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Covid-19 y desigualdad según Angus Deaton

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Por Judit Vall

Durante el confinamiento por el estado de alarma actual, muchos departamentos universitarios han decidido seguir con sus seminarios de manera virtual, abriéndolos, además, a toda la comunidad científica. Gerard Llobet nos explicaba aquí las ventajas e inconvenientes de estas prácticas; por su parte, Juan Francisco Jimeno nos recomendaba aquí un webinario de Daron Acemoglu y Jean Tirole sobre la atrofia del Estado y los fallos del mercado en el contexto de la covid‑19.

En esta entrada quiero repasar tres ideas que me parecieron muy interesantes del webinario de Angus Deaton acerca de las implicaciones de la covid‑19 sobre la desigualdad. Lo organizaba el Princeton Bendheim Center for Finance, de la Universidad de Princeton, como parte de su serie de ciberseminarios dedicados a varios aspectos relacionados con la covid-19 y, si bien tuvo lugar el pasado 13 de abril a las 18:30 (hora española), tanto la presentación como el video de la sesión se pueden visualizar aquí.

Angus se centra, sobre todo, en el caso de los Estados Unidos. Para darle contexto a su presentación, en la figura 1 muestro la evolución temporal del número de personas fallecidas por día en los Estados Unidos y en España desde el momento en que se registran tres muertes en un día (datos del Financial Times disponibles aquí). Como se puede observar en el gráfico, la curva ascendente durante los 20 días primeros es bastante parecida en los dos países, pero la reducción a partir del día vigésimo primero es mucho más pronunciada en el caso español. De hecho, entre el día 30 y el 60, la evolución en los Estados Unidos se parece más a un estancamiento que a un descenso.

Figura 1. Número de personas fallecidas diariamente debido a la covid‑19 en Estados Unidos y en España.

La primera idea que quiero comentar de la presentación de Angus me sorprendió mucho porque pienso que está al límite de lo éticamente aceptable. Él opina que una parte importante de las personas muertas por la covid‑19 hubieran fallecido igualmente (sin covid‑19) tan solo unos meses más tarde; así, dice, una proporción de las muertes acaecidas en el 2020 se habrían producido en el 2021. Para defender esta idea se basa en dos observaciones: el exceso de mortalidad (respecto a la mortalidad media de cada grupo poblacional) provocado por este coronavirus es proporcional al riesgo de mortalidad (probabilidad de morir) que tienen los individuos en una situación regular, es decir, sin la presencia de la covid‑19. A modo de ejemplo, sabemos que el exceso de mortalidad atribuible a la covid‑19 afecta más a los hombres que a las mujeres, pero, antes de la aparición del virus, el riesgo de morir de la subpoblación masculina ya era mayor que el de la subpoblación femenina. De igual manera, las personas de edad más avanzada y las que padecían alguna de las enfermedades que aumentan la virulencia de la covid-19 ya tenían, antes de la pandemia, una probabilidad mayor de morir que los individuos de menor edad o sin determinadas patologías previas.

La segunda observación que lleva a Angus a mantener su hipótesis es que, como argumenta mediante la figura 2, parece que el efecto de anticipación de las muertes ya lo produjo la gripe española de 1918. El gráfico presenta datos desde el año 1900 hasta el 2000 de fallecimientos por 100 000 individuos de hombres blancos con edad comprendida entre los 45 y los 54 años en Estados Unidos. Se observa, claramente, un incremento de la tasa de mortalidad, que es atribuible a la gripe de 1918 y que va seguida de una caída más acusada que la tendencia decreciente de la serie. Esa caída es el efecto compensación del que habla Angus en su presentación: son las muertes que hubiesen ocurrido en 1919 y 1920 si la gripe española no las hubiese adelantado a 1918.

Figura 2. Muertes por 100 000 habitantes en el grupo de hombres blancos de edad comprendida entre los 45 y los 54 años.

La segunda idea que quiero destacar de la presentación se refiere al efecto inmediato de la pandemia sobre la desigualdad, que, según Angus sufrirá un aumento importante mientras estemos afectados por la covid-19: las personas con menor nivel educativo o bien trabajan en sectores esenciales, lo cual las expone a un riesgo mayor de contraer la enfermedad, o bien, si trabajan en un sector no esencial, estarán expuestas a un mayor riesgo económico (más probabilidad de perder el trabajo, ya que la posibilidad de teletrabajar es menor para las personas con menor grado de instrucción). Por lo tanto, de cualquier forma, la desigualdad económica y del estado de salud va a aumentar entre personas con diferente nivel educativo. De hecho, ya hay pruebas de que en los Estados Unidos la covid-19 ha afectado más a la población hispana y de color (mayor porcentaje de hospitalizaciones, mayor tasa de mortalidad y mayor exposición a shocks económicos; véase aquí).

Por último, la tercera idea que me pareció importante de las expuestas en el seminario se refiere a los efectos de la covid-19 sobre la desigualdad a largo plazo. Angus predice que, una vez que se acabe la pandemia, vamos a ver el retroceso de la globalización y cierta reversión en las deslocalizaciones de la producción, lo que hará que, en consecuencia, regresen a los países desarrollados ―desde países terceros― puestos de trabajo. Esos acontecimientos incrementarán el empleo de las personas con poca formación en países como los Estados Unidos y ello, junto con la reducción del PIB (que afectará mayoritariamente a las clases altas), llevará a que la desigualdad en cuanto al nivel de renta sea menor.

Asimismo, Angus predice que el sistema de salud público estadounidense sufrirá fuertes presiones para aumentar su cobertura a más población, lo que hará que se reduzca la desigualdad en materia de estado de salud. De esta manera, a medio y largo plazo, la pandemia actual resultaría en menor desigualdad entre grupos sociales, tanto de renta como de salud.

Judit Vall

Judit Vall

Judit es profesora lectora (assistant professor) en el departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. Estudió la carrera de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, el máster en la Universidad de Essex y el Doctorado en la Universitat de Maastricht. También es Research Fellow en el Instituto de Economía de Barcelona (IEB), el Centro de Investigación en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra y en IZA. Sus áreas de investigación incluyen Economía de la Salud, Economía Laboral y Migración.

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente
Autor: Judit Vall

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“Efectos Colaterales” históricos: cómo un embargo comercial español en Holanda arrasó una ciudad en Canarias

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Por Diego Cabrera (Licenciado en Economía, ULPGC)

La economía europea del siglo XVI se construyó en torno a las ciudades, sus mercados y las rutas que hacían posible el comercio entre ellas. En este contexto, La Corona española dominaba la mayor parte del tráfico marítimo en el Mediterráneo por su dominio sobre Milán, de un lado, y Flandes, en el otro, incluyendo el gran centro mercantil de Amberes. El poder económico de España a finales del siglo XVI era tan relevante que le permitía la capacidad de ejercer presión sobre mercados clave, materias primas o mercaderías para mejorar su posición económica sobre las potencias marítimas del norte de Europa, sobre todo Inglaterra.

En este marco, las políticas más extendidas por España dentro de la guerra económica comercial fueron los bloqueos y embargos al comercio sobre sus grandes competidores. Políticas que fueron una tendencia continua en el tiempo, comenzando a finales de 1580 por el monarca español Felipe II y extendiéndose hasta el fin de los Habsburgo, en 1700.

Los tres grandes bloqueos comerciales que impulsó España en este siglo fueron contra Inglaterra y Holanda durante el período de 1585-1604; contra Holanda y Portugal, entre los años 1621-1647; y contra Francia, entre 1688-1697. En general, se considera actualmente que la obsesión por implementar este tipo de embargos comerciales por parte de la corona española no produjo los resultados esperados por la Corte de Madrid (Véase Alcalá-Zamora, 2001. España, Flandes y el Mar del Norte (1618-1639).

En esta entrada pretendo analizar algunas de las consecuencias más relevantes que se derivaron del primer gran bloqueo marítimo a Los Estados Generales neerlandeses y cómo, debido al embargo, se produjo unos de los hechos más importantes en la historia de Canarias: la destrucción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

La revuelta de los Países Bajos.

Toda la región de los Países Bajos había sido incorporada a los dominios de los Habsburgo a principios de la década de 1540. España controlaba una de las zonas más codiciadas en Europa debido a su floreciente comercio. Pero pronto se comprobó que la convivencia no iba a resultar sencilla. Varios fueron los puntos de fricción entre España y las provincias de los Países Bajos: los altos impuestos, la persecución del protestantismo y los esfuerzos centralizadores de los monarcas españoles, fueron el caldo de cultivo para el desarrollo del conflicto.

Las revueltas religiosas entre calvinistas y católicos del año 1566 fueron el germen de las luchas en Flandes, provocando que estallara la guerra que desembocaría en la independencia de las provincias del norte, lideradas por Holanda, Zelanda y Utrech en 1581 (solo reconocidas por Inglaterra y Francia). En el transcurso de la revuelta y de la mano de Mauricio de Orange, las Provincias Unidas de los Países Bajos crecieron muy deprisa gracias a su flota comercial, experimentando un período de riqueza económica que no pasó desapercibido en España.

Potencia marítima

Las Provincias Unidas se convirtieron rápidamente en una potencia comercial marítima. En 1587 ya dominaban gran parte del comercio en el Mar del Norte, ejerciendo en la práctica un monopolio comercial en el transporte del trigo, madera y vino españoles en el Báltico. En este año se consignaron más de 800 buques en los puertos holandeses (según cuenta Rumeu de Armas, 1947, Canarias y el Atlántico). En Canarias abrieron una de las mayores rutas marítimas con el continente para la importación del vino malvasía y el azúcar.

El Bloqueo

Durante la década de 1590, las luchas entre las provincias católicas de Flandes, leales a España y las provincias sublevadas fueron en aumento. España necesitaba cortar de raíz la financiación de las Provincias Unidas y debilitarla económicamente. Así, los archiduques Alberto e Isabel, representantes de España en los Países Bajos, decidieron decretar en 1599 el cierre de los puertos españoles en Flandes a los navíos holandeses y zelandeses y, de esta forma, dar “el golpe de gracia” a su comercio. Felipe III se adhirió al acuerdo y la Península Ibérica y Canarias quedaron también cerrados al tráfico holandés.

España buscó en el bloqueo marítimo cortar las vías de financiación de las Provincias Unidas y debilitarlas en sus intentos de independencia, a la vez reducir el monopolio que la flota holandesa ejercía en el comercio del Mar del Norte. Así, durante el periodo que durase el embargo, las flotas de Dinamarca, Noruega y Alemania podrían conseguir cuota de mercado en lo que a fletes se refiere.

Consecuencias

Para las arcas españolas el bloqueo suponía un problema a corto plazo, pues había que hacer frente tanto a la pérdida de derechos de aduana como al sobrecoste de la diplomacia, ya que se debía concretar con los demás estados la nueva política de embargos. Ningún barco podría llevar mercancías holandesas a los puertos españoles. Todos los navíos con destino España debían llevar firmados pasaportes certificando que ninguna mercadería fuese de origen holandés y en caso de irregularidades, la justicia española podría confiscar el barco sin recurso alguno del país de origen. Todo ello generaba un coste de burocracia relevante.

Desde el punto de vista de las Provincias Unidas, el panorama no era alentador. Los riesgos a los que se enfrentaban iban desde la pérdida del grueso de las matrículas del mar para comerciar, el abandono de la mano de obra marítima para enrolarse en tripulaciones extranjeras, o la merma de los impuestos en aduana.

Las provincias neerlandesas, dirigidas por el abogado Johan Van Oldenbarnevel arbitraron una serie de medidas para evitar el colapso económico. Por un lado fomentaron la piratería institucional y organizada mediante la venta de patentes de corso como medida de financiación y por otro la creación de una escuadra de guerra utilizando la flota mercante que se encontraba amarrada en los puertos para mantener a barcos y marinos activos.

La flota del Almirante Pieter Van Der Does en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Roto el comercio con Holanda y Zelanda y decretado el embargo de todos sus navíos que estuvieran en puertos del Imperio, los holandeses respondieron fletando sus mejores barcos comerciales, a los que equiparon y revistieron para transformarlos en una flota lista para la guerra. Al mando de la escuadra colocaron al almirante Pieter Van der Does, noble holandés que contaba con experiencia dentro de la administración neerlandesa.

La escuadra que se organizó contaba con 80 navíos y doce mil hombres y tenía varios objetivos claros contra España: “…apresar el mayor número posible de buques del enemigo, causarle todos los perjuicios posibles en su territorio y cautivar el mayor número posible de prisioneros para el cobro de rescates…” (M.L. VANDEVENDE: Verspreide Collectiön).

La flota de Van der Does partió de Zelanda en Mayo de 1599 y tras realizar varios ataques en La Coruña y SanLúcar de Barrameda, donde fueron repelidos por la población, se dirigieron a Canarias. El 26 de Junio de 1599 atacaron la ciudad de Las Palmas, apoderándose de ella durante 8 días. Mientras sus ciudadanos se refugiaban en el interior de la isla, los holandeses saquearon la ciudad, quemándola y arrasándola por completo al abandonar la isla. En octubre de 1599, la malaria acabaría con la escuadra holandesa en la isla de Santo Tomé, matando a mil ochocientos soldados y al propio almirante Van der Does.

Conclusiones

Se pueden estudiar los efectos del primer bloqueo comercial español a las Provincias Unidas de los Países Bajos (1599-1604) desde 3 ópticas diferentes: España, Holanda y Las Palmas de Gran Canaria.

  1. España no consiguió romper el monopolio comercial holandés en el Báltico. Dinamarca y Noruega no consiguieron posicionarse en el negocio marítimo durante el bloqueo. Véase, como ejemplo, los datos siguientes:

Viajes desde la península Ibérica al Báltico a través de Estrecho de Dinamarca

Año

Total

Holandeses

Alemanes

Daneses/Noruegos

1610

181

168

11

2

1611

135

119

15

0

Fuente: Wiert Jan Wieringa, The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400–1800

  1. Las Provincias Unidas mantuvieron su poder marítimo europeo, creando incluso una de las mayores flotas comerciales de la época: la Compañía Neerlandesa de las Indias. Consiguió la independencia como Estado en 1648 tras la paz de Westfalia.
  2. La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sufriría tras el ataque una de las mayores crisis de su historia, pues pasaría de ser la ciudad referencia en Canarias a parar su crecimiento durante los siguientes 100 años, desviando inversiones que de no haberse producido el ataque, se hubiesen destinado a otros proyectos. La ciudad que antes del ataque en 1599 comenzaba su expansión extramuros, volvió a refugiarse en los límites de sus murallas durante los siguientes tres siglos (Santana, G. 2001. El ataque de van der Does: Piedra de toque para la transformación económica de Gran Canaria. Revista Vegueta).

En definitiva: las guerras comerciales siempre tienen consecuencias negativas. E incluso pueden volverse en contra de quien las comience.

* La historia del ataque del Almirante Van der Does a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se puede conocer, día a día, en este hilo de Twitter confeccionado por el autor de esta entrada.

** El grabado representa el ataque de Van der Does. De autor desconocido, está publicado en Van Heede, M. J. (2010) Discours Ende Beschryvinge Van Het Groot Eylandt Canaria, Ende Gomera, Midtsgaders Het Innemen, End Verlaten Van Dien, 1599.

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¡Más ladrillo!

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Antonia Díaz

Los primeros datos del INE certifican los augurios. El PIB cayó un 5,2% durante el primer trimestre (respecto al trimestre anterior) y esperamos con inquietud las cifras del segundo trimestre. El número de afiliados en junio ha vuelto a niveles de 2017. Tras la durísima Gran Recesión, la crisis de COVID-19, con su componente sanitario y la enorme incertidumbre que arroja sobre la economía, nos está poniendo muy nerviosos. Tomar decisiones en un contexto tan volátil es complicado pero hay una cuestión clara: debemos tener un plan de reactivación de la economía, especialmente en aquellos sectores que, por su tamaño o sus sinergias con el resto de la economía, son esenciales. Esta reactivación no debe de hacerse de espaldas al otro gran reto que enfrentamos: el cambio climático. Todo lo contrario; especialmente si tenemos en cuenta que el Fondo de Recuperación “Next Generation”, articulado en el Marco Financiero Plurianual 2021-2027, tiene como eje principal la transición ecológica y digital, como ya vimos aquí. Hay que aprovechar el momento para sentar las bases de una política industrial con miras de largo plazo. En este post voy a poner un ejemplo práctico de política en un sector paradigmático: la construcción. Algunas de las ideas que aquí desarrollo las esbocé para este informe de Fedea cuando se me pidió reflexionar sobre medidas para la reactivación del sector tras el COVID-19.

Características del sector

El sector de la Construcción aporta alrededor del 5,6% del PIB de la Eurozona durante el periodo 1995-2019. En España la media para ese periodo es 8,9%. Esta importancia mayor también se refleja en el empleo (6,9% en la Eurozona frente a 9,1% en España).

Tabla 1: El peso del sector de la Construcción. Elaboración propia. Eurostat.

Atendiendo a los datos trimestrales de Eurostat, parece que la productividad media por trabajador en España se mueve como en el resto de la Eurozona (véase la Figura 1), aunque con una mayor fluctuación cíclica. En cambio, los datos de EU KLEMS (anuales) muestran que la Productividad Total de los Factores es mucho menor en España que en los países de nuestro entorno (véase aquí, aquí, o aquí algunos posts sobre la PTF en este blog), aunque queda por saber en qué grado el boom inmobiliario del periodo 1996-2007 fue el responsable de esa divergencia.

Figura 1: Productividad media y PTF en el sector de la construcción. Datos de Eurostat y EU KLEMS.

Estos datos agregados ocultan una gran heterogeneidad. En particular, el peso de la pequeña y mediana empresa en el sector, que es muy acusado y por encima de la media en la Eurozona. Una inspección somera de los datos nos dice que el sector de la construcción tiene un peso superior en España que en los principales países de la Eurozona y que es aparentemente menos productivo. A pesar de ello, según Statista, 3 de las 10 constructoras más grandes de toda Europa (en capitalización bursátil) son españolas lo que es un indicador de la capacidad de internacionalización de las corporaciones españolas. Donde hay una mayor divergencia es en los subsectores: en España el peso de la construcción de edificios respecto a la ingeniería civil y trabajos especializados es mucho mayor que en los países de nuestro entorno. La Tabla 2 muestra el peso de los tres subsectores: construcción de edificios, ingeniería civil y trabajos especializados. Este último engloba electricistas, cimentadores, etc. El subsector de la construcción de edificios está hipertrofiado en número de empresas y empleo y es el que menos Valor Añadido genera por trabajador. Curiosamente, en Alemania, Francia e Italia el subsector con una productividad media más baja es Trabajos Especializados.

Tabla 2: Datos de Eurostat, 2017. Elaboración propia.

Ese mayor peso puede ser el origen de la menor productividad del sector en España, Sería deseable profundizar más en las características del sector, pero todo apunta que el predominio de empresas pequeñas es una de las causas de tan baja productividad, La siguiente pregunta es por qué hay tanta pequeña empresa, Además del peso en el empleo de la construcción de edificios, la actividad ha estado orientada a la edificación de nueva planta en vez de a la rehabilitación, Por ejemplo, en el año 2000 solo el 13% de las licencias visadas lo fue para trabajos de rehabilitación, Esta cifra alcanza el 41,6% en 2017.

La fluctuación cíclica del sector casi duplica en tamaño la del resto de la economía, siendo esto una característica típica del sector. En España, dado que tiene un peso relativo mayor, provoca una amplitud mayor en la variación cíclica del PIB. Por ejemplo, se calcula que durante el primer trimestre de 2020 la caída interanual del Valor Añadido Bruto fue del 8,5%, más del doble que la caída del Valor Añadido Bruto total (-4,1%). Esta diferencia tan acusada en la respuesta sectorial también se produce en el empleo. Las horas trabajadas cayeron en 4,23% (interanual), mientras que en el sector de la construcción la caída fue del 0,98%. Este fuerte descenso de actividad puede lastrar la economía y el empleo durante bastante tiempo.

Figura 2: El peso de la Construcción en el Valor Añadido Bruto agregado, empleo y horas trabajadas. INE.

La Figura 2 muestra que las fluctuaciones cíclicas del sector son enormes. La construcción de edificios y la obra en ingeniería civil dependen muchísimo del ciclo y, especialmente la última, de la inversión pública. Si a eso añadimos que la construcción de edificios genera un empleo de escasa cualificación, tenemos un sector muy poco preparado para afrontar el European Green Deal, además de ser fuente de muchísimas distorsiones en el mercado laboral. Por ejemplo, Bonhomme y Hospido encuentran que gran parte de la evolución de la distribución de salarios durante el periodo 1997-2007 estuvo dominada por el boom de la construcción que disparó los salarios no cualificados en el sector. De hecho, durante esos años se hablaba de la paradoja española, ya que los datos no mostraban que la educación universitaria fuera rentable (en términos de salarios de mercado).

Por tanto, hay que diseñar políticas para reconducir al sector y que sea menos dependiente de la edificación de obra nueva, que emplee mano de obra cualificada y, si puede ser, menos cíclico.

Rehabilitación: La asignatura pendiente

Según la Agencia Internacional de la Energía, el sector de la construcción suele ser responsable del 11% de las emisiones de CO2 (en países OCDE), mientras que el sector residencial es responsable de un 30%. De ese 30%, alrededor de dos terceras partes es consumo de energía para calefacción y ambientación de las viviendas. En España hay un gran margen de ganancias en eficiencia energética de los edificios a través de la rehabilitación de edificios. El informe de 2018 del IDAE sobre el estado de la certificación energética de los edificios en España es elocuente. De ahí he sacado estos gráficos:

Figura 3: Calificación energética de los edificios existentes y de nueva planta certificados. IDAE.

Como vemos, más de la mitad de los edificios nuevos tienen certificación C o superior, pero solo el 5% de los edificios existentes la tienen. Y, según ese informe, los edificios nuevos son menos del 2% del parque existente. El objetivo debería ser renovar todos aquellos edificios que actualmente tengan una calificación energética por debajo de C en un plazo razonable.

Un estudio financiado por la Comisión Europea dentro del programa NEUJOBS estima que la rehabilitación eficiente de edificios es un dinamizador del sector con gran potencial para crear puestos de trabajo. No solo eso, sino que tiene gran potencial para elevar la cualificación del empleo. La Comisión Europea apuesta (véase aquí,aquí, o aquí, por poner algunos ejemplos) por la “construcción sostenible” como una forma de construir edificios eficientes en el largo plazo. Como siempre, la cuestión es cómo se diseña la política que oriente al sector hacia la rehabilitación eficiente energéticamente.

El objetivo marcado por el Estudio Ambiental Estratégico del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y el Ministerio para la Transición Ecológica es rehabilitar 1.200.000 viviendas de aquí hasta 2039, a un ritmo de 300.000 viviendas por año. En 2019 el número de viviendas rehabilitadas fue de 30.000. ¿Cómo podemos multiplicar por diez ese número? Pues con palo y zanahoria (incentivos).

Los incentivos a la rehabilitación de edificios deben dirigidos a los dueños de los edificios y fincas. Las subvenciones para rehabilitar deben ir acompañadas, por ejemplo, con un recargo en el IBI si no se lleva a cabo en tiempo y forma. Este recargo está justificado porque es una forma de internalizar la externalidad que esa vivienda ineficiente impone en la comunidad en forma de calor y emisiones por uso de calefacción. Si la subvención tuviera la forma de rebaja en el IBI (condicionada a las características del inmueble y dueño), el ayuntamiento sería el que debería solicitar las ayudas de la EU englobadas en el European Green Deal y el esperado Fondo de Recuperación. Las ayudas a las empresas deben estar condicionadas a la reorientación de su actividad a la construcción sostenible y rehabilitación y gravando a aquellas empresas que no cumplan los criterios de sostenibilidad pertinente. Las subvenciones deberían orientarse a promover el empleo de calidad, facilitando el reciclaje de trabajadores en prácticas sostenibles. Hay un artículo muy interesante en la web del Green Building Council España que describe una propuesta parecida a ésta.

Reorientar la actividad desde la construcción de nueva planta a la rehabilitación tiene varias ventajas. Desde el punto de vista agregado, hace al sector menos dependiente del ciclo y permite que tenga un empleo más estable. Hace que aumente su uso de mano de obra cualificada, lo que redunda en una mayor productividad. Y, finalmente, nos permite luchar contra el cambo climático. El reto está ahí y hay que actuar con rapidez.

¿Política sectorial o política de vivienda?

Finalmente, quiero destacar que no se debe confundir las políticas. Recientemente, en la cumbre de la CEOE celebrada durante el mes de junio, algunas voces pidieron al Gobierno un plan para que los menores de 35 años puedan comprar vivienda. Es decir, el sector está pidiendo que se infle la demanda para seguir “business as usual”. Esta confusión de ayudas destinadas a las familias con políticas sectoriales es muy perjudicial. Cada política debe obedecer a un objetivo diferente aunque deben ser analizadas en conjunto para evitar que las ayudas a las familias acaben, simplemente, aumentando precios y márgenes de beneficios de las empresas. Aunque la política de vivienda requiere un post en sí mismo, quiero apuntar que para garantizar vivienda asequible hay que fomentar la competencia en el mercado y eso solo puede conseguirse con la mezcla adecuada de vivienda pública de alquiler o reintroduciendo en el mercado viviendas vacías con medidas como la Bizigune en el País Vasco.

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La violencia doméstica durante el confinamiento en España: resultados de una encuesta online

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Por Esther Arenas-Arroyo, Daniel Fernández Kranz y Natalia Nollenberger

La potencial escalada de la violencia doméstica durante el confinamiento ha sido un tema de preocupación social y política, con amplia cobertura en los medios. Judit Vall nos contaba hace pocos días en esta entrada sobre el gran aumento que han tenido las llamadas al 016 durante el confinamiento. Si bien un aumento de tal magnitud podría hacernos pensar que la violencia se ha disparado, hay que tener en cuenta que el 016 es un teléfono de información que atiende también otro tipo de consultas, como las relacionadas con el régimen de visitas de los hijos de padres divorciados, que también parecen haber aumentado durante las primeras semanas del estado de alarma (aquí). Otras estadísticas asociadas a la evolución de la violencia de género son los homicidios, que cayeron un 42% en marzo-mayo respecto al mismo período de 2019, o las denuncias, sobre las cuales no tenemos datos definitivos pero parecen haber disminuido durante el confinamiento (aquí y aquí). Sin embargo, tanto la violencia más extrema como los casos reportados pueden disminuir durante el inicio de una pandemia (algunas de las razones se explican aquí) al mismo tiempo que aumenta la violencia menos extrema.

Para superar las limitaciones de las estadísticas disponibles y contribuir a un mejor entendimiento de un fenómeno de tanta importancia social, hemos realizado una encuesta online y preguntado a las mujeres españolas sobre el vínculo con su pareja durante el confinamiento. La encuesta se realizó entre el 17 de mayo y el 12 de junio y fue distribuida únicamente por Facebook a través de una página creada para este fin (independiente de nuestra lista de contactos) y mediante la herramienta “promocionar” publicación. Esta herramienta permite distribuir una publicación aleatoriamente entre las usuarias de Facebook estableciendo un público objetivo; en nuestro caso, mujeres entre 18 y 60 años residentes en España. Si bien la distribución de la encuesta es aleatoria, una vez visto el anuncio en Facebook la mujer puede decidir participar o no. En total, 13.786 mujeres completaron la encuesta, de las cuales un 78% convivían con su pareja heterosexual en ese momento. Debido a la participación voluntaria y a la selección primaria de usuarias de Facebook, la encuesta no es necesariamente representativa de la población objetivo. Aun así, la muestra obtenida presenta una distribución por nivel educativo, edad y provincia parecido al de la población general. Para corregir las diferencias entre la distribución de nuestra muestra y la población, hemos ponderado las observaciones para hacerlas representativas por edad y niveles educativos a nivel de provincia. El uso de estos ponderadores no altera de forma importante los resultados que mostramos más adelante.

Siguiendo los protocolos sugeridos para la realización de este tipo de encuestas, la misma fue promocionada no como una encuesta sobre violencia sino como una encuesta para conocer los efectos del confinamiento sobre el vínculo de las mujeres con su pareja.

Primero se incluyeron preguntas relativas a la situación laboral, estado civil, nivel de estudios, e impacto de la pandemia en la actividad laboral presente y futura, tanto de las encuestadas como de sus parejas. Finalmente, y siguiendo la estructura (aunque acortada) de las Macroencuestas sobre Violencia de Género que realiza la delegación del gobierno, preguntamos a las encuestadas si habían sufrido antes y durante el confinamiento alguna de 9 circunstancias diferentes que se asocian a un contexto de violencia de género y que cubren situaciones como insultos, amenazas, abuso sexual, violencia física o control de la víctima.

Siguiendo la práctica habitual en estos análisis, identificamos como víctima de violencia de género a una mujer que contesta “a veces” o “frecuentemente” a alguna de las nueve situaciones mencionadas (19% de las encuestadas). Nuestro objetivo es medir los efectos del confinamiento y del estrés económico ocasionado por la COVID-19. Dado que ambas variables (confinamiento y estrés económico) no están perfectamente correlacionadas (la correlación es del 30% en nuestra muestra), podemos medir el impacto de cada una de ellas controlando por el valor de la otra. Para ello, definimos dos indicadores: el primero indica si el hombre estuvo confinado en casa la mayor parte del tiempo (teletrabajó o bien estuvo sin empleo: el 56% de la muestra). La segunda variable mide si el hombre se encuentra en el momento de la encuesta en alguna de las siguientes tres situaciones: afectado por un ERTE, perdió su empleo o clientes como consecuencia de la pandemia, o teme perderlo en los próximos meses (42.5% de la muestra). Los siguientes gráficos muestran el cambio en la violencia de género durante el confinamiento según el grado de confinamiento y de estrés económico del hombre. Al excluir del análisis otras variables potencialmente correlacionadas con las variables de interés, los resultados que se muestran son puramente descriptivos.

El primer resultado que destaca en el gráfico 1 es el aumento significativo de la violencia doméstica para las mujeres cuya pareja ha estado confinada o bajo estrés económico, que alcanza el 13% en el caso de producirse ambos extremos al mismo tiempo. En cambio, la violencia doméstica disminuye un 1% para las mujeres cuya pareja no ha estado confinada ni ha sufrido estrés económico. Otro resultado interesante del gráfico 1 es que el confinamiento y el estrés económico del hombre parecen ejercer un impacto independiente el uno del otro sobre la violencia, que alcanza valores máximos cuando ambos contextos se combinan. El gráfico 2 muestra los resultados por tipo de violencia. Los aumentos son muy importantes para el abuso psicológico (tanto emocional como de control), y menores para el físico y sexual. Para este último tipo de violencia encontramos una disminución de su incidencia, con independencia de la situación de confinamiento y/o de estrés económico.

Los gráficos 3 y 4 ofrecen otra perspectiva de los mismos resultados, en este caso agregando los efectos a nivel de provincia. En el gráfico 3 se observa que las provincias con mayor porcentaje de hombres confinados, presenta un aumento mayor de la violencia de género. El mismo resultado se desprende cuando medimos el grado de estrés económico del hombre a nivel de provincia (gráfico 4).

El gráfico 5 muestra un resultado que, a pesar de ser previsible, sorprende por su intensidad: el porcentaje de mujeres que sintiéndose maltratadas denunciaron a sus parejas cae abrúptamente durante el confinamiento, pasando del 15% a menos del 2%.

En conclusión, los resultados preliminares de nuestra encuesta confirman el temor a que la violencia de género haya aumentado durante el confinamiento. En análisis futuros mediremos la robustez de estos resultados a la inclusión de controles adicionales. También estudiaremos el impacto del confinamiento de la mujer y del estrés económico originado por la situación laboral de la mujer. Utilizaremos otras medidas de confinamiento, como los datos de movilidad proporcionados por el INE (aquí), como instrumento o medida exógena de la probabilidad de confinamiento de los miembros de una pareja. Finalmente, con el objetivo de entender el impacto del estado de alarma no solo en la violencia de género, sino también en las denuncias, usaremos datos administrativos del CSPJ y del Ministerio de Interior (VIOGEN).

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