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Cultura

Antigüedad clásica, poder y extrema derecha: algunas notas

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/por David Sierra/

Cuando el por entonces primer ministro griego Konstantinos Karamanlís firmó la integración de Grecia en la Comunidad Económica Europea, declaró a un corresponsal: «Nuestra entrada pone fin a un aislamiento que ha durado más de tres mil años. Si Grecia fue en tiempos conquistada por los romanos, los godos y los turcos fue porque siempre estuvimos solos». No son unas declaraciones fuera de lo común en Grecia. El Estado heleno, que no ha cumplido aún dos centurias, necesitó dotarse de una naturaleza arqueolátrica —culto y veneración a las antigüedades— para sobrevivir. La arqueología y, en general, lo antiguo, gozan de un gran potencial simbólico y performativo en la política griega del día a día: desde anunciar la salida del mecanismo de rescate de la Troika desde Ítaca a exigir el cambio de nombre del aeropuerto de Skopie —Alejandro Magno— para negociar el reconocimiento oficial del país vecino. Cuando hace dos años los griegos asistieron al renombramiento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia como Macedonia del Norte, el ex premier heleno, Alexis Tsipras, se cuidó mucho de asegurar, vía discurso institucional, que «el país vecino no tiene nada que ver con la cultura griega antigua».

Con todo, la fructífera relación entre Antigüedad clásica y poder no se limita solamente a los Estados-nación que basan sus mitos originarios en el esplendor clásico, como Grecia o Italia —cuya unificación fue vista como un revival de la supuesta unidad política romana de Italia en regiones, pese a que Sicilia no estaba incluida—. La comunión entre ideal clásico y modernidad burguesa está presente también en buena parte de los procesos de construcción nacional acaecidos en Europa y Estados Unidos desde finales del siglo XVIII. En lugares como Alemania, la temprana prominencia de los estudios de letras clásicas tuvo mucho que ver con la identificación racial con la Grecia antigua. El centro urbano de Berlín se convirtió en una mímesis neoclásica de Atenas y Roma, hasta el punto de que todavía hoy se accede a él a través de una copia de los Propíleos de la Acrópolis, la Puerta de Branderburgo. Francia encontró en el neoclasicismo un medio para expresar los valores y símbolos de la República, así como desde Londres se adoptó a Atenea como encarnación del país. En Austria, el Parlamento nacional está directamente custodiado por Palas Atenea. Al otro lado del Atlántico, la República romana y sus contrapesos políticos tuvieron mucha influencia política en los padres fundadores a la hora de diseñar la Constitución. No en vano, tiempo después, el Memorial de la nación estadounidense tomó, sintomáticamente, cuerpo neoclásico en Washington. Siguiendo este hilo, el símbolo con el que Estados Unidos se reconoce más fácilmente aún hoy, la Estatua de la Libertad, es una actualización de la diosa romana Libertas. La tardía monumentalización, en fin, de Madrid, a finales del siglo XIX y principios del XX, con algunos precedentes en el XVIII, arrojó como resultado que la representación física de algunas de las instituciones más importantes de este país esté inspirada en la Antigüedad: el Congreso de los Diputados, la Bolsa, las cariátides del Instituto Cervantes, el Museo del Prado o el Ministerio de Agricultura, otrora de Fomento, son ejemplos remarcables de arquitectura neoclásica. Estos paisajes monumentales que pueblan nuestras ciudades son, para resumir, fieles testigos de la elección consciente de las élites por apuntalar su legitimidad mediante el mundo clásico.

Hace unas semanas tuvo cierta repercusión un vídeo del primer ministro británico, Boris Johnson, recitando los primeros versos de La Ilíada de Homero en griego antiguo.  Independientemente de la capacidad métrica o memorística de Johnson, o incluso de su cuestionable utilidad, es interesante notar cómo los estudios clásicos (Classical Studies) siguen en buena parte vinculados a las élites anglosajonas, del que Johnson es un egresado más, pero no el único: baste mencionar al editor del Financial Times, Martin Wolf, al cofundador de Adobe, Charles Geschke, o al actor Tom Hiddleston. Es un remanente de una disciplina tradicionalmente elitista y donde las lenguas clásicas formaban una parte indispensable del currículo escolar y académico de las élites económicas, políticas e intelectuales. Cuando Johnson exhibe orgulloso su conocimiento del griego clásico, realmente está expresando un pedigrí, una marca de identidad y de clase que los estudios clásicos secularmente han otorgado, desde la Edad Media, a los cuadros biempensantes de la sociedad. Es el mismo regusto que se produce al leer cómo algunos sectores de la Casa Blanca han bautizado al incipiente choque entre China y Estados Unidos como la trampa de Tucídides. Esta patrimonialización de las Clásicas en manos de unos pocos ha tenido como resultado la producción y perpetuación de una imagen del pasado clásico de cariz burgués, blanco, imperialista y nacionalista, que descansa en las supuestas glorias políticas y militares de Atenas y Roma y en los grandes hombres (blancos). En Estados Unidos esta realidad elitista y tradicionalista de las Clásicas, agudizada por los precios prohibitivos de las tasas universitarias, ha despertado incluso un sano y necesario debate en las redes.

Hoy día esta situación no se ha desvanecido o directamente desaparecido, sino que ha mutado. Los nuevos movimientos derechistas conocidos como alt-right utilizan profusamente el capital cultural de la Antigüedad clásica para proyectar sobre el presente —y el futuro— un mundo masculinizado y militarista, regido por grandes hombres y de supremacismo blanco y occidental. Lo denuncia de forma excelente Donna Zuckerberg en su libro Not all dead white men. Los códigos culturales e identitarios que primero Frank Miller, y luego Zack Snyder, proporcionaron con 300, han pasado a ser la traducción visual de este programa no escrito, presente en numerosos fotos de perfil de Twitter y foros alt-right: los musculosos espartanos, defensores de los valores occidentales y regidos política y militarmente por un hombre fuerte, frente a la tiranía persa, de sabor orientalista e incluso protoislámico. El partido neonazi griego Amanecer Dorado directamente fundamentaba su ideología, al igual que durante la dictadura de Ioannis Metaxás, en Esparta. Poco importa que se intenten denunciar estos aspectos, que se repita que esa mentalidad no existía en la época y que incluso existían facciones propersas en la mayoría de póleis griegas, que a duras penas existían ciudades en régimen de demokratía a principios del siglo V a. C. o que Esparta, entre otras muchas cosas, es una de las cunas de la poesía griega. Esos códigos han sido ya asimilados por la derecha alternativa, al igual que la utilización en redes sociales de retratos de grandes personalidades griegas y romanas por parte de colectivos conservadores. El parisino Institut Iliade, la secta neofascista Nueva Acrópolis o el círculo próximo al filósofo Gustavo Bueno en España, entre otros, han apelado en repetidas ocasiones a esos códigos visuales y de valores para reivindicar una renacida identidad europea o nacional. Y qué decir de la justificación de las relaciones de género desiguales e invisibilizadas a través de la Antigüedad, pese a que la investigación académica lleva décadas produciendo discursos más matizados y que han alumbrado nuevos consensos sobre el (esencial) papel de las mujeres en las sociedades y ciudades antiguas. Aunque todo esto no debería cogernos por sorpresa: tal y como afirma el clasicista italiano Luciano Canfora en Ideología de los estudios clásicos, en el siglo pasado las Clásicas fueron constitutivas de buena parte del discurso e imaginario fascista y nazi. Si observamos con perspectiva el hilo de la memoria, puede que lo vuelvan a ser en el siglo XXI.

Colectivos de humanistas y clasicistas críticos con estos relatos, especialmente anglosajones, han empezado a saltar a la arena del debate ideológico, con resultados ciertamente esperanzadores, desde la inestimable labor divulgativa y de masas de la clasicista británica Mary Beard —quien afirma que las Clásicas albergan un poder subversivo— a la creación de páginas clasicistas de enfoque progresista como Eidolon, Pharos (que recopila las apropiaciones de la extrema derecha de elementos clásicos), Classics and Class u Oxford Classicists of Colour, todas muy activas, por cierto, en el Classics Twitter. En España, pese a la pasividad absoluta de la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC) ante este problema, también se dan las buenas noticias: el filósofo José Luis Moreno Pestaña acaba de publicar Retorno a Atenas, donde propone un debate, en clave francesa, sobre el mecanismo del sorteo y la democracia directa frente a nuestras democracias representativas. Y no podemos olvidar el gran y comprometido diálogo entre la democracia ateniense y la actualidad que la helenista vasca Ana Iriarte lleva décadas realizando.

Si se me permite, se me antoja que, desde una perspectiva comprometida y honesta con el pasado, la superlativa helenista francesa Nicole Loraux no erraba el tiro cuando clamaba que había que repolitizar la ciudad estableciendo un diálogo histórico, a través de un «anacronismo controlado», entre la actualidad y el corazón social y político del mundo clásico, la Ciudad —pólis griega y civitas romana—; pues desde ella quizás podamos pensarnos de otras maneras y vislumbrar caminos para luchar por unas Clásicas diferentes y no propiedad de unas élites reaccionarias.


David Sierra es graduado en historia y doctor en clásicas por la Universidad de Granada (con Premio Extraordinario Fin de Carrera) y máster en historia y ciencias de la antigüedad por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Interesado en los aspectos de género de las sociedades romana y griega antiguas, así como en la construcción de la memoria cívica y pública, las relaciones entre los relatos oficiales y los marginales, ha trabajado asimismo en la recepción clásica en la Grecia actual, de lo que han resultado varias actas de congresos. Ha participado, de igual modo, en varias excavaciones arqueológicas en España y Grecia y en congresos de divulgación científica nacionales e internacionales. Por lo demás, se describe como acratilla, rojo errático, isonómico e izquierda fucsia.

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Cultura

¿Quién mató a Yolanda González?

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/por Jónatham F. Moriche/

Uno

El 1 de febrero de 1980 ―cuatro años después de la muerte de Franco, un año después de la ratificación de la Constitución española, un año antes del intento de golpe de Estado del 23 de febrero― la estudiante de diecinueve años Yolanda González Martín es secuestrada, torturada y asesinada en Madrid por una célula de la organización armada ultraderechista Batallón Vasco Español (BVE). Pocos días después, el grupo cae por la delación de uno de sus pistoleros, que resulta ser también agente de policía. El líder del comando, Emilio Hellín, es detenido en casa de otro policía en Vitoria. Entre los implicados figura también un ex-guardia civil, jefe de seguridad del partido fascista Fuerza Nueva. En la operación se incautan explosivos y armamento reglamentario del Ejército, equipo informático y de telecomunicaciones de la Guardia Civil y documentación que señala a la joven asesinada como objetivo de seguimiento policial.

Yolanda González no milita en ETA, como pretenden creer y hacer creer sus asesinos, sino en el trotskista Partido Socialista de los Trabajadores y en la Coordinadora de Estudiantes madrileña. Se están produciendo, y Yolanda participa activamente de ellas, importantes movilizaciones contra la ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes, reformas educativas de signo neoliberal que promueve el gobierno de UCD, el partido gestado en el seno del franquismo como salvoconducto democrático para su casta dirigente, y que hereda, material e ideológicamente intacto, el aparato represivo del franquismo: «¡UCD, UCD, la pistola se te ve!», se grita en el funeral de Yolanda (1), como en el de muchas otras de las aproximadamente doscientas víctimas de la violencia policial y parapolicial que jalonan la Transición española (2). El diputado socialista Juan Barranco declara:

¿Cómo los autores de la muerte de Yolanda González obtuvieron en el mercado las armas y los aparatos electrónicos que poseían? ¿Con qué organizaciones, incluso extranjeras […], tenían relaciones los implicados? ¿Qué información tiene el Gobierno sobre el denominado Batallón Vasco Español? [Este asesinato] se achaca en su superficie a elementos de la extrema derecha, pero va más allá y se relaciona con instituciones del Estado (3).

Hellín es condenado en 1982 a cuarenta y tres años de prisión, tras una insuficiente instrucción que no profundiza en el entramado ultraderechista ni esclarece sus conexiones con las fuerzas de seguridad. En 1987, aprovechando un inexplicablemente benévolo permiso carcelario, huye a Paraguay, donde colabora con los servicios represivos del dictador Alfredo Stroessner. Allí es descubierto por la prensa, detenido y finalmente extraditado a España. Tras penar un total de trece años, es puesto en libertad en 1996, para desaparecer por completo de la actualidad informativa. Hasta que en febrero de este año el diario El País informa de su nueva actividad como empresario de seguridad privada y colaborador de alto nivel de los ministerios de Interior y Defensa, además de perito de la Audiencia Nacional en casos de terrorismo y crimen organizado. Entre otros servicios, el hombre que en febrero de 1980 descerrajó dos tiros en la cabeza de Yolanda González y arrojó su cadáver a un descampado a las afueras de Madrid «ha impartido numerosos cursos y talleres de formación en la Dirección General de la Guardia Civil sobre teléfonos espía, obtención de evidencias en Mac, iPhone e iPod e interpretación de datos binarios obtenidos de teléfonos móviles» (4).

Dos.

«Después de Franco, las instituciones», afirma en 1967 Jesús Fueyo, destacado intelectual de cámara de la dictadura. Una transición «de la ley a la ley a través de la ley», define Torcuato Fernández Miranda, jerarca franquista y preceptor del todavía príncipe Juan Carlos. ¿Qué instituciones, qué leyes? Evidentemente, las instituciones y leyes del franquismo, fundadas en la «legitimidad por conquista» del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la terrorífica guerra civil de tres años y un millón de muertos que le siguió.

Desde mediados de los sesenta, la salud del Caudillo se deteriora, y la estructura de poder que subyace a su dictadura ―las «cien familias» que controlan el núcleo duro de la economía española (5)― se moviliza para diseñar una futura España, inevitablemente distinta tras la muerte de Franco, pero aún cosida a medida de sus intereses de clase. Termina la «larga noche de piedra», que dijese el poeta antifranquista Celso Emilio Ferreiro, y comienza la España del turismo de sol y playa, los conciertos de los Beatles y el suave erotismo cinematográfico. Pero no por ello el país deja de ser una dictadura, ni dejan de morir manifestantes en las calles y detenidos en las comisarías. A veces mal entendidas como políticas contradictorias, producto de correlaciones de fuerza cambiantes entre sectores inmovilistas y reformistas del régimen, los movimientos de apertura y represión que se suceden y superponen en la última década de vida del Generalísimo son sístole y diástole tácticas de un único y exitoso movimiento estratégico con el que la estructura de poder franquista se enfrenta a la creciente oposición democrática: castigarla con una durísima represión, pero no para erradicarla ―algo ya imposible a esas alturas, al menos sin una matanza de grandes dimensiones, incompatible también con los intereses de las propias élites―, sino para cribarla, disciplinarla, dividirla e incorporarla, debilitada y desnaturalizada, al proceso de continuación del franquismo más allá de Franco.

«Habrá quien diga que esto es la revolución. Muchos españoles pensamos que es el precio mínimo que hay que pagar para evitarla», explica el jerarca franquista Manuel Fraga solo tres semanas antes de la muerte del Caudillo (6). Y no se escatimarán medios para asegurarse de que ese precio sea, efectivamente, mínimo. Durante la lenta agonía del franquismo y el lento parto del postfranquismo, las temibles compañías móviles antidisturbios de la Policía Armada, organizadas como cuerpos militares y comandadas por veteranos de la Guerra Civil, arrebatan decenas de vidas en las calles de todo el país: «¡tirad con todas las energías, no os importe matar!», vocifera uno de sus mandos a través de la radiofrecuencia policial durante la masiva represión del 8 de julio de 1978 en Pamplona. Los inspectores de la siniestra Brigada Político Social siguen practicando interrogatorios bajo tortura, de los que son víctimas miles de personas en la absoluta impunidad de las comisarías: en enero de 1976 se difunden espeluznantes imágenes del sindicalista Francisco Téllez, en estado crítico tras ser detenido y brutalmente torturado en Barcelona, provocando el primer gran escándalo de derechos humanos de la monarquía parlamentaria. Como respuesta, el Tribunal Supremo declara materia reservada los casos judicializados de tortura e impone restricciones a la prensa para informar sobre ellos.

La violencia clandestina de los escuadrones de la muerte completa este dispositivo de terror, que apenas se molesta en poner sordina al estridente chirrido de sus engranajes. Una y otra vez aparecen evidencias materiales de la implicación de los aparatos de seguridad del Estado en sus atentados, como una y otra vez esas evidencias se difuminan en la instrucción judicial o simplemente desaparecen antes de llegar al juzgado. En una viñeta de la revista Triunfo, un hombre toscamente embozado tras una barba postiza y unas gafas oscuras empuña un arma y una placa de policía gritando «¡Arriba las manos, somos un grupo incontrolado!»: como «grupos incontrolados» refiere el lenguaje político de la época a la enmarañada red de policías, militares, espías, infiltrados, confidentes, delincuentes, pistoleros y propagandistas que, entre 1975 y 1982, comete en torno a un centenar de asesinatos, además de incontables palizas, secuestros, bombazos, incendios y otras formas de violencia contra activistas sociales, sindicalistas, políticos, intelectuales o periodistas, sedes, librerías, editoriales, redacciones, teatros o locales de ocio vinculados a las distintas familias de la izquierda. «¡De día uniformados, de noche incontrolados!», se corea en las calles para denunciar su sangrienta impostura.

En muchos casos se trata de violencia genérica e indiscriminada, un terror de baja intensidad más bien simplemente tolerado que directamente organizado desde el aparato de seguridad estatal. Es el trabajo de las fanáticas bases de los partidos fascistas y sus distintas franquicias paramilitarizadas, capaces de matar a puñaladas o cadenazos a un desconocido en la calle o en un bar por desobedecer su orden de hacer el saludo a la romana o entonar el Cara al sol. Pero otras son acciones concienzudamente preparadas contra objetivos seleccionados para golpear material y emocionalmente a las gentes y organizaciones de izquierdas, como los atentados contra el despacho de abogados laboralistas de Comisiones Obreras de la calle Atocha (Madrid, 24 de enero de 1977, cinco muertos y cuatro heridos), la redacción de El Papus (Barcelona, 20 de septiembre de 1977, un muerto y diecisiete heridos), la redacción de El País (Madrid, 30 de octubre de 1978, un muerto y dos heridos), la cafetería El Parnasillo (Madrid, 14 de julio de 1979, un muerto y cinco heridos) o la sede del Club de Amigos de la UNESCO (Madrid, 26 de enero de 1980, dos heridos).

Las huellas de los servidores del Estado aparecen, invariablemente, tras cada una de estas acciones. Pero las interconexiones últimas de este terror cualificado se extienden aún más allá del aparato de seguridad español para perderse en la oscuridad de las guerras secretas del ocaso de la Guerra Fría. La élite de la internacional negra ―pistoleros de la OAS colonial francesa, numerarios de la logia golpista italiana P-2 o represores de la Triple A argentina, entre otros― campa por sus respetos en España, integrándose con servicios policiales y de inteligencia en operativos encubiertos de alto nivel, como el que describe uno de los militares españoles que formaron el comando del BVE que asesinó al dirigente de ETA José Miguel Bañarán, alias Argala, en la localidad francesa de Anglet el 21 de diciembre de 1978:

BVE, ATE, Triple A, eso sólo son siglas, nombres que van saliendo y que se van utilizando conforme se necesita […]. Ellos [los pistoleros Jean Pierre Chérid, José María Boccardo y Mario Ricci] eran los braceros, los que formaban el segundo escalón del grupo. Estaban bregados en mil batallas y se encargaron del trabajo de campo: localizar, controlar y vigilar a Argala. También buscaron varias casas en la zona de Anglet que nos sirvieran de cobertura y refugio (7).

Por esta red extensa y viscosa circulan, desconociendo fronteras, los hombres, las armas y el dinero. La suya es, dirá el veterano escuadrista Yves Guérin-Sérac, «una lucha de dimensiones planetarias» (8). Puede ocasionalmente caer alguna de sus piezas bajo el peso de esa mano del Estado a la que no dejan saber lo que hace la otra, pero rara vez se consigue iluminar la arquitectura del conjunto. El 10 de julio de 1976, el fiscal Vittorio Occorsio ―que instruye el atentado de Piazza Fontana de Milán (12 de diciembre de 1969, diecisiete muertos y un centenar de heridos) y prepara un maxiproceso contra la organización fascista Ordine Nuovo― muere en Roma acribillado por una metralleta Ingram M-10 (las célebres Mariettas para el fuego a discreción a corta distancia, «capaces de matar a cien personas sin que se enteren en la habitación de al lado» [9]) proveniente de los arsenales del SECED, el servicio de información español creado en 1972 para la lucha antisubversiva, sucesivamente rebautizado como CESID en 1977 y CNI en 2002. A su asesino, Pierluigi Concutelli, que estuvo huido en España tras el atentado de Peteano (31 de mayo de 1972, tres policías muertos y uno herido), se le incauta también una agenda con los datos de contacto de varios agentes del SECED. El juez italiano al cargo del caso, Pierluigi Vigna (cuyo asesinato ya preparaba Concutelli cuando fue detenido por el de Occorsio), «pidió explicaciones a los españoles. En vano. Pese a sus reiteradas demandas, jamás recibió respuesta alguna» (10). En febrero de 1977 serán detenidos, junto al líder ultraderechista español Mariano Sánchez Covisa, nueve compañeros de armas de Concutelli, en relación a un arsenal clandestino desmantelado por la policía en la calle Pelayo de Madrid. La extradición de tres de ellos, solicitada por jueces italianos por el atentado de Peteano y otras acciones, será denegada por España, donde seguirán residiendo tras ser puestos en libertad.

Solo el tiempo terminará por arrojar alguna luz sobre estos secretos de Estado tan celosamente protegidos. En 1985, el escuadrista Giuseppe Calzona relatará cómo desde 1973 un pequeño ejército clandestino multinacional de extrema derecha opera en España, y cómo en 1976 varios de sus soldados son reclutados para la guerra sucia contra ETA por «alguien relacionado con el Gobierno español, y que por ello obtendría, aparte de un buen beneficio económico, la consideración del Gobierno y en su día el poder ser legalizado bajo la identidad que conviniera» (11). En 1990, el juez Felice Casson desentierra, desde el cabo suelto del atentado de Peteano, el entramado de las redes Gladio de la OTAN en toda Europa. Casson recaba testimonios de la presencia de uno de aquellos pistoleros italianos de la calle Pelayo, Carlo Ciccutini, empuñando una de las dos Mariettas de procedencia desconocida empleadas en la matanza de Atocha, y de cómo el líder del grupo, Stefano Della Chiae, «recibía dinero, sobre todo del servicio secreto y de la policía española» (12).

Pero para entonces la Transición ha terminado, la guerra fría ha terminado, España es un país del primer mundo que vive el sueño del desarrollo acelerado y el consumo de masas, que ha ingresado en la OTAN y la Comunidad Europea y está a punto de inaugurar unas Olimpiadas y una Exposición Universal. Gobierna esta España euforizada «una extraña alianza de ex-franquistas lúcidos y ex-izquierdistas pragmáticos» (13), entre los que nadie quiere oír hablar de unos muertos que el paso del tiempo ha vuelto tan incómodos para unos como para otros.

Tres.

En julio de 1977 Rodolfo Martín Villa pasó de último ministro de Gobernación de la dictadura a primer ministro de Interior de la monarquía parlamentaria sin que este cambio de denominación modificase sustancialmente aquella forma de administrar el orden público que le valiese el expresivo sobrenombre de la Porra de la Transición. Aunque tras la muerte de Franco nunca se dictase un estado de sitio de iure, abundan los episodios en que la fuerzas de seguridad sometieron a ciudades enteras y grandes masas de población a estados de sitio de facto, con trágicas consecuencias: 3 de marzo de 1976 en Vitoria (aún con Manuel Fraga en Gobernación y Martín Villa en Relaciones Sindicales; cinco muertos, cientos de heridos); 4 de diciembre de 1977 en Málaga (un muerto, cientos de heridos); 11 de diciembre de 1977 en Tenerife (un muerto, decenas de heridos); 8 de julio de 1978 en Pamplona (un muerto, cientos de heridos); 3 de junio de 1979 en Tudela (un muerto, decenas de heridos),…

En 1978, la comisión de Interior del Congreso investiga los sucesos de Tenerife y Málaga, hace comparecer al ministro (a puerta cerrada) y manda imprimir miles de ejemplares de su informe de conclusiones para, acto seguido, decretar el secuestro de la edición y el secreto de su contenido. Cuando Martín Villa sea ascendido a la vicepresidencia del gobierno ―desde donde seguirá ejerciendo el control político de Interior―, le sucederá el general Antonio Ibáñez Freire, veterano de la guerra civil y de la División Azul española en el frente ruso, donde obtuvo la Cruz de Hierro nazi. A cargo de la Brigada de Información está el comisario Roberto Conesa, cuya extensa hoja de servicios se remonta a la desarticulación de las organizaciones republicanas en España y la Francia ocupada en los años cuarenta, mano a mano con la Gestapo nazi, y la cooperación española con los servicios represivos del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana en los cincuenta. Al mando de la policía uniformada está el general José Timón de Lara, voluntario falangista en la Guerra Civil y veterano de las últimas guerras coloniales españolas en el norte de África. «El ministerio del Interior», resume Fernando González, «alberga en su seno todas las secuelas del régimen anterior» (14).

El gobierno de UCD, anticipando un rasgo que se convertiría en sistémico de la nueva estructura ideológica y jurídica de la monarquía parlamentaria, empleará intensivamente el argumento del antiterrorismo para extender la vigencia de las políticas de seguridad de la dictadura. Eduardo Haro Tecglen escribe, sobre el proyecto de ley antiterrorista presentada por el gobierno a comienzos de 1978, esto es, en pleno proceso constituyente:

Intervención de conversaciones telefónicas, violación de la correspondencia, ampliación de los plazos de la retención preventiva […]. Si todo esto se lleva a cabo, una forma de la tantas veces temida «desestabilización» de la democracia se habrá conseguido ya, y habrá sido el gobierno, que alega como su objetivo fundamental conseguir la democracia, quien lo haya establecido (15).

Si bien es UCD quien gobierna y propone estas leyes, la excepcionalidad antiterrorista permanente va siendo paulatinamente asumida por el conjunto del sistema político. En octubre de 1980, el parlamento aprueba con una amplía mayoría (que incluye los votos de PSOE y el PCE, que habían empezado oponiéndose) una durísima ley de Seguridad Ciudadana. El senador socialista Josep Andreu dirá el día de su votación: «Pido al ministro del Interior desde el fondo de mi corazón que no tengamos que arrepentirnos nunca de haber dado estas facultades extraordinarias que le confiere la ley que hoy votamos» (16).

La amenaza de UCD de endurecer aún más el proyecto, calificando la huelga no autorizada en los servicios públicos como actividad terrorista, resulta clave para torcer la voluntad de los partidos de izquierda. «El hecho», comenta Manuel Sacristán, «documenta bien la completa hegemonía de la reacción en esta democracia» (17). En mayo de 1982, un año después del caso Almería (tres jóvenes confundidos con miembros de ETA, secuestrados, torturados y asesinados por una unidad de la Guardia Civil), un grupo de intelectuales y artistas denuncia:

Consideramos que esta actitud de las autoridades, lejos de contribuir a defender la libertad y la seguridad de los ciudadanos, extiende un clima generalizado de terror y sospecha que puede degenerar en todo tipo de situaciones coactivas y amenazantes y, a la vez, fomentar la insolidaridad ciudadana al hacer de la delación una práctica habitual (18).

Conforme van integrándose en la nueva institucionalidad del postfranquismo, las élites dirigentes (que no siempre las bases) de PSOE, PCE, UGT y CCOO van escapando de la diana de la represión. En cambio, quienes insisten en promover la ruptura democrática con la institucionalidad franquista y transformaciones socioeconómicas significativas la siguen sufriendo en toda su intensidad. Es el caso de la central anarcosindicalista CNT, varios de cuyos afiliados son acusados por el incendio que el 15 de enero de 1978, al término de la primera manifestación autorizada del sindicato en Catalunya, se cobra la vida de cuatro trabajadores del Teatro Scala de Barcelona. Joaquín Gambín Hernández, alias el Grillo, delincuente común infiltrado por la policía en la CNT, juega un papel central en un caso que desencadenará un prolongado y durísimo cerco policial, judicial y mediático y terminará desarbolando a la que entonces era la mayor de las organizaciones de clase abiertamente desafectas al proceso de transición programada.

A pesar de las múltiples denuncias relacionadas con este y otros casos, la gestión del ministro Martín Villa nunca será sometida a investigación judicial. Frustradas sus aspiraciones de suceder a Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno, y tras varias legislaturas como diputado, inicia una exitosa carrera empresarial que le llevará en 1997 a la presidencia de gigante eléctrico Endesa y en 2004 a la del conglomerado mediático Sogecable. En diciembre de 2012, con setenta y ocho años de edad, se incorporará al consejo de administración de la SAREB o banco malo, que administra las decenas de miles de millones de euros de basura hipotecaria adquirida por el Estado en la operación de rescate financiero. «El tránsito desde un sistema autoritario y corporativo hacia una democracia parlamentaria», escribe Mariano Sánchez Soler, «no ha sido demasiado traumático para quienes han sabido manejar las riendas político-financieras de la transición. Un cuarto de siglo bajo la democracia no les ha maltratado. Ese es el balance» (19).

Cuatro.

Aunque para comienzos de los años ochenta el grueso de las bases de los grandes partidos y sindicatos antifranquistas ya han asumido las directrices gradualistas de sus dirigentes, pervive en ellas la esperanza de que la llegada al gobierno de un partido o coalición de partidos de izquierda suponga la satisfacción de algunas de sus demandas históricas, entre ellas las referidas a la democratización de las fuerzas y políticas de seguridad del Estado. Consignas de máximos habituales en la década anterior («abajo los muros de las prisiones», «disolución de los cuerpos represivos») han desaparecido del argumentario de la izquierda mayoritaria, pero aún se propone y espera «un cambio de mentalidad en el concepto de orden público» (20), el rápido retiro de los más notorios represores franquistas y la reapertura de al menos una parte de los casos impunes de violencia policial y parapolicial. Nada de todo ello sucedería.

La relación privilegiada entre el PSOE y las fuerzas de seguridad data de algún tiempo atrás. En octubre de 1974, aún en vida del dictador, el SECED facilita pasaportes a algunos líderes del interior ―entre ellos, Felipe González y varios de sus futuros ministros― para asistir al congreso del PSOE celebrado en la localidad francesa de Suresnes, en el que desbancarán a los líderes históricos del exilio y tomarán el control del partido. No es un episodio aislado, sino una estrategia de largo recorrido. Estas facilidades forman parte de la llamada Operación Promesa del SECED, sobre la que detalla Antonio M. Fernández:

Cargos del SECED entrevistados admiten que existieron fuertes presiones por parte de los servicios norteamericanos y alemanes para que la legalización del PCE se dilatase lo más posible, favoreciendo así que el PSOE recogiera los réditos políticos de la oposición franquista. Los políticos norteamericanos y alemanes habrían pretendido evitar que en España se volviese a reproducir la situación que había vivido Italia con la presencia de un fuerte Partido Comunista (21).

Abundan los testimonios de este trato de favor. El comisario Manuel Ballesteros (sucesor de Conesa en la Brigada de Información en 1979, alto cargo del ministerio de Interior con los socialistas en 1986) explica: «Entre 1964 y 1975 estuve en la información del mundo universitario, muy estrechamente relacionado con la política entonces clandestina. Y lo que viví fue que, a partir de cierto momento, la dictadura propició el resurgir del PSOE, para ahogar al PCE. A los socialistas no se les detenía, a los comunistas, sí» (22). El general Andrés Cassinello (en tareas de inteligencia desde 1968, jefe de división del SECED en 1974, jefe de inteligencia de la Guardia Civil en 1978, alto cargo antiterrorista con el PSOE hasta 1986) afirma: «Les dimos los pasaportes para el congreso de Suresnes […]; los únicos que se movían, y que insistían en la huelga revolucionaria, y en la huelga general política, y en el levantamiento armado eran de vez en cuando los del Partido Comunista, y [de ahí] hacia la izquierda. Claro, si lo que nosotros queríamos era moderación era natural que nos dedicáramos a hacerles la puñeta». Del otro lado de la mesa, confirma la existencia de estos contactos el socialista Luis Solana: «Me encontré militares muy inteligentes […], los he tenido en mi casa […], unos señores de paisano, con una pistola que se les notaba muchísimo […], vendedores de la idea de que el ejército no iba a poner dificultades. Ellos eran capitanes o comandantes en aquella época, y nosotros todavía ni siquiera diputados» (23).

La protección del aparato de seguridad franquista, junto al generoso auxilio económico del SPD germano-occidental y otras fuerzas de la Internacional Socialista, facilitan al PSOE un rapidísimo crecimiento a expensas del PCE y otras organizaciones de izquierdas. Finalmente, los socialistas ganan con una rotunda mayoría absoluta las elecciones de octubre de 1982, enarbolando un programa en el que dificultosamente conviven la proclama genérica de representación de clase y la fidelidad al camino neoliberal asumido en el Pacto de Toledo de 1977. El nuevo gobierno socialista aclarará muy pronto sus verdaderas prioridades ―disciplina salarial, desregulación laboral, concentración financiera, liquidación de empresas públicas― y enfrentará la resistencia de sectores significativos de su propia base electoral, contra los que lanzará sin pudor alguno al mismo aparato de seguridad que discretamente ha acompañado su marcha hacia el poder.

Casi inmediatamente después de tomar posesión, el primer gobierno del PSOE nombra comisario de la Brigada de Información a Jesús Martínez Torres, antiguo interrogador de la Brigada Político Social. Sus víctimas protestan horrorizadas:

Nuestra estancia en comisaría duró nueve días, incomunicados y recibiendo dos palizas diarias. Este señor [Martínez Torres] era quien […] me amenazaba con torturar a mi madre o violar a la que es hoy mi mujer [o] darme cuatro tiros […]. Todavía recuerdo cómo entonces el PSOE compartía la consigna de «depuración de aparatos represivos». ¿Qué ha sido de aquello? ¿Cómo ha sido posible que este señor haya sido nombrado por el propio PSOE? (24).

El ascenso de Martínez Torres ―al que después se acusaría de connivencia con pistoleros del BVE―, como el de otros muchos cualificados represores franquistas, cobra pleno sentido a la luz de la política securitaria de los gobiernos del PSOE. Ya en 1983, el flamante ministro de Interior, José Barrionuevo, socialista de última hora proveniente de las filas del falangismo, promueve una ampliación del acceso policial a información privada que provoca estupor e indignación entre el propio electorado socialista:

Medida vergonzosa e intolerable, propia de las más finas dictaduras, que refleja a Barrionuevo, más que como perteneciente al Gobierno de un país democrático, como un adicto defensor de las mejores normas represivas de las que no hace mucho su partido renegaba […], gravísimo atentado contra las libertades públicas y que ha dejado atónitos y desesperanzados a gran parte de los diez millones de votantes que le han sentado en el sillón que tan mal ocupa (25).

En noviembre de 1983, el delincuente común y confidente Santiago Corella, alias el Nani, implicado en un turbio asunto de corrupción policial, detenido y torturado bajo las amplias prerrogativas de la legislación antiterrorista, se convierte en el primer detenido desaparecido de la monarquía parlamentaria. Desde 1985, el sistemático espionaje ilegal de la Brigada de Información a partidos políticos y sindicatos es asunto recurrente en la prensa, el parlamento y los juzgados. En el curso 1986-1987 los antidisturbios reprimen con dureza al movimiento estudiantil, llegando a emplear fuego real contra una marcha a las puertas del Congreso. En marzo de 1987, la Guardia Civil es expulsada y luego retoma, con medios militares e inusitada violencia, la localidad industrial de Reinosa, matando a un vecino e hiriendo a varios cientos. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 ―convocada por, entre otros sindicatos, el socialista UGT― sufre una severísima represión policial. En 1991, la denominada ley Corcuera o de la patada en la puerta, que amplia aún más las prerrogativas de las fuerzas de seguridad, es recibida con importantes protestas a las que se suma incluso la oposición conservadora.

Ni cambian los hábitos de la violencia uniformada, ni se hace luz alguna sobre la violencia clandestina: pese al cambio de signo político en el gobierno, el Estado mantiene a cubierto sus secretos. Carlo Ciccutini vive en libertad en España ―casado con la hija de un general del Ejército español―, aunque es señalado desde comienzos de los ochenta como el pistolero italiano de la masacre de calle Atocha y está imputado en su país por la de Peteano. Detenido en 1982 y puesto poco después en libertad, su extradición es solicitada por Italia y rechazada por España en 1983 y 1986. «Los apoyos y contactos de los que seguramente todavía hoy goza el imputado en ciertos sectores de los aparatos estatales españoles», se lamenta el juez Felice Casson, «se han revelado más fuertes de lo previsto» (26). Ciccutini solo sería extraditado a Italia en 1998, tras ser detenido en Francia durante un viaje de negocios. En septiembre de 1983, el comisario Juan José Medina es detenido por apropiación irregular de documentos cuando se apresta a volar a Roma, con las fotografías de un centenar de agentes del SECED, para entrevistarse en la cárcel con Pierluigi Concutelli e identificar al proveedor de la metralleta Ingram que había matado al fiscal Occorsio. El caso del comisario Medina se embrollará durante un lustro con el escándalo Rumasa, el espionaje policial a los partidos y las luchas palaciegas en la cúpula del Ministerio del Interior, hasta que Medina sea finalmente absuelto en 1989; por supuesto, el interrogatorio de Concutelli sobre el origen de la Marietta jamás se practicó.

Pero el nuevo gobierno del PSOE no se limita a proteger a los viejos escuadristas de la Transición: a algunos les ofrecerá un nuevo empleo. En 1987, el juez Vigna afirma que «todavía existen sectores de los servicios secretos españoles ligados con los medios del terrorismo fascista italiano, que han sido utilizados varias veces en su lucha contra ETA» (27). Y no se equivoca: desde 1983, el viejo paramilitarismo unionista en el País Vasco se ve revitalizado con la irrupción de una nueva y potente organización, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) ―en realidad, «una nueva estructuración y mejor organización de los grupos operativos en la guerra sucia» de la década anterior (28)―, que comete hasta 1987 una treintena de asesinatos en España y Francia, y cuyas vinculaciones policiales y políticas, un secreto a voces desde sus primeras acciones, no llegarán a los tribunales hasta una década después. Además de centro de mando del crimen de Estado, cometido mano a mano con escuadristas, mercenarios y delincuentes comunes, el ministerio de Interior se revela como insondable lodazal de corrupción económica, confirmando la advertencia de Rodolfo Walsh de que «la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata» (29): todavía un cuarto de siglo después de las últimas acciones de los GAL, las «sórdidas relaciones entre lucha antiterrorista y tráfico de drogas» (30), forjadas en aquellos años de guerra sucia, siguen aflorando. El monumental escándalo salpica a la entera cúpula de la seguridad del Estado, lleva a prisión a una docena de altos mandos policiales y políticos, entre ellos el ministro Barrionuevo, y arroja sospechas de connivencia, nunca evidenciadas materialmente, sobre el presidente Felipe González. En plena instrucción judicial de la tortura y asesinato de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, cometido en 1983, aunque sus restos no serían identificados hasta 1995, escribe Gabriel Albiac:

De aquellos años infames [de la dictadura] me viene a la memoria el chiste favorito del torturador al torturado: «Pobre imbécil. ¿De qué te sirve todo esto? Cuando los tuyos manden, yo seguiré aquí haciendo el mismo trabajo para ellos. Torturé bajo la monarquía, torturé bajo la república y la dictadura; torturaré bajo la democracia si es preciso. Tú y los pobres idiotas como tú seguiréis recibiendo». Era verdad. Los asesinos de Enrique Ruano y los torturadores de tanto antifranquista de esos tiempos ocuparon, bajo la democracia, responsabilidades policiales privilegiadas. La repugnante Brigada Político Social fue el alambique de la aristocracia represiva bajo el socialismo. Alguien teorizó González tenía que ocuparse de las cloacas (31).

Cuando, en 1996, el Partido Popular de José María Aznar llegue al gobierno, en buena medida, aupado por el crimen de Estado y la corrupción generalizada que afloran en la agonía del felipismo, una de las primeras promesas incumplidas de su programa será la desclasificación de la documentación secreta sobre la guerra sucia contra ETA en posesión del CESID y del Ministerio de Defensa, que hubiera permitido esclarecer hasta sus últimas consecuencias la trama de los GAL. Otro hombre del viejo SECED, el teniente general Javier Calderón, se hará cargo del CESID. En un encuentro con la plana mayor del servicio en octubre de 1996, Calderón habría dicho: «Cuando asumimos una responsabilidad en el CESID asumimos la historia del CESID, y no investigamos nada, porque se rompería el principio de lealtad […]. Esa mutua lealtad no va a ser rota por un sucesor mío, como yo no la rompo respecto a mis antecesores» (32).

De nuevo, nada había cambiado.

Cinco.

La Transición española debe leerse en una clave doble y complementaria: de un lado, local, en tanto transición política de una dictadura personalista a una monarquía parlamentaria; del otro, global, como parte de un proceso amplio e interrelacionado de transiciones hacia el neoliberalismo que se producen durante esa década en países de todo el mundo. Como señala Santiago López Petit:

De 1970 a 1977, se trata de un ciclo de lucha que si bien es específico del Estado español, precisamente por la existencia de la Dictadura franquista, se inscribe en el interior de otro ciclo que se desarrolla en la mayor parte de los países con capitalismo avanzado […]. Del Estado-plan que absorbía y reconducía la autonomía de clase, se pasó al Estado-crisis contra la clase trabajadora (33).

En otros tiempos, la mercadotecnia intelectual del neoliberalismo ofreció un relato idealizado de sí mismo, basado en la centralidad del mercado en la sociedad y la fuerza transformadora de la iniciativa empresarial y la innovación tecnológica: fue tal el éxito de ese producto ideológico, que incluso sus adversarios terminaron por adquirirlo. Hoy sabemos que la historia del neoliberalismo es, sobre todo, una historia de violencia. Como ha descrito Naomi Klein, «esta forma fundamentalista del capitalismo ha nacido en un brutal parto cuyas comadronas han sido la violencia y la coerción, infligidas en el cuerpo político colectivo así como en innumerables cuerpos individuales» (34). Aunque Klein no le dedique un capítulo de su célebre ensayo, la España en transición fue también un escenario de despliegue de la doctrina de choque neoliberal en las décadas de 1970 y 1980. Sus ejecutores españoles nadan a favor de una corriente mundial de recrudecimiento represivo, que si en la periferia toma la forma de golpismo y dictadura (Indonesia, Chile, Argentina,…), en Europa procede mediante la subversión desde dentro de la democracia formal: el ocaso del welfarismo económico es también el ocaso del garantismo jurídico, y con este, del conflicto de clases de baja intensidad, como irá descubriendo la clase trabajadora organizada ―«el enemigo interior», llegará a decir Margaret Thatcher― entre el otoño del 77 italiano y el verano del 84 británico. «El hecho decisivo en la actualidad es que el Estado», escribe Yves Michaud en 1980, «tiende a utilizar todos los recursos positivos de la legalidad y a liberarse de todas las limitaciones correlativas. En este sentido asistimos a una curiosa síntesis entre ley y desencadenamiento de la violencia» (35).

En España el objetivo de esta violencia no es derrocar una democracia, sino administrar su gestación a conveniencia. El programa democrático de las multitudes que desbordan una y otra vez las calles españolas desde 1962 viene preñado de demandas políticas y socioeconómicas que exceden con mucho las concesiones previstas por las élites franquistas y amenazan con obstaculizar la rápida convergencia de España con la oleada neoliberal mundial. Se trata de un riesgo inadmisible, tras veinte años de concienzuda modernización autoritaria y a las puertas de la definitiva internacionalización de la economía española y, con ella, de su clase dirigente: «numerosos ministros del primer gobierno de la monarquía», explica Genaro Campos, «no sólo provenían del campo de la empresa privada, lo que no sería una novedad, sino que han participado y prestado sus servicios en empresas que cuentan con elevados porcentajes de capital extranjero» (36). ¿Un Estado de bienestar a la escandinava, reforma agraria o nacionalizaciones financieras, en una España además desnuclearizada y no alineada? De ningún modo. Para impedir a toda costa que el proceso de transición política pueda derivar en una España a contrapelo de la onda neoliberal, allá donde no llegue la retórica monetarista de Enrique Fuentes Quintana ―académico, ministro y arquitecto económico de la Transición, y no en vano temprano lector y activo divulgador de la obra de Milton Friedman― deberán de alcanzar otras razones más contundentes: la violencia y el miedo.

La Transición española, tantas veces presentada como modélica, estuvo marcada por el miedo. La todavía hoy vigente Constitución de 1978 fue gestada, votada y proclamada bajo el miedo: miedo cotidiano a las porras de la policía y las bombas de los escuadristas, y miedo atávico a un nuevo golpe de Estado y una nueva matanza de demócratas a manos de un ejército aún monolíticamente franquista y «cuya distribución territorial recordaba a la de un ejército de ocupación» (37). Reactivando el recuerdo colectivo, mediante dosis homeopáticas de violencia policial y escuadrista, de la «pedagogía del millón de muertos» de la guerra civil y la posguerra (38), la estructura franquista de poder logró embridar el deseo de cambios radicales de amplios sectores de la sociedad española dentro de los estrechos márgenes de su transición programada, y arrastrar a su terreno a las mayores organizaciones de la izquierda antifranquista, que como premio serían sucesivamente legalizadas tras la muerte del dictador y que muy pronto estarían compitiendo entre sí por exhibir mayor moderación ideológica y más fraterna cordialidad hacia sus antiguos represores.

A cambio de sus servicios, el aparato policial franquista no solo había conseguido la más completa inmunidad por sus crímenes durante la dictadura, sino que había consumado su «expansiva autorreproducción burocrática […] en la consolidación estatal de la nueva democracia», proyectando su «maquínica condición autoritaria» (39) sobre las políticas de seguridad del nuevo régimen constitucional. Para cuando un partido de la oposición antifranquista acceda al gobierno, siete años después de la muerte de Franco, buena parte de las políticas e instrumentos represivos que se habían considerado distintivos del franquismo, y que desde la izquierda se había exigido con tanta vehemencia dejar atrás, se habrían normalizado ya como rasgo sistémico de la joven monarquía parlamentaria.

***

Fue Emilio Hellín quien disparó las balas que mataron a Yolanda González. Pero fue el aparato represivo franquista, ya envuelto en sus nuevos ropajes de seguridad democrática, el que toleró, alentó y en no pocas ocasiones ejecutó la estrategia de la tensión de la que Yolanda y otras muchas personas fueron víctimas, el que luego borró cuidadosamente sus propias huellas mediante pruebas perdidas, dossieres clasificados y extradiciones denegadas, y el que aún hoy, treinta y cinco años de ininterrumpida «autorreproducción burocrática» después, sigue honrando sus compromisos y cuidando de la suerte de algunos de sus veteranos de la guerra sucia contra la democracia.

Las últimas revelaciones sobre el asesino de Yolanda coinciden con un momento de fuerte represión policial y judicial de la protesta social en España, tras cinco años de desbocada crisis económica y en un clima de creciente inestabilidad política, en el que incluso los pilares del consenso constitucional de 1978 son objeto de la crítica de un gran número de ciudadanos. Las actividades de Emilio Hellín no solo constituyen una insoportable ofensa a la memoria de las víctimas de la violencia parapolicial en España, sino también una muy presente y preocupante advertencia acerca del tipo de individuos, lógicas y recursos de que se siguen sirviendo los aparatos de seguridad del Estado y sus sombríos aledaños, y a los que, en estos tiempos de zozobra, podría recurrir, si es que no lo está haciendo ya, para defender su estrategia de «cierre oligárquico» (40) de la crisis, sofocar violentamente el descontento de las muchedumbres en las calles y clausurar por arriba, como ya hicieran con notable éxito hace treinta y cinco años, la expectativa de una genuina ruptura democrática en nuestro país.

Publicado originalmente en Rebelión, 10 de agosto de 2013.

Notas

[1] «Incidentes tras el funeral en Madrid por Yolanda González», El País, 6 de febrero de 1980.

[2] Dada la diferente consideración de crimen político o delito común que distintas fuentes otorgan a muchos casos de violencia policial y parapolicial en España, resulta materialmente imposible establecer una cifra definitiva de sus víctimas. Puede consultarse una comparativa de distintos recuentos disponibles en Juan Manuel GONZÁLEZ SÁEZ: «Balance de víctimas mortales del terrorismo y la violencia política de la extrema derecha durante la Transición (1975-1982)», Historia Actual Online, núm. 27, Universidad de Cádiz, 2012. Los tomos V, VI y VIII del masivo informe Todas las víctimas del terrorismo (ADDH y Gobierno Vasco, Bilbao, 2007-2011) ofrecen una revisión exhaustiva de la mayoría de ellas.

[3] «Procesados los implicados en el asesinato de Yolanda González», El País, viernes, 7 de marzo de 1980.

[4] José María IRUJO: «La vida oculta del asesino de Yolanda», El País, 24 de febrero de 2013.

[5] EQUIPO DE JÓVENES ECONOMISTAS: «Las cien familias españolas», Horizonte español, tomo 1, París: Ruedo Ibérico, 1966.

[6] Manuel FRAGA: «La reforma económica», ABC, 29 de octubre de 1975.

[7] Antonio RUBIO: «Yo maté al asesino de Carrero Blanco», El Mundo, 21 de diciembre de 2003.

[8] Stuart CHRISTIE: Stefano delle Chiae: portrait of a black terrorist, Londres: Anarchy Magazine/Refract Publications, 1984, cap. IV.

[9] Jesús DE LAS HERAS: «La Marietta no es un arma reglamentaria en España», El País, 12 de febrero de 1977.

[10] Xabier MAKAZAGA: «Mariettas de guerra sucia», Gara, 10 de febrero de 2013.

[11] Javier GARCÍA: «Dinero y protección del Gobierno español por los atentados, según Giuseppe Calzona», El País, 8 de septiembre de 1985.

[12] Manuel GRACIA: «La internacional negra y España, en el sumario del juez Casson», El País, 2 de diciembre de 1990.

[13] Manuel VÁZQUEZ MONTALBÁN: «Sobre la memoria de la oposición antifranquista», El País, 26 de octubre de 1988.

[14] Fernando GONZÁLEZ: «Dos muertes inequívocamente estabilizadoras», Triunfo, 29 de julio de 1978.

[15] Eduardo HARO TECGLEN: «El antiterrorismo como antidemocracia», Triunfo, 8 de abril de 1978.

[16] Josep ANDREU i ABELLÓ: «Ley de Seguridad Ciudadana», El País, 23 de noviembre de 1980.

[17] Manuel SACRISTÁN: «Seguridad ciudadana», Mientras Tanto, núm. 6, 1981; reedición en M. SACRISTÁN: Pacifismo, ecologismo y alternativa política, Barcelona: Icaria, 2009.

[18] Javier SÁDABA, Gabriel ALBIAC, Carlos PARÍS y otros: «Ciudadanos normales», El País, 9 de mayo de 1982.

[19] Mariano SÁNCHEZ SOLER: Ricos por la guerra de España, Madrid: Raíces, 2007, p. 311.

[20] «Martín Villa informó, a puerta cerrada, en el Senado sobre los sucesos de Málaga y Tenerife», Informaciones, 16 de diciembre de 1977.

[21] Antonio M. DÍAZ FERNÁNDEZ: «El servicio de inteligencia: un actor político en la transición española», Studia histórica. Historia contemporánea, núm. 23, Universidad de Salamanca, 2005.

[22] Alfredo GRIMALDOS: La CIA en España, Barcelona: Debate, 2006, p. 242.

[23] Carlos BARRACHINA LISÓN: El regreso a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981), tesis, UNED, 2002, cap. IV.

[24] D. SOLER: «Denuncia a un torturador», El País, 30 de enero de 1985.

[25] Pilar RODRIGO: «Más sobre el fichero», El País, 14 de mayo de 1983.

[26] Miguel GONZÁLEZ: «Un informe oficial italiano implica en el crimen de Atocha al ultra Ciccutini, relacionado con Gladio», El País, 2 de diciembre de 1990.

[27] Juan J. ALCALDE: Los servicios secretos en España, Universidad Complutense de Madrid, 2008, cap. V, p. 5.

[28] Íñigo IRUIN: «GAL: el espejo del Estado», conferencia, Tolosa, 13 de febrero de 1996.

[29] Rodolfo WALSH: «La secta del gatillo alegre: el enigma de La Matanza», semanario CGT, 1969.

[30] David FERNÁNDEZ: «GAL, policías, narcotráfico y ultraderecha», Diagonal, 10 de septiembre de 2009.

[31] Gabriel ALBIAC: «Tiempo de asesinos», El Mundo, 8 de julio de 1996.

[32] Manuel CERDÁN y Antonio RUBIO: «Calderón prometió al CESID que ni él ni su sucesor investigarían el pasado del Centro», El Mundo, 25 de junio de 2001.

[33] Santiago LÓPEZ PETIT, en ESPAI EN BLANC (ed.): Luchas autónomas en los años setenta, Madrid: Traficantes de Sueños, 2008, p. 21.

[34] Naomi KLEIN: La doctrina del shock, Barcelona: Paidós, 2010, p. 43.

[35] Yves MICHAUD: Violencia y política, Madrid: Ruedo Ibérico, 1980, p. 142.

[36] Genaro CAMPOS: «Los dos primeros gobiernos de la monarquía y sus relaciones con el poder económico», Cuadernos de Ruedo Ibérico, núm. 51/53, mayo de 1976.

[37] Manuel RUIZ ROBLES: «Estaba en marcha un golpe duro para el 2 de mayo de 1981, organizado por el sector más fascista del Ejército», entrevista de Salvador LÓPEZ ARNAL, Rebelión, 28 de julio de 2013.

[38] Santiago ALBA RICO: «La pedagogía del millón de muertos», Rebelión, 9 de junio de 2006.

[39] Carlos MOYA: «Lógica la situación», El País, 21 de noviembre de 1991.

[40] Íñigo ERREJÓN y Jorge MORUNO: «Casta style!», Público, 22 de enero de 2013.


Jónatham F. Moriche (Plasencia, 1976), activista y escritor extremeño. Ha publicado textos de análisis político y crítica cultural en medios como El Salto, La Marea, Eldiario, Rebelión o Diario Hoy.

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Cultura

Una reflexión sobre el Brexit

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Mirar al retrovisor

/por Joan Santacana/

Cuando contemplo el destino del conjunto de los mortales, he de reconocer que he sido afortunado en la lotería de la vida. La mayor parte del planeta está plagada de barbarie y esclavitud; en el mundo civilizado, la clase más numerosa está condenada a la ignorancia y a la pobreza., de modo que la doble fortuna de haber nacido en un país libre e ilustrado, en una familia respetable y acaudalada, es precisamente la posibilidad más remota, de uno entre millones. La probabilidad general de que un recién nacido llegue a cumplir los cincuenta años es de aproximadamente uno de cada tres. Yo ya he sobrepasado esa edad y puedo estimar , de un modo justo, el valor actual de mi existencia en una división tripartita de cuerpo, mente y hacienda.

Las frases anteriores no son mías, sino de Edward Gibbon, el famoso historiador británico que se adentró en la evolución histórica del Imperio romano, obra que todavia hoy se lee con interés. Y es que un súbdito británico en el siglo XVIII, tal como él se describe a si mismo, podía considerarse afortunado. Hoy, haber nacido en el seno de una familia de clase media en Gran Bretaña o en un país de la Unión Europea implica también ser una persona afortunada, habida cuenta del estado del mundo. Pero esta situación no es eterna. Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea, sin ninguna prórroga, con el convencimiento de que ahora podrán legislar a su manera, sin depender de los demás, sin seguir los dictámenes de Bruselas. También están seguros de que, a partir de ahora, ya no tendrán que aceptar tanto inmigrante indeseable, piojoso, que sólo roba el trabajo al pobre obrero británico. Además, muchos están convencidos de que ahora habrá más trabajo para todo el mundo y esperando que cualquier continental, usted o yo, goce en Gran Bretaña del mismo estatus que un chino, un colombiano o un indostánico. ¡Se terminó esto de ir a Londres sin pasaporte! Volverán las fronteras y controlaran a todos cuantos entren en el país.

Los europeos continentales que hoy trabajan en las islas británicas —entre ellos, ciento setenta mil españoles— ya no gozarán de los derechos de que hasta ayer habían tenido. También variará la condición de los doscientos cincuenta mil británicos que residen hoy en España. Pero una mayoría de ciudadanos del Reino Unido cree que el Reino Unido, libre de ataduras, sin tener que cumplir reglamentos y regulaciones financieras, podrá convertirse en una edición corregida y aumentada de Hong Kong; que su papel en Europa se asemejará al que cumple Singapur en Asia. Este es, al parecer, el sueño de un ciudadano británico de clase media-baja a finales del 2019. Sin Europa, creen que todo les irá mejor.

Claro está que puede que no sea exactamente así. ¿Qué pasará con los servicios financieros entre la Unión Europea y la Gran Bretaña? ¿Qué con los derechos de propiedad intelectual? ¿Qué con las titulaciones universitarias en un lado y otro del canal? ¿Cómo se regularán las relaciones comerciales entre las islas y el continente?

Lo cierto es que estamos asistiendo a una nueva reordenación del mundo. Nada es lo que era: ni la China de Mao es la de hoy, ni los Estados Unidos de Kennedy se asemejan al país de Trump. Ahora nos podemos preguntar si Escocia e Irlanda no iniciarán una nueva etapa de relaciones con Inglaterra que llegue a desestabilizar lo que hasta hoy se ha denominado el Reino Unido. También cabe preguntarnos si esta Unión Europea, sin política exterior, con un aumento amenazador de la xenofobia y el racismo, podrá mantener su unidad. ¿Avanzaremos hacia una Europa Unida de verdad o renacerán las viejas fracturas que emponzoñaron las relaciones inter europeas durante siglos? ¿Cuál será el papel de Rusia en esta nueva situación? ¿Cuándo tardará China en hacer valer su peso económico, tecnológico y militar en el concierto mundial? ¿Hasta cuándo territorios como China o India aceptarán que el dólar sea la moneda de referencia mundial? ¿Qué hay detrás de la gran polémica sobre el cambio climático? ¿Es este fenómeno una especie de trágala para obligar a aceptar impuestos y cambios en las formas de vida de la gente o bien es realmente el fin inevitable de toda una era?

Demasiados interrogantes se ciernes sobre esta generación. Y yo, al igual que Edward Gibbon, al que he evocado al principio, me remito a las últimas frases de sus Memorias de mi vida, cuando escribía:

El presente es un momento fugaz, el pasado ya no cuenta y nuestras perspectivas de futuro son obscuras y dudosas. Es posible que hoy sea mi último día, pero las leyes de la probabilidad, tan verdaderas en general, tan falaces en particular, todavía me permiten vivir cerca de quince años (86) y pronto entraré en la etapa que el juicio y la experiencia del sabio Fontenelle —el escritor que tuvo una vida reposada y tranquila hasta morir poco antes de cumplir los cien años— escogieron como la más agradable de su vida.


Joan Santacana Mestre (Calafell, 1948) es arqueólogo, especialista en museografía y patrimonio y una referencia fundamental en el campo de la museografía didáctica e interactiva. Fue miembro fundador del grupo Historia 13-16 de investigación sobre didáctica de la historia, y su obra científica y divulgativa comprende más de seiscientas publicaciones. Entre sus trabajos como arqueólogo destacan los llevados a cabo en el yacimiento fenicio de Aldovesta y la ciudadela ibérica y el castillo de la Santa Cruz de Calafell. En el campo de la museología, es responsable de numerosos proyectos de intervención a museos, centros de interpretación, conjuntos patrimoniales y yacimientos arqueológicos. Entre ellos destaca el proyecto museológico del Museo de Historia de Cataluña, que fue considerado un ejemplo paradigmático de museología didáctica.

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Cultura

Instrucciones para desarrollar una campaña de desprestigio contra los fontaneros

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De rerum natura

/por Pedro Luis Menéndez/

Si usted quiere desprestigiar a alguien, una persona, una institución o un gremio en este caso, debe seguir con rigor unas pautas que le permitan alcanzar el éxito. Para ello, lea usted con detenimiento y perspicacia las instrucciones que le ofrecemos a continuación y practique con asiduidad hasta conseguir sus objetivos. Si no los alcanza en los primeros intentos, no se dé por vencido, no se desanime, no baje la guardia, porque en ocasiones se tardan años —tal vez décadas— en llegar a ser un maledicente como es debido.

  • La elección de la víctima será su primera tarea. En el caso de los fontaneros, las premisas son muy claras: se trata de seres no sometidos a un horario fijo y que aparecen a la hora que quieren, coincida o no con la hora prefijada; es decir, que resultan fácilmente envidiables y también fácilmente odiables. Esta primera pauta se debe aplicar tanto a personas como instituciones. Deténgase en ella todo lo necesario, pues la mala elección de la víctima le conducirá al fracaso.
  • Una vez bien elegida la víctima, busque sus puntos débiles. Pueden ser más o menos reales, exagerados o inventados; no importa gran cosa. Lo esencial es que resulten fáciles de observar, que respondan a la idea de que «cualquiera podría haberse dado cuenta, hasta yo mismo». Por ejemplo, «me cobró mucho más por la salida que por la reparación», «entró en mi casa fumando un puro», «lo dejó a medias adrede para volver pronto».
  • Nunca, ocurra lo que ocurra, debe mencionar sus puntos fuertes. No tiene puntos fuertes. No los tiene. Sin ambigüedades. No se permita matices del tipo «una vez, sin embargo…» o «conozco uno muy honrado que…». Ni de broma. La más mínima debilidad por su parte supondría desmontar la campaña entera, porque introduce una grieta, un matiz, y el pensamiento no puede tener jamás ni grietas ni matices (ni siquiera por razones familiares).
  • Magnifique todo lo que pueda, y más, sus puntos débiles cada vez que tropiece en ellos, que lo hará, no le quepa duda, y, si no es así, recuerde que debe (no olvide el verbo) incluso inventar, aunque lo más probable es que no necesite recurrir a ello, pues parece bastante lógico pensar que cualquiera tropieza realmente en sus puntos débiles, que por eso lo son. Eso sí, magnifique: «estoy seguro de que la goma del grifo es de mala calidad, como ya ocurrió en otra ocasión con otro fontanero, así que está claro que se ponen de acuerdo entre ellos para estafarte».
  • Rastree a lo largo de la historia casos similares. Ya en la antigua Roma Frontino se vio obligado a denunciar «el fraude de los fontaneros», que consistió en que cobraban sobornos para permitir fugas «privadas» del agua de los acueductos públicos. Ergo, siempre han sido así, y lo más probable es que las trampas del oficio se comuniquen en secreto de generación en generación, ya que en realidad se trata de un oficio que se hereda.
  • Difunda su campaña a través de palmeros. Hace unas décadas resultaba difícil y suponía por su parte un sinvivir recorriendo sin descanso corralas, tabernas y casinos, pero, desde la llegada de Internet, la abundancia de palmeros es más que manifiesta. De todos modos, mi consejo experto es que, si usted se lo puede permitir, acuda a palmeros profesionales que presentan una ventaja evidente: su falta absoluta de conciencia moral. De hecho, los más apasionantes resultan ser los palmeros que comentan las cuentas de los políticos en las redes sociales (incluso le sirven los autores de esas cuentas, aunque salen más caros). En este caso, un mismo palmero puede comentar un sinnúmero de cuentas y hasta darse la contraria a sí mismo (en sus distintos perfiles) sin ninguna cortapisa. Eso sí, si es posible, evite los poetas frustrados que trabajen ahora en este medio.
  • Acabe con su fontanero o, al menos, menoscábelo tanto que se tenga que ocultar o desaparecer del mercado. Que nadie le contrate más, que nadie pueda volver a apreciar la belleza de sus cañerías, el rumor de sus aguas, o ese empeño absurdo en mantener su credibilidad. Puede que usted recuerde al capitán Dreyfus, o a algún director de cine, algún cantante, algún escritor. Pues haga lo mismo con su fontanero, acabe con él.
  • Una vez conseguido el objetivo, si usted vive de esto o pretende hacerlo en el futuro, empiece con una nueva víctima. Como casi todas las actividades humanas, la práctica continua no puede traer más que beneficios, aunque mi consejo —bastante lógico por otra parte— es que cada nueva víctima posible suponga un escalón más en su carrera; para ello, tiene que esmerarse en la elección de la víctima (como ya indicamos en el primer punto), sea ambicioso, pique cada vez más alto, puede llegar así a presidentes de gobierno, de la república, monarcas, dioses y lo que sea.
  • Si usted no vive de esto, cuando se consigue cierta práctica, se puede llegar a vivir de ello, en la hipótesis de que le interese. En el caso de que no fuera así, hágalo por puro placer, disfrute esos momentos únicos en que usted inventa sin pudor alguno la vida de una persona, siéntase como Cervantes con su Quijote, como Shakespeare con su Lear, como Rowling con su Potter. Babee usted de gusto, mire cómo se hunde su víctima. Resulta grandioso.
  • Y, sobre todo, no tenga usted miedo nunca a la competencia, que con seguridad será dura, porque algunos practican desde la escuela, desde la más tierna edad, allí, en una esquinita de la clase o del patio de recreo, mientras señalan con su dedo inocente la figura marcada de un compañero cuatro ojos, de una compañera gorda, de esa otra que una vez se meó en el aula, de aquel que nunca quiere jugar al fútbol.

PD ¿Habrá cosa más bella en castellano que la palabra maledicencia? No creo.


Pedro Luis Menéndez (Gijón [Asturias], 1958) es licenciado en filología hispánica y profesor. Ha publicado los poemarios Horas sobre el río (1978), Escritura del sacrificio (1983), «Pasión del laberinto» en Libro del bosque (1984), «Navegación indemne» en Poesía en Asturias 2 (1984), Canto de los sacerdotes de Noega (1985), «La conciencia del fuego» en TetrAgonía (1986), Cuatro Cantos (2016) y la novela Más allá hay dragones (2016). Recientemente acaba de publicar en una edición no venal Postales desde el balcón (2018).

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Publicado originalmente en: Ir a la fuente

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