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Existen riesgos en la reapertura de los centros educativos, pero mantenerlos cerrados agrava las desigualdades de oportunidades por nivel socio-económico

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Almudena Sevilla (Catedrática de Economía Pública de University College London,) Jorge Sainz (URJC y University of Bath), Miriam Marcen (Universidad de Zaragoza) e Ismael Sanz (URJC)

1. Introducción

Image by Alexas_Fotos. Pixabay

Anna Campbell[1], la pionera historiadora de la educación en el medievo y profesora de la que hoy es la Universidad de Rutgers, señaló ya en 1931 que ‘la peste negra’ del siglo XIV afectó a la educación a través de cambios de quién y cómo se accedía a los niveles preuniversitarios, abriendo la educación a un mayor número de estudiantes de orígenes más diversos. Estas transformaciones, impactaron posteriormente en los grandes centros del saber del momento, Oxbridge, París o Salamanca y abrieron la puerta al cambio de creación del conocimiento que dio lugar al renacimiento, la modernización y desacralización de la administración y la puesta en marcha del modelo científico que seguimos empleando.

Ahora nos enfrentamos a una irrupción semejante en el sistema, pero con signo contrario, polarizando la desigualdad en la adquisición del conocimiento. Aquí, en España, los esfuerzos por equiparar la experiencia de aprendizaje a distancia, a pesar de las ayudas que están ofreciendo colegios y AAPP a las familias de menor renta a través de mejores materiales y apoyo tecnológico, es poco probable que detenga esas crecientes divergencias educativas. En una situación como la actual hay pocas alternativas, si es que existe alguna, que sean tan eficaces como la reapertura de las escuelas para revertir estas diferencias.

2. Los riesgos para la salud de la reapertura de los centros educativos

Sin ánimo de entrar en el debate epidemiológico del que no somos expertos, las últimas publicaciones han tenido una amplia difusión en los medios señalan que la incidencia de la COVID-19 en los más jóvenes es significativamente menor que en los adultos, con una menor gravedad tanto los síntomas como en las secuelas de la enfermedad, los niños desempeñan un pequeño papel en la propagación del virus y que la creación de grupos burbuja es eficaz para reducir los contagios[2][3][4][5][6]. En resumen, y como señala la revisión de la literatura realizada por Ludvigsson, niños y niñas no son los principales propagadores de la epidemia[7]. Sin embargo, no podemos obviar peligro latente; la posibilidad de que muchos de los infectados en ese grupo de edad sean asintomáticos, puede afectar a la transmisión entre las familias y los profesores de la enfermedad.

Esta es la mayor preocupación que existe en las autoridades sanitarias y educativas en cuanto al impacto qué puede tener la reapertura de los colegios. Se teme que una apertura temprana pueda acelerar los contagios y dificultar el control de la pandemia y se toma como base el caso de Israel, donde distintos brotes[8] y las críticas a la apertura de los colegios, como la de Paul Krugman, que tuiteó[9] el gráfico adjunto, han tenido una importante difusión mediática y efecto en los padres.

No obstante, si se amplía el análisis al resto de países del mundo, se puede comprobar que no existe una relación clara entre la apertura de los centros educativos y los casos de COVID-19. En la mayoría de los países que abrieron sus centros educativos antes del verano, el número de casos de Coronavirus se mantenido estable como muestra el gráfico del Center for Global Development.

Aun así, y como señala un reciente informe del Institute for Fiscal Studies[10], del que es co-autora también Almudena Sevilla, menos del 40% consideraban que la salud de sus hijos era el principal problema para su retorno a la aulas. Igual de interesante es el dato de que aquellas familias con una mayor renta son las que en mayor proporción han enviado a sus hijos de vuelta a las aulas. Esto se puede deber a diversos factores como colegios con más medios para evitar contagios, mayor acceso a información sobre la incidencia de la enfermedad o un mayor coste de oportunidad laboral para los progenitores de cuidar a los niños.

3. El incremento en la desigualdad en el aprendizaje de los alumnos como resultado del cierre de los centros educativos

En dos posts anteriores (aquí y aquí) analizamos con detalle el problema que supone en términos de ganancias futuras la pérdida de clases. Un reciente estudio de la Brookins Institution estimaba esa pérdida en términos de PISA en 16 puntos de aprendizaje para los estudiantes de 15 años, aumentando la proporción de estudiantes que no adquieren un nivel mínimo de competencia del 40 al 50 por ciento (ver figura) y que unos 7 millones de estudiantes tienen probabilidades de abandonar la escuela, siendo peores los efectos para las niñas y los grupos vulnerables y marginados.

Fuente: Brookings Institution https://brook.gs/34TkfbA

Las Universidades de Harvard y Brown han elaborado una serie de indicadores sobre la situación socio-económica de EEUU tras la irrupción de la COVID-19 (Chetty et al., 2020). Para educación el resultado clave es el progreso del estudiante, definido como el número de insignias obtenidos cada semana por los alumnos en el programa digital de matemáticas Zearn, en relación con el período previo a la aparición del Coronavirus. Zearn es un programa digital de matemáticas en EEUU que muchas escuelas continuaron empleando después del cierre de los centros educativos provocado por la COVID-19. El progreso de los alumnos en EEUU que asisten a centros educativos de códigos postales que se sitúan en el cuartil más bajo de renta disminuyó en un 60%. Por el contrario, la caída del progreso de los alumnos de centros educativos en códigos postales con ingresos en el cuartil superior fue mucho más limitada, del 20%.

Fuente: Raj Chetty, John N. Friedman, Nathaniel Hendren, Michael Stepner, and the Opportunity Insights Team https://tracktherecovery.org/

Otra forma de medir los efectos sobre la desigualdad de los cierres de escuelas inducidos por la pandemia es la propuesta por el Profesor de Brandeis University, Joshua Goodman. Goodman et al. (2020) han analizado las búsquedas en Google de recursos educativos en línea antes y después de que se cerraran los centros educativos. Se trata de recursos centrados en la escuela como plataformas que los centros utilizan para proporcionar instrucción, asignar trabajo o comunicarse con los estudiantes o recursos de aprendizaje complementarios. La aparición de la COVID-19 provocó un gran aumento en la demanda de recursos de aprendizaje en línea. Para abril de 2020, la intensidad de búsqueda en EEUU de recursos de aprendizaje en línea se había duplicado en relación con la línea de base.

La pandemia también amplió sustancialmente las brechas socioeconómicas en la búsqueda de recursos de aprendizaje en línea. La intensidad de la búsqueda aumentó sustancialmente más en áreas con un estatus socioeconómico por encima de la mediana (medido por los ingresos del hogar, la educación de los padres y el acceso a ordenadores e Internet) que en áreas con un estatus socioeconómico por debajo de la mediana. La intensidad de búsqueda de recursos educativos online aumenta en un 15 por ciento por cada $ 10,000 adicionales en el ingreso familiar promedio.

El hecho de que la búsqueda de recursos centrados en la escuela aumente más en las áreas de altos ingresos sugiere que los centros educativos de esas áreas están utilizando más plataformas digitales o/y que los padres de esas áreas se involucren con dichas plataformas en mayor medida.

Goodman et al. (2020) https://bit.ly/2YN1nam

La educación en línea perjudica al grupo de estudiantes rezagados que son precisamente los que más necesitan el apoyo y el refuerzo de los docentes en el aula. Heppen et al. (2017), analizan los resultados en la recuperación de Álgebra durante el verano de estudiantes de 17 escuelas de secundaria de Chicago. Una vez que se presentaron a las primeras clases, se les asignó aleatoriamente a un formato online o presencial. Los estudiantes en los cursos online obtuvieron un resultado en las pruebas de fin de curso de un 20% de la desviación estándar por debajo que los alumnos en las clases presenciales y con una menor probabilidad de aprobar el curso: 66% frente al 78 %.

4. El impacto del cierre de los centros en el mercado de trabajo.

Por lo tanto, el problema no es sí se deben abrir los colegios, sino cómo hacerlo para que haya en entorno seguro para estudiantes, familias y profesores. Los beneficios de abrir los coles para la economía incluyen también a la capacidad de acumulación de conocimiento para el crecimiento de la economía, la incorporación de los padres al mercado de trabajo depende de que sus hijos vayan al colegio para poder acudir a sus empleos. La última oleada de la Encuesta de Condiciones Laborales, 2017, señalaba que el 25% de los trabajadores españoles tenía dificultades para conciliar su vida familiar y laboral.

Al hilo de la pandemia autores como Bayham y Fenichel[11] analizaron el efecto del cierre de escuelas en los trabajadores sanitarios y el descenso de su asistencia al trabajo por razones familiares y su efecto sobre la mortalidad de la población, obteniendo la conclusión de que el cierre de los colegios causaba más fallecimientos que los que trataba de evitar dadas las tasas de transmisión infantil, sin tener en cuenta otros factores que se detectaron en países que sufrieron el ébola, donde se incrementó la violencia doméstica o el trabajo infantil. Además, hay evidencia de que la mortalidad y la morbilidad dependen de las condiciones macroeconómicas, y que ambas condiciones y el desempleo involuntario afectan a la salud (Rojas et al., 2020).

Rojas et al. (2020) muestran que haber mantenido los centros educativos abiertos al inicio de la pandemia no hubiera evitado el enorme aumento en la tasa de paro, además del riesgo de salud añadido que hubiera supuesto. Sin embargo, los datos sugieren que mantener el cierre de escuelas más tiempo sí se podría asociar a un mayor desempleo.

Otro estudio de Investigadores del Institute for Fiscal Studies, co-autorizado por Almudena Sevilla analiza el efecto del Coronavirus en la división por género del trabajo pagado y doméstico. El trabajo remunerado de las madres se ha visto más afectado que el de los padres. En 2014/15, el trabajo remunerado de las madres suponía un 80% del de los padres; ahora es del 70%. Las madres están dedicando 4 horas más al día durante el cierre de los centros al cuidado de los niños y las tareas del hogar que sus parejas. Además, tienen un 50% más de interrupciones en sus horas de trabajo remunerado que los padres cuando en 2014/15 se encontraban en una situación similar. Diferencias de género en la asignación del trabajo doméstico que no se explican directamente por las diferencias en las tasas de empleo o los ingresos.

Lídia Farré y Libertad González muestran que en España, por el contrario, la distribución de tareas en el hogar entre hombres y mujeres ha sido durante el confinamiento algo menos desigual. En el 38% de los hogares encuestado, el hombre pasa a ser el principal responsable de la compra. No obstante, las responsabilidades familiares siguen repartiéndose de manera desigual entre hombres y mujeres en nuestro país también con el cierre de los centros educativos y el consiguiente aumento de las tareas del hogar. Las mujeres siguen asumiendo más peso en tareas como la limpieza, ropa, comida y la educación de los niños durante el confinamiento, incluso en familias en las que padre y madre siguen trabajando.

La encuesta dirigida a familias en España por Lídia Farré y Libertad González (2020), muestra también qué tras la declaración del estado de alarma, el 25% de los hombres y el 22% de las mujeres perdieron su trabajo (incluyendo ERTEs). Las tasas de ocupación de la muestra bajan al 67% para los hombres y el 62% para las mujeres. La caída del empleo es del doble entre trabajadores sin estudios universitarios (33%) que entre los titulados universitarios (16%).

5. Conclusión: los riesgos de no abrir los centros, sobre todo el efecto negativo en los alumnos más vulnerables, superan los riesgos de abrirlos.

El Gobierno acordó el 27 de agosto con las Comunidades Autónomas una Declaración de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente a la COVID-19 para los centros educativos durante el curso 2020-2021. El documento recoge la necesidad de retomar “de forma prioritaria” la actividad educativa presencial adoptando para ello una serie de medidas de prevención, higiene y promoción de la salud que garanticen la vuelta a las aulas de forma segura. Son 23 medidas y 5 recomendaciones entre las que se encuentran la distancia interpersonal de 1,5 metros; grupos de convivencia estables; la mascarilla obligatoria a partir de los 6 años; la ventilación de las aulas e higiene de manos; coordinación en relación con la vacunación frente a la gripe, o la designación de una persona responsable para los aspectos relacionados con la COVID-19.

Un acuerdo, entre el Ministerio y las Comunidades, siempre es bienvenido por mucho que sea de mínimos. Ahora hay que dedicar tiempo, esfuerzo y recursos para que la vuelta al cole sea lo más segura posible y disminuir la incertidumbre de millones de familias españolas.

Es un acierto reabrir los centros educativos porque los alumnos han progresado menos durante los meses que han permanecido cerrados, un efecto negativo que ha sido aún más intenso en los jóvenes de familias desfavorecidas. El sustancial incremento en el número de profesores anunciado por muchas Comunidades es un buen paso que podrá permitir hacer desdobles, mejorar la atención, y realizar sustituciones. Al bienvenido acuerdo entre el Ministerio y las Comunidades sobre la vuelta al cole le falta, a nuestro juicio, atender a los sectores más vulnerables a través de, por ejemplo, un protocolo sobre las condiciones de trabajo de los docentes de mayor edad y riesgo, o la provisión de educación online esmerada e individualizada a los alumnos más vulnerables de salud y a aquellos que tengan que realizar una cuarenta. No hay que olvidar que países como Corea del Sur, un país de los más exitosos del mundo en la gestión de la COVID-19, ha procedido al cierre de los centros educativos de Seúl hasta el 11 de septiembre. Es decir, que hasta los países en donde la incidencia de la COVID-19 ha sido más baja, con 310 fallecidos y 17.945 casos, han tenido que proceder a cierres temporales de los centros educativos.

En el ámbito más académico, el Ministerio y las Comunidades podrían haber acordado una serie de medidas como la realización de tests de diagnóstico sobre el grado de competencias de los alumnos para calibrar la pérdida que se haya podido producir por el cierre de los centros y saber los estudiantes a los que más haya podido afectar. Como resultado de los tests anteriores se podrían llevar a cabo medidas destinadas a los alumnos que se hayan quedado más rezagados (por falta de acceso a plataformas online o dificultades previas agravadas con el confinamiento). Entre estas medidas, las que están llevando a cabo Reino Unido y Holanda y tienen una robusta evidencia empírica: tutorías a grupos pequeños de alumnos (de 5 estudiantes). Nuestro anterior post mostraba que 12 semanas de tutorías de media hora cada día en grupos de 5 alumnos destinadas al 40% de los alumnos de Primaria, ESO, FP Básica y FP Media tendría un coste de 365 millones de euros y permitiría recuperar gran parte de las competencias no aprendidas por los alumnos en el curso 2019-20 por el confinamiento.

El esfuerzo económico que requiere es importante en un momento en el que la situación de las finanzas públicas no es la mejor, pero el análisis económico sugiere que el coste de no hacer nada sería todavía mayor. La intervención debe venir pronto porque será más ineficiente si se deja pasar el tiempo dada la naturaleza acumulativa de la formación de habilidades: el proceso a través del cual se forman las habilidades es dinámico.

El coste potencial de no abrir los centros educativos para la sociedad y la economía son indiscutibles. Afecta al progreso educativos de los alumnos, al empleo de los padres y al crecimiento económico. Muy importante es el incremento en la desigualdad de oportunidades que generaría mantener los centros cerrados. Pero, por supuesto, la reapertura de los centros debería hacerse de manera responsable para que grupos más vulnerables (como docentes, ciertos alumnos y sus familiares) no se vean perjudicados. Se necesita un consenso político.


[1] Anna Campbell, The Black Death and Men of Learning (New York, New York, USA: Columbia University Press, 1931).

[2] Nicholas G Davies et al., “Age-Dependent Effects in the Transmission and Control of COVID-19 Epidemics,” Nature Medicine 26, no. 8 (2020): 1205–11, https://doi.org/10.1038/s41591-020-0962-9.

[3] Olivia V Swann et al., “Clinical Characteristics of Children and Young People Admitted to Hospital with Covid-19 in United Kingdom: Prospective Multicentre Observational Cohort Study,” BMJ 370 (August 27, 2020): m3249, https://doi.org/10.1136/bmj.m3249.

[4] Benjamin Lee and William V Raszka, “COVID-19 Transmission and Children: The Child Is Not to Blame,” Pediatrics 146, no. 2 (August 1, 2020): e2020004879, https://doi.org/10.1542/peds.2020-004879.

[5] Patrick Davies et al., “Intensive Care Admissions of Children with Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally Associated with SARS-CoV-2 (PIMS-TS) in the UK: A Multicentre Observational Study,” The Lancet Child & Adolescent Health 4, no. 9 (2020): 669–77, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2352-4642(20)30215-7.

[6] ST. Joan de Deu Kid Corona, “Are Children Spreaders of the Disease?,” 2020, https://www.sjdhospitalbarcelona.org/es/kidscorona/ninos-ninas-transmisores-enfermedad.

[7] Jonas F Ludvigsson, “Children Are Unlikely to Be the Main Drivers of the COVID-19 Pandemic – A Systematic Review,” Acta Paediatrica 109, no. 8 (August 1, 2020): 1525–30, https://doi.org/10.1111/apa.15371.

[8] Chen Stein-Zamir et al., “A Large COVID-19 Outbreak in a High School 10 Days after Schools’ Reopening, Israel, May 2020,” Eurosurveillance 25, no. 29 (2020): 2001352.

[9] Krugman, Paul, https://twitter.com/paulkrugman/status/1289516593374875650 (2020).

[10] Alison Andrew et al., “September Return to School Offers a Chance to Level the Playing Field,” Institue for Fiscal Studies, 2020, https://www.ifs.org.uk/publications/14980.

[11] Jude Bayham and Eli P Fenichel, “Impact of School Closures for COVID-19 on the US Health-Care Workforce and Net Mortality: A Modelling Study,” The Lancet Public Health 5, no. 5 (2020): e271–78, https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30082-7.

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¿Desaparecen las diferencias en la satisfacción laboral por sexo en el sector público?

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Por Adolfo C. Fernández Puente y Nuria Sánchez-Sánchez  

La satisfacción laboral y sus determinantes constituyen uno de los campos que han recibido mayor interés en la literatura económica en las últimas décadas. La razón no es otra que el impacto de esta variable en el rendimiento y bienestar del trabajador, así como en los resultados agregados de la organización. Una de las cuestiones que ha suscitado mayor controversia, desde el trabajo seminal de Clark (1997) es la relativa a las diferencias en la satisfacción laboral por sexos. Aunque no existe consenso al respecto, especialmente cuando se realizan las comparaciones internacionales, un elevado número de trabajos evidencia una mayor satisfacción relativa de las mujeres trabajadoras en relación con sus compañeros varones (Clark, 1997; Sloane and Williams, 2000; Long, 1995; and Sousa-Poza and Sousa-Poza, 2003 and 2007). Este resultado resulta especialmente sorprendente si se consideran las condiciones laborales de las mujeres, especialmente en términos de segregación laboral y brecha salarial.

Las explicaciones teóricas de esta paradoja pueden agruparse en tres. En primer lugar, pudiera existir un sesgo de selección, previo a la entrada en el mercado de trabajo, que provocase que sólo las mujeres más “felices” se incorporasen. Este resultado, en todo caso, resulta difícil de justificar si se consideran las cohortes de población más jóvenes y con más estudios, donde las diferencias en las tasas de actividad masculina y femenina se reducen considerablemente. Por otra parte, los estudios econométricos no evidencian la existencia de este sesgo. En segundo lugar, el diferencial entre hombres y mujeres pudiera justificarse a través de la consideración de otras variables, no estrictamente laborales, asociadas al hogar y la familia, con mayor impacto sobre las mujeres que sobre los varones. En este sentido, la mayor parte de los estudios, incluido el presente, consideran este tipo de variables en la función explicativa de la satisfacción laboral. La tercera explicación parte de la presencia de expectativas adaptativas, que provocaría que las mujeres internalizasen las dificultades asociadas a un entorno más perjudicial y discriminatorio y se encontrasen, ceteris paribus, más satisfechas que sus compañeros varones.

¿Qué ocurre cuando se consideran a los trabajadores del sector público? Las condiciones laborales del sector público por sexos son, en principio, más uniformes y menos discriminatorias entre trabajadores de una misma categoría. Al tiempo, las condiciones laborales en términos de horarios, movilidad y estabilidad favorecen en mayor medida la conciliación de la vida personal con la laboral. ¿Desaparecen entonces las diferencias en la satisfacción laboral de hombres y mujeres?

Nuestro análisis en el caso de España resulta de especial interés. De un lado, no existe un claro consenso respecto de la satisfacción laboral por sexos. Por otro lado, las características del mercado de trabajo español en términos de desempleo y temporalidad hacen especialmente atractivo el trabajar en el sector público. Por último, el mercado de trabajo español, en el contexto europeo resulta especialmente prejudicial para las mujeres si tenemos en cuenta la participación por sexos en posiciones CEO y la brecha salarial.

En este marco, nuestro estudio analiza las diferencias en la satisfacción laboral por sexos a través de la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo durante los años 2006-2010. El análisis descriptivo muestra que, en media, la satisfacción laboral de las mujeres es ligeramente superior a la de los varones. Este resultado se justifica exclusivamente por los trabajadores del sector público, ya que en el sector privado las diferencias son prácticamente inexistentes.

La descomposición Blinder-Oaxaca muestra que las características de los trabajos realizados por las mujeres tienen un efecto negativo sobre su satisfacción laboral, especialmente en el sector privado. En el sector público, las condiciones laborales de las mujeres son más parecidas a las de los varones. En todo caso, la valoración subjetiva de las mujeres de estas condiciones, en ambos sectores, es superior a la de los varones.

Las estimaciones econométricas, con mínimos cuadrados ordinarios, incluyen como variable dependiente la satisfacción laboral total, y la satisfacción con el salario, la estabilidad, las horas de trabajo, la flexibilidad, las vacaciones, la organización del trabajo, la independencia y la valoración de superiores jerárquicos e incluyen características personales del trabajador, del hogar y del trabajo (nuestros resultados son válidos cuando se utiliza un modelo Probit ordenado).   Los resultados muestran un impacto positivo de la variable mujer tanto en el sector público como en el sector privado.

Trabajar en el sector público incrementa la satisfacción laboral de hombres y mujeres respecto de los horarios de trabajo y las vacaciones. Sin embargo, tiene una influencia negativa en la satisfacción con la organización del trabajo y la independencia, lo que puede estar mostrando la existencia de mayor rigidez en la estructura organizativa del sector público. En todo caso, este resultado se justifica exclusivamente por la percepción de los varones.

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, nuestros resultados avalan la consideración de las responsabilidades familiares, las expectativas formativas, la monotonía y el estrés a la hora de definir estrategias para incrementar la satisfacción laboral por sexos. Asimismo, sugieren la utilización de las experiencias del sector público para incrementar la satisfacción laboral de los trabajadores del sector privado (y viceversa) en dominios concretos de satisfacción.

Como reflexión personal, ajena a nuestra investigación, sólo nos resta añadir que pasamos gran parte de nuestras horas disponibles diarias trabajando, por lo que, lejos de ser una actividad marginal, el trabajo constituye uno de los ejes centrales de nuestra vida. La consideración de la satisfacción laboral y sus determinantes resulta, por tanto, crucial para contribuir a nuestra realización personal y aumentar nuestro bienestar.

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Las carreteras de los Borbones: ¿decisiones políticas o económicas?

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De Federico Pablo-Martí y Anxo Sánchez

Las infraestructuras de transporte son un elemento determinante en el desarrollo económico y la integración política de las naciones. El diseño de la red afecta a su eficacia general, pero también afecta localmente y de manera distinta a las poblaciones de la red. El desarrollo a largo plazo de una población se puede ver afectada por el hecho de que una carretera pase por ella o, por el contrario, la deje a un lado. A pesar de la relevancia del diseño de las redes de transporte, los estudios cuantitativos sobre la idoneidad de su despliegue espacial han sido muy escasos debido, sobre todo, a la complejidad del problema. Aún así, la falta de análisis cuantitativos serios no ha impedido las numerosas valoraciones políticas, que suelen ser muy extendidas ya que se trata de una cuestión que afecta muy directamente al bienestar de los ciudadanos.

En el caso de España, el diseño radial que ha caracterizado el despliegue de las redes de transporte, primero de las carreteras y el ferrocarril y más recientemente de las autovías y el AVE, ha constituido recurrentemente uno de los centros del debate social, considerándose frecuentemente que ha sido poco adecuado para el desarrollo del país e incluso injusto para determinadas regiones. El período histórico sobre el que más se ha debatido es el que coincide con la llegada al trono de los Borbones, a los que a menudo se han atribuido intenciones políticas en el desarrollo de la red de carreteras que dejaban de lado criterios económicos. Para contribuir a aclarar estas cuestiones, hemos llevado a cabo una investigación junto con Ángel Alañón-Pardo, que acaba de aparecer publicada aquí, (y aquí hay una traducción íntegra al español que han preparado Fede y Ángel) y que aporta nueva evidencia sobre los orígenes de la red y su adecuación a las necesidades del país, utilizando una perspectiva de redes complejas y una detallada revisión de las fuentes históricas, en especial de los poco conocidos mapas de principios del siglo XVIII.

El desarrollo del trabajo tuvo dos fases claramente delimitadas. La primera consistió en desarrollar un algoritmo flexible que permitiera construir redes óptimas de transporte a partir de redes subyacentes de baja calidad aplicando diferentes criterios políticos o económicos. Este algoritmo, que desarrollamos hace ya unos años, se puede ver aquí  y permite, dada una red de transporte a mejorar tramo a tramo, elegir el orden en que se llevan a cabo las mejoras atendiendo al criterio deseado. Con esta herramienta, si pudiéramos determinar el punto de partida, la situación de la red de carreteras a la llegada de los Borbones al trono, podríamos estudiar diversos contrafactuales para ver si la red hubiera sido distinta con los distintos criterios.

Así pues, el punto clave era contar con una adecuada representación de la red de caminos existente en los años previos a la puesta en marcha del programa de infraestructuras viales borbónicas del siglo XVIII, que comúnmente se ha considerado el arranque de la estructura radial de nuestra red de carreteras. Nos sorprendió que todos los trabajos sobre el tema tomaran como referencia fundamental una obra del siglo XVI como es la de Villuga (1546) en lugar de utilizar la detallada información de los mapas de caminos realizados por motivos eminentemente militares durante la Guerra de Sucesión. La razón de ello parece ser que esos mapas no eran fácilmente accesibles a los investigadores hasta la generalización de la digitalización de los fondos de las bibliotecas. Esta valiosa fuente de información, que no tuvieron los grandes investigadores de los caminos españoles como Menéndez-Pidal (1951), Madrazo (1982) o Uriol (2001) y que constituyeron la base de muchos de los estudios posteriores, nos permitió hacer una detallada revisión de las principales bibliotecas digitales de Europa y América, utilizando documentos en gran medida desconocidos y que ofrecían una visión muy diferente de la génesis de la red viaria española. En el artículo enumeramos exhaustivamente todas las referencias utilizadas, que afortunadamente han sido numerosas, y que nos han permitido establecer con mucha seguridad la estructura de la red de carreteras a principio del siglo XVIII.

Figura 1. Arriba, red que se consideraba que existía a la llegada de los Borbones antes de nuestro trabajo y que básicamente sigue a Villuga (1546). Abajo, reconstrucción realizada por nosotros a partir de fuentes de 1704 (Valk, B. F. and de Grieck ) y 1705 (anónimo y Pontón). Los colores representan la orografía y el grosor de las líneas es proporcional a las pendientes salvadas por el correspondiente tramo.

 En este enlace puede verse con más detalle la red reconstruida sobre el mapa original de Valk (1704). Las líneas azules muestran los itinerarios de Pontón (1705), las verdes los de de B F, de Grieck J (1704) y las rojas los caminos de Valk (1704). Los círculos rojos muestran la centralidad de intermediación de las poblaciones en 1700. Sería muy interesante comparar las rutas formadas por las ciudades con mayor centralidad de intermediación con los itinerarios de Villuga (1546), pero esto es un tema que deberá quedar para futuras investigaciones.

Con un punto de partida muy bien determinado en el mapa anterior, y nuestro algoritmo a mano para comprobar el resultado de distintas opciones de diseño, estamos ya en condiciones de analizar una serie de hipótesis que se habían venido proponiendo sin un suficiente apoyo en datos y análisis históricos. En concreto, estudiaremos tres hipótesis, comenzando por la de que el cambio dinástico después de la Guerra de Sucesión significó la implementación ex novo de un diseño radial de la red de carreteras que reemplazó a una preexistente y menos centralizada. Para analizar esta hipótesis, entre otros análisis realizamos una comparación de las redes de carreteras entre 1600 y 1766 que se recoge en la figura siguiente:

Figura 2. Diferencia entre la densidad de carreteras entre 1600 y 1766, dada por el número de carreteras y su categoría promediadas en 50 km alrededor de cada punto. Las carreteras principales tienen peso doble que las ordinarias, las secundarias vez y media el peso de las ordinarias.

Como muestra la figura, casi sesenta años después de la llegada de los Borbones al trono de España la red de carreteras era fundamentalmente igual que la heredada de los Austrias, por lo que podemos afirmar que los cambios en la red no están asociados a este acontecimiento histórico. De hecho, la mayoría de cambios importantes tendrán que esperar al siglo XIX y no están relacionados con este período. Por otro lado, los cambios son más locales que regionales, sugiriendo que tuvieron efectos a escala local de importancia, lo que, como veremos a continuación, sí ocurrió.

La segunda hipótesis que nos propusimos comprobar es la afirmación de que las nuevas carreteras generaron cambios significativos en la red de transporte conducentes a mejorar las comunicaciones de Madrid con la periferia en lugar de activar el crecimiento de las regiones del interior. Esta hipótesis, planteada por diversos investigadores, también ha resultado no ser cierta, como muestra la siguiente figura:

Figura 3. Accesibilidad por regiones y ciudades. Se representa la desviación del crecimiento medio entre los años 1750 y 1850. Los códigos de color se aplican tanto a las regiones como a las ciudades.

En este caso, nuestro análisis se centra en la accesibilidad, que se define como la “centralidad de cercanía” (aquí). En la figura se ve que las dos Castillas, València y Granada cambiaron poco en accesibilidad, mientras que Cataluña, Andalucía, Vizcaya o Guipúzcoa mejoran considerablemente (y Asturias, Galicia, León, Aragón y Murcia empeoran, particularmente la primera). Una vez más, nos encontramos con impactos más locales que generales, y además dentro de cada una de estas regiones tradicionales, hubo cambios a más pequeña escala en los dos sentidos (obsérvese, por ejemplo, que en Cataluña hay poblaciones que incrementan mucho su accesibilidad y otras que la ven muy reducida).

Finalmente, abordamos una tercera pregunta, que no es otra que si el diseño de la red es compatible con diversos criterios de eficiencia económica, momento en el que nuestro análisis de contrafactuales entra en escena. Los resultados se resumen en la figura de debajo.

Figura 4. Comparación de la subred de carreteras pavimentadas simuladas con la construida para 1850. Rojo, resultados de la simulación; verde, carretera pavimentada hacia 1850.

Lo que vemos son los resultados de nuestras simulaciones sobre la elección de los primeros 150 tramos a mejorar de nuestro mapa de 1700 (arriba) o de los primeros 300 (abajo), comparados con las carreteras que se mejoraron en el período hasta 1850. Se aprecia el gran parecido entre la red simulada y la real con los tres criterios utilizados: el basado simplemente en que cada población cuenta lo mismo para tomar la decisión (izquierda), en el que las decisiones incorporan la opinión de las poblaciones pesadas por su población (centro), o en el que se pesan por el tráfico que circulaba por cada tramo, estimado por una aproximación gravitatoria descrita con detalle en los artículos. Así pues, la red que resultó de los trabajos realizados hasta 1850 es compatible con el que las decisiones de mejora se tomasen con estos criterios, y por tanto con que fueran fruto de decisiones económicas y no políticas. Para los que quieran ver la evolución temporal de la red con estos tres criterios, hemos preparado un vídeo, disponible aquí.

Resumiendo, nuestro trabajo muestra que con los datos en la mano no se puede afirmar que la red de carreteras de finales del siglo XVIII fuera muy diferente de la que se encontraron los Borbones a principios de dicho siglo, ni tampoco que condujeran a efectos perjudiciales en la periferia beneficiando a Madrid, ni que las obras de mejora fueran el resultado de decisiones políticas sin fundamento económico. Hemos podido llegar a estas conclusiones gracias a la combinación de un análisis muy pormenorizado de las fuentes históricas, que hoy en día están disponibles gracias a la digitalización de las bibliotecas, combinado con la utilización de la ciencia de redes complejas, que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Aquí nos ha servido para caracterizar magnitudes de importancia como centralidad o accesibilidad, que hemos podido combinar con el uso de simulaciones para comparar el desarrollo histórico con el que vendría originado por distintos criterios de decisión. Creemos que esta metodología interdisciplinar va a ser muy útil, más allá del caso concreto que estamos discutiendo aquí, para que muchas discusiones salgan de la arena política para entrar en análisis basados en evidencia que permitan entender mejor la evolución histórica de las estructuras relevantes en economía (incluso en la edad del cobre, aquí), como la del transporte a distintas escalas.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Anxo Sánchez

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La relación entre creencias en la honestidad de la población y la supervivencia del estado del bienestar

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el

Ángel Solano García

Lamentablemente nos ha tocado vivir una coyuntura donde la adecuada provisión de servicios públicos, servicios sociales y ayudas a los más desfavorecidos, de nuevo, protagonizan el debate público. El llamado sistema del bienestar y su cobertura depende, en gran medida, de nuestra predisposición a financiar este tipo de gastos, en su mayor medida redistributivos. Para ello necesitamos que una mayoría de votantes (que necesariamente comprenderá a individuos de rentas medias y altas) voten por subidas de impuestos ¿Están de acuerdo los más pudientes (y no tan pudientes) en financiar este tipo de medidas que incrementan el gasto? ¿Podemos hacer algo para incrementar esta disposición a pagar impuestos? En esta entrada intentaremos responder a estas preguntas.

La teoría tradicional basada en preferencias puramente egoístas sobre redistribución de la renta nos dice que las preferencias por impuestos decrecen con el nivel de renta (Romer (1975), Roberts (1977) y Meltzer and Richards (1981)). Esto es, individuos más pobres prefirieran tasas impositivas sobre la renta más altas ya que permiten una mayor redistribución de las rentas altas a las bajas. Empíricamente esta relación entre preferencias por redistribución y renta no se ha podido confirmar (Roemer, 1998). Existen varias teorías que intentan explicar esta contradicción. Por un lado, la más directa es la teoría basada en el supuesto de que los individuos no son puramente egoístas y presentan un cierto grado de altruismo y/o un disgusto por la desigualdad de la renta (Bolton and Ockenfels, 2000 y Fehr and Schmidt, 1999). Otras en cambio están basadas en la creencia de mejora de las rentas futuras (Bebabou and Ok, 2001) o bien en el riesgo de perder las ganancias obtenidas (Cusack, Iversen, & Rehm, 2006; Iversen & Soskice, 2001). Normalmente, un impuesto tiene una duración prolongada de una legislatura por lo que los individuos pobres (ricos) que creen que su renta mejorará (empeorara) podrían preferir impuestos bajos (altos) que se aplicarían a sus rentas futuras (hace un tiempo también se escribió un post  aquí sobre este tema). Por otro lado, están las creencias sobre los principales determinantes de la riqueza individual. En un trabajo magistral del experto en la materia y tristemente reciente fallecido Alberto Alesina se demuestra que sociedades donde se cree que la suerte es un factor más importante frente al talento como generador de riqueza individual existe una mayor predisposición hacia la redistribución de la renta que en sociedades donde el talento se cree más determinante. Por último, el efecto de factores externos como la xenofobia o el racismo también pueden reducir las preferencias por los impuestos entre los más pobres frente a los más ricos (Lee and Roemer, 2006).

Todas estas teorías obvian la efectividad y adecuación del gasto. Como Antonio Cabrales muestra en un post anterior la predisposición individual hacia los impuestos y hacia la redistribución de la renta depende, entre otras cosas, del buen uso que se haga de lo recaudado. En este sentido nuestro trabajo  Does the perception of benefit fraud shape tax attitudes in Europe? Junto a Ana I. Moro-Egido analiza el efecto de la visión general sobre el fraude en la obtención de beneficios públicos y transferencias sociales sobre las preferencias por los impuestos. Utilizando la encuesta European Social Survey entre otras bases de datos obtenemos que, en general, una peor percepción sobre fraude en el gasto social aminora la predisposición a pagar impuestos. Además dicho efecto viene dado principalmente por el 20% de los individuos con mayor renta. En particular obtenemos, contrariamente a la teoría tradicional, que los ricos pueden preferir más impuestos que la clase media cuando la percepción sobre el fraude en el disfrute de estos beneficios públicos es baja.

La buena noticia es que podemos conseguir que haya una mayor implicación de las rentas altas a financiar mejoras del sistema del bienestar. Para ello necesitamos que se crean que los receptores netos de este incremento de transferencias son honestos. Aquí debemos pararnos a diferenciar creencia de realidad. Por ejemplo, una encuesta realizada por el Trades Union Congress (TUC) en 2012, mostró que, en promedio, el público británico cree que el 27% del presupuesto de asistencia social británico se reclama de manera fraudulenta, mientras que la propia cifra del gobierno es del 0,7%. Sospecho que este fenómeno se puede extrapolar a muchos países. El uso interesado de las redes sociales para inflar este tipo de creencias sobre el fraude  de los programas de ayuda puede según nuestro estudio hacer tambalear el estado del bienestar. Por ello sería conveniente, como tantas veces se ha reivindicado aquí, un programa de evaluación asociado a cada política que implique un gasto público. Idealmente, la transparencia y el rigor en el uso de los datos pueden confrontar las calumnias que se publican a diario en las redes sociales y en la propaganda política y que hacen un flaco favor a la defensa del estado del bienestar.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

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