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Ni repudios, ni condonaciones: la resolución de las crisis de deuda soberana en la historia

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De Pablo Martín-Aceña y Elena Martínez Ruiz | Universidad de Alcalá

Esta entrada es una versión ampliada del artículo Sin perdón recientemente publicado en El País.

El pasado viernes 8 de mayo, Argentina alargó el plazo para lograr un acuerdo con los acreedores de la deuda argentina. La propuesta fue respaldada por un manifiesto firmado por un buen número de economistas, entre otros, Edmund Phelps, Dani Rodrik, Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, Carmen Reinhart, Kenneth Roggoff, o premios Nobel como Joseph Stiglitz, Christopher Pissarides y Christopher Sims que calificaba la propuesta del gobierno argentino de “responsable”. Los acreedores, sin embargo, habían rechazado la oferta por considerarla desproporcionada, unilateral y precipitada. Lo que Argentina plantea a sus acreedores es una quita del 5,4 por ciento sobre el principal y un recorte del 62 por ciento en los intereses. Además, solicita un periodo de gracia de tres años para comenzar a pagar en 2023. También, hace unas semanas, los ministros de los países ricos que forman el G7 acordaron una moratoria de la deuda para los 76 países más pobres del planeta. Se trata de ayudar a los más vulnerables para que combatan al coronavirus con todos sus recursos. Sobre la mesa 20.000 millones de dólares de los 32.000 que tienen que pagar. Parece mucho, pero representa una ínfima parte de los 34 billones de dólares a que ascendió el PIB de los 7 ricos en 2019. Finalmente, existen razones fundadas para pensar que la crisis del Covid dispara el endeudamiento público en todo el mundo aumentando los riesgos de importantes crisis de deuda futuras.

Lo que se propone aquí es un recorrido por la historia de las crisis de deuda para extraer lecciones de los procesos pasados de reestructuración y resolución de la deuda pública o soberana. Para empezar, dos lecciones: 1) el perdón nunca, o casi nunca, ha existido y 2) los repudios brillan por su ausencia. Lo común han sido las suspensiones temporales de pago seguido de reestructuraciones, siempre más dolorosas para los deudores que para los acreedores. ¿Por qué nunca se perdona la deuda? Y desde el punto de vista de los deudores, ¿por qué nunca (o casi nunca) se plantea el repudio?

Las reestructuraciones de las deudas soberanas son tan antiguas como la deuda misma. Son procesos de urgencia: cuando un estado soberano decide que no puede seguir haciendo honor a sus obligaciones de pago, solicita (o fuerza) a sus acreedores a que empiecen a negociar una solución que necesariamente supone pérdidas, que se verán incrementadas si el acuerdo se demora demasiado y la incertidumbre sobre el resultado final supone un mayor deterioro en la capacidad de pago del deudor. La presión en las negociaciones es extrema, sobre todo, porque no existe un marco institucional que sirva de marco para las negociaciones o fije las normas para cada una de las partes.

Desde el mundo antiguo, ni un solo país soberano se ha salvado de alguna suspensión de pagos (temporal o definitiva), o de verse obligado a pedir moratorias de pagos y luego negociar reestructuraciones: aplazamientos, rebajas de tipos de interés, quitas del principal de la deuda. Grecia protagonizó el primer default, en el año 377 A.c., cuando decenas de polis no cumplieron sus obligaciones. En la Edad Moderna las crisis de deuda (impagos de los soberanos) se resolvían mediante la devaluación de las monedas y la inflación y también con reestructuraciones. Las hicieron todas las grandes monarquías europeas. Ya en la etapa de los modernos mercados de deuda, desde 1815 hasta hoy, se han producido 358 reestructuraciones de deuda soberana, que han afectado a 91 naciones independientes. La cuenta sale a más de una por año. Por el contrario, los repudios has sido muy escasos y casi siempre han estado relacionados con cambios de régimen: no pagaron la deuda zarista los bolcheviques en 1917; ni Mao Tsé Tung en 1949; ni Fidel Castro en 1960. Y las condonaciones han sido excepcionales.

Fuente: Meyer, Reinhart y Trebesch, 2019

Guerras, revoluciones, crisis y gobiernos manirrotos e irresponsables han estado y están detrás del excesivo endeudamiento de los estados. Por ejemplo, tras financiar sus guerras de independencia acudiendo a los mercados de Londres y Paris, las jóvenes naciones latinoamericanas comenzaron su andadura en los mercados internacionales con mal pie. Demasiado pronto, ya en 1820, no pudieron devolver su deuda y suspendieron pagos. Evidentemente la cosa no quedó ahí. En 1826 la Bolsa de Londres se cerró para las emisiones latinoamericanas. Esta es, de hecho, la peor amenaza a la que se enfrentan los malos pagadores: la exclusión. Esto pone de manifiesto la principal imperfección de los mercados internacionales de capital: la ausencia de un marco legal supranacional con capacidad para forzar el cumplimiento de los contratos más allá de las fronteras o imponer sanciones en caso contrario. Aunque el hecho, quizá sorprendente, es que históricamente ha sido un mecanismo de control bastante eficaz. Las naciones latinoamericanas tuvieron pronto que sentarse a renegociar los impagos con reestructuraciones que se alargaron durante años, porque necesitaron volver a recurrir a los préstamos extranjeros para financiar sus gastos.

¿Cómo se explica este éxito de la “disciplina de mercado” en ausencia de un marco legal que la respalde? Se emplearon diversos mecanismos, sin duda el más llamativo es la utilización del poder militar de las potencias europeas para hacer cumplir los contratos de deuda. La imagen de las grandes potencias como cobradores de deudas se ha utiliza comúnmente para ilustrar el sistema de relaciones internacionales del siglo XIX, que se llama en ocasiones “el siglo de la diplomacia de las cañoneras” en el que “los países bloqueaban los puertos hasta que se reanudaba el servicio de la deuda”(Tomz, 2007). En Centroamérica y en el área del Caribe, con gobiernos débiles y corruptos, los acreedores, los bonistas, forzaban la invasión del país para hacerse con la recaudación e aduanas. La gunboat diplomacy sustituyó la negociación en la República Dominicana en 1905, en Argentina resultó en el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata; y en Venezuela en 1902… Pero también se utilizó en otras áreas geográficas; como en Egipto en 1880; en Grecia en 1898.

El caso de Grecia es ilustrativo. Tras unos años excluido de los mercados internacionales, Grecia volvió a solicitar grandes préstamos a partir de 1879. Escarmentados de la experiencia anterior, en 1887, una comisión que representaba a todos los acreedores internacionales se garantizó los pagos forzando la cesión de los ingresos de determinados impuestos y la explotación de algunos monopolios. La acumulación de déficit públicos y las adversas circunstancias en los mercados de exportación deterioraron la capacidad de pago de Grecia (un 33 por ciento de los ingresos ordinarios se dedicaba al pago de intereses a principio de los 1890s) (Paulus, 2014), de manera que en 1893 declaró una suspensión unilateral de pagos. Tras años de negociación, en 1897, Grecia decidió entablar una guerra contra el Imperio Otomano. La derrota griega hizo el resto. Las potencias acreedoras se erigieron en mediadores y garantes del tratado de paz que vincularon a la reestructuración de la deuda. Un nuevo préstamo garantizado se utilizó para pagar la indemnización de guerra a Turquía y las obligaciones de la nueva deuda privada reestructurada (Wynne, 1951/2000).

Este ejemplo nos permite obtener dos lecciones. La primera es la importancia de los mecanismos de coordinación entre los acreedores. La capacidad de los acreedores para imponer la “disciplina de mercado” depende de modo crucial de su capacidad para actuar de manera coordinada contra un prestatario autónomo, dando credibilidad a las amenazas de sanciones y evitando comportamientos de rent seeking entre los prestamistas. En efecto, eran habituales las emisiones sindicadas por bancos de varios países y también que fueran las diversas organizaciones de tenedores de bonos las que negociaron las reestructuraciones con naciones soberanas antes de la primera guerra mundial.

La segunda es la importancia de la estabilidad política para la aparición de las crisis de deuda y también para su resolución. Como explican Reinhart y Rogoff, es importante entender que las crisis de deuda no siempre se deben a la incapacidad económica para pagar. Por razones políticas, hay gobiernos que son “reacios” a pagar o a negociar la reestructuración y los hay que no son capaces de hacerlo, porque carecen de la estabilidad política para imponer las decisiones necesarias para cumplir con las obligaciones o resolver un incumplimiento. Como hemos visto, los gobiernos que se niegan a pagar son poco frecuentes, por el contrario, abundan en la historia los gobiernos débiles, “incapaces” de imponer las medidas necesarias para pagar y/o para tratar con sus acreedores extranjeros en tiempos de presión e inestabilidad interna (Trebesch, 2018).

La historia del siglo XX es muy distinta. Tres fases. La primera catastrófica. La segunda tranquila y la tercera turbulenta. Los principales episodios afectaron simultáneamente a muchos países. Se trató de crisis sistémicas. Además, como muestra el gráfico, los estados y organismos internacionales pasaron a tener un mayor protagonismo como acreedores, aunque los agentes privados también estuvieron presentes. El número de reestructuraciones fue muy superior al registrado en el siglo anterior. La primera gran crisis de deuda siguió a la Primera Guerra Mundial. Los países implicados fueron casi en su totalidad europeos y forman parte de los países más ricos del mundo hoy en día. Se trataba de deuda “oficial”, es decir, deudas de gobierno a gobierno y, por tanto, las renegociaciones se hicieron entre estados. Su resolución llevó 10 años, se fue avanzando en un costoso proceso de prueba y error hasta encontrar el definitivo alivio, con una condonación forzada, en buena parte, por la desastrosa situación de la economía mundial tras la Gran Depresión.

Fuente: Horn, Reinhart y Trebesch, 2020

El gran deudor fue Alemania. El Tratado de Versalles de 1919 impuso el pago de reparaciones a los países perdedores. En este caso, la falta de voluntad para pagar se mezcló con la debilidad de los gobiernos de la república de Weimar, incapaces de imponer los sacrificios necesarios a la población. Tras varios años de progresivo deterioro de la economía alemana que desembocó en un devastador proceso de hiperinflación y la ocupación del Ruhr por Francia y Bélgica, los aliados tuvieron que reconsiderar el asunto de las reparaciones. Sucesivos acuerdos, empezando con el llamado Plan Dawes en 1924, extendieron los plazos, disminuyeron las anualidades a pagar y, finalmente, redujeron el principal, hasta que la situación creada por la Gran Depresión obligó, en 1932, a un acuerdo que parecía solucionar definitivamente el enojoso asunto de las reparaciones. No hubo perdón: Alemania tenía que pagar, aunque se redujo muy considerablemente el importe final exigido y se le daba un cierto plazo para recuperarse. La Gran Depresión afectó también al resto de países con deudas de guerra, provocando suspensiones de pagos de intereses, la adopción de controles de cambio y declaraciones unilaterales para anular deudas pendientes. En este caso, en 1934 Washington condonó la deuda a sus aliados y forzó a sus deudores, el Reino Unido y Francia, a que hicieran lo propio con los suyos, una decisión muy excepcional. En total, los gobiernos de Washington y Londres, los dos grandes acreedores, condonaron entre 1932 y 1934 más de 17.000 millones de dólares, a un total de 18 países. Las cantidades condonadas suponían aproximadamente un 18 por ciento del PIB norteamericano y un 29 por ciento del de Reino Unido (Reinhart y Trebesch, 2014). Es el único ejemplo conocido de una condonación general de deudas.

Alemania no fue incluida en la condonación, pues el gobierno nazi declaró una suspensión unilateral de pagos en 1933, poco después de subir Hitler al poder. El asunto se retomó finalizada la Segunda Guerra Mundial, ya en plena guerra fría. La conveniencia de estabilizar la economía de la recién creada RFA, llevó a los aliados, liderados por EEUU, a una revisión de las obligaciones de pago germanas, tanto públicas como privadas. El Acuerdo de Londres de 1953 redujo la deuda pendiente de Alemania en más del 50 por ciento, la cuarta parte del PIB alemán germano de ese año (Guinanne, 2015). Supuso sacrificios no sólo para el mayor acreedor, los EEUU, sino también para otras economías, como las del Reino Unido, Francia e incluso Grecia. El semi-perdón, facilitó el auge económico de la RFA e hizo que Alemania dejase de ser el más conspicuo moroso de la economía internacional. De hecho, en el siglo XX, las reestructuraciones de deuda usualmente han desembocado en un periodo de crecimiento económico que facilita la reducción de la carga de la deuda (Reinhart y Trebesch, 2014).

Después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo creado por los acuerdos de Bretton Woods y la imposición de control a los movimientos de capital, el endeudamiento internacional estuvo limitado y apenas se conocen reestructuraciones. Con el fin de la Edad de Oro, suspensiones de pago y reestructuraciones regresaron al centro del escenario. Durante la década de los 70, el mundo se endeudó esta vez con la gran banca internacional. La confianza en que los mecanismos de control de las entidades financieras eran más capaces de prever y prevenir el riesgo, restó protagonismo a lo que había sido el vehículo tradicional de la deuda soberana, los bonos. El volumen de préstamos suscritos por diversos gobiernos, muy en particular los latinoamericanos, se disparó. Cuando a principios de los ochenta vencieron los créditos, el cambio de coyuntura provocado por la crisis del petróleo había hecho escalar los costes de los préstamos hasta el punto de poner en jaque las finanzas públicas.

El peso de la deuda externa contraída en años anteriores se hizo agobiante, no sólo en Latinoamérica, sino también en muchas naciones de África, Asia y Europa oriental. A los deudores les quedó elegir entre dos opciones a cual peor: suspender el pago de la deuda o llevar a cabo un doloroso ajuste de sus economías. La crisis de la deuda externa marcó la década de los ochenta en Latinoamérica. No se produjo una catástrofe financiera mundial, pero su resolución fue lenta y azarosa, emponzoñó las relaciones comerciales y financieras entre acreedores y deudores, dañó la cooperación internacional y no permitió la vuelta a la “normalidad”. Fueron diez años de batalla en la que todos perdieron algo, más los pobres que los ricos. Después de una década perdida con caídas del PIB, desempleo, pobreza, la solución llegó, tras el fracaso de las negociaciones entre gobierno, bancos y el FMI, con el célebre Plan Brady de 1992. Nada de perdón, sino duras reestructuraciones: cambios de deuda vieja vencida e impagada, por deuda nueva, con quitas y aplazamiento de vencimientos. Los acreedores recuperaron una parte de lo prestado y los deudores pagaron menos de lo que debían, pero imponiendo elevados sacrificios a la población.

Al vendaval latinoamericano le siguieron las crisis de los países de economía planificada: la URSS y varios países de Europa del este, endeudados con la banca alemana y francesa. Sin reservas internacionales, no pudieron cumplir sus compromisos. Se vieron obligados a reestructurar su deuda, pedir más crédito y dedicar sus recursos a las devoluciones. Volvían a la democracia, pero tampoco hubo perdón. Y sin solución de continuidad llegó la pandemia asiática: en 1997 estallaron las crisis financieras de las economías emergentes del sudeste asiático: Tailandia, Indonesia, Corea. Y un año después el torbellino arrasó Rusia, y otra vez México, Argentina y Brasil. Se aplazaron vencimientos y se suspendieron pagos. Y tras las quiebras, de iure o de facto, llegaron las reestructuraciones con la medicina clásica: créditos de urgencia, truque de deuda vieja por deuda nueva, píldoras del Consenso de Washington: liberalización de mercados, privatizaciones de empresas públicas: menos Estado, más mercado.

La crisis financiera de 2007-08 asimismo ha forzado dramáticas y complejas reestructuraciones de deuda con Grecia como país más afectado. Atenas tuvo que acudir al FMI en abril de 2010, cuando su deuda con los bancos alcanzaba el 140 por ciento del PIB. Entonces empezó un calvario que ha durado ocho años, ha costado tres programas de rescate por 260.000 de euros, tres gobiernos, una suspensión de pagos, un referéndum, un aumento de la deuda al 177 por ciento y un descenso del 25 por ciento del PIB. En 2018 se llegó, por fin a un acuerdo. No implicó condonación alguna: sino un préstamo final de más de 270.000 euros con un aplazamiento de vencimientos, una carencia de diez años que puede llegar a otros diez, esto es, hasta 2040. A cambio, más reformas y una vigilancia continua por los “hombres de negro” de la infausta troika.

¿Por qué se reestructuran las deudas en lugar de no pagarlas cuando llegan a ser tan agobiantes que impiden el crecimiento y la población las considera “odiosas”? En esencia porque repudiar tiene elevados costes. A los deudores les interesa mantener su reputación frente a los acreedores porque significa tipos de interés más bajos en el futuro. Hay que tener en cuenta que el aumento de los costes de capital afectaría también a los agentes privados lo que repercutiría muy negativamente sobre la inversión y la capacidad de crecimiento del país. Los acreedores se sientan a la mesa para recuperar, si no todo, algo de su capital y de los intereses. A veces no la totalidad, sino que sufren quitas, cuya media histórica ha sido entre el 40 y el 50 por ciento. Sin embargo, los deudores siempre terminan pagando, generación tras generación. Los estados soberanos no quiebran. Eso lo saben los prestamistas, como también saben que el riesgo de eventuales quitas se ve compensado por la alta rentabilidad de la deuda soberana, como muestra el gráfico. Josefin Meyer, Carmen Reinhart y Cristoph Trebesch (2019) estimaron que, en los últimos 200 años, el rendimiento medio de la deuda soberana de los países en vías de desarrollo y pobres ha estado casi cuatro puntos por encima de lo que han rendido los títulos sin riesgo, por ejemplo, los bonos de alemanes o los norteamericanos.

Fuente: Meyer, Reinhart y Trebesch, 2019

Al mismo tiempo, aliviar la carga de la deuda de los prestatarios, al menos momentáneamente, es la única vía para impulsar la recuperación económica que garantice el pago de la deuda. Por eso se negocian restructuraciones, pero raramente se contempla “el perdón”, pues condonar la deuda podría ser un peligroso precedente para futuros deudores. El temor al “riesgo moral” ha sido históricamente más fuerte que cualquier consideración acerca del sufrimiento de poblaciones azotadas por crisis de todo tipo y/o por la mala gestión de sus gobernantes.

¿Y qué vamos a hacer ahora cuando el tamaño de la deuda de algunos estados europeos asuste a los banqueros y fondos de inversión? La historia nos enseña que es ilusorio esperar una condonación. Pero ¿hay otra alternativa no sea sacrificar en años de austeridad a las generaciones presentes, o dejar una herencia envenenada a las generaciones las futuras? ¿Por qué no plantear una solución menos dolorosa?

El presidente de la Fed, Jerome H. Powel, ha alertado en una reciente intervención que se está ante una crisis sin precedente, mucho más intensa que cualquier otra desde la Segunda Guerra Mundial, con una actividad en caída libre y un aumento del desempleo hasta cotas hace poco inimaginables. El Congreso ha aprobado un paquete de 2,9 trillones de dólares, el 14 por ciento del PIB. En su opinión, es insuficiente y de no hacer algo más la economía, americana y mundial, sufrirá un daño permanente. Pide una política fiscal más agresiva para complementar las acciones monetarias super-expansivas que lleva a cabo la institución que preside. Por su parte, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra, ya contempla políticas de compra directa de todo tipo de activos de hasta 781 billones de dólares, e incluso llevar los tipos de interés por debajo de cero como hacen el Banco de Japón y el BCE. El lunes 18, Macron y Merkel anunciaban la puesta en marcha de un plan de ayudas de 500.000 millones de euros con destino a subvenciones no reembolsables. Se avanza por un camino adecuado, aunque quizá se precisarían medidas fiscales más contundentes. Doblar el presupuesto de la Unión Europea y que se canalizaran recursos a fondo perdido, sin condicionalidad, cuya utilización debería ser bien controlada, no por los gobiernos nacionales, sino por las instituciones de Bruselas o incluso por los países que aportasen los fondos. Capital a cambio de algo de pérdida de soberanía fiscal. Esperemos hasta ver la propuesta de la Comisión.

El BCE ha venido proporcionando liquidez mostrándose dispuesto a hacer un uso decidido de sus amplias capacidades, con el lanzamiento de un programa excepcional de compra de bonos para apoyar los esfuerzos de los Estados frente a la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés). Qué se continúe con la compra de deuda soberana, aunque sea través de mecanismos indirectos: una estrategia de urgencia para hacer frente a estas circunstancias excepcionales. Y después que se la quede en su balance, en su bolsillo, para siempre o para “tiempos mejores”. Y por supuesto que no se amilane ante la reciente sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Al margen de su extralimitación jurídica y su desafío al Tribunal de la Unión Europea, que deben ser contrarrestados en seco, por éste y por la Comisión, el BCE debe mantener su postura, recordar que los tribunales no hacen política monetaria y que los estados democráticos que en día lo crearon le dotaron de autonomía. El BCE no está carente de legitimidad como airean algunos, sino que es una criatura de países donde rige la democracia y la división de poderes. Y si en el pasado los bancos centrales nacieron en todo el mundo para salvar monarquías y repúblicas, que salven ahora ciudadanos de a pie. Pensamos que es su deber.

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NEG-Consejos para sacar partido de las clases online

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De Pedro Rey Biel (@pedroreybiel)

Durante la reciente Conferencia de la Asociación Europea de Economía, que por primera vez se celebró de forma virtual, el renovado Comité de Educación en Economía, al que pertenezco, organizó una sesión sobre docencia online, que pretendía orientar a los muchos profesores que, al igual que los alumnos, nos enfrentamos a un curso atípico en el que existe incertidumbre sobre si nuestras clases deberán ser presenciales, híbridas o totalmente online (o cualquier combinación de ellas según vaya evolucionando la pandemia). Alvin Birdi (U. Bristol), presidente del Comité, dio una perspectiva optimista sobre las posibilidades que ofrece el formato online para involucrar a los alumnos y crear grupos de trabajo y comunidades interactivas. Cloda Jenkins (UCL), expuso el potencial y los inconvenientes de las diversas formas de evaluar a los alumnos en un contexto online. Pueden ver la conferencia completa aquí (¡Una de las ventajas de que todo quede grabado y pueda consultarse después!). En todo caso, a continuación ofrezco en mi tradicional formato de NEG-Consejos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) algunas de las ideas que expuse sobre cómo dar las clases online, que espero puedan ser útiles tanto para profesores planificando sus cursos como para que los alumnos sugieran posibles mejoras.

1. Simplifica la vida de tus estudiantes. si la organización de un curso siempre es importante, en el formato virtual lo es aún más. Procura que el acceso a las distintas plataformas para hacer esas actividades sea sencillo y con links disponibles (y comprobados en todo momento). Usa una única plataforma digital con la que tú, y más aún tus alumnos, se sientan cómodos. Si puedes adaptarte a la que usan por defecto en su institución, mejor. Mantén los canales de comunicación siempre abiertos. Una de las ventajas que hemos experimentado en el formato virtual es que lo alumnos se muestran menos cohibidos a preguntar por chat o email que en directo. Un truco que me ha funcionado bien, es publicar una lista de respuesta disponibles para todos los alumnos a los FAQs que me han llegado después de cada sesión online. Incluso si les pones videos que ver durante las sesiones, mantente disponible en el chat para que te pregunten mientras hacen una actividad en la que no estés directamente activo.

2. Muestra el plan concreto de cada clase antes de tiempo. Resulta muy práctico publicar un plan de las diversas actividades que se van a hacer cada día, para que los alumnos sepan en cada minuto qué deben estar haciendo. Busca los mejores recursos disponibles que ya existan para un cierto tema, sin necesidad de que los crees tu de nuevo, pero añade una breve introducción que contextualice ese recurso externo y haga entender a los alumnos cómo contribuye a su aprendizaje. Si lo que usas son videos, esfuérzate en que sean breves (nunca superiores a 15 minutos), y divididos por temas concretos que quizá puedas reutilizar en otras asignaturas). En todo caso, ten el apoyo documental (presentaciones, artículos) siempre disponible online para que puedan profundizar con lecturas.

3. Establece expectativas razonables. La introducción al curso, explicando lo que se espera de los alumnos en un contexto en el que ellos son aún mas responsables de su aprendizaje es fundamental. Ayúdales a que se sientan involucrados obligándoles a hacer y entregar múltiples actividades (algunas incluso opcionales) que se valoren, aunque no cuenten mucho para la nota final haz lo mismo con la presencialidad (o el haber utilizado los recurso offline), facilitándote la vida con los recursos de “autochecking” que tienen la mayoría de los software de docencia disponibles. Utiliza la evaluación por parte de los mismo alumnos (en un porcentaje no excesivo) para que se sientan motivados con los trabajo en grupo. Se estricto con las fechas de entrega, pero deja amplios márgenes para entregarla desde que la anuncias.

4. La variedad ayuda a que se involucren. Introduce variedad en las actividades que realizan los alumnos (lecturas, aulas de discusión de grupos pequeños, challenges en Kahoot, encuestas, presentaciones breves de estudiantes…). Haz que los recursos se complementen y puedan utilizar unos u otros, incluso cuando una videoconferencia o un video te falle (¡que lo hará!). Cuando los alumnos realmente tengan contacto directo contigo, haz que merezca la pena. Una de las ventajas de la enseñanza online es que facilita aquello que pocas vences conseguimos en el aula de que los alumnos vengan con los temas previamente preparados, y que usen realmente el tiempo directo con vosotros para tener una discusión enriquecedora. Cuando realicen actividades, te sorprenderá saber lo curiosos que son los alumnos sobre sus resultados en relación con el resto de la clase (incluso para temas no evaluables), por lo que es muy útil mostrar los resultados (quizá de forma anónima) de cualquier actividad que realicen.

5. La docencia online requiere nuevas habilidades. A todos nos cuesta aprender a hablar a una cámara, pero es algo que debemos aprender a hacer si no queremos quedar obsoletos. Existen muy buenos cursos online sobre cómo hablar de forma natural a una cámara. Como truco básico, pon un post-it con una carita dibujada al lado del objetivo y háblale directamente. Mira al objetivo y no a la pantalla de tu ordenador. La cámara absorbe una gran parte de tu energía, así que esfuérzate por mantener a los alumnos despiertos, para lo que hacer cambios de ritmo y de intensidad al hablar es práctico. Ten cuidado con no usar fondeos de cámara excesivamente llamativos. Es mejor centrar la atención en ti. Igualmente, ten cuidado si grabas los videos desde casa, con el fondo de escritorio que utilizas. Te sorprenderá saber lo cotillas que pueden ser los alumnos, sobre el libro en la tercera estantería de tu biblioteca.

6. Usa la tecnología de forma inteligente. Procura dar a tus videos un formato lo más profesional posible. Si te lo puedes permitir, o tu institución te lo aporta, usa una cámara distinta a la de tu ordenador, un micrófono independiente decente, una luz frontal (¡nada de clases desde la cueva!)… e incluso un mínimo de maquillaje. Asegúrate de que grabas tus videos con una conexión por cable en lugar de por wifi, para no llevarte luego sorpresas. Ten en todo caso pensado un plan B (¡y un C!) por si la tecnología falla. Finalmente, y respecto a los alumnos, establece unos protocolos mínimos de comportamiento online que hayas decidido (cámaras encendidas o no, micrófonos apagados mientras no intervengan, conectarse 5 minutos antes de empezar la sesión…).

Esta recopilación de consejos vienen del aprendizaje propio. Estoy seguro de que otros lectores pueden aportar muchos más en sus comentarios. En todo caso, tendremos otra oportunidad de discutir estos temas en el próximo Simposio de la Asociación Española de Economía (AEe), que acaba de ser traspasado a formato online y que tendrá lugar en Diciembre. Durante dicho simposio, una de las expertas en docencia online, Stefania Paredes (U. WarwicK), ofrecerá otra visión sobre el mismo tema dentro de la sesión especial del Comité de Educación en Economía de la AEE. Por si no pueden esperar hasta entonces, les dejo con un último recurso online, con buenos consejos en video para que este trimestre nos pille a todos preparados. ¡Buena suerte!

PD: Me piden que por favor insista en que aquellos de ustedes que trabajen como economistas académicos rellenen la siguiente encuesta breve (1 pregunta) sobre qué actividades creen que debería cubrir el Comité de Docencia en Economía de la European Economic Association. Pueden hacerlo aquí. ¿Gracias!

Pedro Rey Biel

Pedro Rey Biel

Doctor en Economía por University College London (2005). Actualmente es Profesor de ESADE e Investigador Ramón y Cajal. Sus campos de Investigación son: economía del comportamiento y economía experimental, diseño de instituciones, incentivos, y Economía de la Salud.

Sus campos de Investigación son: economía del comportamiento y economía experimental, diseño de instituciones, incentivos, Economía de la Salud.

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Autor: Pedro Rey Biel

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La fusión Iberia-Air Europa: (falta de) competencia, consumidores y dinero de los contribuyentes

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Por Juan Luis Jiménez

Como explicamos en un post anterior, la gestión de la crisis que (también) sufren las aerolíneas, nos puede llevar a que estemos pagando como sociedad hasta tres veces el gasto público que se decida utilizar para este sector: como consumidores, como contribuyentes y como habitantes del planeta.

Como consumidores, varios son los canales por los que podría suceder pero, principalmente, tres: una regulación en materia de consumo muy laxa al respecto de las políticas de cancelación y devoluciones de billetes no realizados, que ha permitido a las empresas mantener en su poder el dinero de los usuarios (en junio se estimaban 700.000 usuarios no satisfechos, y el Ministerio de Consumo trató de solucionarlo habilitando una web para canalizar las reclamaciones); la desaparición de aerolíneas, que conlleva una reducción de competidores en las rutas y, por tanto, efectos negativos sobre la competencia; y que las condiciones coyunturales pudieran incidir sobre las decisiones de fusiones entre aerolíneas, aprobando operaciones que en situaciones “normales” no se producirían.

Como contribuyentes, el principal coste se daría si el uso de nuestro dinero para ayudas a este sector privado se hiciera de forma alejada de la eficiencia, manteniendo empresas que sin el sostenimiento de los fondos públicos no operarían; o incluso para mantener beneficios privados, en el caso que el Estado aportase pero no interviniese en la gestión de la compañía.

Y, quizás la más relevante, como habitantes del planeta, sufrimos un coste por no aplicar políticas medioambientales necesarias para internalizar los efectos que las emisiones generan sobre el planeta, algo que Fabra, Motta y Peitz ya nos apuntaron y afectan a la verdadera pandemia: el cambio climático.

En la actualidad, muchos son los cambios por venir al mercado de las aerolíneas (piense el lector en las múltiples ayudas que determinados países están concediendo a las aerolíneas, aquí) pero, para el caso español, el más destacado es la pretendida fusión entre las aerolíneas Iberia y Air Europa. ¿Qué implicaciones tiene esta fusión? ¿Cuál es (y cuál debería ser) el rol del sector público en él?

Las fusiones en aerolíneas han conllevado, tanto en Estados Unidos como en Europa, a resultados usualmente negativos para los consumidores: mayores precios y menores frecuencias, con excepción del disciplinamiento de la competencia ejercido por las Low-Cost (véase Fageda y Perdiguero, 2014).

En las siguientes líneas trataremos solamente de ordenar ideas para el (muy) necesario debate acerca de cómo utilizar el dinero de los contribuyentes.

La fusión Iberia-Air Europa

El último trimestre de 2019 recogió la noticia sobre la pretendida compra de Air Europa por parte de Iberia, compañía esta última miembro del Grupo IAG. La venta se produciría por una cuantía en torno a los 1.000 millones de euros, incluyendo cláusulas de penalización a favor de Air Europa si finalmente no pudiera llevarse a cabo (en torno a 40 millones de €).

Este proceso, que aún se encuentra en evaluación por Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, supondría la desaparición de una de las principales compañías en el mercado aéreo español y, también, un competidor relevante en rutas de larga distancia entre Europa y América.

Un ejemplo. Con datos de noviembre de 2019, solo para el mercado Península-Islas, los cambios en las rutas que operaban ambas compañías simultáneamente señalan que 15 rutas pasan a ser monopolio de Iberia y 13 más se ven afectadas. Y estas rutas, además, sufren los negativos efectos que los descuentos a residentes tienen sobre los precios (véase informe Airef o post).

En esta situación, Iberia trata de justificar la existencia de “complementariedad” entre ambas compañías pero, contrariamente a su afirmación, tomó medidas a través de la cesión de rutas a la aerolínea Volotea para mejorar las probabilidades de que la fusión fuera aceptada (Volotea es una compañía muy cercana a Iberia, ya que el fundador de Volotea lo fue también de Vueling, y Vueling es del Grupo Iberia). Esta acción es muy discutible por cuanto Iberia está llegando a un acuerdo con una empresa, para que la cubra en un mercado, y eso podría suponer una infracción de las normas de competencia. Y en cualquier caso, per se, no es señal de alta competencia en el mercado.

Por tanto, la fusión presenta dudas en términos de competencia en determinadas rutas aéreas y, además, crea recelos por parte de representantes de los trabajadores.

¿Qué rol muestra el Gobierno en la fusión?

Como en cualquier mercado libre, el papel de la Administración debería ser el mínimo posible, evitando interferir en la libre competencia. Pero tanto por la evolución de la pandemia como por las pérdidas que anuncia Air Europa para 2020 (literalmente, el presidente de Globalia ha dicho que, “si no nos ayudan como Alemania y Francia, vamos a durar menos que un telediario”) el Gobierno ha tomado cartas en el asunto.

La principal es que el Ministerio de Transportes calificó la fusión de “estratégica” y con ello, permite acceder a financiación pública a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De una parte, la empresa recibió 140 millones de € de financiación vía el Instituto de Crédito Oficial. Y de otra, solicitó una ayuda de 400 millones de € en septiembre de 2020 al Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Según el RD 25/2020 que lo regula, el Estado tiene 6 meses para resolver pero, como deben adscribirse al Marco Temporal de la Comisión sobre Ayudas de Estado, deberá ser efectiva antes del 31 de diciembre de 2020. Al parecer, la fórmula que se baraja es la de un crédito participativo y un préstamo, solicitando expresamente la compañía que el Estado no entre en el accionariado.

Esta intervención pública muestra dos dudas principales: interfiere claramente en un proceso de concentración empresarial (favoreciéndolo, quizás) que a priori tiene repercusiones sobre la competencia; y porque se utilizaría dinero público para una empresa que muestra debilidades financieras (según sus propios gerentes, aunque Globalia repartió dividendos justo antes de la aparición del Covid-19).

¿Qué se debería hacer?

Como ya explicó Natalia Fabra en un hilo de twitter, habría que distinguir dos cuestiones de naturaleza distinta:

(i) el rescate de Air Europa.

(ii) el proceso de concentración por parte de Iberia.

Sobre el rescate, los problemas de liquidez de Air Europea causados por la Covid-19 justificarían la concesión de ayudas de estado para salvaguardar su supervivencia (siguiendo el marco europeo antes mencionado e incluso las ayudas aprobadas a varias empresas del sector), pero esta ayuda no debiera ser un fin en sí mismo que redujese el precio de adquisición por parte de Iberia (el valor de la transacción ya ha bajado hasta los 500 millones de €).

De hecho, el Gobierno debería poder condicionar algunas de sus decisiones (nombramientos, composición del capital, retribuciones, etc.), de forma similar a lo que ocurre con otras empresas también consideradas estratégicas (e.j. Red Eléctrica). ¿Cómo? A través de la entrada del Estado en el capital de Air Europa (TAP o Alitalia son ejemplos recientes de ello).

Pero otra cuestión es la adquisición de Air Europa por otra compañía: si el Estado apoya a Air Europa con recursos públicos, debería poder recuperar la rentabilidad de su inversión, estableciendo mecanismos para evitar que el rescate beneficie a los nuevos propietarios vía un precio menor de adquisición, o a sus actuales propietarios vía un precio mayor de venta del que hubiera resultado en ausencia de rescate.

Posiblemente, entre todas las posibles, la fusión con Iberia sea la que presente los problemas más serios de competencia por su solapamiento de rutas, cuestión que la Comisión Europea está investigando

Conclusión:

La decisión en el uso del dinero público debe ser doble y secuencial: entrar sí y solo sí es necesario (evitar mantener empresas deficitarias); y, si se decide entrar, acceder a la gestión de la empresa con la finalidad de recuperar la inversión pública, fortalecer la competencia y adquirir compromisos medioambientales. Facilitar fusiones privadas (y anticompetitivas) con dinero público sería un craso error.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Juan Luis Jiménez

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Convivencia de diferentes generaciones y muertes por Covid

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El Coronavirus es una epidemia con un alto grado de mortalidad (Yang et al., 2020) que tiene mucha mayor incidencia en la población de edad avanzada (Abdulamir and Hafidh, 2020). Es también una enfermedad muy contagiosa (Wu et al., 2020). Una de las estrategias que se han utilizado para proteger a las personas más vulnerables es reducir los contactos entre personas de edad avanzada y la gente joven (Koh, 2020). El hecho de que una fracción importante de personas jóvenes convivan con personas mayores hace más difícil reducir estos contactos entre generaciones. En un artículo con Shoshana Grossbard (ver aquí) analizamos si la convivencia de distintas generaciones en un mismo hogar está positivamente correlacionada con muertes por Coronavirus. Estudios recientes que se basan en datos de regiones europeas no han encontrado una asociación positiva entre convivencia intergeneracional y muertes por Coronavirus (Belloc et al. 2020, Arpino et al. 2020). En nuestras estimaciones usamos información de 29 países de la Unión Europea antes de Brexit y de los 50 estados de Estados Unidos, lo que nos lleva a incluir 78 áreas geográficas (países o estados).

Hemos recogido información sobre el número de muertes desde el 15 de febrero (cuando se produjo la primera muerte en Francia) hasta el 3 de agosto de 2020, ciento doce días después de que la primera muerte por Covid fuera registrada en el estado de Wyoming (el más tardío de nuestra muestra). A diferencia de otros estudios que comparan la evolución de la epidemia entre países que se encuentran en diferentes estadios de su evolución, nosotras analizamos las muertes acumuladas desde el comienzo de la epidemia, a intervalos fijos, desde el inicio de la misma, en concreto 20, 40, 60, 80 y 100 días desde la primera muerte en el área. En el caso de España, las muertes por Coronavirus, a 100 días del inicio de la epidemia, alcanzaron los 27.136 individuos y la tasa de familias con generaciones convivientes es del 62.8%.

Nuestras principales variables de interés son el número acumulado de muertes en un día determinado y tasas de convivencia entre generaciones. En la práctica, estimamos la correlación condicionada de estas variables a través de regresiones donde el logaritmo del número de muertes a 20, 40, 60, 80 o 100 días desde el inicio de la epidemia es la variable explicada y la proporción de personas jóvenes que conviven con sus padres es la principal variable explicativa. Además, en nuestras regresiones tenemos en cuenta otros factores que median en la relación entre estas dos variables. Dichos factores incluyen variables relacionadas con la epidemia: Si el Gobierno impuso una cuarentena y el número de días que tardó en imponer la cuarentena contados a partir de la primera muerte por Covid. También controlamos por el número de tests per cápita 14 días antes del día en que medimos las muertes. Por ejemplo, para muertes a 20 días usamos tests pc a 6 días y para muertes a 100 días usamos tests pc a 86 días. Además, incluimos factores de tipo demográfico y socioeconómico como la población en el país/estado, la proporción de individuos mayores de 65 años, la proporción de la población que vive en centros urbanos, si se trata de un país europeo o un estado de EEUU, número de camas de hospital por persona, si el gobierno es de derechas o de izquierdas, PIB pc, y precios del alquiler.

La siguiente tabla presenta los resultados principales de dichas regresiones:


Estos resultados muestran que la convivencia intergeneracional, definida como la proporción de personas entre 18 y 34 años que viven con sus padres, está asociada con más muertes 40, 60, 80 y 100 días después de inicio de la epidemia. Por ejemplo, un punto porcentual más en la tasa de convivencia está asociado a un 4% más de muertes a 40 días del inicio de la epidemia. En un análisis adicional encontramos que la asociación entre convivencia y muertes por Covid viene dada, sobre todo, por los estados de Estados Unidos. Esto se evidencia ya en una simple correlación entre las muertes per cápita y la tasa de convivencia:

Nuestras conclusiones ilustran una relación positiva entre convivencia y muertes por Coronavirus. Para poder concluir que dicha relación es de tipo causal, tal que más familias convivientes aumentan el número de muertes, será necesaria investigación adicional.


Abdulamir, A. S., & Hafidh, R. R. (2020). The Possible Immunological Pathways for the Variable Immunopathogenesis of COVID–19 Infections among Healthy Adults, Elderly and Children. Electronic Journal of General Medicine, 17(4).

Arpino, B., Bordone, V., & Pasqualini, M. (2020). Are intergenerational relationships responsible for more COVID-19 cases? A cautionary tale of available empirical evidence. https://doi.org/10.31235/osf.io/y8hpr SocArXiv, May 6.

Belloc M., Buonanno P., Drago F., Galbiati R., Pinotti P. (2020). Cross-country correlation analysis for research on COVID-19, Vox-CEPR Policy Portal.

https://voxeu.org/article/cross-country-correlation-analysis-research-Covid-19 Accessed on June 29, 2020

Koh, D. (2020). Occupational risks for COVID-19 infection. Occupational medicine (Oxford, England), 70(1), 3.

Yang, Y., Peng, F., Wang, R., Guan, K., Jiang, T., Xu, G., Sun J & Chang, C. (2020). The deadly coronaviruses: The 2003 SARS pandemic and the 2020 novel coronavirus epidemic in China. Journal of autoimmunity, May; 109:102434.

Wu, J. T., Leung, K., Bushman, M., Kishore, N., Niehus, R., de Salazar, P. M., Cowling B J, Lipsitch M & Leung, G. M. (2020). Estimating clinical severity of COVID-19 from the transmission dynamics in Wuhan, China. Nature Medicine26(4), 506-510.

Ainoa Aparicio

Ainoa Aparicio

Ainoa es Doctora en Economía por la Universitat Pompeu Fabra. Actualmente trabaja en la Universidad de Turín (Italia) y es Research Fellow de IZA y CHILD. Sus áreas de investigación incluyen Economía Laboral, Educación, Migración, Familia (emancipación juvenil y salud infantil) e Idiomas (las interacciones entre dominio de lengua extranjera y mercado de trabajo).

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Autor: Ainoa Aparicio

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