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La violencia doméstica durante el confinamiento en España: resultados de una encuesta online

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Por Esther Arenas-Arroyo, Daniel Fernández Kranz y Natalia Nollenberger

La potencial escalada de la violencia doméstica durante el confinamiento ha sido un tema de preocupación social y política, con amplia cobertura en los medios. Judit Vall nos contaba hace pocos días en esta entrada sobre el gran aumento que han tenido las llamadas al 016 durante el confinamiento. Si bien un aumento de tal magnitud podría hacernos pensar que la violencia se ha disparado, hay que tener en cuenta que el 016 es un teléfono de información que atiende también otro tipo de consultas, como las relacionadas con el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados, que también parecen haber aumentado durante las primeras semanas del estado de alarma (aquí). Otras estadísticas asociadas a la evolución de la violencia de género son los homicidios, que cayeron un 42% en marzo-mayo respecto al mismo período de 2019, o las denuncias, sobre las cuales no tenemos datos definitivos pero parecen haber disminuido durante el confinamiento (aquí y aquí). Sin embargo, tanto la violencia más extrema como los casos reportados pueden disminuir durante el inicio de una pandemia (algunas de las razones se explican aquí) al mismo tiempo que aumenta la violencia menos extrema.

Para superar las limitaciones de las estadísticas disponibles y contribuir a un mejor entendimiento de un fenómeno de tanta importancia social, hemos realizado una encuesta online y preguntado a las mujeres españolas sobre el vínculo con su pareja durante el confinamiento. La encuesta se realizó entre el 17 de mayo y el 12 de junio y fue distribuida únicamente por Facebook a través de una página creada para este fin (independiente de nuestra lista de contactos) y mediante la herramienta “promocionar” publicación. Esta herramienta permite distribuir una publicación aleatoriamente entre las usuarias de Facebook estableciendo un público objetivo; en nuestro caso, mujeres entre 18 y 60 años residentes en España. Si bien la distribución de la encuesta es aleatoria, una vez visto el anuncio en Facebook la mujer puede decidir participar o no. En total, 13.786 mujeres completaron la encuesta, de las cuales un 78% convivían con su pareja heterosexual en ese momento. Debido a la participación voluntaria y a la selección primaria de usuarias de Facebook, la encuesta no es necesariamente representativa de la población objetivo. Aun así, la muestra obtenida presenta una distribución por nivel educativo, edad y provincia parecido al de la población general. Para corregir las diferencias entre la distribución de nuestra muestra y la población, hemos ponderado las observaciones para hacerlas representativas por edad y niveles educativos a nivel de provincia. El uso de estos ponderadores no altera de forma importante los resultados que mostramos más adelante.

Siguiendo los protocolos sugeridos para la realización de este tipo de encuestas, la misma fue promocionada no como una encuesta sobre violencia sino como una encuesta para conocer los efectos del confinamiento sobre el vínculo de las mujeres con su pareja.

Primero se incluyeron preguntas relativas a la situación laboral, estado civil, nivel de estudios, e impacto de la pandemia en la actividad laboral presente y futura, tanto de las encuestadas como de sus parejas. Finalmente, y siguiendo la estructura (aunque acortada) de las Macroencuestas sobre Violencia de Género que realiza la delegación del gobierno, preguntamos a las encuestadas si habían sufrido antes y durante el confinamiento alguna de 9 circunstancias diferentes que se asocian a un contexto de violencia de género y que cubren situaciones como insultos, amenazas, abuso sexual, violencia física o control de la víctima.

Siguiendo la práctica habitual en estos análisis, identificamos como víctima de violencia de género a una mujer que contesta “a veces” o “frecuentemente” a alguna de las nueve situaciones mencionadas (19% de las encuestadas). Nuestro objetivo es medir los efectos del confinamiento y del estrés económico ocasionado por la COVID-19. Dado que ambas variables (confinamiento y estrés económico) no están perfectamente correlacionadas (la correlación es del 30% en nuestra muestra), podemos medir el impacto de cada una de ellas controlando por el valor de la otra. Para ello, definimos dos indicadores: el primero indica si el hombre estuvo confinado en casa la mayor parte del tiempo (teletrabajó o bien estuvo sin empleo: el 56% de la muestra). La segunda variable mide si el hombre se encuentra en el momento de la encuesta en alguna de las siguientes tres situaciones: afectado por un ERTE, perdió su empleo o clientes como consecuencia de la pandemia, o teme perderlo en los próximos meses (42.5% de la muestra). Los siguientes gráficos muestran el cambio en la violencia de género durante el confinamiento según el grado de confinamiento y de estrés económico del hombre. Al excluir del análisis otras variables potencialmente correlacionadas con las variables de interés, los resultados que se muestran son puramente descriptivos.

El primer resultado que destaca en el gráfico 1 es el aumento significativo de la violencia doméstica para las mujeres cuya pareja ha estado confinada o bajo estrés económico, que alcanza el 13% en el caso de producirse ambos extremos al mismo tiempo. En cambio, la violencia doméstica disminuye un 1% para las mujeres cuya pareja no ha estado confinada ni ha sufrido estrés económico. Otro resultado interesante del gráfico 1 es que el confinamiento y el estrés económico del hombre parecen ejercer un impacto independiente el uno del otro sobre la violencia, que alcanza valores máximos cuando ambos contextos se combinan. El gráfico 2 muestra los resultados por tipo de violencia. Los aumentos son muy importantes para el abuso psicológico (tanto emocional como de control), y menores para el físico y sexual. Para este último tipo de violencia encontramos una disminución de su incidencia, con independencia de la situación de confinamiento y/o de estrés económico.

Los gráficos 3 y 4 ofrecen otra perspectiva de los mismos resultados, en este caso agregando los efectos a nivel de provincia. En el gráfico 3 se observa que las provincias con mayor porcentaje de hombres confinados, presenta un aumento mayor de la violencia de género. El mismo resultado se desprende cuando medimos el grado de estrés económico del hombre a nivel de provincia (gráfico 4).

El gráfico 5 muestra un resultado que, a pesar de ser previsible, sorprende por su intensidad: el porcentaje de mujeres que sintiéndose maltratadas denunciaron a sus parejas cae abrúptamente durante el confinamiento, pasando del 15% a menos del 2%.

En conclusión, los resultados preliminares de nuestra encuesta confirman el temor a que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento. En análisis futuros mediremos la robustez de estos resultados a la inclusión de controles adicionales. También estudiaremos el impacto del confinamiento de la mujer y del estrés económico originado por la situación laboral de la mujer. Utilizaremos otras medidas de confinamiento, como los datos de movilidad proporcionados por el INE (aquí), como instrumento o medida exógena de la probabilidad de confinamiento de los miembros de una pareja. Finalmente, con el objetivo de entender el impacto del estado de alarma no solo en la violencia de género, sino también en las denuncias, usaremos datos administrativos del CSPJ y del Ministerio de Interior (VIOGEN).

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Las vacunas contra la COVID-19. Nacionalismo, bien público global y cooperación con extraños

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Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel
Vicente Ortun Rubio

Imagen de Jeyaratnam Caniceus en Pixabay

La luz ya llega del fondo del túnel. Procede de las vacunas, que permitirán volver a la libertad de movimientos y a la actividad económica y social deseada.

Nunca se había conseguido un avance tan rápido en biomedicina, las vacunas de RNA mensajero representan avances disruptivos con aplicaciones importantes en otras áreas médicas, mientras que las tradicionales vacunas de virus atenuado están entre las menos prometedoras de esta carrera, en la que el ganador no lo toma todo pero gana una enorme ventaja. The Economist informa que a 6 de enero de 2021 hay 3 vacunas ya aprobadas por los reguladores “exigentes” (las de Pfizer, Moderna y Oxford-Astrazeneca), otras cuatro aprobadas en otros países y tres más en fase muy avanzada de ensayo clínico. Entre todas acumulan el compromiso de proveer 12,490 millones de dosis, que darían para inmunizar antes de final de 2021 al 80.8% de la humanidad, en el escenario más optimista (en el que se aprueban las de CureVac, Novavax y Johnson&Johnson).

A 13 de enero de 2021 ya se han vacunado (al menos la primera dosis) casi 30 millones de personas en el mundo, con gran variabilidad en sus tasas por población.

En seguridad del paciente es bien conocido el modelo del “queso suizo” (vale cualquier queso con agujeros). Para que se produzca un evento adverso grave han de fallar múltiples defensas, han de darse varios fallos humanos y organizativos. Ese modelo se ha aplicado a la defensa frente a la COVID-19 (aqui hay una interesante versión de Ian Mackay), también en la figura. Unas barreras a la COVID-19 dependen de la responsabilidad individual, otras son de responsabilidad compartida. Entre estas últimas están las vacunas.

Las vacunas COVID-19 plantean retos de gran interés para la economía: sobre los esquemas óptimos de financiación; sobre la priorización de grupos poblacionales; sobre logística; sobre incentivos a la población para que se vacune, con la externalidad en beneficios que implica; y sobre los incentivos a la industria para acelerar su desarrollo.

A pesar del alto valor social de la vacunación contra enfermedades infecciosas, los niveles óptimos de I+D, producción y distribución de vacunas no se alcanzarían sin intervención pública. Bloom señala que la COVID-19 está poniendo en evidencia la fragilidad de los sistemas actuales para el desarrollo, producción y distribución de las vacunas. En un paper reciente, aun en revisión, Vu y colaboradores analizan el rendimiento económico de una cartera de activos compuesta por vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes. Bajo supuestos realistas de financiación, los retornos esperados son negativos. Por tanto, el sector privado nunca entraría en estas inversiones sin intervención pública. Proponen soluciones alternativas, incluyendo modelos de suscripción (las personas pagarían cuotas anuales para asegurarse una vacuna si apareciera una epidemia) y la colaborción público-privada. Esta es la solución práctica a la que se ha llegado con la COVID-19.

La solidaridad interesa a los países ricos

En los últimos meses se han difundido estimaciones del valor social global de las vacunas. Así, la OMS publicaba resultados de un estudio encargado por la Fundación Gates según el cual si los países pobres tuvieran acceso equitativo a la vacuna, los 10 países ricos incluídos en el análisis tendrían unos beneficios de más de 153, 000 millones de $ en 2020-21, alcanzando los 466, 000 millones en 2025. Hay que leer esas estimaciones en contexto: la OMS lanzaba al mismo tiempo un llamamiento para completar la financiación necesaria para el Access to COVID-19 Tools(ACT) Accelerator, un proyecto de colaboración global para acelerar el desarrollo, producción y acceso equitativo a tests, tratamientos y vacunas COVD-19. Por su parte, RAND Europa publicaba su estudio macroeconómico del coste para 30 países ricos a través del efecto sobre cinco sectores de actividad intensivos en contactos humanos (hostelería, ocio, comercio, transporte y sanidad y sector sociosanitario) de la falta de inmunización a la población de los países de renta baja y media. Según las estimaciones de RAND, el coste total acumulado sería 82,000 millones de $ en 2020-21 y subiría anualmente hasta alcanzar 258,000 millones $ en 2023-24. Los países ricos más damnificados por la falta de equidad vacunal hacia los pobres serían Estados Unidos y Alemania. Si leemos entre líneas, están pidiendo a esos grandes damnificados mas financiación para el ACT Accelerator.

Esto nos lleva a la solidaridad interesada y a su conexión con el nacionalismo vacunal. La presidenta de la Comisión Europea ha manifestado que Europa hará todo lo que esté en su mano para asegurar que todas las personas del mundo tengan acceso a la vacuna independientemente de donde vivan. ¿Solidaridad altruista o interesada? En cualquier caso, conviene no olvidar que los ricos de los países pobres se vacunarán aunque no formen parte de la población de mayor riesgo, y que la precariedad socioeconómica es un factor de riesgo COVID, además de la edad o la comorbilidad. Conviene, pues, mantener aquella visión de la vacunación como la loncha adicional de un Emmental, agujereado, que precisa de las otras lonchas que forman parte de la actuación global contra la covid-19.

La estrategia de vacunas de la Comisión Europea, EEUU, Reino Unido y otros países ricos se basa en firmar acuerdos de riesgo compartido con varias compañías que tienen ensayos clínicos en desarrollo. Si finalmente no se llegaran a autorizar y comercializar, serían costes hundidos, pero si salen al mercado, Europa tendrá acceso a un número preestablecido en contrato de (millones de ) dosis a un precio “razonable”. Esta estrategia evita la fragmentación de compradores en un mercado salvaje, compitiendo por comprar un producto ofrecido en régimen de monopolio u oligopolio, con los sobreprecios consiguientes. Moderna, una de las empresas desarrolladoras de la vacuna de RNA mensajero, mantiene que el “valor” de una vacuna de eficacia del 60% para un ciudadano de EEUU sería 300$ (ver aquí). Aunque los acuerdos de precios con la Comisión Europea son confidenciales, la prensa ha filtrado información al respecto según la cual los precios acordados son una pequeña fracción de esa cifra.

En sanidad hay antecedentes de acuerdos para la provisión de bienes que el mercado no garantiza por si mismo, al ser insuficiente el incentivo ligado a la exclusividad de las patentes. Hasta ahora, esos Advanced Market Commitments (AMC) se habían establecido entre financiadores creíbles (organismos internacionales como la OMS, pero sobre todo, donantes globales como la Fundación Gates) y compañías farmaceuticas. Básicamente, consistían en el compromiso de compra de un número predeterminado de dosis a un precio superior al de mercado, que garantizara ingresos suficientes para la compañía y un retorno de la inversión aceptable. Hasta ahora, los AMC se habían firmado para afrontar el problema de la baja disposición a pagar en los países de renta baja, que terminaba convirtiendo a determinadas enfermedades allí prevalentes (malaria, tuberculosis, dengue) en enfermedades olvidadas o huérfanas (neglected diseases) y dejaban sin cobertura vacunal a los niños.

Por primera vez, y este es el gran cambio de la era COVID, los acuerdos son con países y bloques de países ricos, para estimular la investigación exprés y compartir el riesgo de proyectos fallidos.

La estrategia europea es (al menos aparentemente) solidaria, ya que reconoce que sólo cuando el planeta entero esté libre de SARS-COV-2, Europa lo estará (Greer, 2020). Europa forma parte de acuerdos globales de acceso a las vacunas, liderados por la OMS. Estos acuerdos globales de abastecimiento de vacunas para 170 países se plasman en el “COVAX” (Global Vaccine Allocation Plan), y han sido firmados por 78 países de renta alta, incluyendo la UE, Japón y Noruega.

Pero no todo es solidaridad. En total, los países ricos, que representan el 13% de la población mundial, han comprado para sí mismos mas de la mitad de las dosis de las vacunas prometedoras, según informa Oxfam. De ahí que la OMS esté clamando contra el “nacionalismo vacunal”, con el argumento de que prolongará la epidemia en vez de acortarla.

La provisión de bienes públicos refuerza la identificación nacional. Cuando se trata de bienes públicos globales, y de males públicos como el calentamiento global, se precisa de la acción colectiva pues sus beneficios no conocen fronteras ni generaciones. Como se argumentaba en el post de Llavador y Ortun, disminuir el riesgo de futuras pandemias requiere actuar sobre el calentamiento global, la amenaza más importante en el mundo, ya que no existirá bienestar humano en un planeta enfermo.

La necesidad de una gobernabilidad internacional choca con el dilema Westfaliano de la soberanía nacional que arrastramos desde 1648. La competencia fiscal entre países dificulta tanto la introducción de una mayor progresividad como la creación de un registro global en el cual conste la propiedad de los activos financieros, un antídoto del lavado de capitales y la evasión fiscal. Tal vez, ante unos Estados enfrentados a la necesaria cooperación con extraños, puedan formarse coaliciones amplias de cooperadores que castigan a los que no contribuyan a la lucha contra los males públicos globales.

De vuelta al queso suizo

El ratón de la incertidumbre sobre la eficacia y seguridad de las vacunas se combate con recogida y análisis de datos y no es reservorio de patógenos. Nos debe preocupar más el ratón de la desinformación, esa desinformación para la cual existen abundantes proveedores en el mercado. Hay además otra pandemia, la desconfianza en la ciencia que exhiben algunos grupos de antivacunas sistémicos que difunden noticias falsas. Y las redes sociales potencian su impacto, como analiza Antonio Cabrales: hay menos nodos antivacunas, pero son más centrales en redes. Además, su contenido es más diverso y entretenido (ofrecen consejos de salud y bienestar, medicina alternativa y teorías de la conspiración) mientras que los pro-vacunas son más monotemáticos. El aislamiento de los que están a favor de la vacunación les puede hacer pensar que sus ideas están más aceptadas de lo que lo están en realidad…

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Beatriz González López-Valcárcel

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Los exámenes “on-line” no son exámenes

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Por Juan Luis Jiménez

La pandemia del Covid-19 ha traído importantes cambios en la docencia en todo el mundo: para los gestores, lograr que alumnado y docentes dispongan de infraestructuras adecuadas para recibir y realizar la labor docente; para el alumnado, adaptarse al nuevo marco telemático; y para los docentes, mantener la calidad de las clases que fueron presenciales, además de evaluar “en condiciones”.

Algunos de estos cambios se han abordado en el blog. Cerrar los centros educativos (para primaria y secundaria, fundamentalmente) es una mala opción para la igualdad de oportunidades del alumnado, como nos apuntó Sevilla et al, o Sainz y Sanz (aquí o aquí). Antonio Cabrales mostró evidencias positivas sobre la docencia virtual en la Universidad. Pedro Rey aportó consejos para implementar clases virtuales que alcancen mejores resultados. Gerard Llobet se preguntó si era positivo grabar las clases.

Pero, ¿y la evaluación de los conocimientos? ¿Es diferente hacer un examen presencial que uno online, en la Universidad? Javier Ferri apuntaba que sí y, de hecho, abogaba por aplazar las evaluaciones hasta que pudieran ser presenciales.

Hace unos días, la prensa recogía que miles de universitarios solicitaban la suspensión de los exámenes presenciales por miedo a los contagios, y la consecuente transformación de estos en exámenes “on-line”. La pregunta es directa y recurrente: ¿es una buena idea, para alumnos y para docentes (excluyendo, obviamente, la existencia de riesgo sanitario evidente)? Trataré de aportar evidencias objetivas y, probablemente, algunos sesgos profesionales.

¿Qué es un examen?

La primera cuestión que debemos plantearnos es, precisamente, qué es un examen. Según la R.A.E. de la Lengua, es una “prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el ejercicio y profesión de una facultad, oficio o ministerio, o para comprobar o demostrar el aprovechamiento en los estudios”.

La definición es clara y aséptica. Pero quienes han pasado por las aulas sabrán que un examen es un “hervidero de incentivos” (entiéndanlo como desee) en el que se evalúan no solo conocimientos adquiridos, sino también competencias que, en muchos casos, son aún más valiosas que el propio conocimiento de la materia.

Como docente, me atrevo a afirmar (esto es una opinión) que la mejor opción es siempre realizar una evaluación continua de las asignaturas (esa era la piedra angular del Plan Bolonia, aunque no necesariamente lo lograse). Pero como sabemos, su relación con el tamaño de la clase es inversa: cuanto mayor es el grupo, menor es la probabilidad de aplicar dicha evaluación. Y hay que recordar también que las reformas, sin financiación, suelen no alcanzar los resultados previstos.

¿Por qué no es gratis pasar de exámenes presenciales a on-line?

Un examen “on-line” tiene una característica claramente diferenciadora e indiscutible respecto a uno presencial: las garantías sobre su honesta realización disminuyen notablemente. Y eso, suceda o no el hecho ilícito, afecta a todo el proceso de evaluación, e incluso de estudio: desde la propia configuración del examen, al contenido, estructura, tiempo de realización, etc.

La OCDE (2020) publicó un documento acerca de los exámenes “on-line” durante la pandemia del Covid-19 en la Universidad, en el que destacaban los principales retos a los que se enfrentan estos instrumentos. A saber: la posibilidad de actos académicos deshonestos; la dificultad de evaluar competencias y habilidades; las diferentes situaciones personales durante el examen (el aula es igual para todos, pero los hogares no); y el riesgo de fallos técnicos.

García-Peñalvo et al (2020) (aquí, aquí o aquí), añaden que los docentes podemos incurrir en una transformación no adecuada del sistema de evaluación de las asignaturas a “on-line”; la existencia de brechas tecnológicas, de uso y de competencia digital; y la falta de apoyo por las autoridades político-académicas.

Por lo anterior, la OCDE planteaba recomendaciones al respecto, resumidas en: 1) cancelar o posponerlos, si fuera posible (como apuntó Javier Ferri); 2) garantizar la supervisión “on-line”; 3) rediseñar los exámenes; 4) sustituirlos por otros modos de valoración (exámenes orales, mayor evaluación continua, etc.).

¿Se han evaluado resultados “on-line” vs presenciales?

Sí. Y la literatura presenta resultados poco halagüeños. Butler-Henderson y Crawford (2020) hacen un repaso de los problemas que genera la realización de exámenes “on-line” a partir de 31 artículos de investigación. Su análisis descriptivo muestra las dificultades en la realización de los mismos.

Vázquez et al (2021) utilizan datos de un experimento en un examen con dos tipos de supervisión (en directo y a través de webcam). Los autores encuentran que los resultados son un 11% mejores en aquellos cuyo sistema de vigilancia era más laxo, lo que señala potenciales problemas de “copieteo” cuando nadie supervisa.

Dendir y Maxwell (2020) aprovechan la introducción de vigilancia por webcam para un examen de dos cursos online (en uno se introdujo y en otro no). Las estimaciones concluyen que, controlando por otros factores, los resultados empeoraron allí donde existía vigilancia por cámara, apoyando estos resultados la hipótesis de actividades deshonestas por parte del alumnado. Daniel Montolio encontró, analizando datos promedio sin controles de dos cursos académicos diferentes, que en los exámenes no-presenciales el alumnado obtenía mejores notas.

Klijn et al (2020) estudiaron, con datos de 500 estudiantes de Economía y ADE en una Universidad española, cómo afectó a los resultados de los exámenes que estos fueran no-supervisados (por la pandemia, en el segundo semestre de 2020). Dicho examen se configuró como uno de múltiples respuestas, sin posibilidad de retroceso, con diferentes rondas de preguntas (que provenían de órdenes de preguntas aleatorios).

Los autores encontraron que las preguntas que formaban parte de las rondas anteriores, en las siguientes aumentaba un 7,7% la nota media respecto de la anterior, además de reducirse un 18,1% el tiempo que tardaban en responder. Dicho de otra forma: hicieron trampas. Ello se debió a los flujos de información desde las rondas anteriores hacia las posteriores (calculan que entre el 13,4% y el 22,5% de los estudiantes realizaron tales trampas). Y, lo que es más grave, un recordatorio del código de ética de la universidad que se envió a un subgrupo a mitad del examen, no afectó a los niveles de copiado (el efecto disuasorio por la potencial sanción fue nulo).

¿Conclusión?

El cambio en la forma de evaluar no es trivial. La mejor opción es (repito, es una opinión) la evaluación continua, pero en grupos grandes se torna en una misión casi imposible. En consecuencia, si el curso no ha podido transformarse de esa forma, a la dificultad que tiene el profesorado de realizar un examen que sintetice los conocimientos y competencias a adquirir, se suma las dudas sobre la realización del mismo por parte del alumnado en modalidad “on-line”.

Ello implica que los profesores no configuremos los exámenes de la misma forma (quizás estemos demasiado preocupados en que no copien) y empeore la calidad del mismo o el tiempo concedido para responder, entre otros.

Si hacemos un examen donde se incentive al alumnado a engañar, este deja de serlo. Y los exámenes on-line lo consiguen, empeorando por tanto los conocimientos del alumnado, sus resultados futuros y poniendo claramente en duda la valía de los títulos obtenidos (no hay que olvidar la potencial existencia de un efecto de desprestigio generalizado).

En esto, siempre se puede acudir a la frase que suelo (perdón por poner mi ejemplo) espetar al alumnado que justifica copiar en un examen: “ojalá el médico que tenga que tratarnos en el futuro no esté copiando ahora mismo”. Es dura, pero todos lo entienden. Solo internalizando efectos aprendemos, porque nada es gratis.

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España y la divergencia económica antes de la industrialización

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De Ernesto López Losa

Aunque el interés sobre las raíces del crecimiento económico, sobre lo qué hizo (y hace) a unas sociedades más ricas que otras, no es ciertamente nuevo (“…the causes of wealth and poverty of nations, the grand object of all enquires in Political Economy” le escribía Thomas Malthus a David Ricardo en 1817), hoy sigue siendo un tema central en la literatura histórico-económica. Entre las líneas de investigación abiertas, y en los debates subsiguientes, hay una cuestión que ha ido ganando cada vez más peso: la cronología del crecimiento y, por lo tanto, de la divergencia económica. Robert Allen lo resumía con esta sencilla frase: si queremos saber cómo los países ricos se hicieron ricos primero deberíamos saber desde cuándo son ricos (aquí).

Un primer antecedente lo constituyó la constatación empírica de que la Revolución Industrial no habría sido tan revolucionaria; el crecimiento fue más lento de lo estimado (aquí). Ello abrió la puerta a entender el pasado preindustrial no como un largo período de estancamiento (l’histoire immobile) sino como un tiempo en el que hubo un cierto dinamismo económico sobre el que se apoyaría la industrialización posterior. Esto renovaría el interés historiográfico en la reconstrucción cuantitativa del pasado preindustrial, aunque el gran avance a este respecto se ha producido en las dos últimas décadas a partir dos publicaciones ya clásicas. Una es el libro de Kenneth Pomeranz The Great Divergence, que cuestiona la explicación de la Revolución industrial centrada en la llamada excepcionalidad europea, (aquí) (aquí); la otra, el artículo de Robert Allen, The Great Divergence in European wages and prices, en el que compara la evolución de los salarios reales en Europa desde la Edad Media, calculados como ratios sobre una línea de pobreza, y que le serviría para ir prefigurando su tesis sobre la industrialización británica. Según Allen “la estructura única de salarios y precios de Gran Bretaña fue el pivote alrededor del cual giró la revolución industrial” (aquí).

Si el libro de Pomeranz engrasó los debates sobre la famosa Gran Divergencia entre Europa y el resto del mundo, la segunda obra impulsó la investigación sobre la llamada Pequeña Divergencia, término que, en este caso, haría referencia a la bifurcación de las trayectorias económicas en el continente europeo antes de la industrialización. Así, la investigación se ha centrado en medir desde cuándo y explicar por qué la Europa Noroccidental fue capaz de ir eliminando las restricciones malthusianas hasta convertirse en una región próspera y dinámica frente a un continente estancado. Las estimaciones del PIB per cápita y, particularmente, las comparaciones a largo plazo de los salarios reales, situarían las raíces del excepcionalismo noroccidental, y los inicios de la divergencia dentro de Europa, en la Edad Media (aquí) (aquí).

En un reciente artículo escrito en colaboración con Santiago Piquero (aquí) discutimos y proponemos otra lectura de la evolución de los salarios reales en España y su ubicación en esa Pequeña Divergencia. Para ello hemos reunido una nueva base datos de precios y salarios entre 1500 y 1800, que mejora y amplia la evidencia disponible hasta ahora. A partir de la misma, hemos elaborado series de salarios reales para Sevilla, Madrid, Valladolid, Valencia y Barcelona siguiendo el modelo Allen de ratios sobre un mínimo teórico de subsistencia (aquí). De manera resumida, lo que tratamos de averiguar es en qué medida los nuevos datos confirman o alteran la imagen que sobre España y la Pequeña Divergencia ofrece la historiografía económica. Por un lado, las nuevas series muestran que si bien con respecto a la España mediterránea (ejemplificada por los datos de Valencia y Barcelona) los cambios serían menores, en la Corona de Castilla, las estimaciones sobre Sevilla y Madrid ofrecen una imagen distinta y menos negativa que la dominante hasta ahora.

Ratios de subsistencia en Madrid, 1500-1800. Datos antiguos vs Datos nuevos

Pero, además, el texto aborda un aspecto metodológico importante que tiene que ver con la validez de las comparaciones que se hacen. Para calcular el mínimo de subsistencia de una familia teórica de cuatro miembros, Allen construye una cesta con los alimentos y los bienes básicos más baratos disponibles. De entre los cereales, que forman la partida principal del presupuesto, en los cálculos de Londres y Ámsterdam opta por los precios de la avena, el cereal más barato; en cambio, para las cestas de Madrid y Valencia utiliza los precios del trigo que, a diferencia del caso anterior, era el más caro en España. Allen, discutiblemente, argumenta que en España por razones ecológicas no se producía otro cereal más barato que pudiera servir de substituto, mientras que en Inglaterra sí se daba esa posibilidad; de ahí el uso de la avena (aquí). Todo ello genera, en nuestra opinión, una comparación desequilibrada. Por ejemplo, en los presupuestos españoles podría haber recurrido a la cebada. Es cierto que no era el típico cereal panificable, y que se usaba para alimentar al ganado; pero, al final, esa era la misma función que cumplía la avena en aquellas ciudades europeas. Lo que las fuentes y la historiografía señalan es que las clases populares en Londres no consumían gachas, porridge, o pan de avena y sí pan de trigo de distintas calidades desde la Edad Media. Sí lo hacían, en cambio, en el norte de Inglaterra, o en Escocia; pero, para calcular los salarios reales británicos, Allen no utiliza los jornales de los trabajadores de esos lugares, sino que usa los que se pagaban en Londres, que hasta la segunda mitad del XVIII doblaban prácticamente a los anteriores, según sus propios datos. Es decir, calcula las veces (ratios) que el salario de esos trabajadores estaría por encima del mínimo de subsistencia utilizando los precios del cereal más barato, el que se consumía en las zonas más pobres, con los jornales que se pagaban en las zonas más ricas, que eran los más altos del país.

Ante esta tesitura, en el artículo hacemos otra propuesta. Si se acepta que lo que en las ciudades se consumía era principalmente pan y no grano, en nuestro supuesto simulamos el coste de ese mínimo de subsistencia con los precios del pan más barato que se conoce que se vendía en el ámbito urbano (pan negro o moreno de trigo en Madrid, Sevilla, Valencia y Londres, y de centeno en Ámsterdam). Al computar los precios de un bien de utilidades similares en todos los sitios, se elimina la distorsión que genera el empleo de granos de distintas características y precios relativos. Los resultados obtenidos dan una imagen bien distinta a la que ofrecía el modelo original, ya que el nivel de los salarios reales en las principales ciudades de la Corona de Castilla no se diferenciaría mucho del que se podían encontrar en el noroeste de Europa hasta inicios del siglo XVIII. En realidad, en el texto no discutimos la Pequeña Divergencia, pero sí el que fuera tan temprana e intensa. Además, estos nuevos cálculos mostrarían también que los salarios reales en el sur de Inglaterra o en los Países Bajos no serían tan altos como se ha venido sosteniendo hasta ahora.

Dos estimaciones de salarios reales en la Europa preindustrial. (a) Ratios de subsistencia (grano), modelo Allen (b) Ratios de subsistencia (pan negro). Medias móviles 25 años.

Además de presentar unas estimaciones más precisas sobre los salarios reales en España gracias a unos datos base de mejor calidad, el artículo resalta la importancia de las opciones metodológicas. En función de qué criterios que se sigan, incluso utilizando los mismos datos, los resultados pueden variar de manera significativa. Y ello lógicamente influye en las metanarrativas que se construyen a partir de los mismos.

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