Conecta con Minuto5

Nada es Gratis

Orígenes agrarios de la guerra civil. Comentario crítico al libro de James Simpson y Juan Carmona

Publicada

el

De Ricardo Robledo, Catedrático (jubilado) de Historia Económica, Universidad de Salamanca, e Investigador visitante de la Universitat Pompeu Fabra (*).

Adolfo Vázquez Humasqué, director de la reforma agraria, entre los yunteros de Fernán Caballero que iban a asentarse en la finca de Navalrosal (Foto de Cortés, Mundo gráfico, 8 de abril de 1936).

El último libro de James Simpson y Juan Carmona, reseñado por los propios autores en Nada es Gratis, llega después de varias investigaciones sobre la reforma agraria contemplada más bien escépticamente como medio de incrementar la producción o solucionar adecuadamente la pobreza rural. Y, entre otros temas, desarrollaron los problemas de aplicación de la Ley Agraria de 1932 a un país con un grado de desarrollo como el de España. En este mismo sentido Why democracy failed: The agrarian origins of the Spanish Civil War marca una ruptura con un discurso muy influyente en la historia social y económica española y con la reciente literatura centrada en el papel de las  élites.  En su lugar se nos invita a dirigir la mirada hacia “los pequeños agricultores que no pudieron explotar más eficazmente su recién estrenada voz política”. Estoy seguro que este libro animará el debate académico. Mi comentario se ciñe básicamente a la presentación que hicieron sus autores aquí. Propongo los siguientes puntos de discusión:

1) Relativización del “problema agrario” del latifundio y, en consecuencia, una visión reducida de los problemas de tipo distributivo.

Aunque pueda juzgarse exagerada esta deducción mía, lo cierto es que no aparecen en el texto consideraciones sobre la desigualdad. La forma de relativizar la importancia del latifundismo se hace atribuyéndole el 3% del PIB –¿estimación del PIB agrario de las provincias latifundistas? – y el escaso peso relativo de los jornaleros sin tierra en el conjunto español. Pero es comprensible que existe un haz de relaciones sociales y políticas –las instituciones– con un impacto que no se puede encorsetar en indicadores macro y que determinaron en gran medida la agitada vida social y política de la Segunda República.

Al igual que ocurrió en Italia, la cuestión meridional española constituyó una auténtica «cuestión nacional» (Zamagni, 1987) en la que estaba implicado el desarrollo económico y social de todo el país. Un planteamiento similar había sido expuesto ya por el jiennense Flores de Lemus en 1914, el principal economista español, al afirmar que “la concentración de la propiedad representa el mayor mal no solamente para la agricultura, sino también para la constitución social de España”. Y añadiría, en la línea de M. Weber, que Andalucía y Extremadura se asemejaban a Prusia, el “país de la gran aristocracia territorial”. Cuando se dispuso de la información, parcial, del Catastro, el economista y Ministro de Hacienda Gabriel Franco concretó en 1934 el grado de concentración: el 1,25 % de los contribuyentes poseía más del 40 por 100 de toda la riqueza rústica comprendida en el Avance Catastral y el 2,33 % de aquellos más de la mitad (DS, 7 de mayo de 1936). Cualquier lector familiarizado con los datos actuales de la desigualdad y de su copiosa literatura puede deducir el grado de distorsión y de generación de tensión social que entrañaban potencialmente aquellos indicadores en los años 30.

2) Reforma imposible sin información. 

Con el paso del “conflicto de clases” a un segundo plano, toma relevo como protagonista el débil estado español que no aprovechó la coyuntura de la Primera Guerra Mundial para desarrollar, según dicen, “el área de la recopilación estadística y su interpretación” como hicieron otros países. Esto fue grave, argumentan, porque al aprobarse la ley de reforma agraria “nadie sabía” cómo se cultivaban los latifundios, ni siquiera aproximadamente, cuánta tierra había disponible para asentar las familias campesinas. Aunque suavicemos la hipérbole de que “nadie sabía”, creo que la tesis adolece de algún defecto: a) En la estadística española había imperfecciones como expuso Bernis en 1911, pero se consiguió  aprovecharlas para fundamentar cambios y tendencias de la agricultura española (aquí). Al fin y al cabo los historiadores agrarios nos fiamos, críticamente, de estas fuentes (recopiladas por el GEHR en 1991 aquí ). Y conocemos, al igual que los ingenieros agrarios y las instituciones agronómicas o financieras de la época, cuál era la superficie cultivable y el grado de modernización de la gran explotación. Menos fiable había sido la estadística de la propiedad, pero hacia 1930 estaban catastradas casi la totalidad de las provincias latifundistas. b) No hizo falta esperar a septiembre de 1932 pues en mayo de 1931 se formó, como es sabido, la Comisión Técnica Agraria. No se hallará otro grupo de expertos sobre la reforma agraria en la historia de España. Solo llamaré la atención sobre A. Vázquez Humasqué, encargado de ejecutar la reforma agraria en 1932-1933 y en 1936. Pues bien, no creo que hubiera otra persona mejor informada sobre precio y calidades de la tierra dado su cargo de Inspector técnico del Banco Hipotecario. c) En mi opinión la gran oportunidad perdida de la neutralidad española, aparte del fracaso en la reforma fiscal por los beneficios extraordinarios de la guerra, estuvo en no seguir la senda del reformismo agrario postbélico como hicieron otros países. Así se convirtió, según S. Aznar (1930: 82), en “el único país de Europa que tiene un régimen agrario lamentable sin que lo advierta y sin que haga esfuerzo alguno por sacudirlo”. Y este lastre robusteció la intransigencia, de modo que, por ejemplo, fue imposible reformar la legislación de arrendamientos, heredada de las Cortes de Cádiz, hasta 1931. Sin esta path dependence no se entenderá bien el fracaso o la hostilidad contra la reforma agraria.

3)  Debilidad del estado y polarización

Los autores acuden al lugar común del doble perjuicio de la reforma agraria que divulgó, entre otros, Malefakis: muchos propietarios se sintieron amenazados y los propios trabajadores se desilusionaron. Repito la pregunta formulada hace más de veinte años: ¿puede hacerse responsable del estallido de la guerra civil a la reforma agraria republicana si se acepta al mismo tiempo que fue un fracaso y defraudó las expectativas de los de abajo? La interpretación de los cambios en el mercado de trabajo durante el primer bienio ofrece otra perspectiva.

Fuente: Anuario(s) Estadístico (s) de la Producción Agrícola 1930-1935.

La correlación entre cambio político y decisiones económicas del gráfico anterior resulta atractiva intuitivamente porque la recuperación de las sembraduras se produce en 1934-1935 con la llegada de los conservadores y la reacción de 1935. No todas las provincias siguieron este patrón y hay que tener en cuenta otros factores económicos (precios, salarios, etc.) y políticos (aquí), pero fue casi general la disminución de faenas complementarias como la escarda y otras. De modo que no es que “hubiera huelgas generalizadas de jornaleros durante las cosechas” y los patronos no quisieran contratar luego a “los involucrados en actividades sindicales”, como dicen los autores. La disminución en la demanda de empleo llegó de inmediato porque no se confiaba en el marco de negociación colectiva que buscaba acomodar España a la institucionalización de las políticas sociales de otros países (aquí). Dicho de otra manera, de entrada solía funcionar la discriminación: «Antes me cortaría una mano que consentir que trabajasen mi casa asociados de la Casa del Pueblo”, confesaba un propietario de La Mancha, algo que no se inventó entonces: en 1919, el sindicato católico-agrario de Vila-real  ordenó “no buscar para trabajar en sus fincas a los socialistas, aun a costa de trabajar mal las fincas” (aquí). En mi opinión la idea de la división y polarización de los pueblos con la que concluyen Simpson y Carmona su texto tiene que ver más con estos comportamientos que con la frustración o la ineficacia del estado “en administrar las reformas de manera eficiente y justa”. Y aquí también había path dependence.

A diferencia de otras publicaciones, los autores han incorporado en su análisis variables políticas como el caciquismo. Quizá se podría matizar que ese caciquismo no solo probaba la debilidad del estado sino que era muestra más bien de una especie de Deep state; el reflejo del poder social colectivo de una clase a escala local, que también estaba acostumbrada a decidir a cuánto se pagaba el jornal o incluso a qué vecinos “subversivos” hacer la vida imposible. Esto condicionaba la dinámica sociopolítica más allá de las posibles pérdidas que pudiera suponerle la reforma agraria. Y desde el otro ángulo social estaban aquellos a quienes la República les dio la oportunidad de ser ciudadanos plenos, sin que ello tuviese que ver exclusivamente con su aspiración a la tierra o se dedicasen a la agricultura.

Es posible que se haya sobrevalorado la capacidad del estado como un agente autónomo o instrumental, en vez de fijarnos más en las resistencias y negociaciones para trasladar sus iniciativas al tejido social (aquí). Parece claro que el estado de fines de 1934-1935 negoció muy poco y era bastante diferente al de tres años atrás. Según Azaña –en su discurso en las Cortes el 15 de abril de 1936– lo que había existido en 1934-35 era “la anarquía del propio Estado”. La política de tierra quemada después de octubre (represión, desahucios, caída de los salarios), que escandalizó hasta al diario católico El Debate, profundizó en la brecha social y alentó una polarización que era lo que más convenía a quienes estaban diseñando el golpe de estado a fines de 1935.

4)   Cuestión agraria y guerra civil

Tienen razón Simpson y Carmona al referirse a la frustración de expectativas de los trabajadores a los que se habría prometido tierras al llegar la República. Pero habrá que distinguir tiempo y espacio. En el corto plazo, con una alta presión social, el modelo de ocupaciones temporales de una parte de la gran explotación (a cuyo propietario se pagaba una renta) sirvió para superar las restricciones de una reforma que apenas expropió a los terratenientes. ¿Es posible que no hubiera faltado tierra con otro horizonte temporal del que no dispuso el gobierno del Frente Popular?

De todos modos, la tesis “fuerte” de los autores (sin poder entrar en el tema de las bases sociales de la democracia en el período de entreguerras, Luebbert, Cobo) es el papel protagonista concedido a los pequeños cultivadores que serían, según Simpson y Carmona, quienes decidirían la suerte de la República. Incluso afirman en su libro que sin su apoyo no habría habido golpe militar (pág. 240). Esta es una afirmación problemática desde la historia política, lo que no quiere decir que no haya confluencias entre cuestión agraria y guerra civil que yo creo son de otro tipo. Incluso en sentido contrario, pues el movimiento social más sólido en favor de la República fue el de los pequeños cultivadores como los rabassaires (aquí). La intensificación de la reforma en marzo de 1936 se produce cuando el golpe militar contra la República había entrado en una fase ejecutiva; de hecho, la gran ocupación de tierras en Extremadura coincide con alguna de las reuniones de los generales en Madrid para fijar el día D. Reforma agraria y golpe militar eran líneas paralelas, perfiladas ya en abril del 31, que solo se cruzaban para justificar la necesidad del golpe militar debido a la ‘anarquía rural’. Se necesitaba un clima moral de caos inducido del que se encargaba “el brazo civil de la sublevación” (aquí). La guerra pudo no haberse buscado intencionadamente al principio, pero no se excluyó luego con tal de conseguir lo que no se había logrado electoralmente ha documentado Ángel Viñas recientemente.

Ahora bien, el “alzamiento nacional” no se convirtió en un movimiento popular, como se lamentaba el consejero de la Embajada alemana a Hitler  el 23 de julio de 1936, por carecer de “auténtico Caudillo” y programa social (aquí). Eso hace explicable la dureza de las instrucciones de Mola de imponer el terror para  vencer cualquier resistencia pues reconocía que “el entusiasmo demostrado era ficticio” (aquí).  El resultado fue la dura represión que sufrió la región de los “propietarios muy pobres” (aquí)  –por ejemplo, Zamora y La Rioja con 2.000 asesinados cada una. Esto solo se comprende por la necesidad de acabar con la democracia rural –jurados mixtos, acceso a bienes comunales, etc.– y con la reforma que se aplicaba sin titubeos desde 1936. Más que por el fracaso de la democracia me inclino por La destrucción de la democracia en España que investigó Preston en 1978. Parafraseando a mi modo el poema de Gil de Biedma, concluyo diciendo …Que la reforma iba en serio, pronto lo comprendieron los que querían llevarse la República por delante…

(*) Agradezco las observaciones de M. Artola Blanco, S. Calatayud, F. Espinosa, S. Garrido, A. López Estudillo, J. Millán y J. Pan Montojo.

Let’s block ads! (Why?)

Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Loading...

Nada es Gratis

“Efectos Colaterales” históricos: cómo un embargo comercial español en Holanda arrasó una ciudad en Canarias

Publicada

el

Por Diego Cabrera (Licenciado en Economía, ULPGC)

La economía europea del siglo XVI se construyó en torno a las ciudades, sus mercados y las rutas que hacían posible el comercio entre ellas. En este contexto, La Corona española dominaba la mayor parte del tráfico marítimo en el Mediterráneo por su dominio sobre Milán, de un lado, y Flandes, en el otro, incluyendo el gran centro mercantil de Amberes. El poder económico de España a finales del siglo XVI era tan relevante que le permitía la capacidad de ejercer presión sobre mercados clave, materias primas o mercaderías para mejorar su posición económica sobre las potencias marítimas del norte de Europa, sobre todo Inglaterra.

En este marco, las políticas más extendidas por España dentro de la guerra económica comercial fueron los bloqueos y embargos al comercio sobre sus grandes competidores. Políticas que fueron una tendencia continua en el tiempo, comenzando a finales de 1580 por el monarca español Felipe II y extendiéndose hasta el fin de los Habsburgo, en 1700.

Los tres grandes bloqueos comerciales que impulsó España en este siglo fueron contra Inglaterra y Holanda durante el período de 1585-1604; contra Holanda y Portugal, entre los años 1621-1647; y contra Francia, entre 1688-1697. En general, se considera actualmente que la obsesión por implementar este tipo de embargos comerciales por parte de la corona española no produjo los resultados esperados por la Corte de Madrid (Véase Alcalá-Zamora, 2001. España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639).

En esta entrada pretendo analizar algunas de las consecuencias más relevantes que se derivaron del primer gran bloqueo marítimo a Los Estados Generales neerlandeses y cómo, debido al embargo, se produjo unos de los hechos más importantes en la historia de Canarias: la destrucción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La revuelta de los Países Bajos.

Toda la región de los Países Bajos había sido incorporada a los dominios de los Habsburgo a principios de la década de 1540. España controlaba una de las zonas más codiciadas en Europa debido a su floreciente comercio. Pero pronto se comprobó que la convivencia no iba a resultar sencilla. Varios fueron los puntos de fricción entre España y las provincias de los Países Bajos: los altos impuestos, la persecución del protestantismo y los esfuerzos centralizadores de los monarcas españoles, fueron el caldo de cultivo para el desarrollo del conflicto.

Las revueltas religiosas entre calvinistas y católicos del año 1566 fueron el germen de las luchas en Flandes, provocando que estallara la guerra que desembocaría en la independencia de las provincias del norte, lideradas por Holanda, Zelanda y Utrech en 1581 (solo reconocidas por Inglaterra y Francia). En el transcurso de la revuelta y de la mano de Mauricio de Orange, las Provincias Unidas de los Países Bajos crecieron muy deprisa gracias a su flota comercial, experimentando un período de riqueza económica que no pasó desapercibido en España.

Potencia marítima

Las Provincias Unidas se convirtieron rápidamente en una potencia comercial marítima. En 1587 ya dominaban gran parte del comercio en el Mar del Norte, ejerciendo en la práctica un monopolio comercial en el transporte del trigo, madera y vino españoles en el Báltico. En este año se consignaron más de 800 buques en los puertos holandeses (según cuenta Rumeu de Armas, 1947, Canarias y el Atlántico). En Canarias abrieron una de las mayores rutas marítimas con el continente para la importación del vino malvasía y el azúcar.

El Bloqueo

Durante la década de 1590, las luchas entre las provincias católicas de Flandes, leales a España y las provincias sublevadas fueron en aumento. España necesitaba cortar de raíz la financiación de las Provincias Unidas y debilitarla económicamente. Así, los archiduques Alberto e Isabel, representantes de España en los Países Bajos, decidieron decretar en 1599 el cierre de los puertos españoles en Flandes a los navíos holandeses y zelandeses y, de esta forma, dar “el golpe de gracia” a su comercio. Felipe III se adhirió al acuerdo y la Península Ibérica y Canarias quedaron también cerrados al tráfico holandés.

España buscó en el bloqueo marítimo cortar las vías de financiación de las Provincias Unidas y debilitarlas en sus intentos de independencia, a la vez reducir el monopolio que la flota holandesa ejercía en el comercio del Mar del Norte. Así, durante el periodo que durase el embargo, las flotas de Dinamarca, Noruega y Alemania podrían conseguir cuota de mercado en lo que a fletes se refiere.

Consecuencias

Para las arcas españolas el bloqueo suponía un problema a corto plazo, pues había que hacer frente tanto a la pérdida de derechos de aduana como al sobrecoste de la diplomacia, ya que se debía concretar con los demás estados la nueva política de embargos. Ningún barco podría llevar mercancías holandesas a los puertos españoles. Todos los navíos con destino España debían llevar firmados pasaportes certificando que ninguna mercadería fuese de origen holandés y en caso de irregularidades, la justicia española podría confiscar el barco sin recurso alguno del país de origen. Todo ello generaba un coste de burocracia relevante.

Desde el punto de vista de las Provincias Unidas, el panorama no era alentador. Los riesgos a los que se enfrentaban iban desde la pérdida del grueso de las matrículas del mar para comerciar, el abandono de la mano de obra marítima para enrolarse en tripulaciones extranjeras, o la merma de los impuestos en aduana.

Las provincias neerlandesas, dirigidas por el abogado Johan Van Oldenbarnevel arbitraron una serie de medidas para evitar el colapso económico. Por un lado fomentaron la piratería institucional y organizada mediante la venta de patentes de corso como medida de financiación y por otro la creación de una escuadra de guerra utilizando la flota mercante que se encontraba amarrada en los puertos para mantener a barcos y marinos activos.

La flota del Almirante Pieter Van Der Does en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Roto el comercio con Holanda y Zelanda y decretado el embargo de todos sus navíos que estuvieran en puertos del Imperio, los holandeses respondieron fletando sus mejores barcos comerciales, a los que equiparon y revistieron para transformarlos en una flota lista para la guerra. Al mando de la escuadra colocaron al almirante Pieter Van der Does, noble holandés que contaba con experiencia dentro de la administración neerlandesa.

La escuadra que se organizó contaba con 80 navíos y doce mil hombres y tenía varios objetivos claros contra España: “…apresar el mayor número posible de buques del enemigo, causarle todos los perjuicios posibles en su territorio y cautivar el mayor número posible de prisioneros para el cobro de rescates…” (M.L. VANDEVENDE: Verspreide Collectiön).

La flota de Van der Does partió de Zelanda en Mayo de 1599 y tras realizar varios ataques en La Coruña y SanLúcar de Barrameda, donde fueron repelidos por la población, se dirigieron a Canarias. El 26 de Junio de 1599 atacaron la ciudad de Las Palmas, apoderándose de ella durante 8 días. Mientras sus ciudadanos se refugiaban en el interior de la isla, los holandeses saquearon la ciudad, quemándola y arrasándola por completo al abandonar la isla. En octubre de 1599, la malaria acabaría con la escuadra holandesa en la isla de Santo Tomé, matando a mil ochocientos soldados y al propio almirante Van der Does.

Conclusiones

Se pueden estudiar los efectos del primer bloqueo comercial español a las Provincias Unidas de los Países Bajos (1599-1604) desde 3 ópticas diferentes: España, Holanda y Las Palmas de Gran Canaria.

  1. España no consiguió romper el monopolio comercial holandés en el Báltico. Dinamarca y Noruega no consiguieron posicionarse en el negocio marítimo durante el bloqueo. Véase, como ejemplo, los datos siguientes:

Viajes desde la península Ibérica al Báltico a través de Estrecho de Dinamarca

Año

Total

Holandeses

Alemanes

Daneses/Noruegos

1610

181

168

11

2

1611

135

119

15

0

Fuente: Wiert Jan Wieringa, The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400–1800

  1. Las Provincias Unidas mantuvieron su poder marítimo europeo, creando incluso una de las mayores flotas comerciales de la época: la Compañía Neerlandesa de las Indias. Consiguió la independencia como Estado en 1648 tras la paz de Westfalia.
  2. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufriría tras el ataque una de las mayores crisis de su historia, pues pasaría de ser la ciudad referencia en Canarias a parar su crecimiento durante los siguientes 100 años, desviando inversiones que de no haberse producido el ataque, se hubiesen destinado a otros proyectos. La ciudad que antes del ataque en 1599 comenzaba su expansión extramuros, volvió a refugiarse en los límites de sus murallas durante los siguientes tres siglos (Santana, G. 2001. El ataque de van der Does: Piedra de toque para la transformación económica de Gran Canaria. Revista Vegueta).

En definitiva: las guerras comerciales siempre tienen consecuencias negativas. E incluso pueden volverse en contra de quien las comience.

* La historia del ataque del Almirante Van der Does a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se puede conocer, día a día, en este hilo de Twitter confeccionado por el autor de esta entrada.

** El grabado representa el ataque de Van der Does. De autor desconocido, está publicado en Van Heede, M. J. (2010) Discours Ende Beschryvinge Van Het Groot Eylandt Canaria, Ende Gomera, Midtsgaders Het Innemen, End Verlaten Van Dien, 1599.

Let’s block ads! (Why?)

Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Nada es Gratis

¡Más ladrillo!

Publicada

el

Antonia Díaz

Los primeros datos del INE certifican los augurios. El PIB cayó un 5,2% durante el primer trimestre (respecto al trimestre anterior) y esperamos con inquietud las cifras del segundo trimestre. El número de afiliados en junio ha vuelto a niveles de 2017. Tras la durísima Gran Recesión, la crisis de COVID-19, con su componente sanitario y la enorme incertidumbre que arroja sobre la economía, nos está poniendo muy nerviosos. Tomar decisiones en un contexto tan volátil es complicado pero hay una cuestión clara: debemos tener un plan de reactivación de la economía, especialmente en aquellos sectores que, por su tamaño o sus sinergias con el resto de la economía, son esenciales. Esta reactivación no debe de hacerse de espaldas al otro gran reto que enfrentamos: el cambio climático. Todo lo contrario; especialmente si tenemos en cuenta que el Fondo de Recuperación “Next Generation”, articulado en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, tiene como eje principal la transición ecológica y digital, como ya vimos aquí. Hay que aprovechar el momento para sentar las bases de una política industrial con miras de largo plazo. En este post voy a poner un ejemplo práctico de política en un sector paradigmático: la construcción. Algunas de las ideas que aquí desarrollo las esbocé para este informe de Fedea cuando se me pidió reflexionar sobre medidas para la reactivación del sector tras el COVID-19.

Características del sector

El sector de la Construcción aporta alrededor del 5,6% del PIB de la Eurozona durante el periodo 1995-2019. En España la media para ese periodo es 8,9%. Esta importancia mayor también se refleja en el empleo (6,9% en la Eurozona frente a 9,1% en España).

Tabla 1: El peso del sector de la Construcción. Elaboración propia. Eurostat.

Atendiendo a los datos trimestrales de Eurostat, parece que la productividad media por trabajador en España se mueve como en el resto de la Eurozona (véase la Figura 1), aunque con una mayor fluctuación cíclica. En cambio, los datos de EU KLEMS (anuales) muestran que la Productividad Total de los Factores es mucho menor en España que en los países de nuestro entorno (véase aquí, aquí, o aquí algunos posts sobre la PTF en este blog), aunque queda por saber en qué grado el boom inmobiliario del periodo 1996-2007 fue el responsable de esa divergencia.

Figura 1: Productividad media y PTF en el sector de la construcción. Datos de Eurostat y EU KLEMS.

Estos datos agregados ocultan una gran heterogeneidad. En particular, el peso de la pequeña y mediana empresa en el sector, que es muy acusado y por encima de la media en la Eurozona. Una inspección somera de los datos nos dice que el sector de la construcción tiene un peso superior en España que en los principales países de la Eurozona y que es aparentemente menos productivo. A pesar de ello, según Statista, 3 de las 10 constructoras más grandes de toda Europa (en capitalización bursátil) son españolas lo que es un indicador de la capacidad de internacionalización de las corporaciones españolas. Donde hay una mayor divergencia es en los subsectores: en España el peso de la construcción de edificios respecto a la ingeniería civil y trabajos especializados es mucho mayor que en los países de nuestro entorno. La Tabla 2 muestra el peso de los tres subsectores: construcción de edificios, ingeniería civil y trabajos especializados. Este último engloba electricistas, cimentadores, etc. El subsector de la construcción de edificios está hipertrofiado en número de empresas y empleo y es el que menos Valor Añadido genera por trabajador. Curiosamente, en Alemania, Francia e Italia el subsector con una productividad media más baja es Trabajos Especializados.

Tabla 2: Datos de Eurostat, 2017. Elaboración propia.

Ese mayor peso puede ser el origen de la menor productividad del sector en España, Sería deseable profundizar más en las características del sector, pero todo apunta que el predominio de empresas pequeñas es una de las causas de tan baja productividad, La siguiente pregunta es por qué hay tanta pequeña empresa, Además del peso en el empleo de la construcción de edificios, la actividad ha estado orientada a la edificación de nueva planta en vez de a la rehabilitación, Por ejemplo, en el año 2000 solo el 13% de las licencias visadas lo fue para trabajos de rehabilitación, Esta cifra alcanza el 41,6% en 2017.

La fluctuación cíclica del sector casi duplica en tamaño la del resto de la economía, siendo esto una característica típica del sector. En España, dado que tiene un peso relativo mayor, provoca una amplitud mayor en la variación cíclica del PIB. Por ejemplo, se calcula que durante el primer trimestre de 2020 la caída interanual del Valor Añadido Bruto fue del 8,5%, más del doble que la caída del Valor Añadido Bruto total (-4,1%). Esta diferencia tan acusada en la respuesta sectorial también se produce en el empleo. Las horas trabajadas cayeron en 4,23% (interanual), mientras que en el sector de la construcción la caída fue del 0,98%. Este fuerte descenso de actividad puede lastrar la economía y el empleo durante bastante tiempo.

Figura 2: El peso de la Construcción en el Valor Añadido Bruto agregado, empleo y horas trabajadas. INE.

La Figura 2 muestra que las fluctuaciones cíclicas del sector son enormes. La construcción de edificios y la obra en ingeniería civil dependen muchísimo del ciclo y, especialmente la última, de la inversión pública. Si a eso añadimos que la construcción de edificios genera un empleo de escasa cualificación, tenemos un sector muy poco preparado para afrontar el European Green Deal, además de ser fuente de muchísimas distorsiones en el mercado laboral. Por ejemplo, Bonhomme y Hospido encuentran que gran parte de la evolución de la distribución de salarios durante el periodo 1997-2007 estuvo dominada por el boom de la construcción que disparó los salarios no cualificados en el sector. De hecho, durante esos años se hablaba de la paradoja española, ya que los datos no mostraban que la educación universitaria fuera rentable (en términos de salarios de mercado).

Por tanto, hay que diseñar políticas para reconducir al sector y que sea menos dependiente de la edificación de obra nueva, que emplee mano de obra cualificada y, si puede ser, menos cíclico.

Rehabilitación: La asignatura pendiente

Según la Agencia Internacional de la Energía, el sector de la construcción suele ser responsable del 11% de las emisiones de CO2 (en países OCDE), mientras que el sector residencial es responsable de un 30%. De ese 30%, alrededor de dos terceras partes es consumo de energía para calefacción y ambientación de las viviendas. En España hay un gran margen de ganancias en eficiencia energética de los edificios a través de la rehabilitación de edificios. El informe de 2018 del IDAE sobre el estado de la certificación energética de los edificios en España es elocuente. De ahí he sacado estos gráficos:

Figura 3: Calificación energética de los edificios existentes y de nueva planta certificados. IDAE.

Como vemos, más de la mitad de los edificios nuevos tienen certificación C o superior, pero solo el 5% de los edificios existentes la tienen. Y, según ese informe, los edificios nuevos son menos del 2% del parque existente. El objetivo debería ser renovar todos aquellos edificios que actualmente tengan una calificación energética por debajo de C en un plazo razonable.

Un estudio financiado por la Comisión Europea dentro del programa NEUJOBS estima que la rehabilitación eficiente de edificios es un dinamizador del sector con gran potencial para crear puestos de trabajo. No solo eso, sino que tiene gran potencial para elevar la cualificación del empleo. La Comisión Europea apuesta (véase aquí,aquí, o aquí, por poner algunos ejemplos) por la “construcción sostenible” como una forma de construir edificios eficientes en el largo plazo. Como siempre, la cuestión es cómo se diseña la política que oriente al sector hacia la rehabilitación eficiente energéticamente.

El objetivo marcado por el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Ministerio para la Transición Ecológica es rehabilitar 1.200.000 viviendas de aquí hasta 2039, a un ritmo de 300.000 viviendas por año. En 2019 el número de viviendas rehabilitadas fue de 30.000. ¿Cómo podemos multiplicar por diez ese número? Pues con palo y zanahoria (incentivos).

Los incentivos a la rehabilitación de edificios deben dirigidos a los dueños de los edificios y fincas. Las subvenciones para rehabilitar deben ir acompañadas, por ejemplo, con un recargo en el IBI si no se lleva a cabo en tiempo y forma. Este recargo está justificado porque es una forma de internalizar la externalidad que esa vivienda ineficiente impone en la comunidad en forma de calor y emisiones por uso de calefacción. Si la subvención tuviera la forma de rebaja en el IBI (condicionada a las características del inmueble y dueño), el ayuntamiento sería el que debería solicitar las ayudas de la EU englobadas en el European Green Deal y el esperado Fondo de Recuperación. Las ayudas a las empresas deben estar condicionadas a la reorientación de su actividad a la construcción sostenible y rehabilitación y gravando a aquellas empresas que no cumplan los criterios de sostenibilidad pertinente. Las subvenciones deberían orientarse a promover el empleo de calidad, facilitando el reciclaje de trabajadores en prácticas sostenibles. Hay un artículo muy interesante en la web del Green Building Council España que describe una propuesta parecida a ésta.

Reorientar la actividad desde la construcción de nueva planta a la rehabilitación tiene varias ventajas. Desde el punto de vista agregado, hace al sector menos dependiente del ciclo y permite que tenga un empleo más estable. Hace que aumente su uso de mano de obra cualificada, lo que redunda en una mayor productividad. Y, finalmente, nos permite luchar contra el cambo climático. El reto está ahí y hay que actuar con rapidez.

¿Política sectorial o política de vivienda?

Finalmente, quiero destacar que no se debe confundir las políticas. Recientemente, en la cumbre de la CEOE celebrada durante el mes de junio, algunas voces pidieron al Gobierno un plan para que los menores de 35 años puedan comprar vivienda. Es decir, el sector está pidiendo que se infle la demanda para seguir “business as usual”. Esta confusión de ayudas destinadas a las familias con políticas sectoriales es muy perjudicial. Cada política debe obedecer a un objetivo diferente aunque deben ser analizadas en conjunto para evitar que las ayudas a las familias acaben, simplemente, aumentando precios y márgenes de beneficios de las empresas. Aunque la política de vivienda requiere un post en sí mismo, quiero apuntar que para garantizar vivienda asequible hay que fomentar la competencia en el mercado y eso solo puede conseguirse con la mezcla adecuada de vivienda pública de alquiler o reintroduciendo en el mercado viviendas vacías con medidas como la Bizigune en el País Vasco.

Let’s block ads! (Why?)

Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Antonia Díaz

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo

Nada es Gratis

La violencia doméstica durante el confinamiento en España: resultados de una encuesta online

Publicada

el

Por Esther Arenas-Arroyo, Daniel Fernández Kranz y Natalia Nollenberger

La potencial escalada de la violencia doméstica durante el confinamiento ha sido un tema de preocupación social y política, con amplia cobertura en los medios. Judit Vall nos contaba hace pocos días en esta entrada sobre el gran aumento que han tenido las llamadas al 016 durante el confinamiento. Si bien un aumento de tal magnitud podría hacernos pensar que la violencia se ha disparado, hay que tener en cuenta que el 016 es un teléfono de información que atiende también otro tipo de consultas, como las relacionadas con el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados, que también parecen haber aumentado durante las primeras semanas del estado de alarma (aquí). Otras estadísticas asociadas a la evolución de la violencia de género son los homicidios, que cayeron un 42% en marzo-mayo respecto al mismo período de 2019, o las denuncias, sobre las cuales no tenemos datos definitivos pero parecen haber disminuido durante el confinamiento (aquí y aquí). Sin embargo, tanto la violencia más extrema como los casos reportados pueden disminuir durante el inicio de una pandemia (algunas de las razones se explican aquí) al mismo tiempo que aumenta la violencia menos extrema.

Para superar las limitaciones de las estadísticas disponibles y contribuir a un mejor entendimiento de un fenómeno de tanta importancia social, hemos realizado una encuesta online y preguntado a las mujeres españolas sobre el vínculo con su pareja durante el confinamiento. La encuesta se realizó entre el 17 de mayo y el 12 de junio y fue distribuida únicamente por Facebook a través de una página creada para este fin (independiente de nuestra lista de contactos) y mediante la herramienta “promocionar” publicación. Esta herramienta permite distribuir una publicación aleatoriamente entre las usuarias de Facebook estableciendo un público objetivo; en nuestro caso, mujeres entre 18 y 60 años residentes en España. Si bien la distribución de la encuesta es aleatoria, una vez visto el anuncio en Facebook la mujer puede decidir participar o no. En total, 13.786 mujeres completaron la encuesta, de las cuales un 78% convivían con su pareja heterosexual en ese momento. Debido a la participación voluntaria y a la selección primaria de usuarias de Facebook, la encuesta no es necesariamente representativa de la población objetivo. Aun así, la muestra obtenida presenta una distribución por nivel educativo, edad y provincia parecido al de la población general. Para corregir las diferencias entre la distribución de nuestra muestra y la población, hemos ponderado las observaciones para hacerlas representativas por edad y niveles educativos a nivel de provincia. El uso de estos ponderadores no altera de forma importante los resultados que mostramos más adelante.

Siguiendo los protocolos sugeridos para la realización de este tipo de encuestas, la misma fue promocionada no como una encuesta sobre violencia sino como una encuesta para conocer los efectos del confinamiento sobre el vínculo de las mujeres con su pareja.

Primero se incluyeron preguntas relativas a la situación laboral, estado civil, nivel de estudios, e impacto de la pandemia en la actividad laboral presente y futura, tanto de las encuestadas como de sus parejas. Finalmente, y siguiendo la estructura (aunque acortada) de las Macroencuestas sobre Violencia de Género que realiza la delegación del gobierno, preguntamos a las encuestadas si habían sufrido antes y durante el confinamiento alguna de 9 circunstancias diferentes que se asocian a un contexto de violencia de género y que cubren situaciones como insultos, amenazas, abuso sexual, violencia física o control de la víctima.

Siguiendo la práctica habitual en estos análisis, identificamos como víctima de violencia de género a una mujer que contesta “a veces” o “frecuentemente” a alguna de las nueve situaciones mencionadas (19% de las encuestadas). Nuestro objetivo es medir los efectos del confinamiento y del estrés económico ocasionado por la COVID-19. Dado que ambas variables (confinamiento y estrés económico) no están perfectamente correlacionadas (la correlación es del 30% en nuestra muestra), podemos medir el impacto de cada una de ellas controlando por el valor de la otra. Para ello, definimos dos indicadores: el primero indica si el hombre estuvo confinado en casa la mayor parte del tiempo (teletrabajó o bien estuvo sin empleo: el 56% de la muestra). La segunda variable mide si el hombre se encuentra en el momento de la encuesta en alguna de las siguientes tres situaciones: afectado por un ERTE, perdió su empleo o clientes como consecuencia de la pandemia, o teme perderlo en los próximos meses (42.5% de la muestra). Los siguientes gráficos muestran el cambio en la violencia de género durante el confinamiento según el grado de confinamiento y de estrés económico del hombre. Al excluir del análisis otras variables potencialmente correlacionadas con las variables de interés, los resultados que se muestran son puramente descriptivos.

El primer resultado que destaca en el gráfico 1 es el aumento significativo de la violencia doméstica para las mujeres cuya pareja ha estado confinada o bajo estrés económico, que alcanza el 13% en el caso de producirse ambos extremos al mismo tiempo. En cambio, la violencia doméstica disminuye un 1% para las mujeres cuya pareja no ha estado confinada ni ha sufrido estrés económico. Otro resultado interesante del gráfico 1 es que el confinamiento y el estrés económico del hombre parecen ejercer un impacto independiente el uno del otro sobre la violencia, que alcanza valores máximos cuando ambos contextos se combinan. El gráfico 2 muestra los resultados por tipo de violencia. Los aumentos son muy importantes para el abuso psicológico (tanto emocional como de control), y menores para el físico y sexual. Para este último tipo de violencia encontramos una disminución de su incidencia, con independencia de la situación de confinamiento y/o de estrés económico.

Los gráficos 3 y 4 ofrecen otra perspectiva de los mismos resultados, en este caso agregando los efectos a nivel de provincia. En el gráfico 3 se observa que las provincias con mayor porcentaje de hombres confinados, presenta un aumento mayor de la violencia de género. El mismo resultado se desprende cuando medimos el grado de estrés económico del hombre a nivel de provincia (gráfico 4).

El gráfico 5 muestra un resultado que, a pesar de ser previsible, sorprende por su intensidad: el porcentaje de mujeres que sintiéndose maltratadas denunciaron a sus parejas cae abrúptamente durante el confinamiento, pasando del 15% a menos del 2%.

En conclusión, los resultados preliminares de nuestra encuesta confirman el temor a que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento. En análisis futuros mediremos la robustez de estos resultados a la inclusión de controles adicionales. También estudiaremos el impacto del confinamiento de la mujer y del estrés económico originado por la situación laboral de la mujer. Utilizaremos otras medidas de confinamiento, como los datos de movilidad proporcionados por el INE (aquí), como instrumento o medida exógena de la probabilidad de confinamiento de los miembros de una pareja. Finalmente, con el objetivo de entender el impacto del estado de alarma no solo en la violencia de género, sino también en las denuncias, usaremos datos administrativos del CSPJ y del Ministerio de Interior (VIOGEN).

Let’s block ads! (Why?)

Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: admin

Comentarios

comentarios

Seguir Leyendo
Publicidad
Publicidad
...

Facebook

Destacado