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La curiosa razón por la que medio millón de españoles no podrá encontrar pareja

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Si eres un varón heterosexual de unos 25-45 años y tienes la impresión de no quedan chicas solteras, es posible que estés siendo víctima de un fenómeno que los demógrafos llaman el “marriage squeeze” (algo así como el “apretón matrimonial”), generado por el dramático descenso de la natalidad que tuvo lugar en España entre mediados de los 70 y mediados de los 90.

La intuición es la siguiente. En todos los países la mayoría de los varones tiende a emparejarse con chicas ligeramente más jóvenes. Por ejemplo, en España en el año 2000 la diferencia media de edad en las parejas estaba en torno a los 2.7 años y únicamente en un 15% de las parejas la mujer tenía mayor edad. Un descenso continuado de la natalidad provoca una disminución en el número de chicas más jóvenes con las que normalmente tienden a emparejarse los varones al tiempo que aumenta la “competencia” a la que estos se enfrentan por parte de los varones que ha nacido en años anteriores.

El problema del “marriage squeeze” es particularmente grave en el caso español, A mediados de la década 70 nacían en España unas 680,000 personas al año. Durante los siguientes veinte años la natalidad se redujo a un ritmo del 3% anual, hasta llegar en 1995 a una cifra de unos 360,000 nacimientos, prácticamente la mitad que dos décadas antes. Además, tenemos que tener en cuenta que en España, como sucede en aquellos países en los que no hay (casi) abortos selectivos en función del sexo, nacen en torno a 106 varones por cada 100 féminas. Como consecuencia del descenso de la natalidad y la mayor probabilidad natural de que nazcan hijos varones, en las cohortes nacidas en España entre 1976 y 1995, por cada 106 varones, hay aproximadamente unas 100 mujeres de la misma edad, 97 mujeres un año más jóvenes, 94 dos años más jóvenes, y así sucesivamente.

Número de varones y mujeres nacidos en España, 1975-2000

Si se mantiene la diferencia de edad en las parejas, esta estructura demográfica implicaría que en estas cohortes habría un “exceso” de en torno a un 15% de varones respecto al número de mujeres con las que potencialmente podrían emparejarse. El exceso de varones es aún mayor en las zonas que han sufrido una mayor caída demográfica, por ejemplo, en zonas del noroeste peninsular como Asturias y Galicia donde la natalidad cayó durante este período a un ritmo de cerca de un 5% anual. También es probable que el “marriage squeeze” afecte en mayor medida a los varones con menor nivel educativo y a los que viven en zonas rurales, donde se añade el problema del éxodo femenino a las ciudades.

Exceso de varones por cada 100 mujeres, manteniendo constante la diferencia de edad en los matrimonios observada en 2001.

Existen diversos factores que podrían atenuar este desequilibrio. Sería menor si inmigrasen relativamente más mujeres extranjeras, pero en España el número de inmigrantes de ambos sexo es muy similar (2.9 millones varones y 2.8 millones mujeres, según el censo de 2011). El “exceso” de varones heterosexuales también sería menor si aumentase la población masculina homosexual. Sin embargo, a pesar de que parece haber aproximadamente el doble de parejas de varones que parejas de mujeres, esta tendencia no ha cambiado a lo largo de tiempo y las magnitudes son relativamente pequeñas (Cortina 2016). Otro potencial mecanismo de ajuste sería un cambio en la diferencia de edad de las parejas pero esta no ha cambiado practicamente en las últimas décadas quizás porque, como apunta Bhaskar (2019), cuando los cambios de natalidad son permanentes, la capacidad de encontrar novias más jóvenes se ve limitada por la constante disminución del tamaño de las cohortes.

Los datos del censo parecen confirmar la hipótesis de que en España hay un “exceso” de varones solteros que ha aumentado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, entre los nacidos en 1971, antes de que comenzase la transición demográfica, se observa que a la edad de 30 años (en 2001) el 47% de los varones estaba casado o convivía con su pareja, comparado con el 61% de las mujeres. En cambio, para la cohorte nacida en 1981, cuando la natalidad caía al 3% anual, la probabilidad de que un varón estuviese casado o conviviese con su pareja a los 30 años (en 2011) desciende al 46%, mientras que para las mujeres aumenta al 63%.

La literatura académica sobre las consecuencias del “marriage squeeze” provocado por las caídas de natalidad es aún muy escasa, con la notable excepción de Bhaskar (2019), seguramente porque es un fenómeno bastante reciente. En su mayor parte, la literatura ha estudiado el proceso contrario, las consecuencias del crecimiento demográfico. En este caso se produce un “exceso” de mujeres jóvenes y diversos autores han argumentado que esto habría generado un deterioro en la situación de la mujer, contribuyendo al aumento de la cuantía de las dotes en la India y de la poligamia en el África subsahariana. España se enfrenta al problema contrario. El descenso de la natalidad ha favorecido probablemente a las mujeres, aumentando sus posibilidades de encontrar pareja y, en jerga económica, mejorando su poder de negociación en el “marriage market”, pero al mismo tiempo dificulta que muchos hombres puedan encontrar pareja. En una próxima entrada discutiré las consecuencias económicas y políticas de este fenómeno.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Manuel Bagues

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¡Más ladrillo!

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Antonia Díaz

Los primeros datos del INE certifican los augurios. El PIB cayó un 5,2% durante el primer trimestre (respecto al trimestre anterior) y esperamos con inquietud las cifras del segundo trimestre. El número de afiliados en junio ha vuelto a niveles de 2017. Tras la durísima Gran Recesión, la crisis de COVID-19, con su componente sanitario y la enorme incertidumbre que arroja sobre la economía, nos está poniendo muy nerviosos. Tomar decisiones en un contexto tan volátil es complicado pero hay una cuestión clara: debemos tener un plan de reactivación de la economía, especialmente en aquellos sectores que, por su tamaño o sus sinergias con el resto de la economía, son esenciales. Esta reactivación no debe de hacerse de espaldas al otro gran reto que enfrentamos: el cambio climático. Todo lo contrario; especialmente si tenemos en cuenta que el Fondo de Recuperación “Next Generation”, articulado en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, tiene como eje principal la transición ecológica y digital, como ya vimos aquí. Hay que aprovechar el momento para sentar las bases de una política industrial con miras de largo plazo. En este post voy a poner un ejemplo práctico de política en un sector paradigmático: la construcción. Algunas de las ideas que aquí desarrollo las esbocé para este informe de Fedea cuando se me pidió reflexionar sobre medidas para la reactivación del sector tras el COVID-19.

Características del sector

El sector de la Construcción aporta alrededor del 5,6% del PIB de la Eurozona durante el periodo 1995-2019. En España la media para ese periodo es 8,9%. Esta importancia mayor también se refleja en el empleo (6,9% en la Eurozona frente a 9,1% en España).

Tabla 1: El peso del sector de la Construcción. Elaboración propia. Eurostat.

Atendiendo a los datos trimestrales de Eurostat, parece que la productividad media por trabajador en España se mueve como en el resto de la Eurozona (véase la Figura 1), aunque con una mayor fluctuación cíclica. En cambio, los datos de EU KLEMS (anuales) muestran que la Productividad Total de los Factores es mucho menor en España que en los países de nuestro entorno (véase aquí, aquí, o aquí algunos posts sobre la PTF en este blog), aunque queda por saber en qué grado el boom inmobiliario del periodo 1996-2007 fue el responsable de esa divergencia.

Figura 1: Productividad media y PTF en el sector de la construcción. Datos de Eurostat y EU KLEMS.

Estos datos agregados ocultan una gran heterogeneidad. En particular, el peso de la pequeña y mediana empresa en el sector, que es muy acusado y por encima de la media en la Eurozona. Una inspección somera de los datos nos dice que el sector de la construcción tiene un peso superior en España que en los principales países de la Eurozona y que es aparentemente menos productivo. A pesar de ello, según Statista, 3 de las 10 constructoras más grandes de toda Europa (en capitalización bursátil) son españolas lo que es un indicador de la capacidad de internacionalización de las corporaciones españolas. Donde hay una mayor divergencia es en los subsectores: en España el peso de la construcción de edificios respecto a la ingeniería civil y trabajos especializados es mucho mayor que en los países de nuestro entorno. La Tabla 2 muestra el peso de los tres subsectores: construcción de edificios, ingeniería civil y trabajos especializados. Este último engloba electricistas, cimentadores, etc. El subsector de la construcción de edificios está hipertrofiado en número de empresas y empleo y es el que menos Valor Añadido genera por trabajador. Curiosamente, en Alemania, Francia e Italia el subsector con una productividad media más baja es Trabajos Especializados.

Tabla 2: Datos de Eurostat, 2017. Elaboración propia.

Ese mayor peso puede ser el origen de la menor productividad del sector en España, Sería deseable profundizar más en las características del sector, pero todo apunta que el predominio de empresas pequeñas es una de las causas de tan baja productividad, La siguiente pregunta es por qué hay tanta pequeña empresa, Además del peso en el empleo de la construcción de edificios, la actividad ha estado orientada a la edificación de nueva planta en vez de a la rehabilitación, Por ejemplo, en el año 2000 solo el 13% de las licencias visadas lo fue para trabajos de rehabilitación, Esta cifra alcanza el 41,6% en 2017.

La fluctuación cíclica del sector casi duplica en tamaño la del resto de la economía, siendo esto una característica típica del sector. En España, dado que tiene un peso relativo mayor, provoca una amplitud mayor en la variación cíclica del PIB. Por ejemplo, se calcula que durante el primer trimestre de 2020 la caída interanual del Valor Añadido Bruto fue del 8,5%, más del doble que la caída del Valor Añadido Bruto total (-4,1%). Esta diferencia tan acusada en la respuesta sectorial también se produce en el empleo. Las horas trabajadas cayeron en 4,23% (interanual), mientras que en el sector de la construcción la caída fue del 0,98%. Este fuerte descenso de actividad puede lastrar la economía y el empleo durante bastante tiempo.

Figura 2: El peso de la Construcción en el Valor Añadido Bruto agregado, empleo y horas trabajadas. INE.

La Figura 2 muestra que las fluctuaciones cíclicas del sector son enormes. La construcción de edificios y la obra en ingeniería civil dependen muchísimo del ciclo y, especialmente la última, de la inversión pública. Si a eso añadimos que la construcción de edificios genera un empleo de escasa cualificación, tenemos un sector muy poco preparado para afrontar el European Green Deal, además de ser fuente de muchísimas distorsiones en el mercado laboral. Por ejemplo, Bonhomme y Hospido encuentran que gran parte de la evolución de la distribución de salarios durante el periodo 1997-2007 estuvo dominada por el boom de la construcción que disparó los salarios no cualificados en el sector. De hecho, durante esos años se hablaba de la paradoja española, ya que los datos no mostraban que la educación universitaria fuera rentable (en términos de salarios de mercado).

Por tanto, hay que diseñar políticas para reconducir al sector y que sea menos dependiente de la edificación de obra nueva, que emplee mano de obra cualificada y, si puede ser, menos cíclico.

Rehabilitación: La asignatura pendiente

Según la Agencia Internacional de la Energía, el sector de la construcción suele ser responsable del 11% de las emisiones de CO2 (en países OCDE), mientras que el sector residencial es responsable de un 30%. De ese 30%, alrededor de dos terceras partes es consumo de energía para calefacción y ambientación de las viviendas. En España hay un gran margen de ganancias en eficiencia energética de los edificios a través de la rehabilitación de edificios. El informe de 2018 del IDAE sobre el estado de la certificación energética de los edificios en España es elocuente. De ahí he sacado estos gráficos:

Figura 3: Calificación energética de los edificios existentes y de nueva planta certificados. IDAE.

Como vemos, más de la mitad de los edificios nuevos tienen certificación C o superior, pero solo el 5% de los edificios existentes la tienen. Y, según ese informe, los edificios nuevos son menos del 2% del parque existente. El objetivo debería ser renovar todos aquellos edificios que actualmente tengan una calificación energética por debajo de C en un plazo razonable.

Un estudio financiado por la Comisión Europea dentro del programa NEUJOBS estima que la rehabilitación eficiente de edificios es un dinamizador del sector con gran potencial para crear puestos de trabajo. No solo eso, sino que tiene gran potencial para elevar la cualificación del empleo. La Comisión Europea apuesta (véase aquí,aquí, o aquí, por poner algunos ejemplos) por la “construcción sostenible” como una forma de construir edificios eficientes en el largo plazo. Como siempre, la cuestión es cómo se diseña la política que oriente al sector hacia la rehabilitación eficiente energéticamente.

El objetivo marcado por el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Ministerio para la Transición Ecológica es rehabilitar 1.200.000 viviendas de aquí hasta 2039, a un ritmo de 300.000 viviendas por año. En 2019 el número de viviendas rehabilitadas fue de 30.000. ¿Cómo podemos multiplicar por diez ese número? Pues con palo y zanahoria (incentivos).

Los incentivos a la rehabilitación de edificios deben dirigidos a los dueños de los edificios y fincas. Las subvenciones para rehabilitar deben ir acompañadas, por ejemplo, con un recargo en el IBI si no se lleva a cabo en tiempo y forma. Este recargo está justificado porque es una forma de internalizar la externalidad que esa vivienda ineficiente impone en la comunidad en forma de calor y emisiones por uso de calefacción. Si la subvención tuviera la forma de rebaja en el IBI (condicionada a las características del inmueble y dueño), el ayuntamiento sería el que debería solicitar las ayudas de la EU englobadas en el European Green Deal y el esperado Fondo de Recuperación. Las ayudas a las empresas deben estar condicionadas a la reorientación de su actividad a la construcción sostenible y rehabilitación y gravando a aquellas empresas que no cumplan los criterios de sostenibilidad pertinente. Las subvenciones deberían orientarse a promover el empleo de calidad, facilitando el reciclaje de trabajadores en prácticas sostenibles. Hay un artículo muy interesante en la web del Green Building Council España que describe una propuesta parecida a ésta.

Reorientar la actividad desde la construcción de nueva planta a la rehabilitación tiene varias ventajas. Desde el punto de vista agregado, hace al sector menos dependiente del ciclo y permite que tenga un empleo más estable. Hace que aumente su uso de mano de obra cualificada, lo que redunda en una mayor productividad. Y, finalmente, nos permite luchar contra el cambo climático. El reto está ahí y hay que actuar con rapidez.

¿Política sectorial o política de vivienda?

Finalmente, quiero destacar que no se debe confundir las políticas. Recientemente, en la cumbre de la CEOE celebrada durante el mes de junio, algunas voces pidieron al Gobierno un plan para que los menores de 35 años puedan comprar vivienda. Es decir, el sector está pidiendo que se infle la demanda para seguir “business as usual”. Esta confusión de ayudas destinadas a las familias con políticas sectoriales es muy perjudicial. Cada política debe obedecer a un objetivo diferente aunque deben ser analizadas en conjunto para evitar que las ayudas a las familias acaben, simplemente, aumentando precios y márgenes de beneficios de las empresas. Aunque la política de vivienda requiere un post en sí mismo, quiero apuntar que para garantizar vivienda asequible hay que fomentar la competencia en el mercado y eso solo puede conseguirse con la mezcla adecuada de vivienda pública de alquiler o reintroduciendo en el mercado viviendas vacías con medidas como la Bizigune en el País Vasco.

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La violencia doméstica durante el confinamiento en España: resultados de una encuesta online

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Por Esther Arenas-Arroyo, Daniel Fernández Kranz y Natalia Nollenberger

La potencial escalada de la violencia doméstica durante el confinamiento ha sido un tema de preocupación social y política, con amplia cobertura en los medios. Judit Vall nos contaba hace pocos días en esta entrada sobre el gran aumento que han tenido las llamadas al 016 durante el confinamiento. Si bien un aumento de tal magnitud podría hacernos pensar que la violencia se ha disparado, hay que tener en cuenta que el 016 es un teléfono de información que atiende también otro tipo de consultas, como las relacionadas con el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados, que también parecen haber aumentado durante las primeras semanas del estado de alarma (aquí). Otras estadísticas asociadas a la evolución de la violencia de género son los homicidios, que cayeron un 42% en marzo-mayo respecto al mismo período de 2019, o las denuncias, sobre las cuales no tenemos datos definitivos pero parecen haber disminuido durante el confinamiento (aquí y aquí). Sin embargo, tanto la violencia más extrema como los casos reportados pueden disminuir durante el inicio de una pandemia (algunas de las razones se explican aquí) al mismo tiempo que aumenta la violencia menos extrema.

Para superar las limitaciones de las estadísticas disponibles y contribuir a un mejor entendimiento de un fenómeno de tanta importancia social, hemos realizado una encuesta online y preguntado a las mujeres españolas sobre el vínculo con su pareja durante el confinamiento. La encuesta se realizó entre el 17 de mayo y el 12 de junio y fue distribuida únicamente por Facebook a través de una página creada para este fin (independiente de nuestra lista de contactos) y mediante la herramienta “promocionar” publicación. Esta herramienta permite distribuir una publicación aleatoriamente entre las usuarias de Facebook estableciendo un público objetivo; en nuestro caso, mujeres entre 18 y 60 años residentes en España. Si bien la distribución de la encuesta es aleatoria, una vez visto el anuncio en Facebook la mujer puede decidir participar o no. En total, 13.786 mujeres completaron la encuesta, de las cuales un 78% convivían con su pareja heterosexual en ese momento. Debido a la participación voluntaria y a la selección primaria de usuarias de Facebook, la encuesta no es necesariamente representativa de la población objetivo. Aun así, la muestra obtenida presenta una distribución por nivel educativo, edad y provincia parecido al de la población general. Para corregir las diferencias entre la distribución de nuestra muestra y la población, hemos ponderado las observaciones para hacerlas representativas por edad y niveles educativos a nivel de provincia. El uso de estos ponderadores no altera de forma importante los resultados que mostramos más adelante.

Siguiendo los protocolos sugeridos para la realización de este tipo de encuestas, la misma fue promocionada no como una encuesta sobre violencia sino como una encuesta para conocer los efectos del confinamiento sobre el vínculo de las mujeres con su pareja.

Primero se incluyeron preguntas relativas a la situación laboral, estado civil, nivel de estudios, e impacto de la pandemia en la actividad laboral presente y futura, tanto de las encuestadas como de sus parejas. Finalmente, y siguiendo la estructura (aunque acortada) de las Macroencuestas sobre Violencia de Género que realiza la delegación del gobierno, preguntamos a las encuestadas si habían sufrido antes y durante el confinamiento alguna de 9 circunstancias diferentes que se asocian a un contexto de violencia de género y que cubren situaciones como insultos, amenazas, abuso sexual, violencia física o control de la víctima.

Siguiendo la práctica habitual en estos análisis, identificamos como víctima de violencia de género a una mujer que contesta “a veces” o “frecuentemente” a alguna de las nueve situaciones mencionadas (19% de las encuestadas). Nuestro objetivo es medir los efectos del confinamiento y del estrés económico ocasionado por la COVID-19. Dado que ambas variables (confinamiento y estrés económico) no están perfectamente correlacionadas (la correlación es del 30% en nuestra muestra), podemos medir el impacto de cada una de ellas controlando por el valor de la otra. Para ello, definimos dos indicadores: el primero indica si el hombre estuvo confinado en casa la mayor parte del tiempo (teletrabajó o bien estuvo sin empleo: el 56% de la muestra). La segunda variable mide si el hombre se encuentra en el momento de la encuesta en alguna de las siguientes tres situaciones: afectado por un ERTE, perdió su empleo o clientes como consecuencia de la pandemia, o teme perderlo en los próximos meses (42.5% de la muestra). Los siguientes gráficos muestran el cambio en la violencia de género durante el confinamiento según el grado de confinamiento y de estrés económico del hombre. Al excluir del análisis otras variables potencialmente correlacionadas con las variables de interés, los resultados que se muestran son puramente descriptivos.

El primer resultado que destaca en el gráfico 1 es el aumento significativo de la violencia doméstica para las mujeres cuya pareja ha estado confinada o bajo estrés económico, que alcanza el 13% en el caso de producirse ambos extremos al mismo tiempo. En cambio, la violencia doméstica disminuye un 1% para las mujeres cuya pareja no ha estado confinada ni ha sufrido estrés económico. Otro resultado interesante del gráfico 1 es que el confinamiento y el estrés económico del hombre parecen ejercer un impacto independiente el uno del otro sobre la violencia, que alcanza valores máximos cuando ambos contextos se combinan. El gráfico 2 muestra los resultados por tipo de violencia. Los aumentos son muy importantes para el abuso psicológico (tanto emocional como de control), y menores para el físico y sexual. Para este último tipo de violencia encontramos una disminución de su incidencia, con independencia de la situación de confinamiento y/o de estrés económico.

Los gráficos 3 y 4 ofrecen otra perspectiva de los mismos resultados, en este caso agregando los efectos a nivel de provincia. En el gráfico 3 se observa que las provincias con mayor porcentaje de hombres confinados, presenta un aumento mayor de la violencia de género. El mismo resultado se desprende cuando medimos el grado de estrés económico del hombre a nivel de provincia (gráfico 4).

El gráfico 5 muestra un resultado que, a pesar de ser previsible, sorprende por su intensidad: el porcentaje de mujeres que sintiéndose maltratadas denunciaron a sus parejas cae abrúptamente durante el confinamiento, pasando del 15% a menos del 2%.

En conclusión, los resultados preliminares de nuestra encuesta confirman el temor a que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento. En análisis futuros mediremos la robustez de estos resultados a la inclusión de controles adicionales. También estudiaremos el impacto del confinamiento de la mujer y del estrés económico originado por la situación laboral de la mujer. Utilizaremos otras medidas de confinamiento, como los datos de movilidad proporcionados por el INE (aquí), como instrumento o medida exógena de la probabilidad de confinamiento de los miembros de una pareja. Finalmente, con el objetivo de entender el impacto del estado de alarma no solo en la violencia de género, sino también en las denuncias, usaremos datos administrativos del CSPJ y del Ministerio de Interior (VIOGEN).

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La pandemia actual a la luz de las grandes crisis de mortalidad españolas de los siglos XVIII al XX

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De Enrique Llopis Agelán* (Universidad Complutense) y Vicente Pérez Moreda** (Universidad Complutense y Real Academia de la Historia). Este texto ha sido reproducido también en el Blog Conversaciones sobre la Historia.

André Mazet atendiendo a los enfermos de fiebre amarilla en Barcelona, litografía de Jacques-Etienne-Victor Arago (S. XIX) | Imagen Colección Wellcome

El propósito principal de este artículo es presentar la actual pandemia en perspectiva histórica, comparándola con las grandes crisis de mortalidad registradas en Castilla o en España en los siglos XVIII, XIX y XX. Sirva como adelanto que el impacto del COVID-19 en España está siendo mucho menos letal que las frecuentes crisis que azotaron nuestro país en el pasado.

Desde hace mucho tiempo, el Grupo Complutense de Historia Económica Moderna de la Universidad Complutense lleva reconstruyendo, en archivos parroquiales y diocesanos de varias regiones, series anuales seculares de los sucesos vitales de los siglos XVI-XIX. Dicho Grupo ha confeccionado más de 700 series de bautizados y cerca de 300 de defunciones. Nos centraremos aquí en los datos procedentes de las partidas de defunción y bautismo de 138 localidades de nueve provincias castellanas (Burgos, Palencia, Zamora, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, Ciudad Real y Albacete), por medio de los cuales podremos examinar no sólo la evolución de la mortalidad (tasas brutas de mortalidad anuales, previamente reconstruidas) entre 1700 y 1889, sino también identificar y medir la frecuencia e intensidad de las alzas bruscas (las crisis) de mortalidad del pasado. Otro tanto se hace con referencia al periodo siguiente, de 1890 a 2019, analizando en este caso las crisis de mortalidad en el conjunto español, para compararlas con las de la amplia muestra “castellana” de los dos siglos anteriores; y finalmente, unas y otras, con la sobremortalidad y la intensidad de la actual crisis epidémica que estamos padeciendo, la provocada por la Covid-19.

En el gráfico 1 se puede observar el número de crisis de mortalidad detectadas en esa amplia muestra de localidades castellanas durante los siglos XVIII y XIX, y en la España del periodo 1900-2020, así como la sobremortalidad o incremento sobre la mortalidad ordinaria que se registró en cada una de ellas y el nivel que alcanzó la tasa bruta de mortalidad en cada fecha. El gráfico 2 muestra la intensidad de la mortalidad “extraordinaria” en cada año de crisis. Hemos considerado que se trataba de una crisis de mortalidad cuando la tasa bruta superaba en más de un 20 % al valor de la media truncada de once años centrada en el año en cuestión.

En Castilla, el promedio de la tasa bruta de mortalidad fue del 40,1 ‰ en 1700-1799, del 48,2 ‰ en 1800-1814 y del 33,7 ‰ en 1815-1889. Estas tasas eran superiores a las registradas en otras regiones periféricas españolas y en la mayor parte de países de Europa occidental. Aunque el riesgo de muerte descendió en Castilla después de la Guerra de la Independencia, tal caída duró poco tiempo y fue mucho menor que las registradas en la mayor parte de regiones del occidente europeo en el siglo XIX.  En España, el promedio de la tasa bruta de mortalidad fue del 24,5 ‰ en 1890-1930, del 12,5 ‰ en 1931-1965 y del 8,4 ‰ en 1965-2019. La transición demográfica se inició en nuestro país en la década final del siglo XIX, y la gran caída de la mortalidad estaba ya prácticamente completada en el decenio de 1960.

Castilla conoció 16 años de crisis de mortalidad en el siglo XVIII, 13 de ellos en su primera mitad y solo 3 en la segunda; y 10 en el XIX, 8 de ellos antes de 1850. Y en España, entre 1890 y 2019, solo se detectan dos crisis de mortalidad, la de 1918 y la de 1941. La intensidad de la pandemia de gripe en la primera de esas fechas superó ligeramente el 50 %, y en 1941, un año especialmente duro en la primera posguerra, apenas rebasó el 20 %. Por tanto, la mortalidad catastrófica se moderó en la segunda mitad del siglo XVIII, pero repuntó con violencia en la primera del XIX y, aunque su aparición fue desde entonces más débil y más insólita, no quedó erradicada por completo hasta mediados del siglo XX.

En el siglo XVIII, los principales episodios de mortalidad catastrófica tuvieron lugar en los años de la Guerra de Sucesión y en la década de 1740.  Las crisis de mortalidad de la segunda mitad del siglo, menores en número e intensidad, se pueden calificar como crisis agrarias o “mixtas”, si bien cabe destacar la naturaleza epidémica de la de 1786, que se inscribe dentro del marco de la grave irrupción epidémica de “tercianas” (malaria).

En la Castilla del siglo XIX, el 60 % de los años de crisis y el 64 % de la sobremortalidad se concentraron entre 1803 y 1813. Tras la Peste Negra de 1348-1351, o en todo caso tras la peste de 1596-1602, el mayor descalabro demográfico en dicho territorio fue, sin duda, el del trienio 1803-1805. Resultó brutal por su prolongada duración, su enorme intensidad y su casi completa universalidad –muy pocas localidades castellanas se libraron de este desastre-. El epicentro de la crisis se ubicó en 1804: solo en ese año falleció más del 11% de la población castellana. La sangría demográfica, por sobremortalidad y desnatalidad simultáneas, la hemos estimado en algo más de 450.000 individuos, y como es probable que Castilla contara con algo más de 3 millones de habitantes hacia 1802, resulta bastante verosímil que perdiese no menos del 15 % de su población en este trienio tan letal.

A diferencia de otras importantes crisis de mortalidad que tuvieron un carácter europeo, la de 1803-1805 solo se registró en España. Afectó a casi todas las regiones peninsulares, pero la magnitud de los destrozos demográficos fue mayor en las provincias castellanas, sobre todo de la Meseta septentrional, que en el resto de territorios peninsulares. ¿Por qué fue tan descomunal esta crisis? En Castilla, en la década de 1790, la natalidad había crecido, la mortalidad se había moderado y el crecimiento agrario se había avivado. Sin embargo, las amenazas y los desequilibrios económicos y financieros habían aumentado en ese tramo final del siglo XVIII. En el primer quinquenio del XIX se formó y estalló una “tormenta” casi perfecta. Las guerras napoleónicas, el conflicto con Inglaterra, las perturbaciones en el comercio internacional, el relativamente alto precio de los granos en muchos mercados europeos, el incremento de la presión fiscal y la escasa capacidad operativa de los pósitos y otras instituciones de beneficencia –de cuyos capitales y patrimonio se había apropiado la Real Hacienda para evitar el desmoronamiento del crédito público-, constituyeron parte del telón de fondo de tal desastre. Ahora bien, los principales factores determinantes del enorme descalabro demográfico y económico del trienio 1803-1805 fueron: 1) la sucesión de varias malas y pésimas cosechas desde el año agrícola 1800/1801, 2) el estrangulamiento de los mercados fruto de numerosas revueltas populares que indujeron o forzaron a las autoridades locales a solicitar, amparar o decretar la prohibición de la saca de granos; y, 3) varias importantes epidemias -fiebre tifoidea, paludismo, disentería, fiebre amarilla…-, cuya cronología, difusión y letalidad son todavía poco conocidas.

La situación volvió a empeorar durante la Guerra de la Independencia. En las dos Castillas, el año 1812 constituyó el de mayor mortalidad y fue recordado como el “año del hambre” en muchos sitios, sobre todo en la ciudad de Madrid. Las malas cosechas, agravadas por la guerra, desataron entonces una enorme carestía, de consecuencias terribles para la población de la capital, donde murieron entre 20 y 26.000 personas adultas, aún bastantes más de las que habían fallecido en 1804 en dicha urbe. El efecto conjunto de estas grandes crisis de los primeros quince años del Ochocientos se puede cifrar en una pérdida demográfica mínima de unos 800.000 habitantes.

En lo que resta del siglo XIX, tras las del periodo napoleónico, sólo se registraron en las provincias meseteñas cuatro crisis de mortalidad, siendo las más graves las originadas por el cólera morbo en sus dos primeras apariciones: 1834 y 1855, que es cuando alcanzó su máxima extensión y letalidad (unas 300.000 y casi 250.000 defunciones respectivamente). La tercera y la cuarta oleadas de cólera, en 1865 y 1885, fueron más débiles y la sobremortalidad respectiva no alcanzó en esos años el 20 % en el conjunto de Castilla. Sí lo hicieron, sin embargo, algunas de las carestías que periódicamente castigaron a la región, como la que sobrevino en 1868, cuyos efectos económicos y sociales, visibles ya en ese año, y sobre todo en el siguiente en el alza de la mortalidad, han sido destacados por otros autores.

Aplicando a los datos españoles del siglo XX los mismos criterios de identificación y medida de la mortalidad de crisis, sólo podemos detectar dos en toda la centuria. La primera y más importante fue la protagonizada por la pandemia gripal en 1918, que se acusó, con menor intensidad en 1919 y 1920, causando en total, según distintas estimaciones, entre 200 y 260.000 víctimas; o tal vez entre 240 y 260.000 como mejor aproximación, si se tienen en cuenta las diagnosticadas por patologías conexas. Sólo en 1918 esta pandemia ocasionó una severa crisis de mortalidad con cerca de 150.000 defunciones, pudiendo ser considerada, por su magnitud y otras características (una morbilidad estimada en unos 8 millones de personas, más de un tercio de los habitantes totales del país), la última de las grandes mortandades de naturaleza epidémica sufridas por la población española en el transcurso de su historia (y, por cierto, más grave en las provincias castellanas, sobre todo de la meseta norte, que en el conjunto español). La mortalidad causada por la Guerra Civil y la inmediata posguerra se refleja en los datos demográficos distribuidos entre 1937 y 1941, y hay coincidencia en admitir que dicho conflicto elevó las cifras de mortalidad durante esos cinco años en unas 560.000 víctimas, directas e indirectas. Pero solo en 1941, el peor año de la posguerra, cuando la mortalidad volvió a crecer bajo el efecto de la hambruna, el tifus y otros factores adversos, podemos detectar, en el conjunto español una crisis que apenas alcanza el 20 %, el umbral mínimo establecido (y que con toda seguridad no llega a alcanzar dicho nivel en la muestra “castellana”).

Tras este recorrido por la mortalidad “catastrófica” de los tres últimos siglos, y sin necesidad de remontarnos a las mucho más frecuentes y terribles pestes medievales y de los primeros tiempos modernos, la mortalidad originada por la actual epidemia de Covid-19, y, si no se padecen antes de finales de este año 2020 nuevas oleadas graves de la misma, resulta sin duda mínima, en comparación con la de las frecuentes crisis del pasado en nuestro país. Dicho sea esto en términos estadísticos, como se comprueba en los gráficos que se adjuntan. Admitiendo, como ya se hace unánimemente, un total de 40.000 defunciones por Covid-19 durante todo este año (una cifra “prudente” de las víctimas totales que directa o indirectamente puede haber causado, hasta estas fechas de mediados del año, la pandemia), la sobremortalidad por esta causa añadirá 0,85 puntos por 1,000 a la mortalidad “ordinaria” (que podríamos admitir que, en ausencia del Sars-Cov-2 sería similar a la de los 5 años anteriores: unas 420.000 defunciones). La incidencia del actual repunte de mortalidad sería del 9,5 % sobre la mortalidad “normal” o habitual, elevando la tasa bruta de mortalidad de este año del 9 al 9,8 por 1,000. Si las defunciones anuales por la nueva enfermedad fueran de 50.000, la tasa bruta de mortalidad ascendería muy poco más, al 10 por por 1,000, y la intensidad de esta mortalidad recién sobrevenida no llegaría al 12 % (11,89 exactamente), muy lejos, por tanto, del umbral mínimo fijado para calificar a 2020 como año de crisis de mortalidad.

No son estos cálculos ni estas reflexiones, ciertamente, un alivio, ni mucho menos un menosprecio del dolor por las numerosas pérdidas humanas, de los riesgos que han tenido que asumir todos los sanitarios y los que se ocupan de proporcionarnos los servicios esenciales, del sufrimiento de muchas personas mayores que viven solas, de los profundos cambios en nuestras vidas, del preocupante incremento del desempleo, del cierre de numerosas empresas y de otros problemas de diversa índole a los que tienen que enfrentarse los individuos, los gobiernos y todas las instituciones sociales en estos momentos. Pero al menos deberían servir para pensar en la frecuencia y enorme intensidad de todas las situaciones individuales y colectivas en aquellos otros “tiempos de epidemia”, mucho más dramáticas que las ocasionadas por la pandemia actual, y en el clima de constante inseguridad, penalidades y angustia en que transcurría la vida de las poblaciones históricas, hasta no hace mucho tiempo. La historia de las grandes mortandades de otros siglos añade un importante elemento a las circunstancias que rodeaban la existencia de nuestros antepasados, y ayuda a explicarnos su mentalidad, creencias y comportamientos. Y debería contribuir a apreciar aún más su esfuerzo constante, que en circunstancias mucho más difíciles que las actuales, consiguió edificar la impresionante arquitectura material, científica y económica del mundo moderno, todavía en construcción y revisión constante e ineludible, pero con la que podemos sobrellevar hoy, al menos en países como el nuestro, epidemias y “crisis” de diversa naturaleza. Debemos, pues, intensificar ese esfuerzo, que viene de muy lejos, para que las pandemias futuras, aquí y en otras latitudes, sean mucho menos duraderas y mucho menos letales que las del pasado.

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* Enrique Llopis Agelán es Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense. Especialista en crecimiento y depresiones económicas, es coeditor de Historia Económica de España. Siglos X-XX (Barcelona, 2002), y de España en crisis. Las grandes depresiones económicas, 1348-2012 (Barcelona, 2013).

** Vicente Pérez Moreda es Catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Complutense y Vicedirector de la Real Academia de la Historia. Especialista en demografía histórica, es autor de Las crisis de mortalidad en la España interior (siglox XVI-XIX) (Madrid, 1980) y coautor de La conquista de la salud. Mortalidad y modernización en la España contemporánea (Madrid, 2015).

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

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