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Arbitraje: traspaso y el manejo de los aportes de jubilación del BBVA Previsión AFP S.A. a Gestora Pública

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Dr. César Daniel Vargas Díaz (Ph.D)

Analista e Investigador Económico

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) solicitó un proceso de arbitraje contra Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el traspaso del manejo de los aportes de jubilación de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión a la estatal Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo.

El Gobierno, a través del Ministro de Economía, Mario Guillén, y el procurador del Estado, Pablo Menacho, anunció que asumirán la defensa ante el proceso arbitral presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Gobierno: Ministro de Economía Marío Guillen

Guillén, sin precisar cifras, afirmó que Bolivia ha intentado negociar con BBVA para evitar un arbitraje en el Ciadi; sin embargo, declaró que el precio que ellos pedían era excesivo. Además, que el traspaso y la administración de los fondos de pensiones de los seguros sociales a la Gestora Pública es un mandato establecido en la propia Constitución Política del Estado (CPE).

«Antes de que ellos (BBVA) decidan ir a un arbitraje nosotros hemos negociado, el precio que ellos han solicitado ha sido excesivo, y por lo tanto hemos rechazado el monto que ellos habían solicitado. Nosotros de todas maneras hemos garantizado, que independiente del proceso de arbitraje, la AFP siga funcionando, y por lo tanto toda la gente que tiene sus aportes en Previsión tiene que estar tranquila, porque esto no va a afectar», declaró Guillén.

En un comunicado publicado en su página web, BBVA da cuenta “que ha solicitado un proceso de arbitraje” amparado en los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que rigen entre España y Bolivia, ya que hasta el momento no ha sido posible el acercamiento de posturas en particular respecto a la valoración del negocio de la AFP”.

Procurador del Estado, Pablo Menacho

Por su parte, el procurador explicó que BBVA presentó el 1 de agosto la solicitud de arbitraje contra Bolivia en el marco del mecanismo complementario del Ciadi, toda vez que Bolivia se retiró del convenio Ciadi y por lo tanto ya no aplican en contra del Estado.

«El Estado boliviano ya no puede ser demandado en el marco del convenio Ciadi, y el mecanismo complementario es simplemente un reglamento de arbitraje en el que Ciadi actuará como la institución administradora del proceso arbitral», indicó Menacho.

Agregó que el Gobierno está tomando todos los recaudos y previsiones necesarias para poder llevar adelante la defensa de los intereses del Estado. «Bolivia va a contratar los servicios de los estudios jurídicos internacionales, para defendernos de la mejor manera, en tanto se lleve adelante este procedimiento», acotó.

«No existe un monto establecido en la solicitud de arbitraje, sin embargo, seguramente lo vamos a conocer si es que el arbitraje continúa», indicó Menacho en conferencia de prensa.

Asegurados y Jubilados

En la gestión 2017 se destacó por la incertidumbre que causó entre nuestros Asegurados y Jubilados el supuesto inicio de operaciones de la Gestora Publica en lugar de las AFP previsto para septiembre, esto ocasionó que todas nuestras oficinas de atención estén continuamente saturadas de clientes buscando jubilarse o retirar su capital acumulado, siempre previo cumplimiento de requisitos; esto además se reflejó en el incremento de las solicitudes de prestaciones en más de 10% con relación a 2016, especialmente las solicitudes de jubilación y Retiro Final, habiendo finalizado la gestión con más de 61.000 jubilados.

Adicionalmente en octubre de 2017 se emite la Ley 985 que modifica los limites solidarios, lo que benefició a más de 20.000 de nuestros jubilados incrementándoles su pensión, evidentemente esto ocasionó que los jubilados comiencen a apersonarse por las oficinas a iniciar los trámites requeridos, lo que contribuyó significativamente a una mayor saturación de las oficinas.

Constitución Política del Estado

Que el Parágrafo II del Artículo 45 de la Constitución Política del Estado, determina que la seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

Que el Artículo 147 de la Ley Nº 065, de 10 de diciembre de 2010, de Pensiones, establece que la administración del Sistema Integral de Pensiones estará a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, la cual se constituirá como una Empresa Pública Nacional Estratégica, de derecho público, de duración indefinida; con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su domicilio principal estará fijado en la ciudad de La Paz.

Que el Artículo 150 de la Ley Nº 065, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a proveer los bienes muebles, inmuebles y los recursos financieros necesarios para el inicio de actividades de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo en el marco de la citada Ley y sus decretos reglamentarios. Adicionalmente, dispone que mediante reglamento se establecerá el plazo y procedimiento para el inicio de actividades de la misma.

Que es necesario aprobar la normativa legal correspondiente a la constitución de la “Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo”, así como la aprobación de sus estatutos y escala salarial de la misma.

Datos: Indicadores de la BBVA Previsión AFP S.A.

Los resultados al 31 de diciembre de 2017 y el comportamiento de los principales Indicadores de Negocio son los siguientes:

La Rentabilidad del Fondo de Capitalización Individual al 31/12/2017, el cierre de la gestión 2017 la rentabilidad del Sistema Integral de Pensiones (SIP) administrado por BBVA Previsión AFP S.A. cerró con una tasa de rendimiento de 3.20%.

 

El Portafolio del Fondo de Capitalización Individual (FPC) al  31 de diciembre de 2017, el portafolio del FCI administrado por BBVA Previsión AFP S.A. alcanzó un valor de Bs. 56.926 millones; los cuales se encuentran invertidos acorde a los niveles de riesgo, en cumplimiento a estrategias direccionales de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a la situación del mercado que se tuvo durante el periodo.

En la gestión 2017, se ejecutaron dos redenciones anticipadas de emisores que se acogieron a este mecanismo para controlar su nivel de costos financieros y ajustar los mismos a tasas de mercado y un rescate anticipado del Banco Central de Bolivia.

En el siguiente cuadro se puede apreciar el crecimiento del portafolio del SIP en un promedio de 1% por mes durante la gestión 2017, con una tendencia a mantener su nivel de crecimiento.

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Bolivia: DT César Farias en conferencia después de ganar Paraguay, ojalá podamos centrar todo esto e ir por más

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El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, aseguró este jueves que la goleada 4-0 ante Paraguay «no dice lo peleado que fue» el partido que ha dejado a la Verde con 12 puntos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2022.

«Le ganamos a una gran selección con grandes jugadores y con un gran cuerpo técnico».

Aseveró Farías en una rueda de prensa tras el choque entre ambas selecciones.

El timonel de la Verde manifestó que en el partido…

«No todo fue alegría» y que hubo momentos «difíciles» como el penalti que luego falló el delantero de la selección guaraní Antonio Sanabria.

Destacó que el rival fue un equipo que nunca se entregó, creó situaciones de gol y con jugadores que pelearon hasta el minuto final.

Farías también elogió el trabajo de la nueva generación de futbolistas como:

«Moisés Villarroel, Víctor Ábrego y Roberto Fernández, que marcaron esta jornada; y aquellos como Jairo Quinteros o Ramiro Vaca, este último determinante ante en el 1-0 ante Perú».

«Lo único que le pido al país es que defiendan a su selección que quiera a su selección, que se organice para su selección (ya que) un entrenador lo consiguen a la vuelta de la esquina»,

Manifestó Farías que fue muy criticado por la opinión pública del país durante el inicio de las eliminatorias.

El entrenador de la Verde elogió que sus jugadores «entraron encendidos», «se enchufaron» y «trabajaron en equipo» además de que ahora empiezan a «venir los resultados».

Con la victoria, la Verde igualó los 12 puntos de Paraguay a falta de seis partidos del final de las eliminatorias, con probabilidades de ir al mundial aún.

«Ojalá podamos centrar todo esto e ir por más», remarcó el seleccionador de Bolivia.

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Bolivia: gobierno retira proyecto de ley contra las ganancias ilícitas

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La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, anunció la decisión del Ejecutivo y apuntó a la oposición como responsable de generar un «temor infundado», dijo la autoridad en una conferencia de prensa que dictó desde la Casa Grande del Pueblo.

“Escuchando sus preocupaciones, sus temores hemos decidido retirar este proyecto de ley (…) para no dar lugar a que nos confronten entre bolivianos, para no dar lugar a la desestabilización, para no dar lugar a la violencia, a la confrontación”

“Nosotros, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, seguiremos trabajando siempre escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y siempre atendiendo a los intereses del pueblo boliviano por el cual estamos aquí”, añadió.

«Prada admitió deficiencias en el proceso de socialización, aunque apunto a la oposición como responsable del «temor infundado» que han exteriorizado varios sectores».

“Reconocemos que ha habido fallas en la socialización de este proyecto de ley y lamentablemente se ha instalado un temor infundado sembrado y promovido por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad”, sostuvo.

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Bolivia: expertos, políticos y diversos sectores cuestionan más de 16 artículos de la ley de ganancias ilícitas

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Expertos, políticos y diversos sectores observan y coinciden que la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con competencias y atribuciones amplias que atentan a la Constitución Política del Estado y será la máxima instancia de las investigaciones financieras y está conformada por cinco ministerios, la Fiscalía y la Procuraduría y sus decisiones son vinculantes.

Más de 50 artículos de la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, están en la mira y suman las voces de varios sectores y la propia población ciudadana, para que sean removidos o, por lo menos, modificados o se anule dicha ley.

Algunos sectores no solo piden la modificación de dicha propuesta que está paralizada en la Cámara de Senadores, sino la anulación total para iniciar de cero, pero con previa socialización. A continuación detallamos algunos de los artículos cuestionados:

Articulo 3.

La ley será aplicada en instituciones públicas y privadas (…). Personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, cuyos actos, bienes y derechos, presuntamente sean objeto, producto o instrumento de actividades delictivas.

De entrada, el artículo 3 fue objetado por varios sectores. En esta mención se establece que la norma aplica a todas las instituciones públicas y privadas encargadas de efectuar labores de prevención, investigación, procesamiento y sanción de legitimación de ganancias ilícitas. Además, la norma alcanza a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras que operen en el país.

Artículo 5.

“El Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales (CONAL), se constituye en la instancia máxima de coordinación y representación del Estado, para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias de prevención y represión; así como el ejercicio de las competencias, responsabilidades y atribuciones en el marco de la presente Ley”. Está conformado por los ministerios de Economía, de Gobierno, de Defensa, de Justicia y Relaciones Exteriores. Además de la Procuraduría y la Fiscalía.

En criterio de expertos y políticos consultados, ese consejo será un órgano de represión y persecución porque podrá investigar las cuentas bancarias y allanar domicilios o empresas de cualquier ciudadano a simple denuncia y sin orden judicial.

La normativa señala que las decisiones que adopte el plenario del CONAL son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para las instituciones públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras.

Artículo 6.

Determina que el ministro de Economía será quien encabece el CONAL.

En esta parte se observa que se da un “supra poder” a una autoridad que milita en el MAS.

Artículo 7.

“La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) se constituye en la Secretaría Técnica del Conal.

Artículo 9.

Se otorga superpoderes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para indagar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.

Artículo 10.

Establece medidas de protección de la información a todo dato que la UIF obtenga para investigar a las personas indagadas o sospechosas de cometer el delito de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Además, determina que los funcionarios no podrán revelar la información que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones.

Artículo 11.

No se podrá invocar secreto profesional, reserva de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comercial, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales y otro, cuando la UIF requiera información en el marco de sus atribuciones; esta información será obtenida de manera directa en el plazo y condiciones que la UIF establezca al efecto, sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo alguno y estará libre de todo pago o costo judicial o administrativo.

Este articulo es uno de los más cuestionados vulnera los principios en contra de la exención de secreto de confidencialidad. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) pidió que en este artículo se incluya el respeto a la Ley de Imprenta.

Artículo 12.

Establece que la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y otras entidades facultadas por ley podrán solicitar información a la UIF sobre el análisis financiero/patrimonial.

Artículo 15.

Son autoridades de supervisión y/o regulación de los sujetos obligados que operan de acuerdo a sus respectivos ordenamientos sectoriales, la autoridad de supervisión del sistema financiero. ASFI y la autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.

Artículo 17.

Se considera Sujeto Obligado a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante Resolución Administrativa incluya en el ámbito de su regulación.

La Unidad de Investigaciones Financieras tendrá la potestad para definir quiénes son esos «Sujetos Obligados«, es decir, este artículo hace que cualquiera persona, de cualquier sector social, pueda ser investigada por la UIF bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y de financiamiento al terrorismo.

Artículo 18.

Establece que tienen el deber de remitir información a solo requerimiento de la UIF las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, sacerdotes, partidos políticos y ONG.

Las iglesias evangélicas observaron este artículo.

Artículo 30.

La investigación de delitos previstos en esta ley se llevará a cabo por la Fiscalía y la Policía a través de sus divisiones o unidades especializadas en legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo.

Artículo 31.

En investigaciones de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, el Ministerio Público con el apoyo de funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsqueda de personas, allanamientos de lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, identificación y rastreo de bienes sin previo aviso al titular, y todo acto necesario para la obtención de medios probatorios además de los establecidos en el procedimiento penal común y las leyes especiales.

Mientras, el artículo 31 dispone que la Fiscalía podrá, entre otras acciones, acceder a “toda” documentación e información física o informática, allanar lugares específicos y rastrear bienes sin previo aviso al titular.

Los empresarios cuestionaron este apartado y por eso pidieron la pausa de debate.

Artículos 37.

Respecto a la aplicación de medidas cautelares de “carácter real”.

Artículo 38.

La sentencia condenatoria por la comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas o de financiamiento del terrorismo, dispondrá la confiscación o decomiso a favor del Estado.

Artículo 58.

El afectado por la medida de congelamiento podrá solicitar a la autoridad judicial que ratificó la medida, el acceso a determinados fondos o activos congelados que sean necesarios para sufragar gastos básicos debidamente justificados, indicado para tal efecto el valor y ubicación de los fondos u activos requeridos.

Fuente: Varios medios

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