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Antonia Díaz

Los primeros datos del INE certifican los augurios. El PIB cayó un 5,2% durante el primer trimestre (respecto al trimestre anterior) y esperamos con inquietud las cifras del segundo trimestre. El número de afiliados en junio ha vuelto a niveles de 2017. Tras la durísima Gran Recesión, la crisis de COVID-19, con su componente sanitario y la enorme incertidumbre que arroja sobre la economía, nos está poniendo muy nerviosos. Tomar decisiones en un contexto tan volátil es complicado pero hay una cuestión clara: debemos tener un plan de reactivación de la economía, especialmente en aquellos sectores que, por su tamaño o sus sinergias con el resto de la economía, son esenciales. Esta reactivación no debe de hacerse de espaldas al otro gran reto que enfrentamos: el cambio climático. Todo lo contrario; especialmente si tenemos en cuenta que el Fondo de Recuperación “Next Generation”, articulado en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, tiene como eje principal la transición ecológica y digital, como ya vimos aquí. Hay que aprovechar el momento para sentar las bases de una política industrial con miras de largo plazo. En este post voy a poner un ejemplo práctico de política en un sector paradigmático: la construcción. Algunas de las ideas que aquí desarrollo las esbocé para este informe de Fedea cuando se me pidió reflexionar sobre medidas para la reactivación del sector tras el COVID-19.

Características del sector

El sector de la Construcción aporta alrededor del 5,6% del PIB de la Eurozona durante el periodo 1995-2019. En España la media para ese periodo es 8,9%. Esta importancia mayor también se refleja en el empleo (6,9% en la Eurozona frente a 9,1% en España).

Tabla 1: El peso del sector de la Construcción. Elaboración propia. Eurostat.

Atendiendo a los datos trimestrales de Eurostat, parece que la productividad media por trabajador en España se mueve como en el resto de la Eurozona (véase la Figura 1), aunque con una mayor fluctuación cíclica. En cambio, los datos de EU KLEMS (anuales) muestran que la Productividad Total de los Factores es mucho menor en España que en los países de nuestro entorno (véase aquí, aquí, o aquí algunos posts sobre la PTF en este blog), aunque queda por saber en qué grado el boom inmobiliario del periodo 1996-2007 fue el responsable de esa divergencia.

Figura 1: Productividad media y PTF en el sector de la construcción. Datos de Eurostat y EU KLEMS.

Estos datos agregados ocultan una gran heterogeneidad. En particular, el peso de la pequeña y mediana empresa en el sector, que es muy acusado y por encima de la media en la Eurozona. Una inspección somera de los datos nos dice que el sector de la construcción tiene un peso superior en España que en los principales países de la Eurozona y que es aparentemente menos productivo. A pesar de ello, según Statista, 3 de las 10 constructoras más grandes de toda Europa (en capitalización bursátil) son españolas lo que es un indicador de la capacidad de internacionalización de las corporaciones españolas. Donde hay una mayor divergencia es en los subsectores: en España el peso de la construcción de edificios respecto a la ingeniería civil y trabajos especializados es mucho mayor que en los países de nuestro entorno. La Tabla 2 muestra el peso de los tres subsectores: construcción de edificios, ingeniería civil y trabajos especializados. Este último engloba electricistas, cimentadores, etc. El subsector de la construcción de edificios está hipertrofiado en número de empresas y empleo y es el que menos Valor Añadido genera por trabajador. Curiosamente, en Alemania, Francia e Italia el subsector con una productividad media más baja es Trabajos Especializados.

Tabla 2: Datos de Eurostat, 2017. Elaboración propia.

Ese mayor peso puede ser el origen de la menor productividad del sector en España, Sería deseable profundizar más en las características del sector, pero todo apunta que el predominio de empresas pequeñas es una de las causas de tan baja productividad, La siguiente pregunta es por qué hay tanta pequeña empresa, Además del peso en el empleo de la construcción de edificios, la actividad ha estado orientada a la edificación de nueva planta en vez de a la rehabilitación, Por ejemplo, en el año 2000 solo el 13% de las licencias visadas lo fue para trabajos de rehabilitación, Esta cifra alcanza el 41,6% en 2017.

La fluctuación cíclica del sector casi duplica en tamaño la del resto de la economía, siendo esto una característica típica del sector. En España, dado que tiene un peso relativo mayor, provoca una amplitud mayor en la variación cíclica del PIB. Por ejemplo, se calcula que durante el primer trimestre de 2020 la caída interanual del Valor Añadido Bruto fue del 8,5%, más del doble que la caída del Valor Añadido Bruto total (-4,1%). Esta diferencia tan acusada en la respuesta sectorial también se produce en el empleo. Las horas trabajadas cayeron en 4,23% (interanual), mientras que en el sector de la construcción la caída fue del 0,98%. Este fuerte descenso de actividad puede lastrar la economía y el empleo durante bastante tiempo.

Figura 2: El peso de la Construcción en el Valor Añadido Bruto agregado, empleo y horas trabajadas. INE.

La Figura 2 muestra que las fluctuaciones cíclicas del sector son enormes. La construcción de edificios y la obra en ingeniería civil dependen muchísimo del ciclo y, especialmente la última, de la inversión pública. Si a eso añadimos que la construcción de edificios genera un empleo de escasa cualificación, tenemos un sector muy poco preparado para afrontar el European Green Deal, además de ser fuente de muchísimas distorsiones en el mercado laboral. Por ejemplo, Bonhomme y Hospido encuentran que gran parte de la evolución de la distribución de salarios durante el periodo 1997-2007 estuvo dominada por el boom de la construcción que disparó los salarios no cualificados en el sector. De hecho, durante esos años se hablaba de la paradoja española, ya que los datos no mostraban que la educación universitaria fuera rentable (en términos de salarios de mercado).

Por tanto, hay que diseñar políticas para reconducir al sector y que sea menos dependiente de la edificación de obra nueva, que emplee mano de obra cualificada y, si puede ser, menos cíclico.

Rehabilitación: La asignatura pendiente

Según la Agencia Internacional de la Energía, el sector de la construcción suele ser responsable del 11% de las emisiones de CO2 (en países OCDE), mientras que el sector residencial es responsable de un 30%. De ese 30%, alrededor de dos terceras partes es consumo de energía para calefacción y ambientación de las viviendas. En España hay un gran margen de ganancias en eficiencia energética de los edificios a través de la rehabilitación de edificios. El informe de 2018 del IDAE sobre el estado de la certificación energética de los edificios en España es elocuente. De ahí he sacado estos gráficos:

Figura 3: Calificación energética de los edificios existentes y de nueva planta certificados. IDAE.

Como vemos, más de la mitad de los edificios nuevos tienen certificación C o superior, pero solo el 5% de los edificios existentes la tienen. Y, según ese informe, los edificios nuevos son menos del 2% del parque existente. El objetivo debería ser renovar todos aquellos edificios que actualmente tengan una calificación energética por debajo de C en un plazo razonable.

Un estudio financiado por la Comisión Europea dentro del programa NEUJOBS estima que la rehabilitación eficiente de edificios es un dinamizador del sector con gran potencial para crear puestos de trabajo. No solo eso, sino que tiene gran potencial para elevar la cualificación del empleo. La Comisión Europea apuesta (véase aquí,aquí, o aquí, por poner algunos ejemplos) por la “construcción sostenible” como una forma de construir edificios eficientes en el largo plazo. Como siempre, la cuestión es cómo se diseña la política que oriente al sector hacia la rehabilitación eficiente energéticamente.

El objetivo marcado por el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Ministerio para la Transición Ecológica es rehabilitar 1.200.000 viviendas de aquí hasta 2039, a un ritmo de 300.000 viviendas por año. En 2019 el número de viviendas rehabilitadas fue de 30.000. ¿Cómo podemos multiplicar por diez ese número? Pues con palo y zanahoria (incentivos).

Los incentivos a la rehabilitación de edificios deben dirigidos a los dueños de los edificios y fincas. Las subvenciones para rehabilitar deben ir acompañadas, por ejemplo, con un recargo en el IBI si no se lleva a cabo en tiempo y forma. Este recargo está justificado porque es una forma de internalizar la externalidad que esa vivienda ineficiente impone en la comunidad en forma de calor y emisiones por uso de calefacción. Si la subvención tuviera la forma de rebaja en el IBI (condicionada a las características del inmueble y dueño), el ayuntamiento sería el que debería solicitar las ayudas de la EU englobadas en el European Green Deal y el esperado Fondo de Recuperación. Las ayudas a las empresas deben estar condicionadas a la reorientación de su actividad a la construcción sostenible y rehabilitación y gravando a aquellas empresas que no cumplan los criterios de sostenibilidad pertinente. Las subvenciones deberían orientarse a promover el empleo de calidad, facilitando el reciclaje de trabajadores en prácticas sostenibles. Hay un artículo muy interesante en la web del Green Building Council España que describe una propuesta parecida a ésta.

Reorientar la actividad desde la construcción de nueva planta a la rehabilitación tiene varias ventajas. Desde el punto de vista agregado, hace al sector menos dependiente del ciclo y permite que tenga un empleo más estable. Hace que aumente su uso de mano de obra cualificada, lo que redunda en una mayor productividad. Y, finalmente, nos permite luchar contra el cambo climático. El reto está ahí y hay que actuar con rapidez.

¿Política sectorial o política de vivienda?

Finalmente, quiero destacar que no se debe confundir las políticas. Recientemente, en la cumbre de la CEOE celebrada durante el mes de junio, algunas voces pidieron al Gobierno un plan para que los menores de 35 años puedan comprar vivienda. Es decir, el sector está pidiendo que se infle la demanda para seguir “business as usual”. Esta confusión de ayudas destinadas a las familias con políticas sectoriales es muy perjudicial. Cada política debe obedecer a un objetivo diferente aunque deben ser analizadas en conjunto para evitar que las ayudas a las familias acaben, simplemente, aumentando precios y márgenes de beneficios de las empresas. Aunque la política de vivienda requiere un post en sí mismo, quiero apuntar que para garantizar vivienda asequible hay que fomentar la competencia en el mercado y eso solo puede conseguirse con la mezcla adecuada de vivienda pública de alquiler o reintroduciendo en el mercado viviendas vacías con medidas como la Bizigune en el País Vasco.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Antonia Díaz

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Las vacunas contra la COVID-19. Nacionalismo, bien público global y cooperación con extraños

Publicada

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Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel
Vicente Ortun Rubio

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay

La luz ya llega del fondo del túnel. Procede de las vacunas, que permitirán volver a la libertad de movimientos y a la actividad económica y social deseada.

Nunca se había conseguido un avance tan rápido en biomedicina, las vacunas de RNA mensajero representan avances disruptivos con aplicaciones importantes en otras áreas médicas, mientras que las tradicionales vacunas de virus atenuado están entre las menos prometedoras de esta carrera, en la que el ganador no lo toma todo pero gana una enorme ventaja. The Economist informa que a 6 de enero de 2021 hay 3 vacunas ya aprobadas por los reguladores “exigentes” (las de Pfizer, Moderna y Oxford-Astrazeneca), otras cuatro aprobadas en otros países y tres más en fase muy avanzada de ensayo clínico. Entre todas acumulan el compromiso de proveer 12,490 millones de dosis, que darían para inmunizar antes de final de 2021 al 80.8% de la humanidad, en el escenario más optimista (en el que se aprueban las de CureVac, Novavax y Johnson&Johnson).

A 13 de enero de 2021 ya se han vacunado (al menos la primera dosis) casi 30 millones de personas en el mundo, con gran variabilidad en sus tasas por población.

En seguridad del paciente es bien conocido el modelo del “queso suizo” (vale cualquier queso con agujeros). Para que se produzca un evento adverso grave han de fallar múltiples defensas, han de darse varios fallos humanos y organizativos. Ese modelo se ha aplicado a la defensa frente a la COVID-19 (aqui hay una interesante versión de Ian Mackay), también en la figura. Unas barreras a la COVID-19 dependen de la responsabilidad individual, otras son de responsabilidad compartida. Entre estas últimas están las vacunas.

Las vacunas COVID-19 plantean retos de gran interés para la economía: sobre los esquemas óptimos de financiación; sobre la priorización de grupos poblacionales; sobre logística; sobre incentivos a la población para que se vacune, con la externalidad en beneficios que implica; y sobre los incentivos a la industria para acelerar su desarrollo.

A pesar del alto valor social de la vacunación contra enfermedades infecciosas, los niveles óptimos de I+D, producción y distribución de vacunas no se alcanzarían sin intervención pública. Bloom señala que la COVID-19 está poniendo en evidencia la fragilidad de los sistemas actuales para el desarrollo, producción y distribución de las vacunas. En un paper reciente, aun en revisión, Vu y colaboradores analizan el rendimiento económico de una cartera de activos compuesta por vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes. Bajo supuestos realistas de financiación, los retornos esperados son negativos. Por tanto, el sector privado nunca entraría en estas inversiones sin intervención pública. Proponen soluciones alternativas, incluyendo modelos de suscripción (las personas pagarían cuotas anuales para asegurarse una vacuna si apareciera una epidemia) y la colaborción público-privada. Esta es la solución práctica a la que se ha llegado con la COVID-19.

La solidaridad interesa a los países ricos

En los últimos meses se han difundido estimaciones del valor social global de las vacunas. Así, la OMS publicaba resultados de un estudio encargado por la Fundación Gates según el cual si los países pobres tuvieran acceso equitativo a la vacuna, los 10 países ricos incluídos en el análisis tendrían unos beneficios de más de 153, 000 millones de $ en 2020-21, alcanzando los 466, 000 millones en 2025. Hay que leer esas estimaciones en contexto: la OMS lanzaba al mismo tiempo un llamamiento para completar la financiación necesaria para el Access to COVID-19 Tools(ACT) Accelerator, un proyecto de colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a tests, tratamientos y vacunas COVD-19. Por su parte, RAND Europa publicaba su estudio macroeconómico del coste para 30 países ricos a través del efecto sobre cinco sectores de actividad intensivos en contactos humanos (hostelería, ocio, comercio, transporte y sanidad y sector sociosanitario) de la falta de inmunización a la población de los países de renta baja y media. Según las estimaciones de RAND, el coste total acumulado sería 82,000 millones de $ en 2020-21 y subiría anualmente hasta alcanzar 258,000 millones $ en 2023-24. Los países ricos más damnificados por la falta de equidad vacunal hacia los pobres serían Estados Unidos y Alemania. Si leemos entre líneas, están pidiendo a esos grandes damnificados mas financiación para el ACT Accelerator.

Esto nos lleva a la solidaridad interesada y a su conexión con el nacionalismo vacunal. La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que Europa hará todo lo que esté en su mano para asegurar que todas las personas del mundo tengan acceso a la vacuna independientemente de donde vivan. ¿Solidaridad altruista o interesada? En cualquier caso, conviene no olvidar que los ricos de los países pobres se vacunarán aunque no formen parte de la población de mayor riesgo, y que la precariedad socioeconómica es un factor de riesgo COVID, además de la edad o la comorbilidad. Conviene, pues, mantener aquella visión de la vacunación como la loncha adicional de un Emmental, agujereado, que precisa de las otras lonchas que forman parte de la actuación global contra la covid-19.

La estrategia de vacunas de la Comisión Europea, EEUU, Reino Unido y otros países ricos se basa en firmar acuerdos de riesgo compartido con varias compañías que tienen ensayos clínicos en desarrollo. Si finalmente no se llegaran a autorizar y comercializar, serían costes hundidos, pero si salen al mercado, Europa tendrá acceso a un número preestablecido en contrato de (millones de ) dosis a un precio “razonable”. Esta estrategia evita la fragmentación de compradores en un mercado salvaje, compitiendo por comprar un producto ofrecido en régimen de monopolio u oligopolio, con los sobreprecios consiguientes. Moderna, una de las empresas desarrolladoras de la vacuna de RNA mensajero, mantiene que el “valor” de una vacuna de eficacia del 60% para un ciudadano de EEUU sería 300$ (ver aquí). Aunque los acuerdos de precios con la Comisión Europea son confidenciales, la prensa ha filtrado información al respecto según la cual los precios acordados son una pequeña fracción de esa cifra.

En sanidad hay antecedentes de acuerdos para la provisión de bienes que el mercado no garantiza por si mismo, al ser insuficiente el incentivo ligado a la exclusividad de las patentes. Hasta ahora, esos Advanced Market Commitments (AMC) se habían establecido entre financiadores creíbles (organismos internacionales como la OMS, pero sobre todo, donantes globales como la Fundación Gates) y compañías farmaceuticas. Básicamente, consistían en el compromiso de compra de un número predeterminado de dosis a un precio superior al de mercado, que garantizara ingresos suficientes para la compañía y un retorno de la inversión aceptable. Hasta ahora, los AMC se habían firmado para afrontar el problema de la baja disposición a pagar en los países de renta baja, que terminaba convirtiendo a determinadas enfermedades allí prevalentes (malaria, tuberculosis, dengue) en enfermedades olvidadas o huérfanas (neglected diseases) y dejaban sin cobertura vacunal a los niños.

Por primera vez, y este es el gran cambio de la era COVID, los acuerdos son con países y bloques de países ricos, para estimular la investigación exprés y compartir el riesgo de proyectos fallidos.

La estrategia europea es (al menos aparentemente) solidaria, ya que reconoce que sólo cuando el planeta entero esté libre de SARS-COV-2, Europa lo estará (Greer, 2020). Europa forma parte de acuerdos globales de acceso a las vacunas, liderados por la OMS. Estos acuerdos globales de abastecimiento de vacunas para 170 países se plasman en el “COVAX” (Global Vaccine Allocation Plan), y han sido firmados por 78 países de renta alta, incluyendo la UE, Japón y Noruega.

Pero no todo es solidaridad. En total, los países ricos, que representan el 13% de la población mundial, han comprado para sí mismos mas de la mitad de las dosis de las vacunas prometedoras, según informa Oxfam. De ahí que la OMS esté clamando contra el “nacionalismo vacunal”, con el argumento de que prolongará la epidemia en vez de acortarla.

La provisión de bienes públicos refuerza la identificación nacional. Cuando se trata de bienes públicos globales, y de males públicos como el calentamiento global, se precisa de la acción colectiva pues sus beneficios no conocen fronteras ni generaciones. Como se argumentaba en el post de Llavador y Ortun, disminuir el riesgo de futuras pandemias requiere actuar sobre el calentamiento global, la amenaza más importante en el mundo, ya que no existirá bienestar humano en un planeta enfermo.

La necesidad de una gobernabilidad internacional choca con el dilema Westfaliano de la soberanía nacional que arrastramos desde 1648. La competencia fiscal entre países dificulta tanto la introducción de una mayor progresividad como la creación de un registro global en el cual conste la propiedad de los activos financieros, un antídoto del lavado de capitales y la evasión fiscal. Tal vez, ante unos Estados enfrentados a la necesaria cooperación con extraños, puedan formarse coaliciones amplias de cooperadores que castigan a los que no contribuyan a la lucha contra los males públicos globales.

De vuelta al queso suizo

El ratón de la incertidumbre sobre la eficacia y seguridad de las vacunas se combate con recogida y análisis de datos y no es reservorio de patógenos. Nos debe preocupar más el ratón de la desinformación, esa desinformación para la cual existen abundantes proveedores en el mercado. Hay además otra pandemia, la desconfianza en la ciencia que exhiben algunos grupos de antivacunas sistémicos que difunden noticias falsas. Y las redes sociales potencian su impacto, como analiza Antonio Cabrales: hay menos nodos antivacunas, pero son más centrales en redes. Además, su contenido es más diverso y entretenido (ofrecen consejos de salud y bienestar, medicina alternativa y teorías de la conspiración) mientras que los pro-vacunas son más monotemáticos. El aislamiento de los que están a favor de la vacunación les puede hacer pensar que sus ideas están más aceptadas de lo que lo están en realidad…

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Beatriz González López-Valcárcel

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Los exámenes “on-line” no son exámenes

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Por Juan Luis Jiménez

La pandemia del Covid-19 ha traído importantes cambios en la docencia en todo el mundo: para los gestores, lograr que alumnado y docentes dispongan de infraestructuras adecuadas para recibir y realizar la labor docente; para el alumnado, adaptarse al nuevo marco telemático; y para los docentes, mantener la calidad de las clases que fueron presenciales, además de evaluar “en condiciones”.

Algunos de estos cambios se han abordado en el blog. Cerrar los centros educativos (para primaria y secundaria, fundamentalmente) es una mala opción para la igualdad de oportunidades del alumnado, como nos apuntó Sevilla et al, o Sainz y Sanz (aquí o aquí). Antonio Cabrales mostró evidencias positivas sobre la docencia virtual en la Universidad. Pedro Rey aportó consejos para implementar clases virtuales que alcancen mejores resultados. Gerard Llobet se preguntó si era positivo grabar las clases.

Pero, ¿y la evaluación de los conocimientos? ¿Es diferente hacer un examen presencial que uno online, en la Universidad? Javier Ferri apuntaba que sí y, de hecho, abogaba por aplazar las evaluaciones hasta que pudieran ser presenciales.

Hace unos días, la prensa recogía que miles de universitarios solicitaban la suspensión de los exámenes presenciales por miedo a los contagios, y la consecuente transformación de estos en exámenes “on-line”. La pregunta es directa y recurrente: ¿es una buena idea, para alumnos y para docentes (excluyendo, obviamente, la existencia de riesgo sanitario evidente)? Trataré de aportar evidencias objetivas y, probablemente, algunos sesgos profesionales.

¿Qué es un examen?

La primera cuestión que debemos plantearnos es, precisamente, qué es un examen. Según la R.A.E. de la Lengua, es una “prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios”.

La definición es clara y aséptica. Pero quienes han pasado por las aulas sabrán que un examen es un “hervidero de incentivos” (entiéndanlo como desee) en el que se evalúan no solo conocimientos adquiridos, sino también competencias que, en muchos casos, son aún más valiosas que el propio conocimiento de la materia.

Como docente, me atrevo a afirmar (esto es una opinión) que la mejor opción es siempre realizar una evaluación continua de las asignaturas (esa era la piedra angular del Plan Bolonia, aunque no necesariamente lo lograse). Pero como sabemos, su relación con el tamaño de la clase es inversa: cuanto mayor es el grupo, menor es la probabilidad de aplicar dicha evaluación. Y hay que recordar también que las reformas, sin financiación, suelen no alcanzar los resultados previstos.

¿Por qué no es gratis pasar de exámenes presenciales a on-line?

Un examen “on-line” tiene una característica claramente diferenciadora e indiscutible respecto a uno presencial: las garantías sobre su honesta realización disminuyen notablemente. Y eso, suceda o no el hecho ilícito, afecta a todo el proceso de evaluación, e incluso de estudio: desde la propia configuración del examen, al contenido, estructura, tiempo de realización, etc.

La OCDE (2020) publicó un documento acerca de los exámenes “on-line” durante la pandemia del Covid-19 en la Universidad, en el que destacaban los principales retos a los que se enfrentan estos instrumentos. A saber: la posibilidad de actos académicos deshonestos; la dificultad de evaluar competencias y habilidades; las diferentes situaciones personales durante el examen (el aula es igual para todos, pero los hogares no); y el riesgo de fallos técnicos.

García-Peñalvo et al (2020) (aquí, aquí o aquí), añaden que los docentes podemos incurrir en una transformación no adecuada del sistema de evaluación de las asignaturas a “on-line”; la existencia de brechas tecnológicas, de uso y de competencia digital; y la falta de apoyo por las autoridades político-académicas.

Por lo anterior, la OCDE planteaba recomendaciones al respecto, resumidas en: 1) cancelar o posponerlos, si fuera posible (como apuntó Javier Ferri); 2) garantizar la supervisión “on-line”; 3) rediseñar los exámenes; 4) sustituirlos por otros modos de valoración (exámenes orales, mayor evaluación continua, etc.).

¿Se han evaluado resultados “on-line” vs presenciales?

Sí. Y la literatura presenta resultados poco halagüeños. Butler-Henderson y Crawford (2020) hacen un repaso de los problemas que genera la realización de exámenes “on-line” a partir de 31 artículos de investigación. Su análisis descriptivo muestra las dificultades en la realización de los mismos.

Vázquez et al (2021) utilizan datos de un experimento en un examen con dos tipos de supervisión (en directo y a través de webcam). Los autores encuentran que los resultados son un 11% mejores en aquellos cuyo sistema de vigilancia era más laxo, lo que señala potenciales problemas de “copieteo” cuando nadie supervisa.

Dendir y Maxwell (2020) aprovechan la introducción de vigilancia por webcam para un examen de dos cursos online (en uno se introdujo y en otro no). Las estimaciones concluyen que, controlando por otros factores, los resultados empeoraron allí donde existía vigilancia por cámara, apoyando estos resultados la hipótesis de actividades deshonestas por parte del alumnado. Daniel Montolio encontró, analizando datos promedio sin controles de dos cursos académicos diferentes, que en los exámenes no-presenciales el alumnado obtenía mejores notas.

Klijn et al (2020) estudiaron, con datos de 500 estudiantes de Economía y ADE en una Universidad española, cómo afectó a los resultados de los exámenes que estos fueran no-supervisados (por la pandemia, en el segundo semestre de 2020). Dicho examen se configuró como uno de múltiples respuestas, sin posibilidad de retroceso, con diferentes rondas de preguntas (que provenían de órdenes de preguntas aleatorios).

Los autores encontraron que las preguntas que formaban parte de las rondas anteriores, en las siguientes aumentaba un 7,7% la nota media respecto de la anterior, además de reducirse un 18,1% el tiempo que tardaban en responder. Dicho de otra forma: hicieron trampas. Ello se debió a los flujos de información desde las rondas anteriores hacia las posteriores (calculan que entre el 13,4% y el 22,5% de los estudiantes realizaron tales trampas). Y, lo que es más grave, un recordatorio del código de ética de la universidad que se envió a un subgrupo a mitad del examen, no afectó a los niveles de copiado (el efecto disuasorio por la potencial sanción fue nulo).

¿Conclusión?

El cambio en la forma de evaluar no es trivial. La mejor opción es (repito, es una opinión) la evaluación continua, pero en grupos grandes se torna en una misión casi imposible. En consecuencia, si el curso no ha podido transformarse de esa forma, a la dificultad que tiene el profesorado de realizar un examen que sintetice los conocimientos y competencias a adquirir, se suma las dudas sobre la realización del mismo por parte del alumnado en modalidad “on-line”.

Ello implica que los profesores no configuremos los exámenes de la misma forma (quizás estemos demasiado preocupados en que no copien) y empeore la calidad del mismo o el tiempo concedido para responder, entre otros.

Si hacemos un examen donde se incentive al alumnado a engañar, este deja de serlo. Y los exámenes on-line lo consiguen, empeorando por tanto los conocimientos del alumnado, sus resultados futuros y poniendo claramente en duda la valía de los títulos obtenidos (no hay que olvidar la potencial existencia de un efecto de desprestigio generalizado).

En esto, siempre se puede acudir a la frase que suelo (perdón por poner mi ejemplo) espetar al alumnado que justifica copiar en un examen: “ojalá el médico que tenga que tratarnos en el futuro no esté copiando ahora mismo”. Es dura, pero todos lo entienden. Solo internalizando efectos aprendemos, porque nada es gratis.

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Autor: Juan Luis Jiménez

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España y la divergencia económica antes de la industrialización

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De Ernesto López Losa

Aunque el interés sobre las raíces del crecimiento económico, sobre lo qué hizo (y hace) a unas sociedades más ricas que otras, no es ciertamente nuevo (“…the causes of wealth and poverty of nations, the grand object of all enquires in Political Economy” le escribía Thomas Malthus a David Ricardo en 1817), hoy sigue siendo un tema central en la literatura histórico-económica. Entre las líneas de investigación abiertas, y en los debates subsiguientes, hay una cuestión que ha ido ganando cada vez más peso: la cronología del crecimiento y, por lo tanto, de la divergencia económica. Robert Allen lo resumía con esta sencilla frase: si queremos saber cómo los países ricos se hicieron ricos primero deberíamos saber desde cuándo son ricos (aquí).

Un primer antecedente lo constituyó la constatación empírica de que la Revolución Industrial no habría sido tan revolucionaria; el crecimiento fue más lento de lo estimado (aquí). Ello abrió la puerta a entender el pasado preindustrial no como un largo período de estancamiento (l’histoire immobile) sino como un tiempo en el que hubo un cierto dinamismo económico sobre el que se apoyaría la industrialización posterior. Esto renovaría el interés historiográfico en la reconstrucción cuantitativa del pasado preindustrial, aunque el gran avance a este respecto se ha producido en las dos últimas décadas a partir dos publicaciones ya clásicas. Una es el libro de Kenneth Pomeranz The Great Divergence, que cuestiona la explicación de la Revolución industrial centrada en la llamada excepcionalidad europea, (aquí) (aquí); la otra, el artículo de Robert Allen, The Great Divergence in European wages and prices, en el que compara la evolución de los salarios reales en Europa desde la Edad Media, calculados como ratios sobre una línea de pobreza, y que le serviría para ir prefigurando su tesis sobre la industrialización británica. Según Allen “la estructura única de salarios y precios de Gran Bretaña fue el pivote alrededor del cual giró la revolución industrial” (aquí).

Si el libro de Pomeranz engrasó los debates sobre la famosa Gran Divergencia entre Europa y el resto del mundo, la segunda obra impulsó la investigación sobre la llamada Pequeña Divergencia, término que, en este caso, haría referencia a la bifurcación de las trayectorias económicas en el continente europeo antes de la industrialización. Así, la investigación se ha centrado en medir desde cuándo y explicar por qué la Europa Noroccidental fue capaz de ir eliminando las restricciones malthusianas hasta convertirse en una región próspera y dinámica frente a un continente estancado. Las estimaciones del PIB per cápita y, particularmente, las comparaciones a largo plazo de los salarios reales, situarían las raíces del excepcionalismo noroccidental, y los inicios de la divergencia dentro de Europa, en la Edad Media (aquí) (aquí).

En un reciente artículo escrito en colaboración con Santiago Piquero (aquí) discutimos y proponemos otra lectura de la evolución de los salarios reales en España y su ubicación en esa Pequeña Divergencia. Para ello hemos reunido una nueva base datos de precios y salarios entre 1500 y 1800, que mejora y amplia la evidencia disponible hasta ahora. A partir de la misma, hemos elaborado series de salarios reales para Sevilla, Madrid, Valladolid, Valencia y Barcelona siguiendo el modelo Allen de ratios sobre un mínimo teórico de subsistencia (aquí). De manera resumida, lo que tratamos de averiguar es en qué medida los nuevos datos confirman o alteran la imagen que sobre España y la Pequeña Divergencia ofrece la historiografía económica. Por un lado, las nuevas series muestran que si bien con respecto a la España mediterránea (ejemplificada por los datos de Valencia y Barcelona) los cambios serían menores, en la Corona de Castilla, las estimaciones sobre Sevilla y Madrid ofrecen una imagen distinta y menos negativa que la dominante hasta ahora.

Ratios de subsistencia en Madrid, 1500-1800. Datos antiguos vs Datos nuevos

Pero, además, el texto aborda un aspecto metodológico importante que tiene que ver con la validez de las comparaciones que se hacen. Para calcular el mínimo de subsistencia de una familia teórica de cuatro miembros, Allen construye una cesta con los alimentos y los bienes básicos más baratos disponibles. De entre los cereales, que forman la partida principal del presupuesto, en los cálculos de Londres y Ámsterdam opta por los precios de la avena, el cereal más barato; en cambio, para las cestas de Madrid y Valencia utiliza los precios del trigo que, a diferencia del caso anterior, era el más caro en España. Allen, discutiblemente, argumenta que en España por razones ecológicas no se producía otro cereal más barato que pudiera servir de substituto, mientras que en Inglaterra sí se daba esa posibilidad; de ahí el uso de la avena (aquí). Todo ello genera, en nuestra opinión, una comparación desequilibrada. Por ejemplo, en los presupuestos españoles podría haber recurrido a la cebada. Es cierto que no era el típico cereal panificable, y que se usaba para alimentar al ganado; pero, al final, esa era la misma función que cumplía la avena en aquellas ciudades europeas. Lo que las fuentes y la historiografía señalan es que las clases populares en Londres no consumían gachas, porridge, o pan de avena y sí pan de trigo de distintas calidades desde la Edad Media. Sí lo hacían, en cambio, en el norte de Inglaterra, o en Escocia; pero, para calcular los salarios reales británicos, Allen no utiliza los jornales de los trabajadores de esos lugares, sino que usa los que se pagaban en Londres, que hasta la segunda mitad del XVIII doblaban prácticamente a los anteriores, según sus propios datos. Es decir, calcula las veces (ratios) que el salario de esos trabajadores estaría por encima del mínimo de subsistencia utilizando los precios del cereal más barato, el que se consumía en las zonas más pobres, con los jornales que se pagaban en las zonas más ricas, que eran los más altos del país.

Ante esta tesitura, en el artículo hacemos otra propuesta. Si se acepta que lo que en las ciudades se consumía era principalmente pan y no grano, en nuestro supuesto simulamos el coste de ese mínimo de subsistencia con los precios del pan más barato que se conoce que se vendía en el ámbito urbano (pan negro o moreno de trigo en Madrid, Sevilla, Valencia y Londres, y de centeno en Ámsterdam). Al computar los precios de un bien de utilidades similares en todos los sitios, se elimina la distorsión que genera el empleo de granos de distintas características y precios relativos. Los resultados obtenidos dan una imagen bien distinta a la que ofrecía el modelo original, ya que el nivel de los salarios reales en las principales ciudades de la Corona de Castilla no se diferenciaría mucho del que se podían encontrar en el noroeste de Europa hasta inicios del siglo XVIII. En realidad, en el texto no discutimos la Pequeña Divergencia, pero sí el que fuera tan temprana e intensa. Además, estos nuevos cálculos mostrarían también que los salarios reales en el sur de Inglaterra o en los Países Bajos no serían tan altos como se ha venido sosteniendo hasta ahora.

Dos estimaciones de salarios reales en la Europa preindustrial. (a) Ratios de subsistencia (grano), modelo Allen (b) Ratios de subsistencia (pan negro). Medias móviles 25 años.

Además de presentar unas estimaciones más precisas sobre los salarios reales en España gracias a unos datos base de mejor calidad, el artículo resalta la importancia de las opciones metodológicas. En función de qué criterios que se sigan, incluso utilizando los mismos datos, los resultados pueden variar de manera significativa. Y ello lógicamente influye en las metanarrativas que se construyen a partir de los mismos.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

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