólo la mitad de los consejeros de sanidad y responsables de salud pública y sólo el 30% de los directores de servicios de salud reúnen ambas cualidades. Suelen ser licenciados en Medicina o diplomados en Enfermería que han cursado un postgrado de gestión sanitaria. Los que no reúnen ambos tipos de formación suelen ser licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales, en Derecho, o en Psicología que no han cursado postgrado en ciencias de la salud. Hay un alto cargo que es economista y ha realizado el Máster de Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad, pero parece una excepción. Cabe preguntarse incluso si existe una amplia oferta de posgrados en ciencias de la salud, como epidemiología o salud pública, que aceptan licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales o Derecho.

Donde peor nota obtienen nuestros altos cargos es en la formación y experiencia en salud pública, que sabemos es clave en tiempos de pandemia. El porcentaje de consejeros o directores del servicio de salud con experiencia en materia de salud pública es mínimo (6%), y aquellos con formación en salud pública también muy bajo (12% y 18%). Si bien es cierto que los porcentajes son un tanto mejores para los responsables de salud pública, sorprende que tan solo la mitad tenga experiencia o formación en este campo.

En resumen, encontramos que la mayoría de los altos cargos sanitarios cuentan con experiencia en gestión, pero que no siempre esa experiencia está respaldada con una formación en gestión, y que su formación y experiencia en salud pública está bastante por debajo de lo que sería deseable en tiempos de pandemia.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

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Por la reconstrucción del entorno productivo

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Un grupo de trabajo de economistas académicos ha elaborado una propuesta con inversiones y líneas de actuación de políticas económicas concretas en el contexto de la ejecución del programa Next Generation EU y del Marco Financiero Plurianual para hacer frente a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis de la COVID-19 y al mismo tiempo realizar una transformación digital y verde nuestro modelo productivo aumentando la productividad. El documento se ha beneficiado de las sugerencias, comentarios, apoyo y adhesiones de más de 130 firmantes.

Ante las consecuencias económicas de la crisis de la Covid-19 resulta urgente sentar las bases para la transformación de la economía española hacia una economía moderna, más eficiente y con una mayor cohesión social, que permita alcanzar una senda sostenida de crecimiento compatible con la conservación del medio ambiente. Para ello, es preciso implementar inversiones y reformas que reduzcan la pobreza y las desigualdades económicas, faciliten un mayor acceso a tecnologías digitales y favorezcan la movilidad social.

La lista de líneas de actuación pretende ser exhaustiva, en las que se señalan programas concretos de inversiones y reformas, se han agrupado en ocho áreas: 1) Ciencia, innovación y transferencia tecnológica, 2) Energía, recursos naturales, medio ambiente y transporte, 3) Fiscalidad y reforma de la Administración Pública, 4) Sanidad y servicios sociales, 5) Educación, 6) Industria y turismo, 7) Mercado laboral, 8) La economía del mundo rural.

Algunas de ellas suponen un aumento del gasto publico que debería ser contemplado en el marco de un programa de medio y largo plazo que garantice la sostenibilidad de la deuda publica en un contexto de elevado endeudamiento y déficits crecientes del sistema de pensiones. El Fondo de Recuperación Europea/Next Generation EU (Next) y el nuevo Marco Financiero Purianual de la UE permiten ampliar los instrumentos necesarios para acometer tales inversiones, que deberán complementarse con unos presupuestos renovados y con reformas, algunas de ellas en el marco institucional y regulatorio, que avancen al unísono hacia esos mismos objetivos.

Para su desarrollo e implementación se considera necesario crear una oficina técnica profesional que evalúe, gestione y supervise los proyectos, agrupándolos en planes de actuación amplios, de alcance transversal, que permitan aprovechar las complementariedades entre proyectos individuales y conseguir un mayor efecto transformador.

El documento está disponible en: https://www.ucm.es/icae/reconstruccion

Relación de firmantes

(los firmantes del documento pueden discrepar de alguna de las actuaciones propuestas, pero declaran respaldar por completo la iniciativa)  

Conde-Ruiz, J. Ignacio (FEDEA, U. Complutense, ESADE)

Jimeno, Juan Francisco (U. de Alcalá)

Novales Cinca, Alfonso (U. Complutense, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Salas, Rafael (U. Complutense, ICAE)

Abad Romero, Pilar (URJC)

Almunia, Miguel (CUNEF)

Álvarez, Begoña (U. Vigo)

Álvarez González, Francisco Javier (U. Complutense, ICAE)

Álvarez González, María Isabel (ICEI, U. Complutense)

André, Francisco J. (U. Complutense)

Arce González, Guadalupe (U. Complutense)

Arenillas, Carlos (Consultor independiente)

Ayuda Bosque, María Isabel (U. Zaragoza)

Aznar, Antonio (U. Zaragoza)

Baanante Gismero, Almudena (U. Complutense)

Balart, Pau (U. Islas Baleares)

Barge, Andrés (U. Complutense, ICAE)

Boccard, Nicolas (U. de Girona)

Boscá, José E.  (U. Valencia y FEDEA)

Cabasés Hita, Juan (U. Pública de Navarra)

Cabrales, Antonio (U. Carlos III)

Calero, Jorge (U. Barcelona)

Carbó Valverde, Santiago (U. Granada)

Celentani, Marco (U. Carlos III)

Cerdá, Emilio (U. Complutense, ICEI)

Corchón, Luis (U. Carlos III)

Cordero, José Manuel (U. Extremadura)

Delgado Urdanibia, Juan (Consultor, U. Carlos III)

Díaz, Antonia (U. Carlos III)

Dolado, Juanjo (U. Carlos III)

Doménech, Rafael (BBVA, U. Valencia)

Domínguez Irastorza, Emilio (U. Pública de Navarra)

Esteban, Mercedes (Fundación Europea Sociedad y Educación)

Fariñas García, José Carlos (U. Complutense)

Felgueroso, Florentino (U. Oviedo)

Fernández Casillas, Esther (U. Complutense, ICAE)

Ferreira, José Luis (U. Carlos III)

Ferri, Javier (U. Valencia y FEDEA)

Fuente, Ángel de la (FEDEA)

García Goñi, Manuel (U. Complutense)

García Greciano, Begoña (U. Complutense)

García Hiernaux, Alfredo (U. Complutense, ICAE)

García Montalvo, José (U. Pompeu Fabra)

García Olaverri, Carmen (U. Pública de Navarra)

García Rojas, José Adrián (U. La Laguna)

García Ruiz, José Luis (U. Complutense)

García, Manu (U. Complutense, ICAE)

Goetz, Renan (U. de Girona)

Giménez, Eduardo (U. de Vigo)

González-Páramo, José Manuel (IESE, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Herce, José Antonio (U. Complutense)

Herguera, Íñigo (U. Complutense, ICAE)

Herrero, Carmen (U. Alicante, IVIE)

Hidalgo Pérez, Manuel A. (U. Pablo Olavide)

Huergo, Elena (U. Complutense, ICAE)

Huerta, Emilio (U. Pública de Navarra)

Iriondo Múgica, Iñaki (UCM)

Jansen, Marcel (U. Autónoma de Madrid, FEDEA)

Jerez, Miguel (U. Complutense, ICAE)

Jiménez Martín, Juan Ángel (U. Complutense, ICAE)

Jiménez-Martín, Sergi (UPF, FEDEA)

Kuhn, Zoe (U. Autónoma de Madrid)

Labandeira, Xavier (U. Vigo)

Lafuente Luengo, Juan Ángel (U. Jaime I)

Linares, Pedro (U. Pontificia Comillas)

Lizárraga Mollinedo, Carmen (U. Granada)

Llobet, Gerard (CEMFI)

Longo Martínez, Francisco (ESADE)

López García, Miguel Ángel (U. Autónoma de Barcelona)

Macho, Inés (U. Autónoma de Barcelona)

Mangas, Araceli (U. Complutense, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Marcellán, Francisco (U. Carlos III)

Marín Sanz, Raquel (U. Complutense)

Marrero, Gustavo (U. La Laguna)

Martín Aceña, Pablo (U. Alcalá de Henares)

Martín Carretero, José Moisés (Red2red)

Martínez Ruiz, Elena (U. Alcalá de Henares)

Mas Colell, Andreu (U. Pompeu Fabra)

Mas, Matilde (IVIE, U. Valencia)

Maudos, Joaquín (IVIE, U. Valencia)

Mediavilla, Mauro (U. Valencia)

Mira, Pedro (CEMFI)

Molero Zayas, José (U. Complutense)

Moreno Ternero, Juan de Dios (U. Pablo Olavide)

Moreno, Lourdes (U. Complutense)

Onrubia Fernández, Jorge (U. Complutense, ICEI, FEDEA)

Ontiveros, Emilio (Analistas Financieros Internacionales)

Otero Iglesias, Miguel (Real Instituto Elcano, IE University)

Pablos, Laura de (UCM)

Pérez Amaral, Teodosio (U. Complutense, ICAE)

Pérez Castrillo, David (UAB)

Pérez García, Francisco (IVIE, U. Valencia)

Pérez López, Mari Carmen (U. Granada)

Pérez Sánchez, Rafaela (U. Complutense, ICAE)

Pinilla Navarro, Vicente (U. Zaragoza)

Prieto Rodríguez, Juan (U. de Oviedo)

Puch, Luis (U. Complutense, ICAE)

Reher, David (U. Complutense)

Repullo, Rafael (CEMFI)

Rey, Elena del (U. Girona)

Rey, José Manuel (U. Complutense)

Rey, Pedro (ESADE)

Rica de la, Sara (U. del País Vasco)

Robles, M. Dolores (U. Complutense, ICAE)

Rodríguez, Juan Gabriel (U. Complutense, ICAE)

Rubio-Ramírez, Juan (Emory University)

Rubio, Gonzalo (U. CEU Cardenal Herrera)

Ruiz Andújar, Jesús (U. Complutense, ICAE)

Salas Rojo, Pedro (U. Complutense)

Salas Fumás, Vicente (U. De Zaragoza)

Sánchez Fuentes, Antonio Jesús (U. Complutense, ICEI)

Sánchez-Mayoral García-Calvo, Fernando (U. Castilla-La Mancha)

Sánchez, Anxo (U. Carlos III)

Sánchez, Blanca (CEU)

Sancho Gargallo, Miguel Ángel (Fundación Europea Sociedad y Educación)

Sanmartín, Ricardo (U. Complutense, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Santín, Daniel (U. Complutense, ICAE)

Sanz Sanz, José Félix (U. Complutense, ICAE)

Sebastián Gascón, Carlos (U. Complutense)

Sebastián Gascón, Miguel (U. Complutense, ICAE)

Segura, Julio (U. Complutense, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Serrano, Roberto (Brown U.)

Sicilia, Gabriela (U. La Laguna)

Silva, José I. (U. de Girona)

Soliño, Mario (U. Complutense)

Sosvilla Rivero, Simón (U. Complutense, ICAE)

Sotoca, Sonia (U. Complutense, ICAE)

Steinberg, Federico (U. Autónoma de Madrid, Real Instituto Elcano)

Terceiro, Jaime (U. Complutense, R. Academia de C. Morales y Políticas)

Torres, Raymond (IE Business School)

Urbanos Garrido, Rosa (U. Complutense)

Valarezo Unda, Ángel (U. Complutense, ICAE)

Vázquez, Jesús (U. del País Vasco)

Velázquez Angona, Francisco Javier (U. Complutense)

Villar, Antonio (U. Pablo Olavide)

Vives, Xavier (IESE)

Xabadia, Angels (U. de Girona)

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Juan Francisco Jimeno

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Datos COVID-19: Actualizaciones, confusiones y estimaciones de contagiados reales

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Por José E. Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri

La polémica entre el gobierno central y el autonómico de Madrid sobre las medidas a adoptar para doblegar la curva de casos en la segunda oleada de la pandemia ha propiciado un agrio debate político, periodístico y social. En el centro del debate ha estado la incidencia de casos acumulados por cien mil habitantes (también otros dos indicadores de ocupación de UCIs y de positividad de las pruebas). En este post queremos hacer algunas reflexiones acerca de la calidad de los datos disponibles y si ésta permite realizar dichas discusiones de manera que conduzcan a las mejores decisiones por parte de los responsables de las administraciones públicas. Es un tema en el que ya insistimos (desde una perspectiva diferente) en un post anterior.

Es obvio que una correcta medición del número de nuevos casos que se confirman cada día proporciona información muy relevante para entender la evolución de la pandemia. Como se aprecia en el Cuadro 1, los nuevos casos confirmados en España que recogen las estadísticas oficiales[1] son muy distintos en función de la fecha de publicación de las estadísticas. Así, como se aprecia en la primera columna del Cuadro 1 (la que comentan a diario los medios de comunicación), si atendemos a los Boletines que publica diariamente en PDF el Ministerio de Sanidad (excepto fines de semana donde hemos repartido a partes iguales los casos reportados los lunes), entre el 1 y el 30 de septiembre se habrían detectado en España 307.634 casos nuevos de Covid-19. Estas cifras, que reflejan los casos reportados en una fecha concreta, y que el Ministerio declara como provisionales cambian mucho día a día una vez el Ministerio las actualiza en la web del Instituto Carlos III en función de la fecha real de realización del test, a partir de la información enviada por las CCAA a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Agregando dichos datos para el conjunto de España se obtienen los casos diarios depurados y actualizados. En concreto, en la segunda columna recogemos la versión de estos datos que se publicó en el fichero datos ccaas.csv el día 8 de octubre. En este caso, entre el 1 y el 30 de septiembre la depuración y actualización de datos implicaría que en España se habrían detectado 286.781 casos nuevos de Covid-19, es decir, 20.853 casos se han perdido por el camino (un 6,8% de los reportados inicialmente).

Sin embargo, el problema no acaba aquí, ya que el 13 de octubre en la web aparece una nueva actualización de los datos (véase la tercera columna del cuadro). Uno pensaría que entre la actualización hecha el día 8 y la del 13 ya no debería haber muchos cambios en los días del mes de septiembre. Nada más lejos de la realidad, ahora los nuevos casos detectados en el mes son 299.222, es decir 12.441 más que 5 días antes. No sólo eso, si miráramos al mes de agosto (no recogido en el cuadro), comprobaríamos que entre el 8 y el 13 de octubre se han añadido también más de 4.400 nuevos casos en dicho mes.

Obviamente diferencias como las aquí señaladas suponen cambios muy importantes en el cómputo de indicadores como el Índice Acumulado de casos por 100.000 habitantes (IA), dependiendo de si un investigador ha elegido una u otra de las tres bases de datos. Recordemos que estar por arriba o por debajo de este índice puede condicionar el confinamiento de una ciudad. En las últimas filas del Cuadro 1 se incluye esta información. Por ejemplo, entre el 16 y el 30 de septiembre el IA oscila entre 295,3 y 348,7, diferencia nada desdeñable si se estableciera un umbral por encima del cual se han de adoptar ciertas medidas. Si esto es así con los datos del conjunto de España donde las diferencias positivas y negativas pueden compensarse ¿qué no estará pasando en las Comunidades Autónomas? ¿Van los posibles sesgos en la misma dirección en todas ellas? ¿Qué administraciones son las responsables de los posibles retrasos en la información?

Supongamos ahora que damos por buena la última de las actualizaciones disponibles, es decir, en nuestro caso la del 13 de octubre. Como es obvio mirando la última columna del Cuadro 1, debemos descartar, al menos, las cinco últimas observaciones, pues la experiencia aconseja considerar que son poco fiables ya que no recogen casos que seguro que se van a ir incorporando en un futuro en esas fechas. Por tanto, aunque vamos a trabajar con la actualización de datos del Ministerio del 13 de octubre, sólo presentaremos en los próximos gráficos datos hasta el 8 de octubre.

Como se aprecia en el Gráfico 1, los nuevos casos confirmados que recogen las estadísticas oficiales se mantuvieron desde el final del confinamiento hasta finales de junio en niveles muy bajos (menos de 300 casos diarios en promedio en toda España). Sin embargo, desde julio y hasta la tercera semana de septiembre la curva de nuevos contagios detectados creció hasta alcanzar números diarios que han sobrepasado con creces los de los momentos más duros del mes de marzo. Las buenas noticias son que, viendo la media móvil a 7 días (línea verde), parece que la curva de nuevos casos se está empezando a doblegar, aunque éste puede ser un efecto que refleje futuras actualizaciones de test realizados en fechas cercanas. En el Gráfico 1 se recoge también la evolución diaria del acumulado de pacientes hospitalizados (es decir, los nuevos ingresados, menos las salidas hospitalarias por altas o defunciones) y la media móvil (en rojo). El gráfico muestra que la serie de variación de los hospitalizados ha seguido durante la segunda ola un perfil muy distinto al de las semanas de colapso hospitalario.

¿Cuál es la razón de esta evolución tan distinta entre número de contagiados y hospitalizados entre la primera y la segunda oleada? Frecuentemente se aduce que desde el final de la primera oleada del virus se realizan más pruebas, por lo que se detectan más infectados. ¿Se puede homogeneizar en el tiempo el número de casos de contagiados efectivos teniendo en cuenta las pruebas realizadas? ¿Nos ayudaría a entender mejor la evolución de la enfermedad corregir la serie de casos detectados?

Una corrección sencilla, con ánimo simplemente ilustrativo[2], consistiría en suponer que el número de enfermos detectados, D, es una función g(t) del número de pruebas realizadas per cápita, t, por el número de real de contagiados, C. Es decir: D = g(t)C. Por tanto, la tasa de detección, d =D/C, se puede expresar como d = g(t). Es razonable suponer que g(0) = 0, g(1) = 1 y que g(t) es una función cóncava, pues si no hacemos pruebas no detectaremos a nadie contagiado y si hacen a todo el mundo encontraremos a todos los contagiados reales. Además, hay rendimientos decrecientes, pues empezamos haciendo las pruebas a los “mejores candidatos”: personas con síntomas o que han estado en contacto con otros contagiados. Para simplificar utilizaremos la siguiente función: g(t) = d = tα. ¿Cómo aproximamos α? Contamos con dos puntos de dicha función g(0) = 0 y g(1) = 1. Para tener un tercer punto vamos a utilizar, primero, los datos de pruebas PCR realizadas a la población española que publica semanalmente desde mitad de abril el Ministerio de Sanidad y, segundo, la ratio de detectados sobre contagiados obtenido tras la primera ronda del “Estudio Nacional de Sero-epidemiología de la Infección por SARS-COV-2 en España”. En dicho estudio se concluía que el 11 de mayo (último día de la primera ronda del estudio) había en España un 5% de la población contagiada, mientras que en dicha fecha se habían detectado unos 217.000 casos. En otras palabras, se habían detectado un 9,2% de los individuos realmente contagiados. Es decir, para el 11 de mayo se dispone del dato de d y t, lo que nos permite calcular un α = 0,73.

Aplicando la anterior corrección C=D/tα a la curva de casos detectados del Gráfico 1 obtendríamos la serie de contagios diarios reales estimada recogida en el Gráfico 2. La mera inspección visual de las series de contagios estimada y su comparación con la variación del acumulado de hospitalizados desvela información interesante (nótese el cambio de escala con respecto al Gráfico 1). Primero, entre el inicio de la pandemia y el 11 de mayo nuestra estimación implica que en España hubo 2.305.000 contagiados (un 4,9% de la población) en lugar de los 217.000 que detectados oficialmente y que en el pico de contagios a mediados de marzo hubo cerca de 100.000 contagiados diarios. Segundo, desde el 12 de mayo hasta la actualidad en España se habrían contagiado 2.619.000 personas más y el pico diario estaría ligeramente por encima de los 40.000 casos diarios. Tercero, comparando con la primera ola, la variación de hospitalizados presenta en la segunda oleada del virus una dinámica más coherente con los casos corregidos que con los detectados. No obstante, aunque el mayor número de pruebas sí que explica una parte de esa discrepancia entre los contagiados y las hospitalizaciones, sigue existiendo una brecha importante entre la evolución de ambas magnitudes entre la primera y la segunda oleada.

Un candidato obvio a explicar la diferencia es la composición por edades de los contagiados detectados en ambas olas de la pandemia. Se podría estimar una relación entre hospitalizados y contagiados en un momento anterior del tiempo controlando por la pirámide de edad. En una segunda etapa se podría utilizar dicha estimación para recalcular la serie de contagiados ya corregida por el número de pruebas, convirtiéndola en una serie de contagiados homogeneizada por edad. En este post nos limitaremos a ilustrar la muy probable relevancia de controlar por la pirámide de edad, dejando la realización del ejercicio completo para los epidemiólogos. En el Cuadro 2 se presenta información del Ministerio de Sanidad del porcentaje de casos de contagios detectados por grupos de edad, antes y después del 10 de mayo. Los datos hablan por sí mismos: la mediana de edad durante la primera ola fue de 60 años (el rango intercuartílico entre 46 y 78 años), mientras que en la segunda está siendo de 39 años (rango entre 23 y 55). Sin ninguna duda, controlar por la edad permitiría explicar una parte de la brecha que todavía existe entre casos corregidos por las pruebas y hospitalizaciones presente entre la primera y la segunda olas del virus.

Unas últimas reflexiones para concluir. Primero, insistimos de nuevo en lo que ya se ha dicho hasta la saciedad. La calidad de los datos epidemiológicos del COVID-19 en España dista mucho de ser la deseable, sobre todo cuando se compara con otros países de la UE. El Cuadro 1 ilustra lo fácil que es tener enormes diferencias diarias e incidencias acumuladas para el mismo periodo de 50 casos arriba o abajo dependiendo de las distintas actualizaciones. Lamentablemente, gasolina para el fuego de la absurda confrontación política en la que vivimos. Segundo, se está vendiendo en los medios que hemos sobrepasado con creces la primera oleada de casos contagiados. Muy probablemente no es así. Corrigiendo por pruebas y composición de la población todavía nos sitúa en el conjunto de España lejos de dicha situación. Análisis en la dirección del presentado en este post, aunque más depurados, ayudarían a anticipar mejor hacia dónde va a transitar la pandemia en fechas venideras. Tercero, parece que ahora puede salir adelante una iniciativa del Ministerio de Sanidad para establecer un conjunto de indicadores (con niveles por colores que reflejen objetivamente la gravedad de la situación) para que todas las administraciones puedan tomar medidas anticipadamente. Bienvenida sea esta iniciativa. Nosotros mismos (y no hemos sido ni mucho menos los únicos) ya propusimos esto en mayo Reproducimos en el Cuadro 3 nuestra propuesta de entonces. Nunca es tarde si la dicha acaba siendo buena. Esperemos que sea así.

Cuadro 3. Indicadores sanitarios para la toma de decisiones


[1] Todos los datos de casos confirmados y pacientes hospitalizados que aparecen en este post provienen de estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad que se recogen en la siguiente página web: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/situacionActual.htm

Hasta la tercera semana de mayo el Ministerio publicaba datos de casos detectados, hospitalizaciones, UCI y fallecimientos en la siguiente página del Instituto Carlos III: https://cnecovid.isciii.es/covid19/#documentaci%C3%B3n-y-datos En la actualidad sólo publica las series completas desde el principio de la pandemia de fallecimientos y casos detectados. Las series de hospitalizados se han completado desde mayo a partir de los Boletines diarios que publica el Ministerio en la dirección web mencionada anteriormente.

[2] Agradecemos las discusiones con Ángel de la Fuente y sus oportunas sugerencias, que han ayudado a mejorar de forma significativa esta sección.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Javier Ferri

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La preocupación por la deuda pública (Webinar)

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Las consecuencias fiscales de la crisis de la Covid-19 van a suponer en muchos países aumentos de deuda pública sin precedentes en tiempos modernos, que se acumulan sobre niveles ya muy elevados (uno de los legados de la crisis financiera global de la década anterior y principios de esta) y a mayores gastos futuros de sistemas de pensiones amenazados por el envejecimiento de la población.

¿Debemos o no preocuparnos por el elevado endeudamiento público? Chris Sims ha respondido esta pregunta en uno de los Princeton Webinars. La presentación comienza con una sucesión de gráficos que ilustran la evolución de los principales indicadores de endeudamiento público en Estados Unidos, continúa con una discusión (muy simple e ilustrativa) sobre cómo debe entenderse la sostenibilidad de la deuda pública y algunos comentarios (basados en la teoría fiscal del nivel de precios) sobre por qué en Japón las muy elevadas tasas de endeudamiento público no han generado (todavía) inflación, y concluye (humildemente) respondiendo a la pregunta de que se puede hacer ante la excesiva acumulación de deuda pública con una página en blanco.

A lo largo del webinar aparecen algunas observaciones que, aun siendo bien conocidas, merecen ser destacadas:

-El principal indicador que refleja la carga de la deuda (y el que parece ser al que miran los responsables políticos, al menos, en Estados Unidos) es el coste de sus intereses en relación con los ingresos públicos totales (que no la ratio deuda pública/PIB). La buena noticia es que en los últimos años este indicador ha disminuido mucho, hasta niveles históricamente bajos, por la reducción de tipos de interés. La mala noticia es que, a los niveles actuales de deuda, puede aumentar muy rápidamente con subidas moderadas de los tipos de interés. Por ejemplo, en un país con una tasa de endeudamiento del 120% del PIB e ingresos públicos del 40% del PIB, una subida de un punto porcentual del tipo de interés de la deuda conlleva una aumento de tres puntos porcentuales de la ratio intereses de la deuda/ingresos públicos.

-La (ahora muy popular) condición para la sostenibilidad de la deuda (tipo real de interés menor que la tasa de crecimiento del PIB, r-g) es aplicable solo para déficits puntuales (que ocurren una sola vez). La condición dinámica de sostenibilidad con déficits primarios sostenidos en el tiempo es algo más complicada (y restrictiva): la ratio de la suma del déficit primario y el coste de intereses de la deuda en términos de PIB debe ser menor que el producto de la tasa de crecimiento del PIB y la ratio deuda pública PIB. Esta condición dinámica es especialmente relevante cuando se tiene en cuenta que vienen déficits continuos (sobre todo por las necesidades para la recuperación de la crisis de la Covid-19 y la situación de los sistemas públicos de pensiones) y la tasa de crecimiento del PIB continuará deprimida si no se realizan reformas estructurales que aumenten la productividad.

-Hay más razones para estar preocupado porque los tipos de interés aumenten a medida que aumenta la deuda que confiado en que la política fiscal expansiva aumente (permanentemente) la tasa de crecimiento del PIB.

-Sobre inflación, se recuerda que la teoría fiscal del nivel de precios no dice que el volumen de deuda pública determina la inflación, sino que son las expectativas de las políticas fiscales futuras las que acaban generando expectativas de inflación. En las condiciones actuales, precisamente lo que más puede ayudar a reducir la deuda es inflación (no defaults, que Chris Sims considera indeseables, ni, por ahora, mayor crecimiento económico, que no está ni se le espera). Sin embargo, la experiencia japonesa demuestra que generar tales expectativas puede no ser una tarea factible y otras experiencias avisan de que, una vez que la inflación empieza a despegar, puede ocurrir que controlarla no sea tan fácil como parece que ahora se asume.

En definitiva, un webinar recomendable para los que busquen food for thought en un momento como en el actual en el que la sostenibilidad de la deuda pública y la eficacia de inversiones y gastos públicos se dan por sentadas, solo porque no parece haber alternativa a las políticas fiscales expansivas.

Juan Francisco Jimeno

Juan Francisco Jimeno

Doctor en Economía por MIT, 1990. Ha sido profesor en varias universidades españolas y extranjeras, investigador en FEDEA hasta 2004 y en la actualidad trabaja en la Dirección General de Economía y Estadística del Banco de España. Es autor de numerosos artículos de investigación y de libros sobre macroeconomía y economía laboral, investigador asociado al CEPR y a IZA y editor del IZA Journal of Labor Policy. Los puntos de vista expresados en mis entradas son estrictamente personales y no reflejan, necesariamente, los del Banco de España

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Juan Francisco Jimeno

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